El Consejo Profesional de Administración de Empresas es un organismo administrativo del nivel nacional con naturaleza propia, adscrito al despacho del Ministro de Comercio, Industria y Turismo. Fue creado en virtud de la ley 60 de 1981 y reglamentado mediante el Decreto 2718 de 1984. Se encarga de proteger y propender por el ejercicio legal de las profesiones de Administración de Empresas, Administración de Negocios y otras denominaciones aplicables a través de la expedición de la matrícula profesional, el fomento a la calidad académica, el apoyo al desarrollo de la investigación, y la contribución al desarrollo empresarial y social del país.
El CPAE, es entonces el Juez natural en materia disciplinaria para administradores de empresas en el país y se encarga de investigar y sancionar conductas éticas de parte de los profesionales en administración de empresas, vigila y controla todas las actuaciones de estos profesionales en su desempeño profesional, en relación con su profesión, sus clientes con sus colegas y con respecto a las legislaciones vigentes en Colombia.
El Consejo Profesional de administración de empresas se crea con la Ley 60 de 1981 y se reglamenta con el Decreto 2718 de 1984, así mismo el procedimiento sancionatorio o disciplinario para administradores de empresas en Colombia, se encuentra regulado en demás normas atinentes a procedimientos sancionatorios y debe aplicarse estricta atención a las normas superiores del orden Constitucional y tratados internacionales.
La defensa técnica de Administradores de Empresas en Colombia, debe ser asumida por abogados expertos en materia disciplinaria, para el normal desarrollo del procedimiento y en la defensa de derechos y garantías de quienes allí son disciplinables.
El Consejo Profesional de Administración de Empresas es un organismo administrativo del nivel nacional con naturaleza propia, adscrito al despacho del Ministro de Comercio, Industria y Turismo. Fue creado en virtud de la ley 60 de 1981 y reglamentado mediante el Decreto 2718 de 1984. Se encarga de proteger y propender por el ejercicio legal de las profesiones de Administración de Empresas, Administración de Negocios y otras denominaciones aplicables a través de la expedición de la matrícula profesional, el fomento a la calidad académica, el apoyo al desarrollo de la investigación, y la contribución al desarrollo empresarial y social del país.
El CPAE, es entonces el Juez natural en materia disciplinaria para administradores de empresas en el país y se encarga de investigar y sancionar conductas éticas de parte de los profesionales en administración de empresas, vigila y controla todas las actuaciones de estos profesionales en su desempeño profesional, en relación con su profesión, sus clientes con sus colegas y con respecto a las legislaciones vigentes en Colombia.
El Consejo Profesional de administración de empresas se crea con la Ley 60 de 1981 y se reglamenta con el Decreto 2718 de 1984, así mismo el procedimiento sancionatorio o disciplinario para administradores de empresas en Colombia, se encuentra regulado en demás normas atinentes a procedimientos sancionatorios y debe aplicarse estricta atención a las normas superiores del orden Constitucional y tratados internacionales.
La defensa técnica de Administradores de Empresas en Colombia, debe ser asumida por abogados expertos en materia disciplinaria, para el normal desarrollo del procedimiento y en la defensa de derechos y garantías de quienes allí son disciplinables.
Lo que todo ciudadano debe saber de la Casación Penal en Colombia
Para quienes no están familiarizados con el Derecho, el término casación penal no tiene mayor significado. Sin embargo, se trata de un recurso que puede ser la última tabla de salvación para revisar un fallo en el que un juez, por ejemplo, se hubiere equivocado. Este es el ABC de la casación penal en Colombia.
Esto le ha pasado a miles de personas que están tras las rejas y acuden a esa instancia como última salida. Lo que pasa es que se ha incurrido en abusos y por eso, según la Corte Suprema, es hora de reformarlo.
Su uso actual es perverso, de acuerdo con el presidente de la Sala Penal de la Corte, Jorge Aníbal Gómez. Su opinión ha sido compartida por el Congreso que se apresta a darle un último debate a las reformas planteadas por la misma Corte.
La Casación Penal en Colombia
¿Qué es?
La casación penal es un recurso extraordinario al que pueden acudir los sujetos procesales (el detenido, el defensor, el fiscal, Ministerio Público y la parte civil) que no consideran que la sentencia esté sujeta a la ley, después de haber apelado ante las dos instancias ordinarias que contempla la justicia: la del juez y la del tribunal superior.
¿Contra qué decisiones procede?
La casación penal en Colombia procede contra sentencias de segunda instancia proferidas por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, el Tribunal Penal Militar (e incluso el desaparecido Tribunal Nacional).
Existe, además, una casación especial que se presenta por solicitud del Procurador, de su delegado o del defensor del sindicado cuando se considere necesario para el desarrollo de la jurisprudencia y la protección de los derechos fundamentales.
¿Cuándo se presenta el recurso?
Para acudir a esta última oportunidad que se adelanta ante la Corte Suprema es necesario que el interesado demuestre la existencia de errores graves de legalidad (ya sean de forma o contenido) en la sentencia dictada en su contra. Su objetivo es garantizar el debido proceso.
