Autor: Jhon Fernando Robledo Vargas Robledo Vargas Abogados
Introducción
La actividad agrícola y ganadera constituye una fuente histórica de generación de riqueza en Colombia. Miles de personas han construido su patrimonio mediante el cultivo de la tierra, la comercialización de cosechas, la cría y venta de ganado, el arrendamiento de predios rurales, la intermediación agropecuaria y otras actividades relacionadas con la economía del campo.
Sin embargo, cuando los bienes de estas personas son objeto de un proceso de extinción de dominio, aparece una dificultad probatoria que merece especial atención: con frecuencia, las autoridades examinan la formación del patrimonio rural utilizando parámetros documentales propios de actividades empresariales formalizadas, sin considerar suficientemente las particularidades económicas, comerciales y productivas del sector agropecuario.
Esta situación puede generar conclusiones equivocadas. La ausencia de determinados documentos contables, la falta de matrícula mercantil, la realización de negocios directamente con compradores de cosechas o la existencia de operaciones pagadas en especie no permiten concluir, automáticamente, que una actividad económica no existió o que los bienes adquiridos tienen procedencia ilícita.
La discusión debe abordarse desde una perspectiva jurídica y probatoria más rigurosa: ¿cómo se demuestra que los recursos utilizados para adquirir un inmueble, desarrollar una explotación rural o incrementar un patrimonio provienen de actividades agrícolas y ganaderas legítimas?
La respuesta exige comprender la naturaleza de la actividad económica, las reglas de la extinción de dominio y los medios de prueba que permiten reconstruir la realidad patrimonial del afectado.
1. La actividad agrícola y ganadera como fuente legítima de formación patrimonial
El ejercicio de actividades agrícolas y ganaderas es una manifestación legítima de la actividad económica y del aprovechamiento de la propiedad privada.
El cultivo de caña de azúcar, café, arroz, palma, frutas y otros productos agrícolas, así como la cría, levante, engorde y comercialización de ganado, pueden producir ingresos, utilidades y acumulación de capital durante periodos prolongados.
En muchos casos, el patrimonio no se forma a partir de una operación económica aislada, sino mediante ciclos sucesivos de producción, comercialización, reinversión y adquisición de activos.
Un agricultor puede utilizar los ingresos de varias cosechas para adquirir un predio; un ganadero puede reinvertir las utilidades de la venta de semovientes en la compra de nuevos animales; y un productor rural puede adquirir bienes mediante acuerdos de pago que involucren la entrega de cosechas futuras.
Estas operaciones deben analizarse de acuerdo con su realidad económica y no exclusivamente desde la existencia de soportes contables convencionales.
La actividad agropecuaria, por tanto, puede explicar la formación de patrimonios significativos, incluso cuando su desarrollo no haya estado acompañado de una estructura empresarial formal.
Lo determinante, desde la perspectiva de la extinción de dominio, será establecer si existe una relación económica verificable entre la actividad desarrollada, los ingresos obtenidos y los bienes adquiridos.
2. La venta directa de productos agrícolas no siempre constituye un acto mercantil
Uno de los aspectos jurídicos más relevantes para comprender la economía rural se encuentra en el artículo 23, numeral 4, del Código de Comercio colombiano.
Esta disposición establece que no son mercantiles:
Las enajenaciones que hagan directamente los agricultores o ganaderos de los frutos de sus cosechas o ganados, en su estado natural.
La norma también contempla las actividades de transformación de esos frutos realizadas por los propios agricultores o ganaderos, siempre que dicha transformación no constituya por sí misma una empresa.
Esta previsión tiene consecuencias importantes.
Pensemos en un agricultor que cultiva una extensión de tierra, cosecha su producción y vende directamente el producto a una cooperativa o a una empresa agroindustrial que lo utiliza como materia prima.
La operación puede corresponder a una enajenación directa de frutos de cosecha en estado natural, comprendida en la excepción del artículo 23, numeral 4, siempre que concurran sus presupuestos legales.
Por consiguiente, no puede exigirse automáticamente que ese agricultor tenga la condición de comerciante o esté inscrito en el registro mercantil por el solo hecho de producir y vender directamente su cosecha.
Es indispensable, sin embargo, examinar las circunstancias concretas. La realización de actividades adicionales de transformación, comercialización organizada, intermediación o explotación empresarial puede modificar el análisis jurídico. Tampoco debe confundirse la situación del productor con la de la cooperativa o empresa compradora: la naturaleza de las operaciones de cada participante debe examinarse conforme a las reglas comerciales aplicables.
Esta distinción es fundamental en los procesos de extinción de dominio, porque una actividad agrícola legítima no puede ser descalificada por no cumplir formalidades que no necesariamente le resultan exigibles.
3. La ausencia de matrícula mercantil no significa inexistencia de patrimonio
El registro mercantil tiene por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de comercio, además de inscribir los actos y documentos que la ley somete a esa formalidad.
Así lo establece el artículo 26 del Código de Comercio.
Por su parte, el artículo 28 determina quiénes deben inscribirse, incluyendo a las personas que ejercen profesionalmente el comercio.
De estas disposiciones no se desprende que la matrícula mercantil sea un requisito general para adquirir, conservar o demostrar la existencia de un patrimonio.
La propiedad de un inmueble, la titularidad de semovientes, la posesión de cosechas, los derechos derivados de contratos agrícolas y los recursos obtenidos mediante actividades productivas no dependen, por regla general, de la inscripción de su titular en el registro mercantil.
Por ello, deben evitarse tres confusiones:
No estar matriculado como comerciante no equivale a carecer de actividad económica.
No desarrollar una actividad mercantil no significa que la persona no pueda producir ingresos o acumular patrimonio.
No contar con libros contables comerciales no demuestra, por sí solo, que los recursos utilizados para adquirir bienes tengan origen ilícito.
Esto no significa que la ausencia de registros carezca de toda relevancia probatoria. Puede ser un elemento que deba examinarse en el contexto de cada caso, especialmente cuando existía una obligación legal de llevarlos. Pero no puede transformarse en una presunción automática de ilicitud.
La inexistencia de una formalidad mercantil no puede sustituir la demostración del origen ilícito de los bienes.
4. La Sentencia STP18692-2024: una decisión relevante para la defensa del patrimonio rural
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, mediante Sentencia STP18692-2024 del 16 de abril de 2024, examinó una controversia en la que la formación del patrimonio de los afectados estaba relacionada, entre otras actividades, con el cultivo de caña de azúcar y la ganadería.
El asunto resulta particularmente relevante porque la discusión probatoria comprendía la adquisición de predios rurales, la venta de ganado, la comercialización de caña de azúcar y operaciones económicas con terceros.
En el expediente se encontraban, entre otros elementos:
Declaraciones de renta y sus anexos.
Balances generales e inventarios.
Registros de compra, venta y nacimiento de semovientes.
Certificaciones de ganaderos y personas relacionadas con actividades agropecuarias.
Facturas de adquisición de insumos.
Documentos relacionados con pagos de nómina y trabajadores.
Contratos y documentos de negociación con el Ingenio Riopaila.
Información sobre préstamos, obligaciones y operaciones de crédito.
Dictámenes contables elaborados por expertos del CTI.
Uno de los aspectos relevantes consistió en la reconstrucción patrimonial de los afectados, con el propósito de establecer si sus actividades económicas y los recursos provenientes de terceros permitían explicar la adquisición de los bienes.
La Corte cuestionó la valoración probatoria efectuada por el Tribunal Superior de Bogotá, particularmente porque se habían descartado elementos de convicción y se había atribuido a la prueba documental una exclusividad que no correspondía al sistema probatorio aplicable.
La decisión también puso de presente que las causales de extinción de dominio debían examinarse de manera diferenciada y que no era suficiente formular conclusiones generales sobre la supuesta procedencia ilícita de los bienes.
La Corte encontró configurado un defecto fáctico, amparó el debido proceso y decretó la nulidad parcial de la sentencia cuestionada, ordenando emitir una nueva decisión.
Debe precisarse que la Corte no declaró definitivamente lícitos todos los bienes ni estableció que cualquier actividad agrícola o ganadera deba presumirse legítima. Su pronunciamiento exigió una valoración probatoria rigurosa y respetuosa de las garantías constitucionales.
Su importancia para la defensa patrimonial radica en que reconoce la necesidad de examinar integralmente las actividades económicas que pueden explicar la formación de un patrimonio.
5. ¿Cómo demostrar el origen lícito de los recursos provenientes de actividades agrícolas?
La defensa de un patrimonio rural no debe limitarse a presentar declaraciones de renta o certificaciones genéricas sobre la existencia de una explotación agrícola.
Es necesario construir una explicación económica verificable que permita identificar la actividad desarrollada, su capacidad productiva, los ingresos generados y la relación entre esos recursos y los bienes adquiridos.
Para ello, resulta conveniente organizar la prueba en varios componentes.
5.1. Prueba de la existencia de la actividad productiva
En primer lugar, debe acreditarse que la actividad agrícola efectivamente existió y que el afectado tenía una relación económica real con ella.
Pueden resultar relevantes:
Escrituras, certificados de tradición y libertad, contratos de arrendamiento o documentos que acrediten la tenencia y explotación de los predios.
Certificaciones de asociaciones agrícolas, cooperativas y organizaciones de productores.
Contratos de producción, suministro o comercialización.
Registros de cultivos y documentos técnicos.
Facturas de semillas, fertilizantes, maquinaria, herramientas y demás insumos.
Documentos de asistencia técnica y servicios agropecuarios.
Testimonios de trabajadores, vecinos, compradores, proveedores y personas que conocieron directamente la explotación.
La finalidad es demostrar que no se trata de una actividad económica construida retrospectivamente para justificar bienes, sino de una explotación productiva cuya existencia pueda corroborarse.
5.2. Prueba de la producción y comercialización
Acreditar que existía un cultivo no es suficiente. También es necesario establecer que produjo bienes susceptibles de comercialización y que estos generaron ingresos.
En este punto pueden utilizarse:
Contratos de compraventa de cosechas.
Comprobantes de entrega y recibo de productos.
Certificaciones expedidas por ingenios, cooperativas, centrales de abasto y compradores.
Registros de pesaje y liquidaciones de producción.
Facturas, recibos y comprobantes de pago.
Documentos de transporte y entrega de productos.
Registros de retenciones practicadas por compradores.
Extractos y consignaciones bancarias.
Testimonios de compradores y transportadores.
Cuando se trate de ventas directas realizadas por el agricultor, la ausencia de una factura comercial no debe conducir automáticamente a desconocer la operación. Debe examinarse qué otros elementos permiten verificar la entrega del producto, el comprador, el precio y la forma de pago.
5.3. Prueba de la actividad ganadera
En materia ganadera, la reconstrucción económica debe considerar las particularidades de la explotación pecuaria.
No basta con afirmar que una persona era ganadera. Debe establecerse, en la medida de lo posible, el inventario de semovientes, su evolución, los ciclos de reproducción, las compras, las ventas y los ingresos generados.
Pueden ser relevantes:
Registros de identificación y marcas de ganado.
Guías sanitarias de movilización y documentos expedidos por las autoridades competentes.
Certificaciones de asociaciones ganaderas.
Registros de vacunación y asistencia veterinaria.
Inventarios de semovientes.
Comprobantes de compra y venta de animales.
Registros de ferias y subastas ganaderas.
Contratos de intermediación y comisiones.
Facturas de alimentación, medicamentos e insumos.
Documentos sobre arrendamiento de potreros y explotación pecuaria.
Testimonios de compradores, vendedores, trabajadores y otros ganaderos.
Estos elementos permiten reconstruir la actividad y determinar si existía una capacidad productiva compatible con los ingresos y adquisiciones atribuidos al afectado.
5.4. Prueba de préstamos y financiación de terceros
Los patrimonios rurales no siempre se forman exclusivamente con recursos provenientes de la producción propia.
Es frecuente que los agricultores y ganaderos recurran a préstamos familiares, créditos bancarios, financiación de proveedores, anticipos de compradores o acuerdos de pago con terceros.
Por eso, la reconstrucción patrimonial debe identificar también las fuentes externas de financiación.
Pueden utilizarse:
Pagarés y letras de cambio.
Contratos de mutuo.
Comprobantes de desembolso.
Extractos bancarios.
Certificaciones de acreedores.
Documentos sobre garantías constituidas.
Registros de abonos y pagos.
Testimonios de quienes entregaron los recursos.
No obstante, la sola existencia de un pagaré o una certificación de deuda no acredita necesariamente que el préstamo se haya desembolsado. Es necesario procurar corroboración sobre la entrega efectiva del dinero, su disponibilidad y su aplicación a la adquisición del bien.
