La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la providencia AP4827-2021 (rad. 55661, M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa), sistematizó el contenido, el fundamento y las manifestaciones procesales del derecho a la última palabra como expresión cualificada del derecho de defensa dentro del proceso penal acusatorio. El presente artículo sostiene que, en virtud del principio de unidad del ius puniendi y de la cláusula de integración normativa consagrada en el artículo 22 de la Ley 1952 de 2019, dicha doctrina es trasladable, mutatis mutandi, al proceso disciplinario general —sea que se rija por la Ley 1952 de 2019, por la Ley 1123 de 2007 (abogados) o por los estatutos disciplinarios de los colegios y tribunales de ética profesional—. Se proponen, en consecuencia, las manifestaciones concretas que esta garantía debería adoptar en sede disciplinaria y se fija el estándar de trascendencia aplicable a su eventual vulneración.
Palabras clave: derecho a la última palabra, derecho de defensa, ius puniendi, derecho disciplinario, debido proceso sancionatorio, principio de contradicción, integración normativa, Ley 1952 de 2019.
I. Introducción
La Corte Suprema de Justicia, al resolver el recurso de casación interpuesto en el proceso seguido contra Claudia Patricia Ríos Díaz, tuvo la oportunidad de fijar con notable claridad los contornos del derecho a la última palabra, entendido no como una simple formalidad ritual, sino como una garantía sustantiva anudada al derecho de defensa y al principio de contradicción. Aunque la sentencia se profirió en el marco de un proceso penal de tendencia acusatoria, los fundamentos que la sustentan —el conocimiento previo y pleno del acervo de cargo como condición de posibilidad de una defensa real, y la intervención del procesado en último lugar en cada etapa dialéctica del proceso— no son categorías exclusivas del derecho penal delictivo. Son, en rigor, expresiones de un género más amplio: las garantías mínimas que cualquier manifestación del poder punitivo del Estado debe respetar frente a quien es sometido a un juicio de responsabilidad y a una eventual sanción.
El objeto de este artículo es demostrar que el derecho a la última palabra, tal como fue sistematizado en la AP4827-2021, es exigible —con los matices propios de cada procedimiento— en el proceso disciplinario colombiano, ya se trate del que adelanta la Procuraduría General de la Nación y las oficinas de control interno disciplinario bajo la Ley 1952 de 2019, ya del proceso disciplinario contra abogados regulado por la Ley 1123 de 2007, ya de los procesos que tramitan los tribunales de ética y deontología de otras profesiones. La tesis se construye sobre tres pilares: (i) la unidad del ius puniendi como fundamento dogmático de la traslación de garantías; (ii) la cláusula expresa de integración normativa del artículo 22 de la Ley 1952 de 2019, que remite al procedimiento penal en lo no previsto; y (iii) el estándar interamericano fijado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, según el cual las garantías mínimas del debido proceso rigen en la determinación de derechos y obligaciones de cualquier carácter, no solo penal.
II. La unidad del ius puniendi como fundamento de la aplicación analógica de garantías penales al derecho disciplinario
La Corte Constitucional ha sostenido de manera reiterada que la aplicación de los principios y reglas del derecho penal delictivo al derecho administrativo sancionador —y, dentro de este, al derecho disciplinario— encuentra su fundamento en la homogeneización o unidad punitiva exigible en el ejercicio del ius puniendi estatal, sin perjuicio de que cada procedimiento (penal, correccional, contravencional o disciplinario) conserve una singularidad propia derivada de la naturaleza de los ilícitos y de las sanciones que le son inherentes.
Si bien la doctrina sobre la materia ha reconocido que la aplicación de los principios y reglas del derecho penal delictivo al derecho administrativo sancionador, y entre ellos, al derecho disciplinario, tiene como fundamento la homogeneización o unidad punitiva exigible en tratándose del ejercicio del ius puniendi; de igual manera se ha admitido la existencia de una singularidad en cada uno de sus procedimientos. (Corte Constitucional, sentencias C-818 de 2005 y C-762 de 2009, reiterando C-948 de 2002)
Esta doctrina —que la Corte Constitucional ha denominado en ocasiones el carácter “subsidiario” o de “trasplante con matices” de las categorías penales al campo disciplinario— no habilita una recepción mecánica y acrítica de cada instituto penal, pero sí impone al intérprete la carga de trasladar aquellas garantías que, por proteger directamente el núcleo esencial del derecho de defensa y del debido proceso, resultan indisociables de cualquier ejercicio del poder sancionador, cualquiera sea su etiqueta procesal. El derecho a la última palabra pertenece, sin duda, a este núcleo intangible: no protege una categoría dogmática exclusiva del proceso penal —como pudiera serlo, por ejemplo, la estructura del tipo penal o la teoría del delito—, sino la posibilidad misma de que quien enfrenta un reproche estatal conozca en su integridad los cargos y las pruebas que lo sustentan y tenga la última oportunidad de controvertirlos antes de que se decida sobre su responsabilidad. Se trata, en otras palabras, de una garantía instrumental del derecho de defensa material y técnica, no de una institución dogmática propia y exclusiva del sistema penal acusatorio.
