Autor: Jhon Fernando Robledo Vargas
Robledo Vargas Abogados
Introducción
La actividad agrícola y ganadera constituye una fuente histórica de generación de riqueza en Colombia. Miles de personas han construido su patrimonio mediante el cultivo de la tierra, la comercialización de cosechas, la cría y venta de ganado, el arrendamiento de predios rurales, la intermediación agropecuaria y otras actividades relacionadas con la economía del campo.
Sin embargo, cuando los bienes de estas personas son objeto de un proceso de extinción de dominio, aparece una dificultad probatoria que merece especial atención: con frecuencia, las autoridades examinan la formación del patrimonio rural utilizando parámetros documentales propios de actividades empresariales formalizadas, sin considerar suficientemente las particularidades económicas, comerciales y productivas del sector agropecuario.
Esta situación puede generar conclusiones equivocadas. La ausencia de determinados documentos contables, la falta de matrícula mercantil, la realización de negocios directamente con compradores de cosechas o la existencia de operaciones pagadas en especie no permiten concluir, automáticamente, que una actividad económica no existió o que los bienes adquiridos tienen procedencia ilícita.
La discusión debe abordarse desde una perspectiva jurídica y probatoria más rigurosa: ¿cómo se demuestra que los recursos utilizados para adquirir un inmueble, desarrollar una explotación rural o incrementar un patrimonio provienen de actividades agrícolas y ganaderas legítimas?
La respuesta exige comprender la naturaleza de la actividad económica, las reglas de la extinción de dominio y los medios de prueba que permiten reconstruir la realidad patrimonial del afectado.
1. La actividad agrícola y ganadera como fuente legítima de formación patrimonial
El ejercicio de actividades agrícolas y ganaderas es una manifestación legítima de la actividad económica y del aprovechamiento de la propiedad privada.
El cultivo de caña de azúcar, café, arroz, palma, frutas y otros productos agrícolas, así como la cría, levante, engorde y comercialización de ganado, pueden producir ingresos, utilidades y acumulación de capital durante periodos prolongados.
En muchos casos, el patrimonio no se forma a partir de una operación económica aislada, sino mediante ciclos sucesivos de producción, comercialización, reinversión y adquisición de activos.
Un agricultor puede utilizar los ingresos de varias cosechas para adquirir un predio; un ganadero puede reinvertir las utilidades de la venta de semovientes en la compra de nuevos animales; y un productor rural puede adquirir bienes mediante acuerdos de pago que involucren la entrega de cosechas futuras.
Estas operaciones deben analizarse de acuerdo con su realidad económica y no exclusivamente desde la existencia de soportes contables convencionales.
La actividad agropecuaria, por tanto, puede explicar la formación de patrimonios significativos, incluso cuando su desarrollo no haya estado acompañado de una estructura empresarial formal.
Lo determinante, desde la perspectiva de la extinción de dominio, será establecer si existe una relación económica verificable entre la actividad desarrollada, los ingresos obtenidos y los bienes adquiridos.
2. La venta directa de productos agrícolas no siempre constituye un acto mercantil
Uno de los aspectos jurídicos más relevantes para comprender la economía rural se encuentra en el artículo 23, numeral 4, del Código de Comercio colombiano.
Esta disposición establece que no son mercantiles:
Las enajenaciones que hagan directamente los agricultores o ganaderos de los frutos de sus cosechas o ganados, en su estado natural.
La norma también contempla las actividades de transformación de esos frutos realizadas por los propios agricultores o ganaderos, siempre que dicha transformación no constituya por sí misma una empresa.
Esta previsión tiene consecuencias importantes.
Pensemos en un agricultor que cultiva una extensión de tierra, cosecha su producción y vende directamente el producto a una cooperativa o a una empresa agroindustrial que lo utiliza como materia prima.
La operación puede corresponder a una enajenación directa de frutos de cosecha en estado natural, comprendida en la excepción del artículo 23, numeral 4, siempre que concurran sus presupuestos legales.
Por consiguiente, no puede exigirse automáticamente que ese agricultor tenga la condición de comerciante o esté inscrito en el registro mercantil por el solo hecho de producir y vender directamente su cosecha.