6. Los pagos en especie y las formas alternativas de adquisición de bienes
Una particularidad de ciertas economías rurales consiste en que las operaciones no siempre se realizan mediante pagos exclusivamente dinerarios.
Pueden existir acuerdos en los que el precio de un inmueble se cubra parcialmente con cosechas, productos agrícolas, semovientes o producción futura.
En la Sentencia STP18692-2024 se examinó, precisamente, una negociación relacionada con predios rurales cuyo pago involucraba toneladas métricas de caña de azúcar.
Este tipo de operación exige una reconstrucción específica.
Debe establecerse:
Cuál fue el negocio jurídico celebrado.
Cuál era el precio acordado.
Qué parte se pagó en dinero y qué parte en especie.
Qué producto fue entregado.
Cuál era su valor para la época.
Cómo se realizó la entrega y quién la recibió.
Qué documentos permiten verificar el cumplimiento de la obligación.
La valoración no puede limitarse a preguntar cuánto dinero ingresó a una cuenta bancaria. También debe examinarse si existieron prestaciones económicas en especie y cuál fue su incidencia en la adquisición del bien.
La ausencia de una transferencia bancaria no significa necesariamente que no haya existido una operación económica real.
7. La reconstrucción patrimonial: el vínculo entre la actividad económica y los bienes adquiridos
La demostración del origen lícito de un patrimonio exige algo más que probar la existencia de ingresos.
Es necesario establecer la relación temporal y económica entre esos ingresos y las adquisiciones investigadas.
Por ejemplo, si una persona adquirió un inmueble rural en 1999, la defensa debe identificar qué recursos tenía disponibles para esa fecha, cuáles fueron sus fuentes de financiación y de qué manera se efectuó el pago.
Para ello, es recomendable elaborar una reconstrucción patrimonial por periodos, que incluya:
Patrimonio inicial.
Ingresos provenientes de actividades agrícolas y ganaderas.
Ingresos por arrendamientos u otras actividades lícitas.
Préstamos y financiación de terceros.
Gastos de producción y obligaciones.
Inversiones y reinversiones.
Adquisición de inmuebles y semovientes.
Deudas y pasivos.
Patrimonio final.
Este ejercicio debe permitir establecer si existía capacidad económica para adquirir los bienes y si las operaciones guardan coherencia con la evolución de la actividad productiva.
La reconstrucción debe contar con soporte documental, testimonial, técnico y contable, según las particularidades del caso.
Un dictamen pericial puede ser especialmente útil para organizar la información, establecer los flujos económicos y explicar las operaciones. Sin embargo, el perito no sustituye al juez en la valoración integral de las pruebas ni puede convertir sus conclusiones en una verdad incontrovertible.
La defensa debe verificar, además, que el dictamen identifique las fuentes de información utilizadas, los periodos examinados, las operaciones incluidas y las limitaciones metodológicas.
8. La carga dinámica de la prueba no autoriza a presumir la ilicitud del patrimonio
El artículo 152 de la Ley 1708 de 2014 regula la carga de la prueba en el proceso de extinción de dominio.
La disposición establece que los hechos discutidos deben ser probados por la parte que se encuentre en mejores condiciones de obtener los medios de prueba necesarios.
La norma también asigna a la Fiscalía General de la Nación la responsabilidad de identificar, ubicar, recolectar y aportar los medios de prueba que demuestren la concurrencia de alguna de las causales legales y los demás presupuestos correspondientes.
Por su parte, quien afirma ser titular del derecho real afectado debe aportar los elementos que sustenten su oposición.
Esta distribución probatoria exige una interpretación equilibrada.
El afectado se encuentra generalmente en mejores condiciones para explicar sus actividades económicas, identificar sus compradores, aportar documentos de sus negocios y reconstruir las fuentes de financiación de sus bienes.
Sin embargo, esa circunstancia no elimina la obligación estatal de demostrar los presupuestos de la causal de extinción de dominio.
La carga dinámica no puede convertirse en una presunción según la cual todo patrimonio que no se encuentre plenamente documentado tiene origen ilícito.
La Sentencia STP18692-2024 reiteró esta distinción al explicar que la carga dinámica no puede interpretarse como una inversión de la obligación estatal de demostrar las causales de extinción.
En consecuencia, la defensa debe aportar elementos probatorios serios y verificables, pero la Fiscalía y los jueces deben examinar si los elementos de juicio permiten realmente establecer la procedencia de la acción respecto de los bienes afectados.
9. No deben confundirse el incremento patrimonial injustificado y los bienes provenientes de actividades ilícitas
Uno de los problemas más delicados en los procesos de extinción de dominio consiste en confundir las distintas causales legales.
En el régimen actual de la Ley 1708 de 2014, el artículo 16 contempla, entre otras, dos hipótesis que merecen especial atención:
Primera: bienes producto directo o indirecto de una actividad ilícita.
En este supuesto debe examinarse la relación entre el bien y la actividad ilícita, ya sea porque el bien proviene directamente de ella o porque deriva de una transformación, conversión o sustitución de recursos ilícitos.
Segunda: bienes que formen parte de un incremento patrimonial no justificado, cuando existan elementos de conocimiento que permitan considerar razonablemente que provienen de actividades ilícitas.
Esta causal exige un análisis patrimonial que permita identificar el incremento, establecer su dimensión y examinar las circunstancias que sustentan la inferencia sobre su procedencia ilícita.
La distinción es importante porque la falta de explicación documental de una operación no equivale, por sí sola, a demostrar que el bien proviene de una actividad ilícita.
En los casos de actividad agrícola y ganadera, la reconstrucción de los ciclos productivos, los ingresos, los pasivos, las inversiones y las adquisiciones resulta esencial para determinar si el incremento patrimonial cuenta con una explicación económica razonable.
La Sentencia STP18692-2024 examinó esta diferencia en el marco de la Ley 793 de 2002, aplicable al proceso allí estudiado. Sus razonamientos sobre valoración probatoria y debido proceso son relevantes, pero la identificación de las causales y las reglas aplicables a cada asunto debe hacerse conforme al régimen temporal correspondiente.
10. La prueba testimonial y la realidad económica de las actividades rurales
En determinados contextos rurales, las relaciones económicas se desarrollan mediante acuerdos verbales, prácticas comerciales tradicionales y operaciones cuya documentación no siempre es completa.
Por esa razón, la prueba testimonial puede cumplir una función relevante.
Los testimonios de trabajadores, vecinos, proveedores, compradores, transportadores, ganaderos y personas que participaron en las actividades productivas pueden contribuir a demostrar:
La existencia de los cultivos y explotaciones.
El tiempo durante el cual se desarrolló la actividad.
Las cantidades aproximadas de producción.
Las relaciones comerciales con compradores.
Las operaciones de compra y venta de semovientes.
Las formas de pago utilizadas.
La existencia de trabajadores y colaboradores.
La realización de inversiones y mejoras en los predios.
Naturalmente, los testimonios deben ser valorados de acuerdo con su conocimiento directo, precisión, coherencia y posibilidad de corroboración.
La prueba testimonial no reemplaza automáticamente los soportes económicos disponibles, pero tampoco puede ser descartada por el simple hecho de no ser documental.
La libertad probatoria exige que cada medio de convicción sea valorado según su contenido y capacidad demostrativa.
11. Una metodología de defensa: reconstruir la economía real del afectado
La defensa patrimonial en casos relacionados con actividades agrícolas y ganaderas requiere una metodología que articule el análisis jurídico, contable, económico y probatorio.
No se trata simplemente de acumular documentos. Se trata de construir una explicación coherente de la formación del patrimonio.
Una estrategia de defensa puede desarrollarse en cinco etapas:
Primera etapa: identificación de la actividad económica.
Determinar qué actividades desarrollaba el afectado, durante qué periodos, en qué predios, con qué recursos y bajo qué modalidad de explotación.
Segunda etapa: reconstrucción de la producción y los ingresos.
Establecer los ciclos agrícolas o ganaderos, los volúmenes de producción, las operaciones de comercialización, los compradores y las formas de pago.
Tercera etapa: identificación de las fuentes de financiación.
Determinar los recursos propios, préstamos, créditos, anticipos, pagos en especie y demás fuentes utilizadas para financiar la actividad y adquirir bienes.
Cuarta etapa: reconstrucción patrimonial.
Comparar la situación económica del afectado a través del tiempo, relacionando ingresos, gastos, obligaciones, inversiones y adquisiciones.
Quinta etapa: confrontación de la hipótesis de la Fiscalía.
Examinar si los elementos de juicio utilizados por la autoridad realmente demuestran la causal invocada y si la hipótesis estatal descarta razonablemente las explicaciones económicas lícitas que cuentan con respaldo probatorio.
Esta metodología permite evitar que la defensa se limite a formular explicaciones generales que no puedan contrastarse con los elementos de la investigación.
Conclusión: el patrimonio rural debe examinarse desde su realidad económica y no desde presunciones documentales
La actividad agrícola y ganadera constituye una fuente legítima de generación de riqueza y formación patrimonial en Colombia.
Su desarrollo puede involucrar operaciones directas de comercialización, pagos en especie, acuerdos de financiación, relaciones económicas tradicionales y formas de producción que no siempre responden a los modelos empresariales convencionales.
En consecuencia, los procesos de extinción de dominio deben considerar las particularidades de estas actividades y evitar que la ausencia de determinadas formalidades se convierta en una conclusión automática sobre la ilicitud de los bienes.
La Sentencia STP18692-2024 ofrece una orientación importante: la valoración probatoria debe ser integral, las causales deben demostrarse de manera diferenciada y los medios de prueba no pueden descartarse mediante exigencias que desconozcan la libertad probatoria.
Esto no significa que la actividad agrícola o ganadera deba aceptarse sin verificación. Significa que su existencia, capacidad productiva, ingresos y relación con los bienes adquiridos deben ser examinados mediante un análisis serio y técnicamente sustentado.
La defensa del patrimonio rural exige demostrar cómo se produjo la riqueza, cómo se transformó en activos y de qué manera evolucionó a lo largo del tiempo.
En Robledo Vargas Abogados consideramos que la defensa en los procesos de extinción de dominio requiere superar las explicaciones meramente formales y comprender la realidad económica que dio origen a los bienes.
La reconstrucción patrimonial, el análisis contable y la valoración integral de la prueba son herramientas fundamentales para proteger el derecho de propiedad frente a decisiones que no estén suficientemente sustentadas.
JHON FERNANDO ROBLEDO VARGAS Abogado Robledo Vargas Abogados Defensa especializada en procesos de extinción de dominio en Colombia.
Autor: Jhon Fernando Robledo Vargas Robledo Vargas Abogados – Firma experta en extinción de dominio en Colombia
Introducción
¿Puede declararse la extinción del derecho de dominio de una persona porque no logró demostrar su capacidad económica mediante declaraciones de renta, documentos contables o soportes comerciales de carácter formal?
¿La ausencia de documentación tributaria o mercantil permite concluir que un patrimonio tiene origen ilícito?
¿Puede una autoridad judicial desconocer una actividad agrícola, ganadera o comercial legítima porque los ingresos que produjo no se encuentran respaldados por los documentos que considera suficientes?
Estos interrogantes tienen una importancia trascendental en los procesos de extinción de dominio en Colombia, especialmente cuando se investigan patrimonios construidos durante décadas mediante actividades económicas tradicionales, familiares, agrícolas, ganaderas o comerciales.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante la sentencia STP18692-2024, radicado 135671, del 16 de abril de 2024, desarrolló consideraciones de especial relevancia sobre la valoración de los medios de prueba destinados a demostrar la procedencia lícita del patrimonio.
La providencia cuestionó, entre otros aspectos, que se considerara la prueba documental como el único medio idóneo para acreditar el origen legítimo de los bienes y advirtió que las autoridades judiciales no pueden construir una declaración de ilicitud patrimonial a partir de valoraciones probatorias genéricas, incompletas o carentes de una inferencia razonable.
Esta decisión ofrece herramientas jurídicas importantes para la defensa de personas afectadas por procesos de extinción de dominio y permite profundizar en una cuestión fundamental: la diferencia entre no disponer de determinados soportes documentales y tener un patrimonio de origen ilícito.
1. La declaración de renta no constituye una tarifa legal para demostrar el origen del patrimonio
Uno de los errores que puede presentarse en los procesos de extinción de dominio consiste en atribuir a las declaraciones de renta una capacidad demostrativa exclusiva, como si la existencia de un patrimonio legítimo dependiera necesariamente de que todos sus componentes estuvieran reflejados en documentos tributarios.