A ello se suma que el propio derecho disciplinario colombiano ha reconocido expresamente esta cercanía estructural con el derecho penal. El artículo 12 de la Ley 1952 de 2019 consagra el debido proceso disciplinario en términos sustancialmente idénticos al artículo 29 de la Constitución Política, y el artículo 22 ibídem —que se desarrolla en el siguiente acápite— erige al Código de Procedimiento Penal como fuente de integración normativa subsidiaria. No se trata, entonces, de una analogía forzada entre dos órdenes normativos ajenos entre sí, sino de la aplicación de una garantía que el propio legislador disciplinario ha querido anclada, por remisión expresa, en el procedimiento penal.
III. El derecho a la última palabra en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia (AP4827-2021)
En la providencia bajo comentario, la Sala de Casación Penal fijó tres ideas que resultan centrales para el traslado que aquí se propone:
Primera. Concepto amplio. el derecho a la última palabra no se agota en el turno final de intervención en los alegatos de cierre. Comprende, de manera más amplia, el derecho a que la palabra del procesado sea la última que se escuche y la oportunidad de contradecir o someter a contraste la totalidad del proceso probatorio, lo que supone, por definición lógica, su conocimiento previo e íntegro.
Segunda. Fundamento normativo por integración sistemática. aun cuando el ordenamiento procesal penal colombiano no consagra esta garantía en una norma única y expresa —como sí ocurre en el derecho comparado—, su existencia se deriva de la lectura sistemática de los artículos 8 literal j), 362, 371, 390 y 443 de la Ley 906 de 2004, que ordenan que la intervención y la prueba de la parte acusadora antecedan siempre a las de la defensa.
Tercera. Consecuencia procesal graduada. la vulneración de esta garantía no acarrea automáticamente la nulidad de lo actuado. La Corte exige, adicionalmente, un juicio de trascendencia: solo procede la nulidad cuando la irregularidad hubiera causado un daño real y cuando su corrección represente una mejoría sustancial y cierta para la situación del procesado. La sola infracción formal del orden probatorio, sin afectación material del derecho de defensa, resulta insuficiente.
Estas tres ideas —amplitud conceptual, fundamento por integración sistemática (no por norma expresa y aislada) y exigencia de trascendencia— son, precisamente, las que permiten su traslado ordenado al proceso disciplinario, como se desarrolla a continuación.
IV. Fundamentos para la aplicación mutatis mutandis del derecho a la última palabra en el proceso disciplinario
A. El artículo 29 de la Constitución Política no distingue entre actuaciones judiciales y administrativas
El artículo 29 de la Carta dispone, sin matiz alguno, que el debido proceso “se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”, y reconoce expresamente el derecho “a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra”. La Corte Constitucional ha sido enfática en que esta cláusula de contradicción no es un derecho de segundo orden en materia disciplinaria: por el contrario, dado que el proceso disciplinario compromete derechos fundamentales de primer orden —el buen nombre, el trabajo, el ejercicio de la función pública o de la profesión—, las garantías del artículo 29 se proyectan sobre él con la misma intensidad exigida en sede penal, atendida la gravedad de las consecuencias que la sanción disciplinaria comporta para su destinatario.
B. La cláusula de integración normativa del artículo 22 de la Ley 1952 de 2019
El argumento de mayor fuerza normativa para la traslación propuesta es de derecho positivo: el artículo 22 de la Ley 1952 de 2019 —Código General Disciplinario— dispone expresamente que, “en lo no previsto en esta ley se aplicará lo dispuesto en los Códigos de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, General del Proceso, Penal y de Procedimiento Penal en lo que no contravengan la naturaleza del derecho disciplinario”. Dado que el derecho a la última palabra no está consagrado en una norma puntual y aislada de la Ley 906 de 2004 —como la propia Corte Suprema lo reconoce en la AP4827-2021—, sino que se deriva de la integración sistemática de sus disposiciones, la misma técnica de integración que empleó la Sala de Casación Penal para construir la garantía en sede penal es la que el artículo 22 disciplinario autoriza expresamente para incorporarla al proceso sancionatorio administrativo. No se trata, en consecuencia, de una analogía doctrinal contra legem, sino de la aplicación literal de una cláusula de remisión que el propio legislador disciplinario incorporó.
A lo anterior se suma que nada en la estructura, en la finalidad o en la naturaleza del proceso disciplinario —que el artículo 11 de la Ley 1952 de 2019 define en función de la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo y la búsqueda de la verdad material— resulta incompatible con esta garantía. Antes bien, la ausencia de un jurado, la escritura predominante del trámite y la posible sustanciación en varias etapas hacen aún más necesario que el disciplinado conserve, en cada fase decisoria, la oportunidad de ser oído en último lugar respecto de la totalidad del acervo que se le opone.
