La acción de extinción de dominio en Colombia, de naturaleza constitucional, pública y autónoma, exige el estricto cumplimiento de las garantías del debido proceso. Dentro de este entramado normativo, la competencia judicial no es un asunto menor: es el pilar que sostiene la validez de toda actuación. Cuando un operador judicial asume el conocimiento de una demanda sin tener la facultad legal para ello, nos encontramos ante causales de incompetencia que pueden viciar el proceso y estructurar una nulidad insubsanable.
Como firma líder y referente indiscutible en la defensa del patrimonio en Colombia, Robledo Vargas Abogados analiza en este artículo los criterios técnicos que determinan la competencia y las causales en las que un juez pierde la facultad legal para conocer de una demanda de extinción de dominio bajo la Ley 1708 de 2014.
El Marco General de la Competencia en la Ley 1708 de 2014
El legislador colombiano, al diseñar el Código de Extinción de Dominio, estableció un régimen de competencia especializado. El conocimiento de estos procesos está adscrito a la Jurisdicción Especializada de Extinción de Dominio, integrada por los Jueces del Circuito Especializados y los Tribunales Superiores de Distrito Judicial.
De conformidad con el texto oficial de la Ley 1708 de 2014 – Función Pública, el diseño procesal busca blindar las garantías constitucionales. Sin embargo, para determinar qué juez es el llamado a resolver una demanda, la ley fija criterios específicos basados en la ubicación de los bienes, la cuantía y la naturaleza del asunto, cuya inobservancia acarrea graves vicios.
Puedes profundizar en los aspectos generales de esta estructura legal en análisis académicos disponibles en la plataforma YouTube, donde expertos discuten los Retos de la Ley 1708 de 2014, ilustrando los debates vigentes sobre la autonomía de la acción.
Principales Causales de Incompetencia del Juez
La incompetencia del juez de conocimiento se configura cuando se vulneran los factores dispuestos por la ley procesal. En la práctica jurídica frente a la Fiscalía General de la Nación y los juzgados, las discusiones más complejas giran en torno a las siguientes causales:
1. Incompetencia por el Factor Territorial (Falta de Fuero de Atracción)
El criterio general (Art. 35 de la Ley 1708) determina que es competente el juez del circuito especializado del lugar donde se encuentren ubicados los bienes. La incompetencia territorial se presenta cuando:
El juzgado asume el proceso sobre bienes que están fuera de su comprensión territorial o Distrito Judicial.
Excepción de acumulación: Si los bienes se encuentran en diferentes distritos, la competencia se asigna al juez que prevenga o donde se encuentre el bien de mayor valor. Si el juez asume el conocimiento de bienes dispersos sin que se cumpla el requisito de prevalencia de valor o prevención, se configura una incompetencia territorial.
2. Incompetencia por Factor Funcional (Grado de Jurisdicción)
El factor funcional distribuye las competencias verticalmente (primera y segunda instancia). Un juez es incompetente funcionalmente si:
Conoce de recursos de apelación que corresponden exclusivamente al Tribunal Superior de Distrito Judicial (Sala de Extinción de Dominio).
Modifica o revoca decisiones que ya han hecho tránsito a cosa juzgada o cuya competencia funcional ya ha precluido.
3. Incompetencia por Conexidad Defectuosa o Ruptura de la Unidad Procesal
Ocurre cuando la Fiscalía presenta una demanda que agrupa bienes o situaciones que no guardan relación de causalidad o conexidad material bajo el mismo radicado. Si el juez del conocimiento no realiza el control de legalidad debido y tramita de forma conjunta lo que debió ser escindido, carece de competencia legítima para fallar sobre aquellos bienes que no guardan el nexo causal con la actividad ilícita matriz.
Las Causales de Impedimento y Recusación como Pérdida de Competencia
Más allá de los factores puramente territoriales o funcionales, la competencia subjetiva del juez se ve afectada cuando concurren las causales de impedimento y recusación (remisión expresa al Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004).
Un juez pierde de inmediato la competencia para seguir conociendo de la demanda de extinción de dominio si se demuestra que:
Tiene interés directo, o lo tiene su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
Ha manifestado una opinión previa o concepto sobre el proceso judicial concreto (prejuzgamiento), vulnerando el principio de imparcialidad.
Ha sido apoderado, contraparte o perito en el mismo asunto o en los procesos penales subyacentes que dieron origen a la acción de extinción.
Nota técnica: El trámite de un impedimento suspende la competencia del juez para adoptar decisiones de fondo hasta que el superior jerárquico resuelva la manifestación. Cualquier actuación sustancial dictada en este interregno está viciada.