La declaración de renta es un elemento de prueba que puede contribuir a establecer la situación económica de una persona, sus activos, pasivos, ingresos y evolución patrimonial. Sin embargo, no constituye el único instrumento jurídico para acreditar la procedencia de los recursos utilizados en la adquisición de bienes.
En la sentencia STP18692-2024, la Corte Suprema examinó precisamente un razonamiento judicial que consideraba que la prueba documental era la única idónea para demostrar el origen lícito de los bienes.
La Sala cuestionó esa postura porque desconoce la capacidad probatoria de otros medios reconocidos por el ordenamiento jurídico.
En efecto, la providencia recuerda que, para el procedimiento aplicable al caso, podían utilizarse medios como:
La confesión.
El testimonio.
La inspección.
El dictamen pericial.
Los documentos.
La prueba indiciaria.
La importancia de esta consideración radica en que el patrimonio constituye una realidad económica que puede demostrarse mediante diferentes fuentes de información, cuya eficacia depende de su pertinencia, conducencia, autenticidad, credibilidad y valoración conjunta.
No es jurídicamente admisible establecer anticipadamente que un testimonio, una certificación comercial o un dictamen contable carecen de capacidad demostrativa por no tener la naturaleza de una declaración tributaria o de un documento contable formal.
La autoridad judicial debe examinar cada medio de prueba y explicar razonadamente su mérito demostrativo.
La ausencia de una declaración de renta no demuestra, por sí misma, la inexistencia de patrimonio ni convierte automáticamente en ilícitos los recursos empleados para adquirir bienes.
2. La realidad económica no puede confundirse con la formalidad documental
Este aspecto merece una reflexión particular en el derecho de extinción de dominio.
En Colombia existen numerosas actividades económicas que históricamente se han desarrollado mediante relaciones comerciales tradicionales, acuerdos verbales, operaciones directas entre productores y compradores, préstamos personales y sistemas de producción que no siempre generan los mismos soportes documentales que las actividades empresariales formalizadas.
La agricultura y la ganadería constituyen ejemplos especialmente relevantes.
Un productor agrícola puede desarrollar durante décadas una actividad económicamente rentable, adquirir tierras, invertir en maquinaria, comercializar sus cosechas y acumular patrimonio sin que todas sus operaciones hayan quedado documentadas bajo los estándares contables que posteriormente se consideran deseables para una investigación patrimonial.
Lo anterior no significa que la actividad económica esté exenta de las obligaciones legales que le correspondan. Significa que la existencia de una actividad productiva y la legitimidad de sus ingresos no pueden descartarse exclusivamente por la ausencia de determinados documentos.
La reconstrucción de la realidad económica exige estudiar las circunstancias concretas de cada actividad.
Por ejemplo, un agricultor que comercializa directamente su producción con una cooperativa agroindustrial puede demostrar su actividad mediante contratos, liquidaciones de cosechas, certificaciones del comprador, comprobantes de pago, testimonios, registros de producción, adquisición de insumos y otros elementos que permitan establecer la realidad de las operaciones.
De la misma manera, un ganadero puede acreditar su actividad mediante registros de inventarios, compraventas de semovientes, certificaciones, movimientos de animales, testimonios, documentos comerciales y peritajes que reconstruyan sus operaciones económicas.
Ninguno de estos medios debe ser descartado de manera automática por no tener la naturaleza de una declaración de renta.
Lo jurídicamente relevante consiste en determinar si, valorados integralmente, permiten establecer la existencia de la actividad económica, sus ingresos, su evolución y su correspondencia con las adquisiciones patrimoniales investigadas.
3. La ausencia de matrícula mercantil no significa que una persona carezca de patrimonio
Una cuestión relacionada con lo anterior es la interpretación que puede hacerse de la ausencia de matrícula mercantil ante la Cámara de Comercio.
Debe distinguirse entre la obligación de inscripción en el registro mercantil y la existencia de un patrimonio económicamente verificable.
El artículo 19 del Código de Comercio establece las obligaciones de los comerciantes, entre ellas la matrícula mercantil. A su vez, el artículo 23 del mismo estatuto contempla actividades que no se consideran mercantiles para efectos legales.
En particular, su numeral 4 dispone que no son actos mercantiles las enajenaciones que hagan directamente los agricultores o ganaderos de los frutos de sus cosechas o ganados, en su estado natural, cuando no constituyan por sí mismas una empresa.
Esta distinción tiene consecuencias importantes.
Supóngase que una persona cultiva palma africana y vende directamente su producción a una cooperativa que se encarga de su transformación industrial.
La circunstancia de que esa operación no constituya por sí misma un acto mercantil, conforme al supuesto legal indicado, no significa que el agricultor no haya generado ingresos, que carezca de capacidad económica o que no pueda haber acumulado legítimamente un patrimonio.
La ausencia de matrícula mercantil tampoco permite presumir que sus bienes tienen origen ilícito.
En un proceso de extinción de dominio, la autoridad debe investigar la realidad de la actividad económica, examinar las operaciones efectuadas y establecer si existe correspondencia entre los recursos generados y los bienes adquiridos.
No puede sustituir esa investigación por una conclusión basada exclusivamente en la ausencia de un registro.
Debe aclararse que esta consideración no significa que toda actividad agrícola esté excluida del régimen mercantil ni que todos los productores estén exentos de obligaciones registrales. La aplicación del artículo 23 del Código de Comercio depende de las características concretas de la actividad y de las condiciones establecidas por la norma.
La conclusión jurídica es otra: la ausencia de matrícula mercantil no constituye, por sí sola, prueba de inexistencia de actividad económica ni de ilicitud patrimonial.
4. La carga de la prueba en la extinción de dominio no puede trasladarse íntegramente al afectado
La sentencia STP18692-2024 también desarrolla consideraciones relevantes sobre la carga dinámica de la prueba.
La Corte Suprema recuerda que el Estado tiene la obligación de recaudar un conjunto de elementos probatorios que permitan concluir fundadamente que el dominio sobre determinados bienes carece de explicación razonable en actividades lícitas y encuentra su explicación en actividades ilícitas, de acuerdo con la causal invocada.
La carga dinámica de la prueba no puede interpretarse como una liberación de esa obligación estatal.
Es cierto que el titular de los bienes puede encontrarse en mejores condiciones para aportar información sobre la forma en que los adquirió, las actividades que desarrolló y los recursos que utilizó.
Por ello, tiene el derecho y la posibilidad de aportar elementos para demostrar el incremento patrimonial justificado o la procedencia lícita de los bienes.
Sin embargo, esta circunstancia no autoriza a las autoridades a presumir la ilicitud patrimonial por el solo hecho de que el afectado no consiga aportar un documento específico.
Es necesario distinguir dos obligaciones probatorias:
Primera: el Estado debe demostrar los presupuestos de la causal de extinción de dominio invocada.
Segunda: el afectado tiene la posibilidad de controvertir los elementos estatales y aportar las pruebas que permitan explicar la procedencia legítima de sus bienes.
La segunda no elimina la primera.
En consecuencia, la dificultad para reconstruir operaciones económicas antiguas no puede convertirse automáticamente en demostración de una actividad ilícita.
5. El incremento patrimonial injustificado y la procedencia ilícita de los bienes son causales diferentes
Uno de los aportes más importantes de la providencia consiste en diferenciar las causales primera y segunda del artículo 2 de la Ley 793 de 2002, régimen aplicable al proceso examinado.
La Corte advierte que, aunque ambas causales pueden conducir a la extinción del derecho de dominio, su demostración requiere presupuestos diferentes.
5.1. El incremento patrimonial injustificado
La primera causal exige demostrar un incremento patrimonial injustificado, sin explicación de su origen lícito.
Para ello, la Corte señala la importancia de realizar un estudio comparativo del patrimonio inicial y el patrimonio final.
Ese ejercicio requiere establecer:
Con cuánto dinero o recursos se inició la formación del patrimonio.
Cómo evolucionó durante los períodos investigados.
Cuáles fueron los incrementos y detrimentos patrimoniales.
Qué actividades económicas generaron los recursos.
Cuáles fueron las inversiones y adquisiciones realizadas.
Qué obligaciones, préstamos y pasivos incidieron en la evolución patrimonial.
La providencia destaca que el estudio contable y tributario debe considerar todos los soportes disponibles para cada período investigado.
También reconoce la pertinencia del dictamen contable para demostrar los incrementos o detrimentos patrimoniales.
Sin embargo, el perito no reemplaza al juez. Corresponde a este último valorar integralmente las pruebas, conforme a los criterios de la sana crítica, y determinar si se configura la causal.
La Corte cuestionó que, en el caso examinado, se hubiera descartado el material pericial sin establecer con precisión los períodos y montos del supuesto incremento patrimonial injustificado.
Esta observación es trascendental: no basta con afirmar que una persona no tenía capacidad económica para adquirir determinados bienes. Es necesario establecer cuál fue el incremento patrimonial, cuándo ocurrió, cuál fue su magnitud y por qué carece de explicación lícita.
5.2. Los bienes provenientes de actividades ilícitas
La segunda causal tiene un presupuesto diferente: demostrar que los bienes provienen directa o indirectamente de una actividad ilícita.
En este escenario, no basta con identificar una inconsistencia económica o una insuficiencia documental.
La autoridad debe establecer la relación entre los bienes y la actividad ilícita que sustenta la pretensión extintiva.
La diferencia es fundamental porque la falta de demostración suficiente de una actividad económica no equivale automáticamente a la demostración de que los bienes provienen del narcotráfico, el lavado de activos u otra actividad ilícita.
La causal debe acreditarse mediante los medios de prueba legalmente admisibles y una valoración racional de sus resultados.
6. La prueba indiciaria exige hechos indicadores probados, concordantes y convergentes
La sentencia también ofrece una orientación particularmente importante sobre la construcción de inferencias indiciarias.
La Corte explica que, cuando no existe prueba directa de la procedencia ilícita de los bienes, es posible acudir a la prueba indiciaria.
Sin embargo, esta modalidad probatoria exige un ejercicio metódico.
Un indicio parte de un hecho conocido y debidamente probado, del cual se infiere otro hecho desconocido.
Para que la inferencia sea racional, los hechos indicadores deben guardar concordancia en circunstancias de tiempo, modo y lugar y presentar convergencia hacia el hecho que se pretende demostrar.
La cantidad y calidad de los indicios concordantes inciden en la solidez de la inferencia.
En el caso estudiado, la Corte encontró que el Tribunal había construido una conclusión de ilicitud patrimonial principalmente a partir del parentesco de los afectados con integrantes de una organización criminal.
La Sala consideró que ese razonamiento no demostraba por sí mismo el vínculo entre los bienes y las actividades ilícitas.
El parentesco puede ser una circunstancia que merezca investigación, pero no constituye automáticamente un hecho indicador suficiente de que los bienes de un familiar provengan de actividades criminales.
Era necesario identificar circunstancias concretas que permitieran establecer relaciones económicas, comerciales o de otra naturaleza relevantes para la investigación.
Esta consideración representa una garantía frente a las decisiones que pretenden extender las consecuencias de las actividades ilícitas de una persona a los patrimonios de sus familiares sin demostrar el correspondiente nexo probatorio.
7. Los dictámenes periciales no pueden descartarse mediante afirmaciones genéricas
Otro aspecto de especial interés es la valoración de los dictámenes contables elaborados por expertos del CTI.
En el asunto estudiado, los informes 34100-681096 del 22 de mayo de 2012 y 41340-695295 del 13 de julio de 2012 contenían reconstrucciones patrimoniales relacionadas con las actividades económicas de los afectados.
Los estudios identificaron recursos provenientes de actividades agrícolas, ganaderas, préstamos y otras fuentes, y concluyeron que existía capacidad económica para adquirir determinados bienes.
El Tribunal cuestionó la suficiencia de los soportes utilizados en los dictámenes.
La Corte no desconoció la facultad judicial de apartarse de un dictamen pericial. Lo que cuestionó fue que, después de restarle valor a esos informes, no se hubiera realizado el análisis necesario para establecer concretamente el incremento patrimonial que se consideraba injustificado.
La valoración de una prueba pericial debe estar motivada.
Si el juez considera que un informe no ofrece suficiente trazabilidad, debe explicar las razones técnicas y probatorias de esa conclusión y examinar los demás elementos disponibles.
No es suficiente descartar el dictamen y sustituirlo por una afirmación general sobre la falta de capacidad económica del afectado.
El peritaje es un instrumento de conocimiento especializado que debe ser examinado dentro del conjunto probatorio, sin sustituir la función jurisdiccional.
