Autor: Jhon Fernando Robledo Vargas
Robledo Vargas Abogados – Firma experta en extinción de dominio en Colombia
Introducción
¿Puede declararse la extinción del derecho de dominio de una persona porque no logró demostrar su capacidad económica mediante declaraciones de renta, documentos contables o soportes comerciales de carácter formal?
¿La ausencia de documentación tributaria o mercantil permite concluir que un patrimonio tiene origen ilícito?
¿Puede una autoridad judicial desconocer una actividad agrícola, ganadera o comercial legítima porque los ingresos que produjo no se encuentran respaldados por los documentos que considera suficientes?
Estos interrogantes tienen una importancia trascendental en los procesos de extinción de dominio en Colombia, especialmente cuando se investigan patrimonios construidos durante décadas mediante actividades económicas tradicionales, familiares, agrícolas, ganaderas o comerciales.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante la sentencia STP18692-2024, radicado 135671, del 16 de abril de 2024, desarrolló consideraciones de especial relevancia sobre la valoración de los medios de prueba destinados a demostrar la procedencia lícita del patrimonio.
La providencia cuestionó, entre otros aspectos, que se considerara la prueba documental como el único medio idóneo para acreditar el origen legítimo de los bienes y advirtió que las autoridades judiciales no pueden construir una declaración de ilicitud patrimonial a partir de valoraciones probatorias genéricas, incompletas o carentes de una inferencia razonable.
Esta decisión ofrece herramientas jurídicas importantes para la defensa de personas afectadas por procesos de extinción de dominio y permite profundizar en una cuestión fundamental: la diferencia entre no disponer de determinados soportes documentales y tener un patrimonio de origen ilícito.
1. La declaración de renta no constituye una tarifa legal para demostrar el origen del patrimonio
Uno de los errores que puede presentarse en los procesos de extinción de dominio consiste en atribuir a las declaraciones de renta una capacidad demostrativa exclusiva, como si la existencia de un patrimonio legítimo dependiera necesariamente de que todos sus componentes estuvieran reflejados en documentos tributarios.
La declaración de renta es un elemento de prueba que puede contribuir a establecer la situación económica de una persona, sus activos, pasivos, ingresos y evolución patrimonial. Sin embargo, no constituye el único instrumento jurídico para acreditar la procedencia de los recursos utilizados en la adquisición de bienes.
En la sentencia STP18692-2024, la Corte Suprema examinó precisamente un razonamiento judicial que consideraba que la prueba documental era la única idónea para demostrar el origen lícito de los bienes.
La Sala cuestionó esa postura porque desconoce la capacidad probatoria de otros medios reconocidos por el ordenamiento jurídico.
En efecto, la providencia recuerda que, para el procedimiento aplicable al caso, podían utilizarse medios como:
- La confesión.
- El testimonio.
- La inspección.
- El dictamen pericial.
- Los documentos.
- La prueba indiciaria.
La importancia de esta consideración radica en que el patrimonio constituye una realidad económica que puede demostrarse mediante diferentes fuentes de información, cuya eficacia depende de su pertinencia, conducencia, autenticidad, credibilidad y valoración conjunta.
No es jurídicamente admisible establecer anticipadamente que un testimonio, una certificación comercial o un dictamen contable carecen de capacidad demostrativa por no tener la naturaleza de una declaración tributaria o de un documento contable formal.
La autoridad judicial debe examinar cada medio de prueba y explicar razonadamente su mérito demostrativo.
La ausencia de una declaración de renta no demuestra, por sí misma, la inexistencia de patrimonio ni convierte automáticamente en ilícitos los recursos empleados para adquirir bienes.
2. La realidad económica no puede confundirse con la formalidad documental
Este aspecto merece una reflexión particular en el derecho de extinción de dominio.
En Colombia existen numerosas actividades económicas que históricamente se han desarrollado mediante relaciones comerciales tradicionales, acuerdos verbales, operaciones directas entre productores y compradores, préstamos personales y sistemas de producción que no siempre generan los mismos soportes documentales que las actividades empresariales formalizadas.
La agricultura y la ganadería constituyen ejemplos especialmente relevantes.
Un productor agrícola puede desarrollar durante décadas una actividad económicamente rentable, adquirir tierras, invertir en maquinaria, comercializar sus cosechas y acumular patrimonio sin que todas sus operaciones hayan quedado documentadas bajo los estándares contables que posteriormente se consideran deseables para una investigación patrimonial.
Lo anterior no significa que la actividad económica esté exenta de las obligaciones legales que le correspondan. Significa que la existencia de una actividad productiva y la legitimidad de sus ingresos no pueden descartarse exclusivamente por la ausencia de determinados documentos.
