En el año 2024, las ciudades colombianas con más procesos de extinción de dominio vigentes son principalmente aquellas con una fuerte presencia de actividades delictivas y crimen organizado. Estas ciudades incluyen:
Bogotá: La capital del país tiene una alta incidencia de procesos de extinción de dominio debido a su tamaño y la complejidad de las actividades criminales que se desarrollan en su territorio.
Medellín: Esta ciudad ha sido históricamente un centro de operaciones para varias organizaciones criminales, lo que ha llevado a un número significativo de procesos de extinción de dominio.
Cali: Similar a Medellín, Cali enfrenta desafíos importantes relacionados con el narcotráfico y otras formas de crimen organizado, lo que contribuye a un alto número de estos procesos.
Barranquilla: La ubicación estratégica de esta ciudad como puerto principal facilita diversas actividades ilícitas, resultando en numerosos procesos de extinción de dominio.
Cartagena: Esta ciudad también tiene una notable cantidad de procesos debido a su importancia como puerto y su atractivo para actividades delictivas.
En estas ciudades, los procesos de extinción de dominio buscan atacar las finanzas de las organizaciones criminales y prevenir que se beneficien de actividades ilegales.
Colombia fue uno de los primeros países en América Latina en implementar un mecanismo jurídico orientado exclusivamente a la persecución de bienes relacionados directa o indirectamente con el delito. La extinción de dominio es una acción que tiene sustento en la Constitución Política y que constituye una limitación al derecho de propiedad, la cual puede ser ejercida sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro publico o con grave deterioro de la moral social. En ROBLEDO VARGAS ABOGADOS somos abogados expertos en la Ley 1708 de 2014.
En el proceso de extinción de dominio intervienen dos partes: la Fiscalía General de la Nación y las personas afectadas. Las segundas son todas las personas que aleguen tener derechos sobre el bien, el cual haya sido presuntamente obtenido o haya sido destinado para cometer actividades ilícitas. Adicionalmente se encuentran los intervinientes del proceso los cuales se componen por la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Justicia.
El proceso consta esencialmente de dos fases: (i) la fase inicial según la cual la Fiscalía se encarga de recoger todas las pruebas para demostrar que el origen o la destinación del bien o los bienes versan sobre actividades ilícitas. Una vez la Fiscalía tiene las pruebas presenta la demanda de extinción de dominio o si no encuentra fundamentos profiere la resolución de archivo y se acaba el proceso. Y en caso de presentar la demanda se notifica a la contraparte y se sigue con el curso del proceso. La segunda etapa se conoce como (ii) la fase de juzgamiento la cual recae en manos del juez especializado de extinción de dominio quien toma la decisión final de si se extingue o no el bien de conformidad con las pruebas que aportaron tanto la Fiscalía como la defensa de cara al proceso.
Las causales de extinción de dominio son las razones por las cuales la Fiscalía puede iniciar el proceso sobre los bienes que se encuentren dentro de alguna de las circunstancias que dispone el Código en su artículo 16. Las causales se dividen en (i) causales de origen, que son aquellas cuya aplicación se da cuando se trata de bienes comprados con dinero proveniente de actividades ilícitas y (ii) las causales de destinación que son las cuales se aplican sobre los bienes en los que se cometieron actividades ilícitas. Lo más importante para tener en cuenta es que la extinción de dominio puede recaer sobre cualquier tipo de bien, sea mueble o inmueble.
La extinción de dominio es un proceso judicial, mediante el cual el Estado reclama bienes de propiedad de personas que (i) los obtuvieron de forma ilícita o (ii) han sido usados directa o indirectamente en actividades ilícitas. Las normas relativas a la extinción de dominio se encuentran en la Ley 1708 de 2014 mejor conocido como Código de Extinción de Dominio. El proceso de extinción de dominio es una acción distinta y autónoma a la acción penal, además de ser imprescriptible. Es decir, esta se puede iniciar con independencia del tiempo que haya trascurrido desde la ocurrencia de los hechos. Recientemente, el Gobierno nacional ha estado hablando sobre la necesidad de reformar el Código actual, novedad que viene insertaen lareforma a la justicia presentada para proyecto de Ley en este 2024.
En el proceso de extinción de dominio en Colombia, los principios rectores son fundamentales para garantizar la legalidad, transparencia y justicia del procedimiento. Estos principios están establecidos en la Ley 1708 de 2014 (Código de Extinción de Dominio) y son esenciales para el correcto desarrollo del proceso. A continuación, se detallan los principales principios rectores:
1. Legalidad
El proceso de extinción de dominio debe llevarse a cabo de acuerdo con la Constitución y la ley. Esto significa que todas las actuaciones deben estar respaldadas por normativas claras y específicas que regulen cada etapa del procedimiento.
2. Autonomía
La acción de extinción de dominio es autónoma e independiente de cualquier proceso penal, civil o administrativo. No se requiere una condena penal previa para iniciar el proceso de extinción de dominio, y la decisión sobre la extinción de dominio no depende de las decisiones tomadas en otros ámbitos judiciales.
3. Prevalencia del Interés General
Este principio establece que el interés general prevalece sobre los intereses particulares, especialmente cuando se trata de combatir actividades ilícitas que afectan a la sociedad en su conjunto. La extinción de dominio busca proteger el orden económico y social del país.
4. Buena Fe Exenta de Culpa
Las personas que adquirieron bienes de buena fe, sin conocer su origen ilícito, tienen protección legal. Este principio asegura que no se afecten los derechos de terceros inocentes que no tuvieron participación ni conocimiento de las actividades ilícitas relacionadas con los bienes.
5. Carga de la Prueba
En el proceso de extinción de dominio, la carga de la prueba recae sobre el Estado, que debe demostrar el origen ilícito de los bienes. Sin embargo, una vez que se presentan pruebas razonables sobre la ilicitud, se invierte la carga de la prueba, y el titular de los bienes debe justificar su adquisición legítima.
6. Retroactividad
El principio de retroactividad permite aplicar la extinción de dominio a bienes obtenidos antes de la promulgación de la ley, siempre que se demuestre su origen ilícito. Esto es fundamental para atacar estructuras criminales que acumularon bienes ilícitos antes de la existencia de la normativa.
7. Debido Proceso
Se garantiza el derecho de defensa y el debido proceso a los afectados. Esto incluye la notificación oportuna, la posibilidad de presentar pruebas y la intervención en el proceso judicial. Este principio es esencial para proteger los derechos fundamentales de los individuos involucrados.
8. Solidaridad y Responsabilidad Social
El principio de solidaridad y responsabilidad social subraya la importancia de la colaboración ciudadana en la lucha contra el crimen organizado. Se espera que los ciudadanos denuncien actividades ilícitas y colaboren con las autoridades en los procesos de extinción de dominio.
9. Finalidad Social
Los bienes extinguidos son utilizados para fines sociales. Esto incluye la reparación de víctimas, programas de desarrollo social y otras iniciativas que beneficien a la comunidad. Este principio asegura que los recursos recuperados a través de la extinción de dominio se utilicen en beneficio de la sociedad.
10. Proporcionalidad
Las medidas adoptadas en el proceso de extinción de dominio deben ser proporcionales al fin legítimo que se persigue. Esto implica que las acciones deben ser adecuadas, necesarias y no excesivas en relación con el objetivo de combatir la criminalidad y proteger el interés público.
Estos principios rectores aseguran que el proceso de extinción de dominio se realice de manera justa, transparente y efectiva, respetando los derechos fundamentales de las personas y contribuyendo a la lucha contra el crimen organizado en Colombia.
