La DIAN, se ha convertido en el verdugo de pequeños y medianos empresarios en Colombia, que con mucho esfuerzo y ahínco tratan de salir adelante en el país creando empleo y moviendo la economía. Dicha entidad está usando a la Fiscalía como medio de presión para que los pequeños y medianos empresarios paguen sin ninguna discusión procesal, vulnerando su Derecho de Defensa y debido proceso. Es así como encontramos en la práctica judicial la mezcla de procesos de cobros coactivos, que son facultades legales de la entidad y sin embargo inician sendos procesos penales que amenazan la libertad individual de representantes legales de empresas, usando la presión estatal contra los ciudadanos olvidando que el Derecho Penal debe ser usado como ultima ratio en estos casos.
Existen variados medios procesales de defensa en estos casos, solo que quienes son objeto de estas medidas penales deben asesorarse de expertos en la materia, ya que se requiere un experticio en materia Tributaria y Penal. En la mayoría de los casos es procedente revisar todo el proceso que inicia la entidad tributaria a fin de buscar violaciones del Debido Proceso en ese orden, con lo que puede tener como consecuencia la muerte del proceso penal iniciado en su contra. Muchas veces es la misma entidad tributaria la que se encarga de asfixiar a los empresarios que con toda la mejor intensión desean estar al día en estos aspectos, solo que las medidas cautelares con las que la entidad ejerce presión acorrala y no permite que dichas empresas sigan funcionando, creando empleo y mucho menos puedan ponerse al día con sus obligaciones.
Estas actuaciones de parte de la entidad se convierten en la mayoría de los casos en mecanismos de defensa en materia Penal, con las que el Estado no recupera los dineros dejados de pagar y tampoco consigue una sanción en el curso del proceso. En adelante nos referiremos a los mecanismos de defensa en materia tributaria y en procedimiento Penal.
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