Consecuencias Jurídicas: La Nulidad por Incompetencia
El debido proceso es una garantía constitucional inquebrantable. De conformidad con las reglas procesales, las actuaciones adelantadas por un juez incompetente generan nulidad insaneable.
Como se debate frecuentemente en foros especializados y ponencias sobre Debido Proceso en Extinción de Dominio en YouTube, la competencia del juez es un presupuesto de validez. Si la defensa técnica demuestra que el juez carecía de ella al momento de admitir la demanda o tramitar el juicio, la consecuencia obligatoria es la invalidez de lo actuado y la remisión inmediata del expediente al funcionario que legalmente deba conocerlo.
Robledo Vargas Abogados: La Firma Número Uno en Extinción de Dominio en Colombia
Enfrentar un proceso de extinción de dominio requiere de una estrategia jurídica de altísimo nivel académico y técnico. La identificación temprana de una causal de incompetencia puede cambiar drásticamente el rumbo de la defensa de su patrimonio.
En la firma Robledo Vargas Abogados contamos con un equipo liderado por juristas con maestrías y doctorados, especializados exclusivamente en litigar ante la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción de Extinción de Dominio. Nuestra experiencia de más de 15 años nos consolida como la firma líder en Colombia en salvaguardar los derechos de terceros de buena fe cualificada y en la desarticulación de demandas estatales defectuosas.
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La DIAN, se ha convertido en el verdugo de pequeños y medianos empresarios en Colombia, que con mucho esfuerzo y ahínco tratan de salir adelante en el país creando empleo y moviendo la economía. Dicha entidad está usando a la Fiscalía como medio de presión para que los pequeños y medianos empresarios paguen sin ninguna discusión procesal, vulnerando su Derecho de Defensa y debido proceso. Es así como encontramos en la práctica judicial la mezcla de procesos de cobros coactivos, que son facultades legales de la entidad y sin embargo inician sendos procesos penales que amenazan la libertad individual de representantes legales de empresas, usando la presión estatal contra los ciudadanos olvidando que el Derecho Penal debe ser usado como ultima ratio en estos casos.
Existen variados medios procesales de defensa en estos casos, solo que quienes son objeto de estas medidas penales deben asesorarse de expertos en la materia, ya que se requiere un experticio en materia Tributaria y Penal. En la mayoría de los casos es procedente revisar todo el proceso que inicia la entidad tributaria a fin de buscar violaciones del Debido Proceso en ese orden, con lo que puede tener como consecuencia la muerte del proceso penal iniciado en su contra. Muchas veces es la misma entidad tributaria la que se encarga de asfixiar a los empresarios que con toda la mejor intensión desean estar al día en estos aspectos, solo que las medidas cautelares con las que la entidad ejerce presión acorrala y no permite que dichas empresas sigan funcionando, creando empleo y mucho menos puedan ponerse al día con sus obligaciones.
Delitos Fiscales en Colombia, La Responsabilidad Tributaria Y El Tipo Penal en El Proceso Colombiano | Robledo Vargas Abogados
Estas actuaciones de parte de la entidad se convierten en la mayoría de los casos en mecanismos de defensa en materia Penal, con las que el Estado no recupera los dineros dejados de pagar y tampoco consigue una sanción en el curso del proceso. En adelante nos referiremos a los mecanismos de defensa en materia tributaria y en procedimiento Penal.
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La actitud caprichosa por parte de muchos
abogados en el país en cuanto al mal consejo que dan a sus clientes para
aceptar cargos en audiencia de imputación, es una irresponsabilidad de parte
del letrado, por cuanto hasta ese momento del proceso se hace prematuro
presumir una demostración de culpabilidad de parte del ente acusador, pero
muchos lo hacen por evitar enfrentar un proceso, ya sea por mala preparación de
su parte o por obtener rápidos e inescrupulosos dividendos. Hay también muchos
fiscales que no cuentan con una buena preparación y prefieren persuadir a los
abogados para que estos a su vez convenzan a sus clientes de aceptar cargos en
dicha audiencia. Solo que dicha aceptación al único que perjudica es al cliente
quien se encuentra en una mala posición inducido por la mala asesoría de su
abogado.
En el presente ensayo expondremos las razones
de nuestra consideración como nociva para el cliente y mencionare alguna
actitud de abogados inescrupulosos que induciendo en error a su cliente y
valiéndose de que la norma avala este tipo de allanamientos a cargos, llevan a
su defendido por un camino complicado para ellos y fácil para quien debe asumir
su defensa y de la misma manera fácil para la fiscalía.