¿Qué pasa con las decisiones sometidas a casación?
Hoy en día, cuando se interpone la casación, la decisión de segunda instancia no queda en firme hasta tanto se resuelva ese recurso. Por ejemplo, hasta ahora, no se ha dicho la última palabra sobre las condenas impuestas a los capos de la mafia. Esto, porque sus abogados acudieron a este recurso.
¿El recurso se puede interponer para cualquier condena?
La casación penal solo procede cuando el delito tenga una pena privativa de la libertad cuya condena mínima sea de seis años.
¿Por qué se va a reformar el recurso de casación penal en Colombia?
Porque, según la Corte Suprema, se ha convertido en factor de impunidad. La razón: dilata de manera indefinida los procesos hasta producir su prescripción (o expiración). Además, genera congestión. De todas las casaciones que se presentan anualmente solo prospera el 10 por ciento, mientras la Sala Penal tiene represadas hasta hoy 2.855 casaciones.
¿Y entonces qué pasa?
La casación penal se ha venido utilizando como una tercera instancia a la que acuden de manera indiscriminada, las partes inconformes con las sentencias en los procesos penales.
¿Cuál es el objetivo del proyecto de reforma?
Su objetivo es rescatar la naturaleza extraordinaria del recurso. Según Gómez Gallego: Los que acuden a ella pervierten la casación buscando que el proceso se dilate lo suficiente para que prescriba. Si de todas esas demandas dice únicamente el 10 por ciento prospera, no tiene sentido mantener en suspenso el cumplimiento del 90 por ciento de los fallos con el peligro de que algunos de ellos prescriban.
¿Con la reforma se le cierra el paso a la posibilidad de dilatar los procesos?
Según Gómez Gallego, el proyecto desestimulará a quienes utilizan la casación con fines perversos.
¿Cuáles son las principales modificaciones que introduce el proyecto que cursa en el Congreso?
La de que las sentencias de segunda instancia se apliquen de manera inmediata. Hasta ahora, las penas suelen quedar en suspenso mientras no se resuelven los recursos de casación, que se demoran, en líneas generales, alrededor seis años.
Según la representante María Isabel Rueda una de las ponentes del proyecto, hasta el año de 1910 era conveniente que la sentencia no quedara ejecutoriada, puesto que existía la pena de muerte, pero ahora, no tiene sentido que los términos del proceso queden en suspenso.
Otro de los aspectos centrales es que se podrá dar respuesta inmediata a algunos recursos con base en la jurisprudencia que fije la Corte, siempre y cuando haya similitud entre las razones jurídicas expuestas y las ya contempladas en la jurisprudencia.
Si se aprobara el término suspensivo de la segunda instancia, esto crearía la presunción de culpabilidad y a esto es a lo que apunta este proyecto de ley con el que no estamos de acuerdo desde nuestro sentir jurídico y con lo que dudamos sea aprobado.
Si requieres asesoría especializada en este importante tema jurídico, no dudes en contactarnos a través de nuestra web robledovargasabogados.com o nuestras líneas telefónicas en Cali (57) 312-788-8097 y (572) 896-0497.
En el ámbito del derecho penal, es importante distinguir entre prueba ilícita y prueba ilegal, ya que cada una tiene implicaciones distintas en un proceso judicial. Aquí te explico las diferencias:
Prueba Ilícita
Definición: Se refiere a la obtención de pruebas a través de medios prohibidos por la ley. Esto incluye, por ejemplo, pruebas obtenidas mediante tortura, coacción o sin el respeto de los derechos fundamentales del individuo.
Consecuencias: Generalmente, las pruebas ilícitas son inadmisibles en juicio. Esto significa que no se pueden utilizar para fundamentar una condena, ya que su obtención va en contra de principios básicos de justicia.
Prueba Ilegal
Definición: Se refiere a pruebas que, aunque obtenidas de manera legal, no cumplen con las normativas específicas establecidas para su admisión en un juicio. Por ejemplo, podría tratarse de pruebas que no fueron obtenidas siguiendo los procedimientos adecuados, aunque no se hayan violado derechos fundamentales.
Consecuencias: Las pruebas ilegales pueden ser rechazadas por el juez, aunque su inadmisibilidad no siempre es automática. Dependerá del contexto y de las normativas aplicables.
Resumen de Diferencias
Origen:
Ilícita: Medios prohibidos por la ley.
Ilegal: Procedimientos no adecuados, aunque legales.
Implicaciones:
Ilícita: Generalmente inadmisible en juicio.
Ilegal: Puede ser inadmisible, pero depende del contexto.
Ejemplos:
Ilícita: Tortura para obtener confesiones.
Ilegal: Pruebas obtenidas sin el debido proceso, como una requisa sin orden judicial.
En conclusión, mientras que ambas son consideradas problemáticas en un proceso penal, la prueba ilícita tiene una connotación más severa debido a la violación directa de derechos humanos, la Constitución Pólitica y tratados Internacionales suscritos por Colombia y principios.