8. La confianza legítima y la carga argumentativa de la autoridad judicial
La Corte también destacó una circunstancia particular del caso: tanto la Fiscalía en primera instancia como la Fiscalía delegada en segunda instancia habían declarado la improcedencia de la acción respecto de los bienes examinados.
Posteriormente, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión de primera instancia y decretó la extinción.
La Sala de Casación Penal consideró que esta circunstancia imponía una carga argumentativa mayor al Tribunal, pues debía explicar suficientemente por qué se apartaba de las decisiones anteriores y desvirtuaba la situación de confianza legítima generada a favor de los afectados.
Esto no significa que una decisión anterior de improcedencia impida necesariamente que el juez adopte una determinación diferente cuando legalmente le corresponde resolver de fondo.
Significa que una modificación sustancial de la situación jurídica previamente reconocida exige una motivación rigurosa, especialmente cuando la nueva decisión compromete derechos fundamentales.
La motivación judicial no es un requisito meramente formal. Constituye una garantía frente a la arbitrariedad y permite a las partes comprender y controvertir las razones de la decisión.
9. El defecto fáctico como mecanismo de protección frente a la valoración probatoria arbitraria
La Corte concluyó que la sentencia del Tribunal presentaba un defecto fáctico.
Este defecto se configura cuando la providencia judicial carece del soporte probatorio necesario para aplicar el supuesto legal en el que fundamenta su decisión o cuando la valoración de los elementos de juicio desconoce abruptamente las reglas de la sana crítica.
En el asunto analizado, la Sala encontró una valoración manifiestamente deficiente y, en algunos apartes, contradictoria.
Entre los problemas identificados se encontraban:
El desconocimiento de la capacidad demostrativa de medios de prueba diferentes a los documentos.
La valoración genérica de las actividades económicas de los afectados.
La falta de diferenciación entre las causales de extinción de dominio.
La insuficiente explicación del supuesto incremento patrimonial injustificado.
La ausencia de una inferencia indiciaria debidamente construida para relacionar los bienes con las actividades ilícitas.
La utilización del parentesco como fundamento prácticamente determinante de la conclusión de ilicitud patrimonial.
Por estas razones, la Corte concedió el amparo del derecho fundamental al debido proceso.
La decisión no consistió en declarar definitivamente la licitud de los bienes, sino en ordenar que se profiriera una nueva sentencia respetando los parámetros probatorios y de motivación establecidos.
10. Consecuencias prácticas para la defensa en los procesos de extinción de dominio
La sentencia STP18692-2024 constituye una referencia importante para la estructuración de estrategias de defensa patrimonial.
En particular, permite identificar la necesidad de construir una explicación económica integral de los bienes afectados.
En procesos relacionados con actividades agrícolas, ganaderas, comerciales o empresariales, la defensa no debería limitarse a presentar declaraciones de renta o certificados bancarios.
Debe procurar reconstruir la realidad económica del afectado, atendiendo a las particularidades de su actividad y a la documentación que razonablemente pueda existir.
Para ello pueden resultar relevantes:
A. Pruebas de actividad económica
Certificaciones de compradores y proveedores.
Contratos de suministro y compraventa.
Registros de producción y comercialización.
Documentación de explotaciones agrícolas y ganaderas.
Testimonios de personas que participaron o conocieron las operaciones.
B. Pruebas de ingresos y capacidad económica
Declaraciones de renta y sus anexos, cuando existan.
Comprobantes de pago.
Movimientos bancarios.
Registros de ventas.
Documentación de préstamos y obligaciones.
Certificaciones de ingresos.
C. Pruebas de evolución patrimonial
Escrituras y documentos de adquisición.
Inventarios históricos.
Estados financieros y balances disponibles.
Registros de activos y pasivos.
Dictámenes contables retrospectivos.
Estudios de reconstrucción patrimonial.
D. Pruebas de trazabilidad
Identificación de compradores y vendedores.
Fechas y valores de las operaciones.
Formas de pago.
Identificación de las fuentes de financiación.
Correspondencia entre los ingresos y las adquisiciones.
Relación cronológica entre las actividades económicas y el crecimiento patrimonial.
La estrategia debe orientarse a demostrar que la explicación económica de los bienes es coherente con las actividades desarrolladas por su titular.
No se trata de construir artificialmente una justificación documental, sino de reconstruir y acreditar la realidad económica que efectivamente existió.
Conclusión: el patrimonio no puede declararse ilícito por la ausencia de determinados documentos
La sentencia STP18692-2024 de la Corte Suprema de Justicia representa un pronunciamiento de especial importancia para el derecho de extinción de dominio en Colombia.
Su principal enseñanza consiste en que la valoración probatoria del origen patrimonial no puede quedar sometida a exigencias documentales arbitrarias ni a inferencias que sustituyan la demostración de los presupuestos de la causal extintiva.
La declaración de renta es un medio de prueba relevante, pero no constituye el único instrumento para demostrar el origen legítimo de los bienes.
La actividad agrícola, ganadera o comercial puede acreditarse mediante diferentes medios de prueba, cuya eficacia debe examinarse integralmente.
La ausencia de matrícula mercantil tampoco demuestra, por sí misma, inexistencia de actividad económica o ilicitud patrimonial.
De igual manera, la falta de demostración de una capacidad económica no permite concluir automáticamente que los bienes provienen de actividades ilícitas. Es indispensable distinguir entre el incremento patrimonial injustificado y la procedencia directa o indirecta de los bienes en actividades ilícitas.
El Estado conserva la obligación de demostrar los presupuestos de la causal invocada y el juez tiene el deber de valorar las pruebas conforme a la sana crítica, construir razonamientos probatorios verificables y motivar suficientemente sus decisiones.
En definitiva, la extinción de dominio no puede convertirse en un mecanismo de desconocimiento de patrimonios legítimamente construidos por el solo hecho de que sus titulares no dispongan de los documentos que una autoridad considera ideales para demostrar su historia económica.
La defensa patrimonial exige comprender la realidad económica de las personas, reconstruir sus actividades productivas y demostrar, mediante los medios de prueba legalmente admisibles, la relación entre sus ingresos, inversiones y adquisiciones.
En Robledo Vargas Abogados consideramos que esta perspectiva constituye un elemento esencial para garantizar una defensa técnica, rigurosa y constitucionalmente fundamentada en los procesos de extinción de dominio en Colombia.
Jhon Fernando Robledo Vargas Abogado Director – Robledo Vargas Abogados
Firma especializada en defensa patrimonial y procesos de extinción de dominio en Colombia.
Referencia jurisprudencial: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sala de Decisión de Tutelas n.º 2, sentencia STP18692-2024, radicado 135671, 16 de abril de 2024, M. P. Hugo Quintero Bernate.
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Por Jhon Fernando Robledo Vargas · Abogado litigante y académico · Robledo Vargas Abogados Asociados · Octubre de 2026
Análisis jurídico con fines académicos elaborado por su autor, Jhon Fernando Robledo Vargas, a partir del texto de una sentencia pública de primera instancia.
En síntesis: el 14 de julio de 2026, un juzgado de Medellín declaró la extinción de dominio de los doce lotes del proyecto Meritage (Envigado) y de la hipoteca del Banco de Bogotá. Negó la buena fe exenta de culpa de Corficolombiana, Newport, La Palma Argentina y el banco. El fallo es apelable y tiene debilidades en el nexo causal, la congruencia y el estándar de diligencia aplicado.
La extinción de dominio del proyecto Meritage es una de las decisiones más relevantes de 2026 para el sector inmobiliario, fiduciario y bancario. Lo que define es cuánta diligencia debe demostrar una fiduciaria o un banco vigilado por la Superintendencia Financiera para que la Ley 1708 de 2014 proteja su derecho sobre un inmueble cuyo origen remoto se considera ilícito.
En este análisis examinamos las debilidades estratégicas de cada actor del proceso: el juez, la Fiscalía, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y los afectados. El propósito es extraer lecciones prácticas para quienes compran, fiducian o financian inmuebles en Colombia.
La sentencia es pública (radicado interno 05001.31.20.001.2024.00001). Por respeto a las personas naturales mencionadas en ella, este análisis omite sus nombres y solo identifica a las sociedades. Las posiciones de las partes se conocen por el resumen que hace la propia sentencia, no por sus memoriales completos.
Contenido
Ficha técnica de la sentencia
Antecedentes: cómo llegó el predio al proyecto Meritage
Marco legal: Ley 1708 de 2014 y la buena fe exenta de culpa
Debilidades estratégicas del juez
Debilidades estratégicas de la Fiscalía
Debilidades estratégicas de los intervinientes
Debilidades estratégicas de los afectados
La apelación ante el Tribunal Superior de Medellín
Cómo prevenir la extinción de dominio al comprar, fiduciar o hipotecar
Preguntas frecuentes
1. Ficha técnica de la sentencia de extinción de dominio del proyecto Meritage
Despacho
Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado en Extinción de Dominio de Medellín
12 inmuebles del Fideicomiso Meritage La Palma Argentina, vereda El Perico, Envigado (Antioquia)
Afectados reconocidos
La Palma Argentina y Cía. S.A.S., Newport S.A.S., Fiduciaria Corficolombiana S.A. y Banco de Bogotá S.A.
Causales invocadas
Numerales 1, 3 y 4 del artículo 16 de la Ley 1708 de 2014
Causales declaradas
Numerales 1 y 3
Decisión
Extinción de dominio y de todos los derechos reales, incluida la hipoteca, a favor de la Nación (FRISCO)
Recurso
Apelación en el efecto suspensivo ante la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Medellín
2. Antecedentes: cómo llegó el predio al proyecto Meritage
Según la Fiscalía, el predio matriz (Santa María de las Palmas) fue adquirido en 1994 por una sociedad controlada por una persona vinculada al narcotráfico internacional y a la llamada “Oficina de Envigado”.
Después, el predio habría pasado por compraventas simuladas, reloteos, englobes y desenglobes realizados por personas sin capacidad económica. Al final de esa cadena llegó a La Palma Argentina, que lo aportó a un fideicomiso administrado por Corficolombiana para el proyecto de Newport. El Banco de Bogotá financió la construcción con un crédito garantizado con hipoteca sobre el lote.
Las medidas cautelares se inscribieron en julio de 2016, dos meses después de constituida la hipoteca.
3. Marco legal: Ley 1708 de 2014 y la buena fe exenta de culpa
Cinco reglas sirven de vara para medir la sentencia:
Artículo 3: la extinción de dominio tiene como límite la propiedad lícitamente obtenida de buena fe exenta de culpa.
Artículo 7: se presume la buena fe en la adquisición, siempre que el titular haya obrado de manera diligente y prudente, exenta de toda culpa.
Artículo 16: las causales son taxativas y distintas entre sí. La 1 se refiere al producto de la actividad ilícita; la 3, a su transformación o conversión; la 4, al incremento patrimonial no justificado; la 8, a bienes lícitos usados para ocultar ilícitos; y la 9, a bienes lícitos mezclados con ilícitos.
Artículo 152: reparte la carga de la prueba de forma dinámica. La Fiscalía prueba la causal; quien se opone prueba los hechos de su oposición, como su diligencia.
Corte Constitucional, C-327 de 2020 y T-369 de 2023: la diligencia del tercero recae principalmente sobre el bien y su cadena de títulos, no sobre la vida personal de quien lo vende. El estándar se eleva ante hechos notorios. Según la T-369 de 2023, el estándar de la SU-424 de 2021, propio de la justicia transicional, no se aplica automáticamente a la extinción de dominio ordinaria.
4. Debilidades estratégicas del juez
4.1. El nexo temporal se suple con una regla de la experiencia
La causal 1 exige un nexo entre el bien y la actividad ilícita. El predio se compró en 1994, pero la acusación extranjera en la que se apoya el fallo describe una concertación criminal desde 1997, y el envío de droga allí juzgado ocurrió en 1999. El propio juez reconoce que la compra fue anterior a esos hechos.
Para cerrar la brecha, el despacho acude a una regla de la experiencia: quien se dedica al narcotráfico invierte sus ganancias en bienes. Una regla de la experiencia puede reforzar indicios ya probados, pero no reemplaza la prueba del origen del dinero con el que se compró un bien concreto en una fecha concreta.
4.2. Se da valor de prueba a una acusación revocada y a un concepto de extradición
El fallo se apoya en una acusación (indictment) de un tribunal de Florida y en el concepto favorable de extradición de la Corte Suprema (2003). Pero la condena extranjera fue revocada por falta de competencia territorial, y en el trámite de extradición la Corte Suprema no juzga la responsabilidad del requerido: solo verifica requisitos formales.