C. El estándar interamericano: Corte IDH, caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá
La Corte Interamericana de Derechos Humanos zanjó, desde el año 2001, cualquier duda sobre la aplicabilidad de las garantías mínimas del debido proceso a los procedimientos sancionatorios no penales. En el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, el Tribunal interamericano sostuvo que:
[…] cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un “juez o tribunal competente” para la “determinación de sus derechos”, esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. […] las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas. (Corte IDH, Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, sentencia de 2 de febrero de 2001)
Este precedente —vinculante para Colombia por virtud del artículo 93 de la Constitución Política y del control de convencionalidad que corresponde ejercer a toda autoridad pública— cierra el círculo argumentativo: si el elenco de garantías mínimas del debido proceso, incluida la contradicción plena, rige en “cualquier procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas”, con mayor razón rige en el proceso disciplinario, que tiene por objeto específico determinar la responsabilidad y la eventual sanción del disciplinado.
D. Identidad estructural: el proceso disciplinario también es un ejercicio dialéctico y contradictorio
Finalmente, un argumento de orden estructural. El proceso disciplinario —tanto el de la Ley 1952 de 2019 como el de la Ley 1123 de 2007 y los estatutos deontológicos profesionales— reproduce la misma lógica dialéctica que inspira al proceso penal: existe un ente instructor que formula cargos, un sujeto disciplinado que debe conocerlos y controvertirlos, una fase probatoria en la que ambas partes aportan y contradicen elementos de juicio, y una decisión final que resuelve sobre la responsabilidad. La circunstancia de que el trámite sea predominantemente escrito, o de que no exista una audiencia de juicio oral en sentido estricto en todos los procedimientos disciplinarios, no altera esta identidad estructural; simplemente exige adaptar —mutatis mutandis, precisamente— el momento y la forma en que la garantía se materializa, como se propone en el siguiente acápite.
V. Manifestaciones concretas del derecho a la última palabra en el proceso disciplinario
Siguiendo el método empleado por la Corte Suprema de Justicia en la CSJ AP6357-2015 —reiterada en la AP4827-2021—, que identificó las expresiones procesales concretas de esta garantía dentro del sistema penal acusatorio, se proponen a continuación sus equivalentes funcionales dentro del proceso disciplinario general:
1. Descargos posteriores al conocimiento pleno del pliego de cargos. el disciplinado y su defensa solo pueden rendir descargos, y de allí en adelante ejercer contradicción, una vez conocido íntegramente el pliego de cargos y el acervo probatorio de cargo. Cualquier reserva, fraccionamiento o entrega tardía de evidencia que sustente la formulación de cargos vulnera esta garantía en su núcleo esencial.
2. Orden de práctica probatoria. en fase de instrucción y de juicio disciplinario, la prueba solicitada y decretada a instancia del disciplinado debe practicarse, como regla general, después de agotada la prueba de cargo, salvo que el propio disciplinado consienta libre e informadamente en alterar dicho orden, en cuyo caso resulta aplicable —también mutatis mutandis— el test de trascendencia que se desarrolla en el acápite VI.
3. Alegatos de conclusión y alegatos previos al fallo. en los procedimientos disciplinarios que contemplan una fase de alegatos —de conclusión en la instrucción, o de traslado previo a la decisión de fondo—, el disciplinado o su apoderado deben tener la oportunidad de intervenir en último lugar, esto es, después del ministerio público, del quejoso o de cualquier otro interviniente.
4. Trámite de recursos. al resolverse el recurso de apelación o de reposición contra el fallo disciplinario, el disciplinado debe conocer previamente los argumentos de los demás sujetos procesales que se hayan pronunciado sobre el recurso, de forma que su intervención final —o la de su defensa técnica— sea efectivamente la última antes de la decisión de segunda instancia.
5. Individualización de la sanción. en la etapa de dosificación de la sanción disciplinaria, el disciplinado debe tener la oportunidad de pronunciarse en último lugar sobre las circunstancias de agravación o atenuación que se le atribuyan, en términos equivalentes a los que la Corte Suprema reconoció para la individualización de la pena en sede penal.
VI. El test de trascendencia como límite a la nulidad por afectación de esta garantía
La traslación de esta garantía al proceso disciplinario no debe leerse como una vía abierta para la declaratoria automática de nulidades procesales ante cualquier alteración formal del orden de intervención de las partes. La propia AP4827-2021 —siguiendo la línea de la CSJ SP919-2020— exige un juicio hipotético de trascendencia: la irregularidad solo genera nulidad cuando (i) causa un daño real y verificable al derecho de defensa o de contradicción del disciplinado, y (ii) su corrección, mediante la invalidación de lo actuado, representaría una mejoría sustancial y cierta para su situación jurídica.
Aplicado al proceso disciplinario, este estándar impone al operador disciplinario —y a la defensa técnica que alega la irregularidad— la carga de demostrar, en concreto, de qué manera la alteración del orden de intervención o la restricción al conocimiento pleno del acervo de cargo incidió efectivamente en la estrategia defensiva o en el resultado del proceso. Una alegación meramente formal, desprovista de esa demostración de afectación material, no está llamada a prosperar, tal como ocurrió en el caso decidido por la Sala de Casación Penal. Esta exigencia, lejos de debilitar la garantía, la fortalece: la convierte en un instrumento de protección efectiva del derecho de defensa material, y no en un mecanismo dilatorio desprovisto de sustancia.