El proceso sancionatorio de odontólogos en Colombia está regulado por normas que buscan garantizar la calidad de la atención y la ética profesional. Aquí te presento un resumen de los pasos principales:
Recepción de quejas: Las quejas pueden ser presentadas por pacientes, colegas o entidades de salud ante la Superintendencia Nacional de Salud o el Colegio de Odontólogos.
Investigación preliminar: Se realiza una evaluación inicial para determinar si la queja tiene fundamentos suficientes. Esto puede incluir la revisión de documentos y la recopilación de testimonios.
Notificación al odontólogo: Si la queja procede, se notifica al profesional sobre la apertura del proceso sancionatorio, dándole la oportunidad de presentar su defensa.
Audiencia: En algunos casos, se puede convocar a una audiencia donde el odontólogo puede exponer su versión y presentar pruebas.
Decisión: Tras analizar toda la información, la entidad competente emite un fallo. Esto puede resultar en una sanción que varía desde una amonestación hasta la suspensión o inhabilitación para ejercer.
Recursos: El odontólogo sancionado tiene derecho a apelar la decisión ante instancias superiores.
Registro de sanciones: Las sanciones impuestas quedan registradas en los antecedentes del profesional y pueden ser consultadas por el público.
Es fundamental que los odontólogos conozcan sus derechos, en especial su derecho a la defensa técnica y se hagan a una defensa de confianza, técnica que prevenga la arbitrariedad y las garantías del procesado. Existen innumerables mecanismos defensivos, los pasos procesales citados son solo enunciativos, pues el abanico de mecanismos de defensa es amplio y debe ser aplicado a cada caso particular y concreto con las vicisitudes propias de cada asunto.
En las Leyes Disciplinarias para funcionarios públicos como las del ámbito profesional privado y académico público y privado, existe una afirmación que consideramos una falsedad legal que solo beneficia a quien investiga y juzga conductas de este orden, por cuanto con la sola afirmación de que «no es necesaria una defensa técnica o de confianza», se crea la confianza en el disciplinable, de que su conducta no reviste ningún efecto perjudicial en la decisión que de fondo se tome.
La falsedad legal consiste en que, al tratarse de un procedimiento riguroso, técnico y especial, del que existen pocos profesionales del derecho expertos en esta materia, cuyo proceso al final, tiene efectos perjudiciales para quienes se juzgan y que pueden desencadenar con la perdida del empleo, suspensión, inhabilitación para el ejercicio profesional de manera permanente, expulsión, en el caso de estudiantes y la prohibición de volver a ocupar cargos públicos o contratar con el Estado. Todas estas clases de sanciones vulneran derechos Constitucionales fundamentales y son de tal gravedad social, que no debe generar la Ley ninguna confusión con respecto al derecho a la defensa técnica.
Consideramos que la Ley crea una falsa expectativa en quienes estamos sujetos a esta clase de normas, pues, envía un mensaje de conformismo al procesado y faculta de manera arbitraria al investigador y muchas veces fallador, para no aplicar rigurosidad procesal y respeto a los derechos de los disciplinables, lo que pone en desventaja al disciplinable y en una obvia y ventajosa superioridad al investigador y fallador.
Por lo anterior recomendamos siempre y en todo caso hacerse a una defensa técnica y de confianza para afrontar un proceso disciplinario, en donde se garanticen de manera cierta los derechos de quienes son investigados.
A manera de ejemplo, algunas leyes en donde se proclama que no es necesario acudir al proceso disciplinario con defensor de confianza o técnico.
La Ley 35 de 1989, también conocida como la Ley sobre la ética del odontólogo colombiano.
La ley disciplinaria de ingenieros en Colombia está regulada por la Ley 842 de 2003.
La Ley 23 de 1981, que establece normas en materia de ética médica.
Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario de los servidores públicos.
Ley 1123 del 2007, Código de ética del abogado.
Ley 43 de 1990, código de ética de los contadores y revisores fiscales en Colombia.
Además de las normas en mención existen otras facultades disciplinarias otorgadas por el Estado a las Universidades publicas y privadas para investigar, sancionar y corregir las conductas que revistan carácter disciplinario para su planta de personal administrativos, docente y estudiantil, dentro del ámbito académico y administrativo. Lo que constituye otra vía del ámbito disciplinario aplicable a particulares estudiantiles y del personal administrativo y docente, que también tiene efectos del orden sancionatorio en sus empleos, proyecto de vida, y constituyen vulneración a derechos fundamentales de quienes intervienen en la relación académica y jurídico procesal. Otra clase de proceso sancionador que no se puede distraer con la premisa falsa de que no se requiere defensa técnica o de confianza, pues lo que esta en juego son derechos y bienes Supremos de los ciudadanos en el ámbito académico publico y privado.
Lo anterior nos lleva a pensar que quien investiga y juzga conoce la Ley con la que pretende juzgar, el procesado obviamente la desconoce, entonces, el juzgador asume un rol de superioridad con las facultades que la Ley le otorga y más si el procesado es un desconocido del derecho disciplinario. Con lo que se crea dos extremos procesales en desventaja y la peor posición la tiene el procesado.
«El fuerte hace su destino, el débil sufre el que le impone la suerte o un tercero»