Es indispensable, sin embargo, examinar las circunstancias concretas. La realización de actividades adicionales de transformación, comercialización organizada, intermediación o explotación empresarial puede modificar el análisis jurídico. Tampoco debe confundirse la situación del productor con la de la cooperativa o empresa compradora: la naturaleza de las operaciones de cada participante debe examinarse conforme a las reglas comerciales aplicables.
Esta distinción es fundamental en los procesos de extinción de dominio, porque una actividad agrícola legítima no puede ser descalificada por no cumplir formalidades que no necesariamente le resultan exigibles.
3. La ausencia de matrícula mercantil no significa inexistencia de patrimonio
El registro mercantil tiene por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de comercio, además de inscribir los actos y documentos que la ley somete a esa formalidad.
Así lo establece el artículo 26 del Código de Comercio.
Por su parte, el artículo 28 determina quiénes deben inscribirse, incluyendo a las personas que ejercen profesionalmente el comercio.
De estas disposiciones no se desprende que la matrícula mercantil sea un requisito general para adquirir, conservar o demostrar la existencia de un patrimonio.
La propiedad de un inmueble, la titularidad de semovientes, la posesión de cosechas, los derechos derivados de contratos agrícolas y los recursos obtenidos mediante actividades productivas no dependen, por regla general, de la inscripción de su titular en el registro mercantil.
Por ello, deben evitarse tres confusiones:
- No estar matriculado como comerciante no equivale a carecer de actividad económica.
- No desarrollar una actividad mercantil no significa que la persona no pueda producir ingresos o acumular patrimonio.
- No contar con libros contables comerciales no demuestra, por sí solo, que los recursos utilizados para adquirir bienes tengan origen ilícito.
Esto no significa que la ausencia de registros carezca de toda relevancia probatoria. Puede ser un elemento que deba examinarse en el contexto de cada caso, especialmente cuando existía una obligación legal de llevarlos. Pero no puede transformarse en una presunción automática de ilicitud.
La inexistencia de una formalidad mercantil no puede sustituir la demostración del origen ilícito de los bienes.
4. La Sentencia STP18692-2024: una decisión relevante para la defensa del patrimonio rural
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, mediante Sentencia STP18692-2024 del 16 de abril de 2024, examinó una controversia en la que la formación del patrimonio de los afectados estaba relacionada, entre otras actividades, con el cultivo de caña de azúcar y la ganadería.
El asunto resulta particularmente relevante porque la discusión probatoria comprendía la adquisición de predios rurales, la venta de ganado, la comercialización de caña de azúcar y operaciones económicas con terceros.
En el expediente se encontraban, entre otros elementos:
- Declaraciones de renta y sus anexos.
- Balances generales e inventarios.
- Registros de compra, venta y nacimiento de semovientes.
- Certificaciones de ganaderos y personas relacionadas con actividades agropecuarias.
- Facturas de adquisición de insumos.
- Documentos relacionados con pagos de nómina y trabajadores.
- Contratos y documentos de negociación con el Ingenio Riopaila.
- Información sobre préstamos, obligaciones y operaciones de crédito.
- Dictámenes contables elaborados por expertos del CTI.
Uno de los aspectos relevantes consistió en la reconstrucción patrimonial de los afectados, con el propósito de establecer si sus actividades económicas y los recursos provenientes de terceros permitían explicar la adquisición de los bienes.
La Corte cuestionó la valoración probatoria efectuada por el Tribunal Superior de Bogotá, particularmente porque se habían descartado elementos de convicción y se había atribuido a la prueba documental una exclusividad que no correspondía al sistema probatorio aplicable.
La decisión también puso de presente que las causales de extinción de dominio debían examinarse de manera diferenciada y que no era suficiente formular conclusiones generales sobre la supuesta procedencia ilícita de los bienes.
La Corte encontró configurado un defecto fáctico, amparó el debido proceso y decretó la nulidad parcial de la sentencia cuestionada, ordenando emitir una nueva decisión.