VII. Conclusiones
El derecho a la última palabra, sistematizado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en la AP4827-2021, no es una institución exclusiva del proceso penal acusatorio, sino una manifestación cualificada del derecho de defensa y del principio de contradicción, exigible en cualquier procedimiento en el que el Estado ejerza su potestad sancionadora.
La unidad del ius puniendi, reconocida de manera reiterada por la Corte Constitucional desde la sentencia C-948 de 2002, constituye el fundamento dogmático que habilita la traslación —con los matices propios de cada procedimiento— de esta garantía al derecho disciplinario.
El artículo 22 de la Ley 1952 de 2019 ofrece, además, un fundamento de derecho positivo directo: la remisión expresa al Código de Procedimiento Penal en lo no previsto por el estatuto disciplinario autoriza, sin necesidad de un ejercicio analógico extra legem, la incorporación de esta garantía por vía de integración normativa.
El estándar interamericano fijado en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá refuerza esta conclusión al extender el catálogo de garantías mínimas del debido proceso a toda actuación estatal que determine derechos y obligaciones de las personas, sin distinción entre lo judicial y lo administrativo.
La aplicación de esta garantía en sede disciplinaria debe ir acompañada, en todo caso, del juicio de trascendencia fijado por la propia Corte Suprema de Justicia, de manera que su invocación exija siempre la demostración de una afectación real y sustancial al derecho de defensa, y no se convierta en un expediente meramente dilatorio.
En suma, el operador disciplinario que tramita cargos contra un servidor público, un abogado o cualquier profesional sometido a un régimen deontológico está llamado a garantizar que el disciplinado conozca en su integridad el acervo de cargo y conserve, en cada etapa dialéctica del proceso, la oportunidad de ser oído en último lugar. La defensa técnica, por su parte, cuenta a partir de esta doctrina con un fundamento jurisprudencial y normativo sólido para exigir, y en su caso reclamar por vía de nulidad, el respeto de esta garantía cuando su desconocimiento comporte una afectación real al derecho de defensa del disciplinado.
Referencias
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Auto AP4827-2021, rad. 55661, 27 de octubre de 2021, M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Auto CSJ AP6357-2015.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia CSJ SP5065-2015.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia CSJ SP919-2020, rad. 47370.
Corte Constitucional. Sentencia C-948 de 2002.
Corte Constitucional. Sentencia C-818 de 2005.
Corte Constitucional. Sentencia C-762 de 2009.
Corte Constitucional. Sentencia C-1195 de 2005.
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Sentencia de 2 de febrero de 2001.
Congreso de la República de Colombia. Ley 906 de 2004, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.
Congreso de la República de Colombia. Ley 1952 de 2019, por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, artículos 11, 12 y 22.
Congreso de la República de Colombia. Ley 1123 de 2007, por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado.
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En el escenario mediático y digital contemporáneo, asistimos a una peligrosa mutación de la justicia: la sustitución del estrado judicial por el foro algorítmico de las redes sociales. A propósito de los debates virales que sacuden a la opinión pública —donde consignas y señalamientos de estrado se difunden a la velocidad de un clic—, resulta imprescindible realizar un análisis riguroso desde la dogmática penal y constitucional.
Como firma especializada en la defensa técnica dentro del proceso penal y sancionatorio en Colombia, en Robledo Vargas Abogados observamos con preocupación cómo la transposición acrítica de consignas sociales y la deformación de herramientas hermenéuticas ponen en riesgo la garantía fundamental por excelencia: el debido proceso.
1. De «Yo Te Creo, Hermana» a «Yo Te Creo, Colega»: La Importación del Slogan Punitivo
La consigna «Yo te creo, hermana» —trasladada al ámbito del periodismo corporativo o gremial como «Yo te creo, colega»— nació como un imperativo ético-político de acompañamiento social a las víctimas. Sin embargo, su trasplante directo a la esfera jurídico-penal es dogmáticamente incompatible con el Estado Social de Derecho.
El proceso penal exige una neutralidad epistémica de entrada. La adhesión apriorística a la veracidad del relato de la acusación destruye la presunción de inocencia e invierte de facto la carga de la prueba (onus probandi).
En el marco del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia y del artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la credibilidad no es un presupuesto axiológico ni un acto de fe gremial: es el resultado contingente de la contradicción y la depuración probatoria en el juicio oral.
2. Los Límites Constitucionales de la Perspectiva de Género
La perspectiva de género es una herramienta indispensable para neutralizar sesgos y estereotipos discriminatorios en la administración de justicia. No obstante, su aplicación desvirtuada está generando una riesgosa flexibilización del estándar de prueba (más allá de toda duda razonable).