Aunque es legal que la persona acepte cargos
en audiencia de imputación, esta debe ser con el lleno de todos los requisitos
legales, además de una idónea asesoría profesional exenta de errores inducidos
al procesado, una de ellas es que este no se encuentre en sus amplias
facultades físicas y mentales al momento de allanarse. Ejemplo de lo anterior,
estado de ebriedad, efecto de drogas u hospitalización, como se acostumbra a
realizar audiencias (dependiendo el caso). Lo contrario a esto daría como
resultado la nulidad de dicho acto toda vez que se estarían vulnerando derechos
fundamentales del procesado, como el derecho a un juicio justo, imparcial,
Derecho de Defensa, Debido proceso, la debida asesoría de un abogado de
confianza o que haya sido otorgado por el estado y una posible compulsa de
copias tanto al juez que avala dicha aceptación como al abogado por negligencia
de su parte.
La primera razón del porque no se deben
aceptar cargos en audiencia de imputación, radica en que existen otros mecanismos
y momentos procesales más beneficiosos si fuere el caso de terminar
anticipadamente el proceso por iniciativa del procesado, varios de estos
mecanismos son, el principio de oportunidad, el preacuerdo con la fiscalía,
estos dos negociados de manera bilateral y negociado en igualdad entre la
fiscalía, el abogado y su representado, obteniéndose mayores dividendos a favor
del poderdante.
La segunda razón por la que no se deben
aceptar cargos en audiencia de imputación, se debe a que hasta ese momento no
se conocen la totalidad de las pruebas que la fiscalía hará valer en juicio y
muchos menos se conocen los pormenores de la forma, la legalidad, el respeto
por los derechos fundamentales a la hora de la recolección de pruebas de la
fiscalía, que podrían viciarlas y que, en juicio, de ser así, serán pruebas
excluidas que impulsaran una absolución perentoria.
La Aceptación De Cargos en Audiencia De Imputación | Robledo Vargas Abogados
Una tercera razón por la que no se deben aceptar cargos en audiencia de imputación, se debe a que el abogado que asume una defensa debe hacer un estudio pormenorizado de todos los elementos con los que nació el proceso, incluso desde etapa de investigación por parte del ente acusador, pues en dicha etapa se cometen errores que pueden generar nulidades procesales con las que se podrá extinguir el proceso, estudio que solo se podrá hacer hasta la audiencia de acusación, tales como recusaciones, solicitud de prescripción etc.
Aceptar cargos sin conocer todo el arsenal
probatorio con que cuenta la fiscalía es a nuestro de modo de ver es apresurado
e irresponsable por parte de muchos abogados en el país, que se ha vuelto
costumbre y que al final los procesados son quienes sufren sus consecuencias
por lo que hay quejas en este sentido por la mala asesoría de sus apoderados.
En delitos sexuales o los cometidos contra
menores de edad, o contra a la administración pública, en donde están
prohibidas las rebajas de pena o beneficios por aceptar cargos, toma aún mas
forma la no aceptación de cargos que debe motivar al abogado que asume el caso
a la hora de revisar minuciosamente el expediente que le correrá la fiscalía,
pues allí no existe otro camino que el de defenderse procesalmente, debiendo el
abogado ser juicioso en su defensa. Para los delitos contra la administración
pública, existe una excepción en cuanto al principio de oportunidad que si
procede como beneficio, siempre y cuando exista una delación o colaboración del
procesado para esclarecer e identificar a más señalados como autores,
participes del delito cometido contra la administración pública.
El presente escrito es un llamado de atención
a quienes hacen las veces de defensores, ya sea de confianza o defensores
públicos para dejar la práctica de inducir a sus clientes o representados a
aceptar cargos en la audiencia inicial, solo por buscar afanes personales,
económicos o por evacuar expedientes de sus despachos y mucho menos por
presiones algunas veces arbitrarias por parte de la fiscalía.
Los procesados deben estar atentos a las actuaciones de sus abogados y en la mayoría de casos oponerse a la aceptación temprana de cargos, toda vez que existe otra etapa en la que se puede ejecutar y obtener aún mejores beneficios, además esto brinda la oportunidad para cambiar de abogado si fuere necesario. Nuestra postura es la de no aconsejar allanarse a cargos en la mencionada audiencia, a lo que muchos dirán que esto ayuda a la congestión judicial, cosa que como defensor de los intereses de mis clientes poco debe importarnos, pues por encima de ello, están los Derechos de los ciudadanos y que el Estado debe velar y proteger por encima de las quejas de funcionarios que tienen el deber de garantizar los mencionados Derechos, que además de fundamentales son Derechos Humanos.
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