Debe precisarse que la Corte no declaró definitivamente lícitos todos los bienes ni estableció que cualquier actividad agrícola o ganadera deba presumirse legítima. Su pronunciamiento exigió una valoración probatoria rigurosa y respetuosa de las garantías constitucionales.
Su importancia para la defensa patrimonial radica en que reconoce la necesidad de examinar integralmente las actividades económicas que pueden explicar la formación de un patrimonio.
5. ¿Cómo demostrar el origen lícito de los recursos provenientes de actividades agrícolas?
La defensa de un patrimonio rural no debe limitarse a presentar declaraciones de renta o certificaciones genéricas sobre la existencia de una explotación agrícola.
Es necesario construir una explicación económica verificable que permita identificar la actividad desarrollada, su capacidad productiva, los ingresos generados y la relación entre esos recursos y los bienes adquiridos.
Para ello, resulta conveniente organizar la prueba en varios componentes.
5.1. Prueba de la existencia de la actividad productiva
En primer lugar, debe acreditarse que la actividad agrícola efectivamente existió y que el afectado tenía una relación económica real con ella.
Pueden resultar relevantes:
- Escrituras, certificados de tradición y libertad, contratos de arrendamiento o documentos que acrediten la tenencia y explotación de los predios.
- Certificaciones de asociaciones agrícolas, cooperativas y organizaciones de productores.
- Contratos de producción, suministro o comercialización.
- Registros de cultivos y documentos técnicos.
- Facturas de semillas, fertilizantes, maquinaria, herramientas y demás insumos.
- Documentos de asistencia técnica y servicios agropecuarios.
- Testimonios de trabajadores, vecinos, compradores, proveedores y personas que conocieron directamente la explotación.
La finalidad es demostrar que no se trata de una actividad económica construida retrospectivamente para justificar bienes, sino de una explotación productiva cuya existencia pueda corroborarse.
5.2. Prueba de la producción y comercialización
Acreditar que existía un cultivo no es suficiente. También es necesario establecer que produjo bienes susceptibles de comercialización y que estos generaron ingresos.
En este punto pueden utilizarse:
- Contratos de compraventa de cosechas.
- Comprobantes de entrega y recibo de productos.
- Certificaciones expedidas por ingenios, cooperativas, centrales de abasto y compradores.
- Registros de pesaje y liquidaciones de producción.
- Facturas, recibos y comprobantes de pago.
- Documentos de transporte y entrega de productos.
- Registros de retenciones practicadas por compradores.
- Extractos y consignaciones bancarias.
- Testimonios de compradores y transportadores.
Cuando se trate de ventas directas realizadas por el agricultor, la ausencia de una factura comercial no debe conducir automáticamente a desconocer la operación. Debe examinarse qué otros elementos permiten verificar la entrega del producto, el comprador, el precio y la forma de pago.
5.3. Prueba de la actividad ganadera
En materia ganadera, la reconstrucción económica debe considerar las particularidades de la explotación pecuaria.
No basta con afirmar que una persona era ganadera. Debe establecerse, en la medida de lo posible, el inventario de semovientes, su evolución, los ciclos de reproducción, las compras, las ventas y los ingresos generados.
Pueden ser relevantes:
- Registros de identificación y marcas de ganado.
- Guías sanitarias de movilización y documentos expedidos por las autoridades competentes.
- Certificaciones de asociaciones ganaderas.
- Registros de vacunación y asistencia veterinaria.
- Inventarios de semovientes.
- Comprobantes de compra y venta de animales.
- Registros de ferias y subastas ganaderas.
- Contratos de intermediación y comisiones.
- Facturas de alimentación, medicamentos e insumos.
- Documentos sobre arrendamiento de potreros y explotación pecuaria.
- Testimonios de compradores, vendedores, trabajadores y otros ganaderos.
Estos elementos permiten reconstruir la actividad y determinar si existía una capacidad productiva compatible con los ingresos y adquisiciones atribuidos al afectado.
5.4. Prueba de préstamos y financiación de terceros
Los patrimonios rurales no siempre se forman exclusivamente con recursos provenientes de la producción propia.