El enfoque de género no es un criterio de verdad ni sustituye la exigencia de corroboración periférica. Confundir la eliminación de prejuicios con la aprobación automática del testimonio imputativo abre la puerta a un derecho penal de autor (Täterstrafrecht), donde la condición de las partes relaja las exigencias formales de la tipicidad estricta y del principio in dubio pro reo. En la dogmática penal no existe ni puede existir la regla in dubio pro victima.
3. La Inversión Prohibida de la Carga de la Prueba y la Presunción de Inocencia
El principio rector del derecho penal colombiano (Ley 906 de 2004, art. 7) asigna de manera exclusiva y absoluta la carga de la prueba al órgano de persecución estatal.
Pretender que el procesado sea quien deba «demostrar» su inocencia, la existencia de consentimiento o la atipicidad de la conducta frente a una única incriminación sin contrapeso probatorio, constituye una imposición de prueba diabólica (probatio diabolica), expresamente proscrita por nuestro ordenamiento constitucional.
4. La Asimetría Procesal: Sobrexposición Mediática vs. Reserva Judicial
El fenómeno más complejo en los litigios de alto impacto mediático radica en la marcada asimetría entre la plaza pública y el estrado judicial:
Dimensión del Litigio
Foro Mediático (Redes / Colectivos)
Foro Judicial (Audiencia / Proceso)
Estrategia Acusadora
Difusión masiva irrestricta, sin juramento, condena social previa.
Solicitud de reserva, testimonio protegido, limitación de publicidad.
Garantías de la Defensa
Cancelación social, afectación irreversible a la honra y al buen nombre.
Restricción para confrontar en público el relato masificado en medios.
Resulta jurídicamente contradictorio que un testimonio sea expuesto ampliamente en entrevistas, podcasts y comunicados de prensa, pero que, al comparecer al escenario judicial, se invoque la reserva total o la «prevención de la revictimización» para blindar el relato frente al contrainterrogatorio de la defensa.
Las medidas de protección al testigo (como el uso de medios tecnológicos o la tamización de interrogatorios) son legítimas, pero nunca pueden vaciar de contenido el derecho fundamental a la contradicción. El contrainterrogatorio es el único mecanismo dialéctico para poner a prueba la credibilidad, la memoria y la coherencia del testigo. Evitar la revictimización exige garantizar un trato digno en el proceso, no exonerar al testimonio del fuego cruzado de la contradicción probatoria.
Garantismo Constitucional en la Firma Robledo Vargas Abogados
El litigar con perspectiva de género y la protección de los derechos humanos deben ejercerse en estricta armonía con las garantías procesales. La condena mediática antes del juicio y el cercenamiento de la contradicción probatoria desnaturalizan la justicia penal, convirtiéndola en un instrumento de punición anticipada.
En Robledo Vargas Abogados, como firma experta en derecho penal y litigio complejo en Colombia, asumimos la defensa técnica de los derechos fundamentales con el más alto rigor académico y estratégico, recordando que sin presunción de inocencia y sin debido proceso, no existe verdadera justicia.
Conclusión: Hacia una Redefinición Garantista del Proceso Penal frente a la Instrumentalización Punitiva
Se hace necesario que la perspectiva de género y los señalamientos falsos o infundados contra personas —en especial contra hombres— hagan metástasis probatoria a través de una rigurosa, imparcial y verdadera práctica judicial, dotada de todas las garantías reales y sustanciales para el investigado o señalado. Solo de esta manera el Legislador y las Altas Cortes le pondrán un freno constitucional a la marcada desventaja que se ha creado en la praxis penal y sancionatoria contra los procesados.
Bajo la aplicación desmedida o deformada de conceptos como la perspectiva de género, la prevención de la revictimización y categorías sociológicas como el machismo o la desventaja histórica de la mujer, se ha pretendido instaurar una especie de responsabilidad colectiva o heredada, como si los hombres del presente debieran responder penal, moral o reputacionalmente por las conductas atribuibles a los hombres del pasado.
El Estado Social de Derecho no puede tolerar la mutación del derecho penal de acto hacia un derecho penal de autor (Täterstrafrecht), donde el género, el rol social o la identidad del investigado dicten la severidad o la relajación de las reglas probatorias. La perspectiva de género, concebida originalmente como un vector normativo para extirpar prejuicios discriminatorios, no puede convertirse en un patente de corso para desmantelar la igualdad de armas, anular la eficacia del contrainterrogatorio ni sustituir la obligación constitucional del órgano acusador de probar los hechos más allá de toda duda razonable.
Resulta imperativo que la jurisprudencia de las Altas Cortes y la función legislativa reafirmen que:
La culpabilidad es estrictamente individual e intransferible. No existen deudas históricas cobrables en la sede procesal ni presunciones sustanciales de veracidad derivadas de la condición de la parte denunciante.
La contradicción testimonial no es violencia procesal. Someter a escrutinio crítico, temporal y contextual el testimonio incriminatorio —incluso en escenarios de presunta vulnerabilidad— es el único método depurativo que previene la condena de inocentes y frena la proliferación de acusaciones espurias.