La extinción de dominio es autónoma y no exige condena penal. Lo débil es valorar como prueba de la actividad ilícita dos actos procesales que, por su naturaleza, no la demuestran.
4.3. Falta de congruencia con las causales
La Fiscalía invocó las causales 1, 3 y 4. La sentencia declara probadas solo la 1 y la 3, sin decir expresamente qué ocurre con la 4 (incremento patrimonial no justificado). Esa omisión es un defecto de motivación.
Además, en la conclusión el juez describe la causal 3 como un bien “utilizado como instrumento para ocultar o mezclar bienes de origen ilícito”. Esa descripción corresponde a las causales 8 y 9 y al numeral 5, que no fueron invocadas. La causal 3 se refiere a otra cosa: la transformación o conversión del producto ilícito.
4.4. Un estándar de buena fe tomado de la justicia transicional
Para definir qué debían probar los afectados, el juez aplica la regla de la SU-424 de 2021: el tercero debe acreditar “gestiones cualificadas, adicionales a aquellas ordinarias”. Esa sentencia se dictó bajo la Ley 975 de 2005 (Justicia y Paz), sobre bienes destinados a reparar víctimas del conflicto armado.
La T-369 de 2023, que el propio fallo cita, advirtió que ese estándar no se traslada automáticamente a la extinción de dominio ordinaria. Aplicarlo a una fiduciaria y a un banco es, en nuestra opinión, un posible defecto sustantivo.
4.5. Tensión con la sentencia C-327 de 2020
El juez transcribe el pasaje según el cual el comprador debe verificar la cadena de títulos, pero no indagar sobre la historia o las condiciones personales de quien le vende. Más adelante reconoce que los particulares no tienen herramientas para investigar la capacidad económica de los tradentes.
Aun así, reprocha a los afectados no haber relacionado a los representantes legales de las sociedades de la cadena con el entorno familiar de quien reclamaba el predio. Eso es una investigación sobre personas, justamente lo que la C-327 de 2020 excluye como exigencia ordinaria.
4.6. La diligencia se mide con estándares posteriores a los hechos
El juzgado reconoce que Corficolombiana y el Banco de Bogotá cumplieron sus procedimientos SARLAFT y que actuaron con diligencia “desde la perspectiva civil y comercial”. Aun así, les exige un análisis integral del riesgo de lavado de activos del inmueble mismo: ubicación, sector y coherencia de precios.
El fallo no precisa qué norma vigente en 2013-2016 imponía ese análisis sobre el activo. Las circulares de la Superintendencia Financiera que sí cita (022 de 2007, 026 de 2008, 019 de 2010, 010 y 018 de 2013) existen y tratan del SARLAFT, pero se refieren al conocimiento del cliente, a la incorporación de recomendaciones internacionales y a los reportes a la UIAF. Ninguna, según su asunto oficial, ordena verificar el origen histórico del inmueble que un tercero aporta a un fideicomiso o entrega en garantía. El propio Ministerio Público pidió no juzgar a los afectados con información que hoy se tiene “tras años de investigación”, y el juez no explicó por qué se apartaba de esa advertencia.
4.7. Las certificaciones de la Fiscalía y la confianza legítima
Las respuestas de la Fiscalía de 2007 y 2013 informaban que no había investigaciones ni procesos sobre el predio ni sus titulares registrales. El juez les resta valor por ser limitadas. Es razonable frente a La Palma Argentina, que consultó después de comprar.
Frente a las entidades financieras el argumento es más débil. Si el propio Estado no tenía registro del vicio en 2013 (incluso una consulta en el Sistema Sagitario sobre 104 personas no arrojó anotaciones), cuesta exigir que un particular lo advirtiera sin pedirle un imposible.
4.8. Imprecisiones materiales
La tradición habla de 14 folios (001-1198461 a 001-1198474), pero se extinguen doce (001-1198464 a 001-1198475) sin explicar la diferencia.
El crédito constructor aparece por $6.500 millones y por $35.000 millones sin aclarar si son el monto desembolsado y el cupo aprobado.
Hay fechas y nombres de sociedades erróneos, entre ellos una respuesta de la Fiscalía fechada en “2023” en lugar de 2013.
Ninguna de estas imprecisiones anula por sí sola la decisión, pero sumadas debilitan la motivación y pueden dificultar la inscripción en el registro de instrumentos públicos.
4.9. Silencio sobre los compradores de unidades
El fallo menciona a los “beneficiarios de área” que adquirieron derechos en el encargo fiduciario de preventas, pero no analiza su situación ni si debían ser citados como posibles afectados.
5. Debilidades estratégicas de la Fiscalía
Teoría del caso cambiante. La pretensión pasó de un secuestro extorsivo a un testaferrato, luego a la inyección de dinero del narcotráfico y por último a la falta de capacidad económica de los tradentes. El juez lo leyó como una investigación “dinámica”, pero esa evolución le dio a las defensas su mejor argumento sobre la imposibilidad de que un particular advirtiera lo que el Estado tardó años en precisar.
Actividad ilícita subyacente imprecisa. Invocó el tráfico de estupefacientes (artículo 376 del Código Penal), mientras que buena parte de su prueba describe un despojo mediante coacción. Son actividades distintas, con fechas y autores distintos.
Causal 4 sin desarrollo. Invocó el incremento patrimonial no justificado, pero el fallo no la declaró, lo que indica que no la sustentó con suficiencia.
Sus propias certificaciones le juegan en contra. Exigió una diligencia reforzada a los afectados, cuando sus respuestas de 2007 y 2013 y sus consultas internas no registraban anotaciones sobre el predio ni sobre sus titulares registrales.
Testigos con credibilidad comprometida. Buena parte de la prueba proviene de personas vinculadas a estructuras criminales o extraditadas, cuya credibilidad la propia contraparte estatal cuestionó en algunos puntos.
6. Debilidades estratégicas de los intervinientes
6.1. Ministerio Público (Procuraduría)
Sostuvo que todo el patrimonio de un narcotraficante está contaminado “independientemente de la época” en que se adquirió. Esa tesis no tiene respaldo en la causal 1, que exige un nexo con cada bien. Solo la causal 4 permite razonar sobre el patrimonio, y esa causal no prosperó.
Su catálogo de circulares no corresponde con los registros oficiales. El Ministerio Público citó circulares de la Superintendencia Financiera de 2012 y 2013 que, según él, imponían una debida diligencia reforzada al sector inmobiliario y obligaban a la fiduciaria a verificar el origen del inmueble aportado. Contrastadas con el listado oficial de la entidad, la mayoría trata de otros temas:
CE 004 de 2012: reportes de información periódica y relevante.
CE 009 de 2012: vigencia del examen de idoneidad.
CE 030 de 2012: cobertura de tasa de interés para vivienda de interés social.
CE 036 de 2012: comisión de administración de recursos del FONPET.
CE 037 de 2012: adición a la circular de cobertura de tasa para vivienda de interés social.
CE 014 de 2013: cobertura de tasa para vivienda nueva (FRECH).
CE 037 de 2013: reporte de los principales accionistas de emisores de valores.
Solo coinciden con lo afirmado las referencias generales: el SARLAFT (CE 022 de 2007 y 026 de 2008) y la reexpedición de la Circular Básica Jurídica (CE 029 de 2014). Lo más probable es que haya un error en las citas del interviniente o en su transcripción, y que el juez, con razón, no haya adoptado ese catálogo. En cualquier caso, el argumento normativo más fuerte de la acusación quedó sin soporte verificable, algo que las defensas pueden destacar en la apelación.
Su compulsa de copias por falso testimonio fue negada por falta de elementos objetivos suficientes.
Su planteamiento sobre las anomalías de precio y el proceso divisorio de la cadena de tradición, en cambio, fue sólido, y ninguna defensa lo controvirtió.
6.2. Ministerio de Justicia y del Derecho
Argumentó en términos de probabilidad (“probablemente”, “altamente probable”, “posiblemente se configuraron”). Ese lenguaje es insuficiente para una pretensión que exige inferencias razonables y probadas.
Admitió el desfase temporal sin resolverlo: señaló que la compra fue en 1994 y el envío de droga juzgado en el extranjero en 1999, y aun así concluyó el origen ilícito.
Se apoyó en testigos cuya credibilidad él mismo puso en duda, como uno al que atribuyó una “amnesia” selectiva.
7. Debilidades estratégicas de los afectados
7.1. Debilidad común: no se discutió de fondo la causal
El Ministerio Público dejó constancia de que ninguno de los afectados reconocidos discutió la existencia de las causales. Nadie planteó de forma frontal el desfase entre 1994 y 1997 ni el valor de una acusación revocada. Todas las defensas se concentraron en la buena fe exenta de culpa, que es precisamente el terreno donde la carga de la prueba recae sobre el afectado.
7.2. Debilidad común: no hubo prueba pericial
El juez afirmó que no existe una lista legal de requisitos para un estudio de títulos y fijó él mismo su alcance. Según el fallo, ninguna defensa aportó un dictamen pericial sobre la práctica profesional de los estudios de títulos y del SARLAFT en 2013-2016, ni un avalúo retrospectivo que explicara la cadena de precios.
Esa cadena era llamativa: el 75 % del predio se transfirió en 2005 por $464 millones, el 83,90 % en 2007 por $404 millones y el 16,10 % en 2012 por $368,7 millones.
7.3. La Palma Argentina y Cía. S.A.S.
No tenía estudio de títulos. Ese vacío no se podía suplir con argumentos.
Presentó su consulta a la Fiscalía como previa a la compra, pero era posterior. El juez lo advirtió, lo que afectó la credibilidad del resto de la defensa.
La propia defensa expuso un vínculo comercial previo con el comisionista al que la Fiscalía señaló como eslabón de la cadena.
7.4. Newport S.A.S.
No se documentó qué se hizo con la alerta reputacional que la firma autora del estudio de títulos comunicó por correo electrónico.
La reacción al reclamo de 2014 de un antiguo titular se presentó como “diligencia reforzada”, pero en juicio se admitió que, tras informar a la fiduciaria, “nada se hizo”.
Se invirtió esfuerzo en argumentos sin peso frente al artículo 7, como la trayectoria del inversionista o su absolución en procesos civiles.
7.5. Fiduciaria Corficolombiana S.A.
Contradicción fáctica: afirmó haber revisado “veinte años de tradición”, pero quien elaboró el estudio declaró que su método cubría diez.
Se presentó como mera vocera del patrimonio autónomo (artículo 1234 del Código de Comercio), pero no defendió la buena fe de fideicomitentes y beneficiarios. Su prueba se concentró en el conocimiento de sus clientes, no en el activo.
Un testimonio de su propio lado jugó en contra: la abogada que diseñó el esquema fiduciario admitió que no revisó en detalle el estudio de títulos porque “venía de abogados y de firmas buenas”.
7.6. Banco de Bogotá S.A.
Planteó una “doble carga probatoria” de la Fiscalía, según la cual el Estado debía probar la causal y además desvirtuar la buena fe del banco. Esa tesis choca con el artículo 152 de la Ley 1708 y con la jurisprudencia, que ponen en cabeza de quien alega la buena fe cualificada la carga de demostrarla.
Insistió en que no tenía vínculo con actividades ilícitas, algo que nadie le imputaba. Lo que se discutía era su diligencia frente al origen de la garantía.
Sus testigos reconocieron que el análisis del inmueble fue solo civil, y no se aportó soporte documental de cómo se midió el riesgo de lavado de activos de ese activo concreto.
7.7. Los antiguos titulares (terceros no reconocidos como afectados)
No recurrieron el auto de 2019 que les negó la calidad de afectados. Su nulidad, propuesta apenas en los alegatos, no prosperó. Además, su relato de un despojo violento a manos de una organización criminal terminó reforzando la tesis fiscal del control criminal del predio, en perjuicio de los demás afectados.
8. La apelación ante el Tribunal Superior de Medellín
La sentencia es apelable en el efecto suspensivo (artículos 65 y 67 de la Ley 1708, este último modificado por la Ley 1849 de 2017). Los cargos con mayor posibilidad de prosperar son:
La falta de nexo temporal y probatorio entre la actividad ilícita y la compra de 1994.
La incongruencia frente a las causales 3 y 4.
La aplicación del estándar de la SU-424 de 2021, contra lo dicho en la T-369 de 2023.
La exigencia de investigar a las personas detrás de los tradentes, contraria a la C-327 de 2020, y la medición con estándares regulatorios posteriores.
Si la segunda instancia no corrige estos puntos, queda la tutela contra providencias judiciales. En la T-369 de 2023, la Corte Constitucional dejó sin efectos una sentencia de extinción de dominio por exigir a los compradores una diligencia irrazonable.