Es frecuente que los agricultores y ganaderos recurran a préstamos familiares, créditos bancarios, financiación de proveedores, anticipos de compradores o acuerdos de pago con terceros.
Por eso, la reconstrucción patrimonial debe identificar también las fuentes externas de financiación.
Pueden utilizarse:
- Pagarés y letras de cambio.
- Contratos de mutuo.
- Comprobantes de desembolso.
- Extractos bancarios.
- Certificaciones de acreedores.
- Documentos sobre garantías constituidas.
- Registros de abonos y pagos.
- Testimonios de quienes entregaron los recursos.
No obstante, la sola existencia de un pagaré o una certificación de deuda no acredita necesariamente que el préstamo se haya desembolsado. Es necesario procurar corroboración sobre la entrega efectiva del dinero, su disponibilidad y su aplicación a la adquisición del bien.
6. Los pagos en especie y las formas alternativas de adquisición de bienes
Una particularidad de ciertas economías rurales consiste en que las operaciones no siempre se realizan mediante pagos exclusivamente dinerarios.
Pueden existir acuerdos en los que el precio de un inmueble se cubra parcialmente con cosechas, productos agrícolas, semovientes o producción futura.
En la Sentencia STP18692-2024 se examinó, precisamente, una negociación relacionada con predios rurales cuyo pago involucraba toneladas métricas de caña de azúcar.
Este tipo de operación exige una reconstrucción específica.
Debe establecerse:
- Cuál fue el negocio jurídico celebrado.
- Cuál era el precio acordado.
- Qué parte se pagó en dinero y qué parte en especie.
- Qué producto fue entregado.
- Cuál era su valor para la época.
- Cómo se realizó la entrega y quién la recibió.
- Qué documentos permiten verificar el cumplimiento de la obligación.
La valoración no puede limitarse a preguntar cuánto dinero ingresó a una cuenta bancaria. También debe examinarse si existieron prestaciones económicas en especie y cuál fue su incidencia en la adquisición del bien.
La ausencia de una transferencia bancaria no significa necesariamente que no haya existido una operación económica real.
7. La reconstrucción patrimonial: el vínculo entre la actividad económica y los bienes adquiridos
La demostración del origen lícito de un patrimonio exige algo más que probar la existencia de ingresos.
Es necesario establecer la relación temporal y económica entre esos ingresos y las adquisiciones investigadas.
Por ejemplo, si una persona adquirió un inmueble rural en 1999, la defensa debe identificar qué recursos tenía disponibles para esa fecha, cuáles fueron sus fuentes de financiación y de qué manera se efectuó el pago.
Para ello, es recomendable elaborar una reconstrucción patrimonial por periodos, que incluya:
- Patrimonio inicial.
- Ingresos provenientes de actividades agrícolas y ganaderas.
- Ingresos por arrendamientos u otras actividades lícitas.
- Préstamos y financiación de terceros.
- Gastos de producción y obligaciones.
- Inversiones y reinversiones.
- Adquisición de inmuebles y semovientes.
- Deudas y pasivos.
- Patrimonio final.
Este ejercicio debe permitir establecer si existía capacidad económica para adquirir los bienes y si las operaciones guardan coherencia con la evolución de la actividad productiva.
La reconstrucción debe contar con soporte documental, testimonial, técnico y contable, según las particularidades del caso.
Un dictamen pericial puede ser especialmente útil para organizar la información, establecer los flujos económicos y explicar las operaciones. Sin embargo, el perito no sustituye al juez en la valoración integral de las pruebas ni puede convertir sus conclusiones en una verdad incontrovertible.
La defensa debe verificar, además, que el dictamen identifique las fuentes de información utilizadas, los periodos examinados, las operaciones incluidas y las limitaciones metodológicas.
8. La carga dinámica de la prueba no autoriza a presumir la ilicitud del patrimonio
El artículo 152 de la Ley 1708 de 2014 regula la carga de la prueba en el proceso de extinción de dominio.
La disposición establece que los hechos discutidos deben ser probados por la parte que se encuentre en mejores condiciones de obtener los medios de prueba necesarios.