El foro mediático no sustituye la dogmática judicial. La justicia no se edita en redes sociales ni se tasa en tendencias digitales; se administra en los estrados bajo las reglas universales del debido proceso.
En Robledo Vargas Abogados, reafirmamos que la verdadera equidad y la protección de los derechos humanos solo existen cuando la ley se aplica sin sesgos apriorísticos, garantizando que todo ciudadano, sin distinción de género, cuente con un juicio justo, imparcial y amparado por la inviolable presunción de inocencia.
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Socio Fundador y Director Jurídico de Robledo Vargas Abogados
Introducción
El ejercicio de la abogacía en Colombia enfrenta hoy uno de los debates dogmáticos y garantistas más apremiantes en el campo del Derecho Disciplinario: la delimitación temporal del ius puniendi estatal frente a las denominadas faltas de carácter permanente o continuado bajo la Ley 1123 de 2007.
Sostener la persecución disciplinaria de forma indefectible o indeterminada rompe la estructura del Estado Social de Derecho. En Robledo Vargas Abogados, como firma especializada en la defensa técnica de profesionales del derecho, sostenemos enfáticamente que la falta de un término de prescripción real y aplicable en las faltas continuadas menoscaba abiertamente los principios constitucionales y los estándares del bloque de constitucionalidad.
1. La Prescripción en la Ley 1123 de 2007 como Garantía Fundamental
La prescripción de la acción disciplinaria no es una sanción a la inactividad probatoria de la autoridad ni un mero formalismo. Es una garantía jusfundamental sustancial derivada del principio de seguridad jurídica y del debido proceso (Art. 29 de la Constitución Política).
Someter a un profesional a un proceso abierto de forma indefinida lesiona la dignidad y el derecho a definir su situación jurídica en un término previsible. El poder sancionador del Estado no puede ser ilimitado ni eterno; la prescripción fija la frontera objetiva donde termina la potestad investigativa y comienza la protección del ciudadano investigado.
2. El Problema Hermenéutico de las Faltas Permanentes y Continuadas
Dentro de la práctica disciplinaria, es común que la autoridad pretenda supeditar el inicio del término de prescripción a la cesación total de los efectos de la conducta. En asuntos relacionados con la no entrega de documentación, omisiones en litigios o rendición de cuentas, esta interpretación deriva en una imprescriptibilidad de facto.
Cuando el dies a quo (día inicial del cómputo) se proyecta hacia un futuro incierto, el abogado queda expuesto a un juzgamiento atemporal. Desde la perspectiva de Robledo Vargas Abogados, es imperativo diferenciar técnicamente entre la ejecución de la falta y la simple prolongación de sus efectos, evitando que esta última perpetúe indebidamente la acción disciplinaria.
3. Vulneración de Estándares Constitucionales y Convencionales
A. Violación al Plazo Razonable (Art. 8.1 CADH)
El artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable. Mantener la condición de sub judice a un abogado por un tiempo indeterminado mediante maniobras de adecuación en faltas continuadas constituye una dilación injustificada que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha calificado como desproporcionada.
B. Afectación Directa al Buen Nombre Profesional (Art. 15 C.P.)
El buen nombre y la reputación son el patrimonio más relevante de un abogado. La existencia de un proceso disciplinario inconcluso distorsiona la imagen del profesional, limita su ejercicio laboral y atenta contra la presunción de buena fe que debe amparar toda actuación del profesional del derecho.
C. Proscripción de la Imprescriptibilidad (Art. 28 C.P.)
Nuestra Carta Política prohíbe de manera tajante la existencia de penas o juzgamientos imprescriptibles. Convertir una falta disciplinaria en imprescriptible por la vía de la interpretación extensiva atenta directamente contra este precepto constitucional.
Conclusión y Enfoque Defensivo
El Derecho Disciplinario del abogado debe garantizar el control ético de la profesión sin descuidar los derechos fundamentales de quienes ejercen la defensa de terceros. La aplicación del régimen de la Ley 1123 de 2007 exige una lectura garantista donde las faltas permanentes cuenten con un límite temporal estricto y previsible.
En Robledo Vargas Abogados, bajo la dirección de Jhon Fernando Robledo Vargas, consolidamos estrategias de defensa técnica orientadas a la protección integral del patrimonio, la reputación y las garantías procesales de los profesionales del derecho ante las instancias disciplinarias.
¿Enfrenta una investigación disciplinaria bajo la Ley 1123 de 2007?
En Robledo Vargas Abogados contamos con la experiencia y el rigor académico necesarios para la defensa estratégica de sus derechos.