9. Cómo prevenir la extinción de dominio al comprar, fiduciar o hipotecar un inmueble
Encargar el estudio de títulos desde el folio matriz cuando el inmueble viene de desenglobes, reloteos o englobes.
Documentar cada consulta en listas restrictivas y fuentes abiertas, con soportes y fechas.
Tratar toda alerta (un rumor, un reclamo, una nota de prensa) con una verificación adicional documentada y una decisión motivada de seguir o no con el negocio.
Revisar la coherencia de los precios de la cadena de tradición frente al mercado de cada época.
En fiduciarias y bancos, dejar evidencia del análisis de riesgo del activo, no solo del cliente.
Si el bien ya está en un proceso, discutir la causal, no solo la buena fe, y aportar prueba pericial sobre el estándar profesional vigente en la fecha del negocio.
10. Preguntas frecuentes sobre extinción de dominio y buena fe exenta de culpa
¿Qué es la extinción de dominio en Colombia?
Es una acción judicial autónoma, regulada por la Ley 1708 de 2014, mediante la cual el Estado declara la pérdida de la propiedad de bienes vinculados a actividades ilícitas, sin compensación para su titular. No requiere condena penal previa.
¿Qué bienes se extinguieron en el caso Meritage?
Doce inmuebles en la vereda El Perico de Envigado, a nombre de la Fiduciaria Corficolombiana como vocera del Fideicomiso Meritage La Palma Argentina, con todos sus gravámenes, incluida la hipoteca del Banco de Bogotá.
¿Puede extinguirse una hipoteca constituida a favor de un banco?
Sí. Según la Ley 1708 de 2014 y la sentencia C-327 de 2020, la garantía real no protege por sí sola el bien. El acreedor conserva su derecho solo si prueba que actuó de buena fe exenta de culpa.
¿Cómo se prueba la buena fe exenta de culpa?
Con actos positivos de verificación, proporcionales al riesgo del negocio y debidamente documentados, sobre el bien y su cadena de títulos. No basta con la convicción de haber actuado correctamente.
¿Basta un estudio de títulos para evitar la extinción de dominio?
Depende de su alcance y del contexto. En el caso Meritage, el juez consideró insuficientes estudios que cubrían diez años de tradición y no llegaban al folio matriz.
¿Quién tiene la carga de la prueba en extinción de dominio?
La Fiscalía debe probar la causal. Quien alega ser tercero de buena fe exenta de culpa debe probar su diligencia (artículo 152 de la Ley 1708 de 2014).
¿La sentencia del caso Meritage está en firme?
No. Es una sentencia de primera instancia, apelable en el efecto suspensivo ante el Tribunal Superior de Medellín.
¿Su patrimonio está comprometido en un proceso de extinción de dominio?
En Robledo Vargas Abogados Asociados asesoramos y defendemos a personas, empresas, fiduciarias y entidades financieras en procesos de extinción de dominio en todo el país: fase inicial, control de legalidad de medidas cautelares, juicio, apelación y tutela contra providencias judiciales.
Este artículo es un análisis jurídico con fines académicos, elaborado por su autor, Jhon Fernando Robledo Vargas, sobre una providencia judicial pública. Las opiniones expresadas son de carácter doctrinal y personal del autor. No constituyen asesoría jurídica para un caso particular, no se basan en información reservada de ningún cliente o consultante y no comprometen la posición de la firma en procesos en curso.
Para leer mas acerca de este y otros temas sigue el próximo link a nuestra biblioteca jurídica:
Jhon Fernando Robledo Vargas · Robledo Vargas Abogados Asociados · Noviembre de 2026
¿Se puede pagar dos veces por el mismo delito?
Quien devuelve en un preacuerdo todo lo que se apropió puede, meses después, ver embargados los bienes de su familia para cubrir un “detrimento” que ya fue cobrado. Eso es lo que está ocurriendo en uno de los mayores escándalos de corrupción en contratación de emergencia de los últimos años en Colombia.
El caso enfrenta tres instituciones que suelen confundirse: el reintegro del incremento patrimonial que exige el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, la extinción de dominio por valor equivalente de la causal 11 del artículo 16 de la Ley 1708 de 2014 y el daño patrimonial que cobra la Contraloría bajo la Ley 610 de 2000.
La pregunta es sencilla y tiene un enorme impacto práctico: si un juez penal ya fijó cuánto se apropió una persona y declaró que lo devolvió todo, ¿puede la Fiscalía perseguir sus bienes lícitos por “valor equivalente”? Nuestra respuesta es que no, y este artículo explica por qué.
El caso: vehículos cisterna, coimas del 14 % y un preacuerdo con devolución total
Una entidad nacional del sistema de gestión del riesgo contrató, por vía de emergencia, la compra de varias decenas de vehículos cisterna para llevar agua potable a comunidades indígenas de un departamento del Caribe. El contrato superó los $46.000 millones. Las cifras que siguen están redondeadas y ligeramente modificadas; no alteran el problema jurídico.
Según la sentencia condenatoria por preacuerdo, el esquema funcionó así:
Directivos de la entidad alertaron al empresario sobre la compra antes de que existiera presupuesto.
El empresario presentó tres cotizaciones desde sociedades que controlaba por interpuesta persona, y así simuló competencia y fijó el precio promedio.
El precio unitario se infló para cubrir una coima cercana al 14 % antes de IVA.
Un acta de recibo a satisfacción, firmada cuando los vehículos aún estaban en ensamblaje, permitió que la fiduciaria girara casi todo el contrato. La entrega real ocurrió casi dos meses después.
Parte del dinero terminó, según los declarantes, en manos de altos funcionarios y de congresistas.
El peritaje contable de la Fiscalía dividió el sobrecosto, de unos $14.000 millones, en dos partes:
Concepto
Valor aproximado
Calificación penal
Apropiado por el contratista en su favor
$7.600 millones
Peculado por apropiación en favor propio
Coimas pagadas a servidores y terceros
$6.400 millones
Peculado en favor de terceros
Total del sobrecosto
$14.000 millones
El contratista aceptó cargos por concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado (como interviniente) y falsedades. Para que el preacuerdo procediera, devolvió los $7.600 millones en títulos judiciales. El juez lo verificó con participación de las víctimas, entre ellas la propia entidad y la Contraloría, y escribió que el valor apropiado “fue devuelto en su totalidad” y que no procedía “exigir devolución adicional alguna”.
Un año después, la Fiscalía de Extinción de Dominio decretó medidas cautelares sobre inmuebles que el contratista había comprado entre 2013 y 2021 (muchos años antes del delito) y que había donado a sus hijas. Invocó la causal 11. La resolución lo dice sin rodeos: aunque el contratista reintegró lo apropiado “para acordar su pena”, los bienes “se afectarán para cubrir el detrimento patrimonial ocasionado al Estado”, cifrado por la Contraloría en unos $10.500 millones.
Tres medidas del mismo ilícito que no son intercambiables
El error de fondo es tratar como una sola cifra tres magnitudes que el legislador separó, cada una con su proceso, su fin y su forma de cobro.
Medida
Norma
Qué mide
Naturaleza
Quién la cobra
Incremento patrimonial
Art. 349 CPP (Ley 906 de 2004)
Lo que ingresó al patrimonio del procesado por el delito
Requisito de procedibilidad del preacuerdo
Juez penal
Producto ilícito
Art. 16, num. 1 y 11, Ley 1708 de 2014
El bien o valor que proviene de la actividad ilícita, en cabeza de su titular
Consecuencia patrimonial real, no sancionatoria
Juez de extinción de dominio
Daño patrimonial al Estado
Art. 6, Ley 610 de 2000
La lesión al patrimonio público por una gestión fiscal irregular
Resarcitoria y personal, con solidaridad
Contraloría y jurisdicción coactiva
La propia sentencia penal del caso recuerda, citando a la Corte Suprema (SP3883-2022) y a la Corte Constitucional (C-059 de 2010), que incremento patrimonial y daño “pueden coincidir” pero “se trata de conceptos diferentes”. El daño puede ser mayor que lo que ganó el autor, y para eso existen la reparación integral y la responsabilidad fiscal.
La extinción de dominio no es una de esas vías. Los artículos 15, 17 y 18 de la Ley 1708 la definen como una acción real, patrimonial y autónoma, que recae sobre bienes por su origen o destinación ilícita. No es una acción de responsabilidad ni de indemnización. Cuando la Fiscalía mide la causal 11 con el daño fiscal, cambia la naturaleza de la acción sin que la ley lo autorice.
La causal 11: una ficción jurídica con tres condiciones
La causal 11 del artículo 16 de la Ley 1708, modificado por la Ley 1849 de 2017, permite extinguir “los de origen lícito cuyo valor corresponda o sea equivalente al de bienes producto directo o indirecto de una actividad ilícita, cuando no sea posible la localización, identificación o afectación material de estos”.
Es una ficción: la ley trata un bien limpio como si fuera el sucio que desapareció. Por eso es excepcional y debe leerse de forma restrictiva. Del propio texto salen tres condiciones que deben probarse juntas.
Existe un producto ilícito determinado. Hay que saber cuánto produjo el delito para ese titular. Sin esa cifra no hay “valor” con el cual comparar.
Ese producto no se puede ubicar, identificar ni afectar. Es una regla de subsidiariedad: primero se persigue el producto y solo si fracasa esa vía se acude al equivalente. La Fiscalía debe mostrar que intentó rastrearlo.
El bien equivalente pertenece al mismo titular del producto. La propia resolución del caso lo reconoce: el equivalente recae sobre bienes que “pertenecen al mismo titular”. Si el bien está a nombre de otro, la Fiscalía debe probar una simulación o un testaferrato, no presumirlos.
Hay una cuarta exigencia que se deriva de las anteriores: el valor del bien perseguido debe corresponder al del producto. Eso exige avalúos. Una medida que inmoviliza inmuebles y empresas enteras sin ninguna valoración no cumple el artículo 16 ni el juicio de proporcionalidad del artículo 87.
El reintegro aprobado en sentencia y la autonomía de la extinción
La Fiscalía suele responder con el artículo 18 de la Ley 1708: la extinción es autónoma e independiente de la acción penal. Es cierto, pero autonomía significa que la extinción no necesita una condena. No significa que pueda desconocer hechos ya establecidos por un juez sobre el mismo patrimonio.
En el caso, la sentencia penal hizo tres cosas que importan para la extinción:
Fijó el producto. Con base en el peritaje del CTI, el incremento patrimonial ilícito del contratista quedó establecido en una cifra exacta.
Ubicó el producto. El dinero estaba en la cuenta bancaria de la sociedad contratista, que al cierre del año del pago conservaba un saldo de más de $13.000 millones sin justificación contractual.
Lo recuperó. El contratista consignó la totalidad en depósitos judiciales y el juez ordenó entregarlo a la entidad víctima, con el exhorto de destinarlo de nuevo al agua para la región.
Con esos tres hechos, las dos primeras condiciones de la causal 11 desaparecen. El producto no está perdido: fue identificado y devuelto. Lo que la Fiscalía persigue ya no es un producto que no se pudo encontrar, sino la diferencia entre lo devuelto y lo que la Contraloría calcula como daño. Esa diferencia es materia de la responsabilidad fiscal, no de la extinción.
Hay además un argumento de coherencia institucional. Las víctimas, incluida la Contraloría, participaron en la verificación del reintegro. El Estado, que aceptó la devolución como completa para conceder un beneficio punitivo, no puede luego tratarla como incompleta para justificar una medida patrimonial. Los principios de confianza legítima y de buena fe (artículo 83 de la Constitución) también vinculan a la Fiscalía.
El límite es claro: si aparece otro producto ilícito distinto del reintegrado, por ejemplo ganancias de otros contratos que no entraron al preacuerdo, la causal 11 puede operar sobre ese otro valor. Lo que no puede es volver a cobrar el mismo.
El mismo peso, perseguido dos veces
La doble recuperación no es teórica. En la misma resolución, la Fiscalía persigue el sobrecosto en las dos puntas de la cadena: en quien pagó la coima y en quienes la recibieron.
Tramo del sobrecosto
Valor aproximado
Dónde terminó
Cómo lo persigue la Fiscalía
Ganancia propia del contratista
$7.600 millones
Devuelta en el preacuerdo
Ya recuperada
Coimas a servidores y congresistas
$6.400 millones
En el patrimonio de los receptores
Causal 1 y causal 11 sobre bienes de los receptores
“Detrimento” fiscal
$10.500 millones
Calculado por la Contraloría
Causal 11 sobre bienes donados por el contratista a su familia
Las cuentas no cierran. Si los $7.600 millones ya volvieron y los $6.400 millones se persiguen en cabeza de quienes los recibieron, cobrar además $10.500 millones al pagador significa reclamar buena parte de las coimas dos veces: una al que las entregó y otra al que las recibió.