La norma también asigna a la Fiscalía General de la Nación la responsabilidad de identificar, ubicar, recolectar y aportar los medios de prueba que demuestren la concurrencia de alguna de las causales legales y los demás presupuestos correspondientes.
Por su parte, quien afirma ser titular del derecho real afectado debe aportar los elementos que sustenten su oposición.
Esta distribución probatoria exige una interpretación equilibrada.
El afectado se encuentra generalmente en mejores condiciones para explicar sus actividades económicas, identificar sus compradores, aportar documentos de sus negocios y reconstruir las fuentes de financiación de sus bienes.
Sin embargo, esa circunstancia no elimina la obligación estatal de demostrar los presupuestos de la causal de extinción de dominio.
La carga dinámica no puede convertirse en una presunción según la cual todo patrimonio que no se encuentre plenamente documentado tiene origen ilícito.
La Sentencia STP18692-2024 reiteró esta distinción al explicar que la carga dinámica no puede interpretarse como una inversión de la obligación estatal de demostrar las causales de extinción.
En consecuencia, la defensa debe aportar elementos probatorios serios y verificables, pero la Fiscalía y los jueces deben examinar si los elementos de juicio permiten realmente establecer la procedencia de la acción respecto de los bienes afectados.
9. No deben confundirse el incremento patrimonial injustificado y los bienes provenientes de actividades ilícitas
Uno de los problemas más delicados en los procesos de extinción de dominio consiste en confundir las distintas causales legales.
En el régimen actual de la Ley 1708 de 2014, el artículo 16 contempla, entre otras, dos hipótesis que merecen especial atención:
Primera: bienes producto directo o indirecto de una actividad ilícita.
En este supuesto debe examinarse la relación entre el bien y la actividad ilícita, ya sea porque el bien proviene directamente de ella o porque deriva de una transformación, conversión o sustitución de recursos ilícitos.
Segunda: bienes que formen parte de un incremento patrimonial no justificado, cuando existan elementos de conocimiento que permitan considerar razonablemente que provienen de actividades ilícitas.
Esta causal exige un análisis patrimonial que permita identificar el incremento, establecer su dimensión y examinar las circunstancias que sustentan la inferencia sobre su procedencia ilícita.
La distinción es importante porque la falta de explicación documental de una operación no equivale, por sí sola, a demostrar que el bien proviene de una actividad ilícita.
En los casos de actividad agrícola y ganadera, la reconstrucción de los ciclos productivos, los ingresos, los pasivos, las inversiones y las adquisiciones resulta esencial para determinar si el incremento patrimonial cuenta con una explicación económica razonable.
La Sentencia STP18692-2024 examinó esta diferencia en el marco de la Ley 793 de 2002, aplicable al proceso allí estudiado. Sus razonamientos sobre valoración probatoria y debido proceso son relevantes, pero la identificación de las causales y las reglas aplicables a cada asunto debe hacerse conforme al régimen temporal correspondiente.
10. La prueba testimonial y la realidad económica de las actividades rurales
En determinados contextos rurales, las relaciones económicas se desarrollan mediante acuerdos verbales, prácticas comerciales tradicionales y operaciones cuya documentación no siempre es completa.
Por esa razón, la prueba testimonial puede cumplir una función relevante.
Los testimonios de trabajadores, vecinos, proveedores, compradores, transportadores, ganaderos y personas que participaron en las actividades productivas pueden contribuir a demostrar:
- La existencia de los cultivos y explotaciones.
- El tiempo durante el cual se desarrolló la actividad.
- Las cantidades aproximadas de producción.
- Las relaciones comerciales con compradores.
- Las operaciones de compra y venta de semovientes.
- Las formas de pago utilizadas.
- La existencia de trabajadores y colaboradores.
- La realización de inversiones y mejoras en los predios.
Naturalmente, los testimonios deben ser valorados de acuerdo con su conocimiento directo, precisión, coherencia y posibilidad de corroboración.
La prueba testimonial no reemplaza automáticamente los soportes económicos disponibles, pero tampoco puede ser descartada por el simple hecho de no ser documental.