Para leer mas sobre este y otros temas sigue el próximo link:
El Cese de la Conducta sin Entrega Física: Límites Constitucionales a la «Imprescriptibilidad» de la Falta Permanente en la Ley 1123 de 2007
Por: Dr. Jhon Fernando Robledo Vargas
Director de Robledo Vargas Abogados
Especialista, Magíster y Doctor en Derecho
La dogmática del derecho disciplinario en Colombia enfrenta un desafío constante cuando se intersecta con las garantías constitucionales del debido proceso y la seguridad jurídica. Uno de los escenarios de mayor complejidad en el litigio deontológico del abogado se encuentra en la estructuración de la falta tipificada en el artículo 35, numeral 4° de la Ley 1123 de 2007, consistente en no entregar a la mayor brevedad posible el dinero, bienes o documentos recibidos en virtud del encargo.
Tradicionalmente, la jurisprudencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ) y de la Corte Constitucional ha catalogado esta infracción como una falta de ejecución permanente. Bajo esta premisa, se sostiene la tesis maximalista de que el término de prescripción de cinco años (artículo 24 ejusdem) no inicia su cómputo cronológico mientras persista la retención de los fondos.
Sin embargo, como director de la firma Robledo Vargas Abogados, experta en la defensa en procesos disciplinarios de abogados en Colombia, considero imperativo formular una crítica constructiva a esta postura. La interpretación literal y aislada de la permanencia corre el riesgo de mutar la acción disciplinaria en una persecución imprescriptible, lo cual quebranta de forma directa el artículo 28 de la Constitución Política y los estándares convencionales del plazo razonable (Art. 8.1 de la CADH).
La Falacia de la Entrega Material como Único Hito de Cese
El núcleo del debate radica en determinar con exactitud cuándo «cesa la conducta» en una falta permanente. La Judicatura suele equiparar de forma automática el cese de la conducta con la restitución material y física del dinero. Esta visión reduce el fenómeno jurídico a un hecho puramente mecánico, ignorando la naturaleza eminentemente obligacional y civil que subyace al encargo profesional.
La tipicidad de la conducta exige que la retención sea injustificada. Por consiguiente, el estatus de permanencia de la falta no depende exclusivamente de la tenencia física del dinero, sino de la vigencia de la obligación jurídica de entrega derivada del contrato de mandato o de la representación judicial.
El Límite de la «Inexistencia de Obligación» o Transacción
Nuestra firma ha defendido con éxito la tesis de que existen hitos jurídicos sustanciales capaces de romper la flagrancia de la falta permanente sin necesidad de que medie una entrega en efectivo de los mismos billetes originalmente recibidos. Estos hitos configuran el cese de la antijuridicidad material y, por ende, activan el término prescriptivo:
La Transacción o Conciliación de Honorarios: Si el abogado y el cliente suscriben un contrato de transacción (artículo 2469 del Código Civil) o un acta de conciliación donde redefinen los saldos, compensan honorarios causados o novan la obligación originaria, la naturaleza jurídica de la tenencia muta. A partir de ese instante, el dinero ya no se retiene bajo el título de «recibido para el cliente», sino bajo un nuevo título contractual o de legítima disputa civil.
La Compensación Válida de Créditos: Cuando el profesional del derecho ejerce el derecho de retención legítimo o aplica la compensación de obligaciones (artículo 1714 del Código Civil) respecto de honorarios debidos, líquidos y exigibles, la obligación de entregar «a la mayor brevedad» cesa, pues surge una causa jurídica justificante.
La Condonación o Remisión de la Deuda: El perdón expreso de la obligación por parte del quejoso extingue la materia jurídica de la reclamación.
En cualquiera de estos supuestos, la conducta típica ha cesado, no porque se haya verificado la entrega física, sino porque desapareció el presupuesto normativo que hacía injustificada la retención. Por lo tanto, el reloj de la prescripción de la acción disciplinaria debe empezar a correr inexorablemente desde la fecha de consolidación de dicho hito jurídico.
El Enfoque Dogmático frente al Código General Disciplinario
Si bien el artículo 30 del Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019, modificado por la Ley 2094 de 2021) maneja una redacción análoga para el conteo de la prescripción en faltas permanentes, el principio de favorabilidad y la integración normativa imponen que las causales de extinción de la ilicitud sustancial penal y civil operen como límites infranqueables a la potestad sancionatoria del Estado.
Propuesta de Solución Jurídica: La Teoría del Cese por Mutación de la Causa Jurídica
Frente al riesgo de perennizar la acción disciplinaria, proponemos la adopción dogmática de la Teoría del Cese por Mutación de la Causa Jurídica. Bajo esta subregla, el juez disciplinario no debe evaluar si el dinero volvió físicamente a las manos del cliente, sino si la situación de mora antijurídica fue superada o transformada por un negocio jurídico válido o un hecho extintivo del derecho civil.
De admitirse que solo la entrega física detiene el término, estaríamos validando una sanción de facto a perpetuidad, proscrita en nuestro ordenamiento constitucional. Si el vínculo obligacional originario se extinguió, el proceso disciplinario pierde su objeto ético-jurídico y la acción debe declararse prescrita si han transcurrido los cinco años desde la ocurrencia del acto extintivo.
Robledo Vargas Abogados: Expertos en la Defensa Técnica de Abogados
El derecho disciplinario moderno exige una comprensión profunda que va más allá de la simple lectura de los códigos deontológicos. Requiere la articulación de la alta dogmática jurídica con las realidades del derecho civil, comercial y constitucional.