La lógica de la extinción impide esa suma. El producto de una coima está en el patrimonio de quien la recibe, porque es él quien se enriquece. Para quien la paga, el dinero de la coima salió de su patrimonio; no es un “producto” que conserve. Perseguirlo en ambos lados convierte la extinción en una solidaridad que la Ley 1708 no establece. De hecho, en el mismo caso la Fiscalía escribió que uno de los afectados “deberá responder de manera solidaria con su bien”, una expresión propia de la responsabilidad fiscal y civil.
El riesgo crece porque la Contraloría declaró ese mismo daño en un fallo de responsabilidad fiscal, con solidaridad entre la sociedad contratista y los funcionarios. Ese fallo se cobra por jurisdicción coactiva. Si a eso se suma la extinción por equivalente, el Estado tendría tres vías abiertas para el mismo valor.
Cómo defenderse: control de legalidad y proporcionalidad
La resolución de medidas cautelares no tiene recursos. La vía es el control de legalidad ante el juez especializado de extinción de dominio (artículos 111 a 113 de la Ley 1708). El artículo 112 fija cuatro causales, y en un caso como este las dos primeras son centrales.
No hay elementos de juicio suficientes sobre el vínculo del bien con la causal (num. 1). Si el producto fue fijado y devuelto, falta el presupuesto de la causal 11. El bien no tiene vínculo probable con ella, aunque el titular haya cometido el delito.
La medida no es necesaria, razonable ni proporcional (num. 2). Sin avalúo no hay forma de saber si lo embargado corresponde al valor perseguido. Si ese valor ya fue recuperado, la medida no asegura nada: solo duplica.
La motivación es insuficiente o contradictoria (num. 3). Una resolución que reconoce el reintegro y, en el mismo párrafo, dice que afecta los bienes “para cubrir el detrimento” expone su verdadero fin.
En la demanda o en la oposición conviene además:
Aportar la sentencia penal y las constancias del reintegro como prueba documental de que el producto fue ubicado y restituido.
Pedir que la Fiscalía precise, por afectado, cuál es el producto ilícito no localizado y cómo lo calculó.
Exigir el avalúo de cada bien y comparar la suma con el valor que se persigue.
Mostrar las pretensiones paralelas sobre los mismos valores (otros afectados y el fallo fiscal).
Vigilar el plazo para presentar la demanda cuando las medidas se decretaron antes de ella (artículo 89).
Un punto de cuidado: cuando los bienes se transfirieron a familiares después de conocerse la investigación, la Fiscalía insistirá en que la transferencia buscaba ocultarlos. Esa discusión es distinta. Trata de quién es el verdadero titular, y se resuelve con prueba sobre la donación y la carga dinámica del artículo 152. Pero aunque la Fiscalía la gane, sigue necesitando un producto ilícito pendiente para aplicar la causal 11. Si ese producto ya fue devuelto, no hay valor equivalente que cobrar.
Conclusiones
Incremento patrimonial, producto ilícito y daño fiscal son tres medidas distintas, con procesos y fines distintos. La extinción de dominio solo se ocupa del segundo.
La causal 11 es una ficción subsidiaria. Exige un producto ilícito determinado, la imposibilidad de ubicarlo y un bien equivalente del mismo titular, con avalúo.
Cuando una sentencia penal fijó el producto y declaró su devolución total, falta el presupuesto de la causal 11 por ese valor. La autonomía de la acción no permite ignorar ese hecho.
El dinero de una coima es producto para quien la recibe, no para quien la paga. Perseguirlo en ambos patrimonios es una doble recuperación.
Usar la extinción para cubrir un daño fiscal la convierte en una acción indemnizatoria y solidaria que la Ley 1708 no regula. El control de legalidad (artículo 112, num. 1 y 2) es la vía para corregirlo.
La lucha contra la corrupción necesita que el Estado recupere cada peso. También necesita que lo haga una sola vez y por la vía correcta. Si el reintegro en un preacuerdo no da ninguna seguridad jurídica sobre el patrimonio, desaparece el incentivo para devolver, y el primero en perder es el propio Estado.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la extinción de dominio por valor equivalente?
Es la causal 11 del artículo 16 de la Ley 1708 de 2014. Permite extinguir bienes de origen lícito cuyo valor equivalga al de bienes ilícitos que no se pueden ubicar, identificar o afectar.
Si devolví el dinero en un preacuerdo, ¿pueden quitarme otros bienes?
Por el mismo valor, no deberían. Si el juez penal fijó y declaró devuelto el incremento patrimonial, ese producto ya fue ubicado y recuperado. Solo un producto ilícito distinto justificaría la causal 11.
¿La extinción de dominio sirve para cobrar un detrimento fiscal de la Contraloría?
No. El daño patrimonial de la Ley 610 de 2000 se cobra mediante el proceso de responsabilidad fiscal y la jurisdicción coactiva. La extinción es una acción real, no resarcitoria.
¿Pueden perseguir bienes que ya están a nombre de mis hijos?
La equivalencia recae en principio sobre bienes del mismo titular. Para perseguir bienes de terceros, la Fiscalía debe probar que el titular real es otro, por ejemplo por simulación o testaferrato, y el tercero puede defender su buena fe.
¿Cómo se impugna una medida cautelar en extinción de dominio?
Con una solicitud de control de legalidad ante el juez especializado (artículos 111 a 113 de la Ley 1708). Procede, entre otras razones, cuando no hay vínculo probable con la causal o la medida no es necesaria, razonable ni proporcional.
¿Quién debe responder por una coima: el que la paga o el que la recibe?
En extinción de dominio, el producto de la coima está en el patrimonio de quien la recibe. Perseguir el mismo valor en ambos patrimonios es una doble recuperación.
Sobre el autor
Jhon Fernando Robledo Vargas es abogado litigante y fundador de Robledo Vargas Abogados Asociados, firma con sede en Santiago de Cali y presencia nacional. Se dedica a la extinción de dominio, el derecho penal, la defensa disciplinaria y las acciones constitucionales, y es autor de artículos académicos sobre extinción de dominio y garantías procesales.
¿Tiene bienes afectados con medidas cautelares en un proceso de extinción de dominio? Escríbanos a robledovargas.abogados@gmail.com, llámenos al 312 788 8097 o visite www.robledovargasabogados.com.
Este artículo es de carácter académico e informativo y no constituye asesoría legal para un caso concreto. Los datos del caso fueron modificados.
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Área de Derecho Penal, Extinción de Dominio y Forense Digital
Resumen
El acelerado proceso de digitalización de las economías continentales ha situado a los activos basados en tecnología blockchain (criptoactivos) en el centro de los debates sobre dogmática penal, medidas cautelares y recuperación de activos ilícitos. Sin embargo, persiste una sustancial confusión doctrinaria y práctica en torno a la naturaleza jurídica de estos activos, al intentar categorizarlos bajo las instituciones probatorias de los bienes muebles e inmuebles tradicionales.
El presente artículo analiza los criterios normativos y jurisprudenciales que rigen la correcta individualización e identificación plena de un criptoactivo en el marco del debido proceso probatorio. Asimismo, examina el impacto de esta rigurosidad técnica sobre el decreto de medidas cautelares en la acción de extinción de dominio y en la imposición de medidas de aseguramiento de bienes e incautación cautelar dentro del proceso penal.
1. La Naturaleza Jurídica del Criptoactivo en el Ordenamiento Procesal
Desde la perspectiva dogmática del derecho patrimonial y penal, un criptoactivo no constituye una cosa corporal identificable mediante linderos, marcas físicas, números de chasis o registros públicos inmobiliarios. Tampoco representa una simple anotación bancaria centralizada.
El criptoactivo es una representación digital de valor inscrita en un libro contable distribuido y descentralizado (Distributed Ledger Technology – DLT), cuya titularidad jurídica no se predica del dominio físico, sino del control exclusivo sobre la respectiva clave privada (private key) que permite la disposición del registro.
En consecuencia, pretender la afectación de un saldo cripto mediante resoluciones judiciales dirigidas a un nombre genérico o a la denominación común del activo (por ejemplo, «únicamente el valor equivalente en Bitcoin que posea el investigado») genera un vicio procesal insubsanable. La falta de precisión técnica impide la ejecución material del mandato judicial y desdibuja el principio de legalidad probatoria.
2. Los Elementos Sustanciales para la Individualización Plena
Para que un pronunciamiento judicial —sea un decreto de medida cautelar, una orden de incautación o una sentencia extintiva— cumpla con las exigencias sustanciales de motivación e individualización, la autoridad judicial y el ente fiscal deben especificar rigurosamente los siguientes presupuestos de la cadena de registro:
A. La Red de Asentamiento Criptográfico (Mainnet)
La sola denominación de un activo es jurídicamente insuficiente. La especificación debe indicar la red nativa (p. ej., Bitcoin Mainnet, Ethereum Mainnet, Tron Network). La falta de precisión de la red imposibilita la concreción de la medida cautelar, dada la existencia de copias de cadena (forks) y la emisión de tokens homónimos en múltiples plataformas.
B. El Identificador de Contrato Inteligente (Smart Contract Address)
Para activos tokenizados distintos a las monedas nativas de la red (como los dólares digitales o stablecoins USDT, USDC, DAI), la providencia penal o de extinción de dominio requiere consignar de forma exacta la dirección pública del contrato inteligente emisor. Eximir esta especificación abre el margen a errores periciales graves, confundiendo activos legítimos con contratos fraudulentos creados bajo el mismo acrónimo o símbolo comercial.
C. La Identificación de la Dirección Pública de Almacenamiento (Wallet Address)
La dirección pública opera como el equivalente al folio de matrícula inmobiliaria o al número de identificación registral en los bienes sujetos a registro. En la providencia judicial debe constar el alfanumérico público exacto que contenga el saldo objeto de la pretensión estatal.
D. La Trazabilidad de Origen Criptográfico: El Transaction Hash (TXID)
En las pretensiones de extinción de dominio sobre bienes en los que se alega un origen ilícito o una mezcla patrimonial, no basta con señalar la billetera de destino final. Es imperativo individualizar el Transaction Hash (TXID) específico de recepción de los fondos. Este elemento constituye la prueba sustancial e inalterable que acredita el tempus comissi delicti y la cuantía exacta del incremento patrimonial no justificado.
3. Impacto en la Acción de Extinción de Dominio
La acción de extinción de dominio, por su carácter real, autónomo y de contenido patrimonial, exige una relación causal objetiva entre las causales previstas en el ordenamiento y el bien determinado. La deficiente individualización de los criptoactivos incide sustancialmente en tres fases procesales fundamentales:
1. Decreto y Ejecución de Medidas Cautelares
Las medidas de embargo y secuestro de criptoactivos no se materializan con la mera notificación a una oficina registral o al sistema bancario comercial. Si el activo está bajo custodia no permisionada (en billeteras privadas o cold wallets), la providencia debe precisar el valor exacto del registro y disponer las actuaciones necesarias para salvaguardar la clave privada.
Cuando la orden judicial omite la especificación técnica del activo (Red + Contrato + Dirección pública), el administrador del fondo de bienes o la entidad depositaria se encuentra en imposibilidad de tomar el control del registro, derivando en la ineficacia de la medida cautelar.
2. Extensión y Captura de Activos en Entidades Custodias Centralizadas (Exchanges)
En eventos donde los criptoactivos reposan en entidades custodia centralizadas (Exchanges), la orden judicial requiere estar soportada no solo por los datos del usuario (Verificación KYC), sino por el hash de depósito e identificador de cuenta interna (UID/MEMO/Tag). Pretender embargar la «cuenta global» de una plataforma internacional sin la individualización del subregistro de usuario vulnera derechos de terceros de buena fe y genera controversias de jurisdicción e inmunidad soberana.
3. La Carga Dinámica de la Prueba y la Demostración de Licitud
En el debate probatorio procesal, una adecuada individualización beneficia tanto al Estado como a la defensa. Para quien ejerce la defensa del derecho de propiedad, demostrar la filiación limpia del activo implica acreditar mediante el registro inalterable de la cadena que el origen de los valores proviene de fuentes lícitas. Si el ente acusador individualiza erróneamente un UTXO o un registro de saldo, el afectado está facultado para invocar la ruptura del nexo causal probatorio.