La libertad probatoria exige que cada medio de convicción sea valorado según su contenido y capacidad demostrativa.
11. Una metodología de defensa: reconstruir la economía real del afectado
La defensa patrimonial en casos relacionados con actividades agrícolas y ganaderas requiere una metodología que articule el análisis jurídico, contable, económico y probatorio.
No se trata simplemente de acumular documentos. Se trata de construir una explicación coherente de la formación del patrimonio.
Una estrategia de defensa puede desarrollarse en cinco etapas:
Primera etapa: identificación de la actividad económica.
Determinar qué actividades desarrollaba el afectado, durante qué periodos, en qué predios, con qué recursos y bajo qué modalidad de explotación.
Segunda etapa: reconstrucción de la producción y los ingresos.
Establecer los ciclos agrícolas o ganaderos, los volúmenes de producción, las operaciones de comercialización, los compradores y las formas de pago.
Tercera etapa: identificación de las fuentes de financiación.
Determinar los recursos propios, préstamos, créditos, anticipos, pagos en especie y demás fuentes utilizadas para financiar la actividad y adquirir bienes.
Cuarta etapa: reconstrucción patrimonial.
Comparar la situación económica del afectado a través del tiempo, relacionando ingresos, gastos, obligaciones, inversiones y adquisiciones.
Quinta etapa: confrontación de la hipótesis de la Fiscalía.
Examinar si los elementos de juicio utilizados por la autoridad realmente demuestran la causal invocada y si la hipótesis estatal descarta razonablemente las explicaciones económicas lícitas que cuentan con respaldo probatorio.
Esta metodología permite evitar que la defensa se limite a formular explicaciones generales que no puedan contrastarse con los elementos de la investigación.
Conclusión: el patrimonio rural debe examinarse desde su realidad económica y no desde presunciones documentales
La actividad agrícola y ganadera constituye una fuente legítima de generación de riqueza y formación patrimonial en Colombia.
Su desarrollo puede involucrar operaciones directas de comercialización, pagos en especie, acuerdos de financiación, relaciones económicas tradicionales y formas de producción que no siempre responden a los modelos empresariales convencionales.
En consecuencia, los procesos de extinción de dominio deben considerar las particularidades de estas actividades y evitar que la ausencia de determinadas formalidades se convierta en una conclusión automática sobre la ilicitud de los bienes.
La Sentencia STP18692-2024 ofrece una orientación importante: la valoración probatoria debe ser integral, las causales deben demostrarse de manera diferenciada y los medios de prueba no pueden descartarse mediante exigencias que desconozcan la libertad probatoria.
Esto no significa que la actividad agrícola o ganadera deba aceptarse sin verificación. Significa que su existencia, capacidad productiva, ingresos y relación con los bienes adquiridos deben ser examinados mediante un análisis serio y técnicamente sustentado.
La defensa del patrimonio rural exige demostrar cómo se produjo la riqueza, cómo se transformó en activos y de qué manera evolucionó a lo largo del tiempo.
En Robledo Vargas Abogados consideramos que la defensa en los procesos de extinción de dominio requiere superar las explicaciones meramente formales y comprender la realidad económica que dio origen a los bienes.
La reconstrucción patrimonial, el análisis contable y la valoración integral de la prueba son herramientas fundamentales para proteger el derecho de propiedad frente a decisiones que no estén suficientemente sustentadas.
JHON FERNANDO ROBLEDO VARGAS
Abogado
Robledo Vargas Abogados
Defensa especializada en procesos de extinción de dominio en Colombia.
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Referencias normativas y jurisprudenciales
- Constitución Política de Colombia, artículos 34 y 58.
- Código de Comercio, Decreto 410 de 1971, artículos 10, 13, 23 numeral 4, 25, 26 y 28.
- Ley 1708 de 2014, Código de Extinción de Dominio, especialmente artículos 15, 16, 148, 149, 152 y 153, con sus modificaciones aplicables.
- Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia STP18692-2024, radicado 135671, 16 de abril de 2024, M. P. Hugo Quintero Bernate.
- Corte Constitucional, Sentencia C-327 de 2020.
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