En Robledo Vargas Abogados, bajo la dirección académica y estratégica del Dr. Jhon Fernando Robledo Vargas, nos especializamos en la estructuración de la defensa en procesos disciplinarios de abogados en Colombia. Si usted enfrenta una investigación ante la Comisión Seccional o Nacional de Disciplina Judicial donde se pretenda aplicar la imprescriptibilidad de las faltas permanentes de manera arbitraria, nuestra firma cuenta con el rigor científico y la experiencia en litigio constitucional necesaria para salvaguardar sus derechos fundamentales y garantizar un debido proceso convencional.
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Ejercer el derecho en Colombia conlleva una enorme responsabilidad, pero también un riesgo latente del que pocos hablan: el régimen disciplinario. Cuando un abogado es denunciado, su tarjeta profesional, su patrimonio y su reputación quedan en manos de un sistema que, bajo la Ley 1123 de 2007, arrastra profundos vicios procesales. El desconocimiento de estas dinámicas puede sepultar años de carrera profesional en cuestión de meses.
Frente a este escenario, contar con un escudo jurídico que comprenda a fondo la estructura del Estado no es un lujo, sino una necesidad de supervivencia. Robledo Vargas Abogados nació con un propósito claro: convertirse en la primera firma especializada en defender abogados en Colombia, consolidándose hoy como la firma líder y la mejor opción del país en materia disciplinaria.
El Peligro del Sistema Inquisitivo: Juez y Parte en la Ley 1123 de 2007
El mayor riesgo para un abogado bajo investigación radica en la naturaleza misma del procedimiento establecido en la Ley 1123 de 2007. Mientras que el derecho penal migró hacia un sistema acusatorio (donde quien investiga es diferente de quien juzga), el régimen disciplinario de los abogados mantuvo una fuerte herencia del sistema inquisitivo.
El peligro del «Peligrosismo» Procesal:
En este modelo, el mismo Magistrado que abre la investigación preliminar es quien instruye el caso, decreta las pruebas, ordena su práctica, las califica y, finalmente, emite la decisión de fondo (sentencia).
Esta acumulación de funciones rompe con el principio fundamental de la imparcialidad objetiva. Es humanamente difícil que un juzgador que ha dedicado meses a buscar pruebas para sostener un pliego de cargos mantenga la mente abierta al momento de dictar un fallo. El sesgo de confirmación es inherente al sistema: quien acusa tiende a condenar. Aunque reformas administrativas recientes han intentado mitigar esto mediante el reparto funcional interno, la estructura inquisitiva de la norma sigue siendo una trampa procesal para los litigantes desprevenidos.
De los Consejos de la Judicatura a las Comisiones de Disciplina Judicial: Una Evolución Compleja
Defender a un abogado requiere entender no solo la ley, sino la mutación institucional de los órganos sancionatorios. Robledo Vargas Abogados ha sido testigo directo y protagonista de esta transición en la historia jurídica reciente:
El Pasado: La firma inició su trayectoria litigando intensamente ante las antiguas Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura y el Consejo Superior. Allí se construyeron los primeros precedentes de éxito, blindando el ejercicio profesional de cientos de colegas.
El Presente: Hoy, con la entrada en funcionamiento de la reforma constitucional, la firma se ha consolidado ante las nuevas corporaciones: las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Esta transición institucional exige un nivel de litigio mucho más técnico. Las nuevas comisiones actúan como Altas Cortes, con criterios de unificación estrictos y un enfoque punitivo riguroso que no da margen al error ni a las argumentaciones genéricas.
Robledo Vargas Abogados: Altos Estándares Académicos para tu Defensa
La defensa de un abogado no la puede ejercer cualquiera. Se requiere un par; un jurista que entienda las presiones del litigio, los términos judiciales, las complejidades de la relación con los clientes y, sobre todo, que domine la dogmática disciplinaria a un nivel avanzado.
Robledo Vargas Abogados, bajo la dirección técnica de su director —un reconocido estratega con amplia experiencia y sólida formación a nivel de maestría y doctorado—, ofrece un patrocinio legal de la más alta sofisticación conceptual.
La firma no improvisa. Cada caso se aborda desde la perspectiva de las garantías constitucionales, el control de convencionalidad, la estricta tipicidad de las faltas (que suelen ser tipos abiertos e indeterminados) y la destrucción del nexo de culpabilidad.
Si enfrentas un proceso disciplinario, no dejes tu futuro profesional en manos de la suerte o de defensas improvisadas. El sistema inquisitivo está diseñado para sancionar; Robledo Vargas Abogados está diseñado para protegerte.
Para profundizar en el debate sobre cómo se estructuran las faltas y la tipicidad bajo este régimen, resulta muy útil analizar este análisis sobre la Dogmática del Código Disciplinario del Abogado, el cual explica de manera detallada la complejidad técnica de los tipos abiertos dentro de la Ley 1123 de 2007.
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