4. Incidencia en el Proceso Penal: Incautación Cautelar y Cadena de Custodia
Dentro del procedimiento penal ordinario, la intervención de criptoactivos involucra exigencias normativas estrictas en materia de elementos materiales probatorios y evidencia física:
Control de Legalidad Posterior: Las órdenes de incautación u obtención de evidencia digital sobre saldos cripto demandan un control de legalidad riguroso ante el Juez de Control de Garantías. Si el acta de incautación o el informe pericial omite la individualización técnica (Wallet, Hash, Red), la evidencia adolece de falta de conducencia y pertinencia, comprometiendo su legalidad para el juicio oral.
Cadena de Custodia Digital: A diferencia de la evidencia física, la cadena de custodia en materia criptográfica no solo exige la custodia de soportes de almacenamiento (hardware wallets, discos o memorias), sino la preservación de la integridad de las claves y frases de recuperación (seed phrases). Un manejo indebido que exponga la clave privada a redes públicas rompe irremediablemente la cadena de custodia y extingue materialmente el valor del bien, al permitir su drenaje por terceros.
Conclusiones
Los criptoactivos no pueden ser tratados dentro del proceso penal ni en la acción de extinción de dominio bajo esquemas de identificación analógicos o genéricos.
La validez formal y sustancial de las decisiones judiciales que decretan medidas sobre estos activos exige la concurrencia indispensable de cuatro datos técnicos: la red blockchain (Mainnet), el tipo de activo y dirección de contrato inteligente, la dirección pública de destino/custodia (Wallet Address) y el identificador de la transacción (TXID).
La observancia rigurosa de estos preceptos garantiza el respeto de las garantías constitucionales del debido proceso, el derecho de defensa y la seguridad jurídica de los intervinientes en el proceso penal y patrimonial contemporáneo.
Robledo Vargas, J. F. (2026). La Individualización Técnico-Probatoria de Criptoactivos y su Incidencia en el Proceso Penal y la Extinción de Dominio. Robledo Vargas Abogados. Publicación en Web Corporativa.
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¿PUEDE UN PROCESO DISCIPLINARIO TERMINAR EN EXTINCIÓN DE DOMINIO? RAZONES JURÍDICAS Y LA IMPORTANCIA DE UNA DEFENSA INTEGRAL
Cuando un servidor público recibe la notificación de una indagación o investigación disciplinaria, suele pensar en lo inmediato: una suspensión, una destitución o una inhabilidad. Pocos advierten que los mismos hechos pueden abrir otros dos frentes mucho más graves: una investigación penal contra la persona y un proceso de extinción de dominio contra sus bienes.
En este artículo explicamos, a partir de la Constitución, el Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019) y el Código de Extinción de Dominio (Ley 1708 de 2014), por qué un proceso disciplinario puede originar una extinción de dominio, quiénes están en riesgo y por qué la respuesta correcta es una defensa integral que articule el derecho disciplinario, el derecho penal y la extinción de dominio.
Tres procesos, un mismo hecho
Un mismo comportamiento —por ejemplo, la adjudicación irregular de un contrato o la apropiación de recursos de la entidad— puede ser examinado al mismo tiempo desde tres perspectivas distintas:
Aspecto
Proceso disciplinario
Proceso penal
Extinción de dominio
Autoridad
Procuraduría, personerías, oficinas de control disciplinario interno, Comisiones de Disciplina Judicial
Fiscalía y jueces penales
Fiscalía (dirección especializada) y jueces de extinción de dominio
Qué juzga
El cumplimiento de los deberes funcionales
La comisión de un delito
El origen o destinación de los bienes
Recae sobre
La persona (servidor o particular disciplinable)
La persona
Los bienes, sin importar su titular
Consecuencia
Destitución, inhabilidad, suspensión, multa
Pena de prisión, multa, inhabilidades
Pérdida del bien a favor del Estado, sin compensación
Cada proceso es autónomo, pero la información circula entre ellos. Ahí está el riesgo.
Siete razones jurídicas por las que un proceso disciplinario origina una extinción de dominio
1. Muchas faltas gravísimas son, al mismo tiempo, delitos
El Código General Disciplinario califica como falta gravísima realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito doloso, cuando se comete en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o del cargo. Además, describe como gravísimas numerosas conductas relacionadas con la contratación estatal, la hacienda pública y el manejo de bienes del Estado.
Cuando la autoridad disciplinaria investiga hechos de esta naturaleza, en realidad está examinando conductas que pueden encajar en delitos como peculado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, cohecho, concusión o enriquecimiento ilícito. Y esos delitos son, a su vez, las actividades ilícitas que soportan las causales de extinción de dominio del artículo 16 de la Ley 1708 de 2014.
2. La compulsa de copias a la Fiscalía
Si durante la actuación disciplinaria aparecen hechos que pueden constituir delito, la autoridad disciplinaria tiene el deber de ponerlos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Esa compulsa de copias es la vía más frecuente por la que un expediente disciplinario llega a la Fiscalía, que puede iniciar en paralelo la investigación penal contra la persona y la actuación de extinción de dominio contra los bienes.
3. La declaración de bienes y rentas y el incremento patrimonial no justificado
Los servidores públicos deben presentar su declaración juramentada de bienes y rentas al posesionarse, actualizarla periódicamente y al retirarse del cargo. En una investigación disciplinaria, estas declaraciones suelen revisarse junto con los registros de propiedad, los movimientos bancarios y la información tributaria.
Si aparece una diferencia entre los ingresos legales y el patrimonio adquirido, ese hallazgo puede sustentar la causal de extinción de dominio sobre bienes que forman parte de un incremento patrimonial no justificado, cuando existan elementos para considerar razonablemente que provienen de actividades ilícitas. Las omisiones o inexactitudes en la declaración, además, pueden tener consecuencias disciplinarias y penales propias.
4. La contratación estatal y el manejo de recursos públicos
Las investigaciones disciplinarias por fraccionamiento de contratos, direccionamiento de procesos de selección, pagos sin soporte o supervisión deficiente suelen revelar a dónde fueron a parar los recursos. Si los dineros públicos terminan, directa o indirectamente, en bienes del servidor, del contratista o de terceros, la Fiscalía puede sostener que esos bienes son producto de una actividad ilícita o que fueron utilizados como instrumento para cometerla.
5. Las pruebas del proceso disciplinario pueden trasladarse
Las versiones libres, los testimonios, los informes técnicos, las inspecciones y los documentos recaudados en la actuación disciplinaria pueden ser trasladados a los procesos penal y de extinción de dominio, con sujeción a las reglas de cada procedimiento. Lo que el investigado afirme ante la Procuraduría o ante una oficina de control interno puede terminar siendo valorado por el fiscal de extinción de dominio.
Por eso, una estrategia disciplinaria pensada solo para evitar la sanción, sin medir sus efectos en los otros frentes, puede resultar contraproducente.
6. La Procuraduría también interviene en la extinción de dominio
En el proceso de extinción de dominio, el Ministerio Público —ejercido por la Procuraduría General de la Nación— participa como interviniente para la defensa del orden jurídico y del patrimonio público. La misma institución que conoce de las faltas disciplinarias tiene presencia en el escenario donde se decide la suerte de los bienes, lo que facilita la circulación de información entre ambos procesos.
7. Autonomía: ni la sanción ni la absolución deciden la extinción
La Ley 1708 de 2014 establece que la acción de extinción de dominio es distinta y autónoma de la penal y de cualquier otra, e independiente de toda declaratoria de responsabilidad. En consecuencia:
No se requiere una sanción disciplinaria en firme ni una condena penal para que la Fiscalía persiga los bienes.
Un archivo o un fallo absolutorio disciplinario es una prueba valiosa para la defensa, pero no obliga por sí solo al juez de extinción de dominio.
A la inversa, una sanción disciplinaria tampoco basta: la Fiscalía debe demostrar el vínculo entre cada bien y una causal de extinción.
¿Quiénes están en riesgo?
Servidores públicos de todos los niveles, especialmente ordenadores del gasto, secretarios de despacho, gerentes y miembros de comités de contratación.
Particulares disciplinables: quienes ejercen funciones públicas, administran recursos públicos o cumplen labores de interventoría o supervisión de contratos estatales.
Miembros de la Fuerza Pública, docentes oficiales, funcionarios judiciales y notarios.
Familiares, socios y terceros que figuran como titulares de bienes del investigado.
Por qué necesita una defensa integral: disciplinaria, penal y de extinción de dominio
El error más costoso es contratar defensas separadas que no se comunican entre sí. Una versión libre mal preparada en el proceso disciplinario, una aceptación de cargos sin medir sus efectos penales o una oposición tardía a las medidas cautelares pueden comprometer el patrimonio familiar de forma irreversible.
La defensa integral parte de una premisa simple: los hechos son los mismos, la estrategia debe ser una sola. Esto implica:
Diagnóstico unificado del riesgo desde la primera notificación: identificar qué hechos pueden tener relevancia penal y qué bienes podrían quedar expuestos.
Coherencia en las versiones y descargos, para que lo dicho en un proceso no se convierta en prueba en contra en otro.
Control de la prueba trasladada, verificando su legalidad, su contradicción y su pertinencia en cada escenario.
Protección temprana del patrimonio, documentando el origen lícito de cada bien antes de que se decreten medidas cautelares.
Uso oportuno de los mecanismos de cada proceso: nulidades y recursos en lo disciplinario, garantías del procesado en lo penal, control de legalidad y oposición en la extinción de dominio, y la acción de tutela cuando se vulneran derechos fundamentales.
Cómo lo hacemos en Robledo Vargas Abogados Asociados
Nuestra firma reúne en un solo equipo las áreas que convergen en estos casos. Eso nos permite asumir la defensa completa del cliente, de principio a fin, con una estrategia coordinada:
Área
Qué hacemos por usted
Derecho disciplinario
Defensa ante la Procuraduría, personerías, oficinas de control disciplinario interno y Comisiones de Disciplina Judicial (Ley 1952 de 2019 y Ley 1123 de 2007): versiones libres, descargos, pruebas, nulidades, alegatos y recursos.
Derecho penal
Defensa ante la Fiscalía y los jueces penales por delitos contra la administración pública, incluido el derecho penal militar para miembros de la Fuerza Pública.
Extinción de dominio
Defensa de bienes y de terceros afectados (Ley 1708 de 2014): control de legalidad de medidas cautelares, oposición, buena fe exenta de culpa y actuación ante la SAE.
Derecho constitucional
Acciones de tutela para proteger el debido proceso, el derecho de defensa y los demás derechos fundamentales en cualquiera de los tres frentes.
Además del litigio, nuestro trabajo se apoya en la investigación académica: hemos publicado artículos sobre extinción de dominio, procedimiento disciplinario y garantías constitucionales, y hemos llevado la defensa en extinción de dominio hasta la Corte Constitucional, en la actuación que dio origen a la Sentencia T-417 de 2023. Atendemos casos en todo el país desde Santiago de Cali.
Preguntas frecuentes
¿La Procuraduría puede quitarme mis bienes?
No. La Procuraduría impone sanciones disciplinarias. La extinción de dominio solo la declara un juez especializado, a solicitud de la Fiscalía. Sin embargo, la información del proceso disciplinario puede llegar a esa actuación.
Si me absuelven en el proceso disciplinario, ¿estoy a salvo de la extinción de dominio?
No necesariamente. Los procesos son autónomos. La absolución es un argumento importante para la defensa, pero no impide por sí sola que la Fiscalía inicie la acción.
¿Qué debo hacer antes de rendir versión libre en un proceso disciplinario?
Consultar a un abogado que evalúe también el riesgo penal y patrimonial. Lo que declare puede ser trasladado a otros procesos.
¿Pueden afectar bienes que están a nombre de mi cónyuge o de mis hijos?
Sí. La extinción de dominio recae sobre los bienes, no sobre las personas. Los titulares pueden defenderse demostrando el origen lícito o su buena fe exenta de culpa.
¿Un mismo abogado puede llevar los tres procesos?
Sí, y es lo recomendable cuando el equipo tiene experiencia en las tres áreas: garantiza coherencia en la estrategia y evita contradicciones entre las defensas.
Hablemos de su caso
Si usted es servidor público, contratista o tercero afectado y enfrenta una queja, una indagación o una investigación disciplinaria, no espere a que se decreten medidas sobre sus bienes. En Robledo Vargas Abogados Asociados evaluamos su situación de manera integral y le proponemos una estrategia de defensa coordinada.
Correo: robledovargas.abogados@gmail.com
Teléfono / WhatsApp: 312 788 8097
Sitio web: www.robledovargasabogados.com
Este artículo tiene fines informativos y no constituye asesoría jurídica para un caso concreto.
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