La reconstrucción de la realidad económica exige estudiar las circunstancias concretas de cada actividad.
Por ejemplo, un agricultor que comercializa directamente su producción con una cooperativa agroindustrial puede demostrar su actividad mediante contratos, liquidaciones de cosechas, certificaciones del comprador, comprobantes de pago, testimonios, registros de producción, adquisición de insumos y otros elementos que permitan establecer la realidad de las operaciones.
De la misma manera, un ganadero puede acreditar su actividad mediante registros de inventarios, compraventas de semovientes, certificaciones, movimientos de animales, testimonios, documentos comerciales y peritajes que reconstruyan sus operaciones económicas.
Ninguno de estos medios debe ser descartado de manera automática por no tener la naturaleza de una declaración de renta.
Lo jurídicamente relevante consiste en determinar si, valorados integralmente, permiten establecer la existencia de la actividad económica, sus ingresos, su evolución y su correspondencia con las adquisiciones patrimoniales investigadas.
3. La ausencia de matrícula mercantil no significa que una persona carezca de patrimonio
Una cuestión relacionada con lo anterior es la interpretación que puede hacerse de la ausencia de matrícula mercantil ante la Cámara de Comercio.
Debe distinguirse entre la obligación de inscripción en el registro mercantil y la existencia de un patrimonio económicamente verificable.
El artículo 19 del Código de Comercio establece las obligaciones de los comerciantes, entre ellas la matrícula mercantil. A su vez, el artículo 23 del mismo estatuto contempla actividades que no se consideran mercantiles para efectos legales.
En particular, su numeral 4 dispone que no son actos mercantiles las enajenaciones que hagan directamente los agricultores o ganaderos de los frutos de sus cosechas o ganados, en su estado natural, cuando no constituyan por sí mismas una empresa.
Esta distinción tiene consecuencias importantes.
Supóngase que una persona cultiva palma africana y vende directamente su producción a una cooperativa que se encarga de su transformación industrial.
La circunstancia de que esa operación no constituya por sí misma un acto mercantil, conforme al supuesto legal indicado, no significa que el agricultor no haya generado ingresos, que carezca de capacidad económica o que no pueda haber acumulado legítimamente un patrimonio.
La ausencia de matrícula mercantil tampoco permite presumir que sus bienes tienen origen ilícito.
En un proceso de extinción de dominio, la autoridad debe investigar la realidad de la actividad económica, examinar las operaciones efectuadas y establecer si existe correspondencia entre los recursos generados y los bienes adquiridos.
No puede sustituir esa investigación por una conclusión basada exclusivamente en la ausencia de un registro.
Debe aclararse que esta consideración no significa que toda actividad agrícola esté excluida del régimen mercantil ni que todos los productores estén exentos de obligaciones registrales. La aplicación del artículo 23 del Código de Comercio depende de las características concretas de la actividad y de las condiciones establecidas por la norma.
La conclusión jurídica es otra: la ausencia de matrícula mercantil no constituye, por sí sola, prueba de inexistencia de actividad económica ni de ilicitud patrimonial.
4. La carga de la prueba en la extinción de dominio no puede trasladarse íntegramente al afectado
La sentencia STP18692-2024 también desarrolla consideraciones relevantes sobre la carga dinámica de la prueba.
La Corte Suprema recuerda que el Estado tiene la obligación de recaudar un conjunto de elementos probatorios que permitan concluir fundadamente que el dominio sobre determinados bienes carece de explicación razonable en actividades lícitas y encuentra su explicación en actividades ilícitas, de acuerdo con la causal invocada.
La carga dinámica de la prueba no puede interpretarse como una liberación de esa obligación estatal.
Es cierto que el titular de los bienes puede encontrarse en mejores condiciones para aportar información sobre la forma en que los adquirió, las actividades que desarrolló y los recursos que utilizó.
Por ello, tiene el derecho y la posibilidad de aportar elementos para demostrar el incremento patrimonial justificado o la procedencia lícita de los bienes.
Sin embargo, esta circunstancia no autoriza a las autoridades a presumir la ilicitud patrimonial por el solo hecho de que el afectado no consiga aportar un documento específico.
Es necesario distinguir dos obligaciones probatorias:
Primera: el Estado debe demostrar los presupuestos de la causal de extinción de dominio invocada.
Segunda: el afectado tiene la posibilidad de controvertir los elementos estatales y aportar las pruebas que permitan explicar la procedencia legítima de sus bienes.
La segunda no elimina la primera.
En consecuencia, la dificultad para reconstruir operaciones económicas antiguas no puede convertirse automáticamente en demostración de una actividad ilícita.
5. El incremento patrimonial injustificado y la procedencia ilícita de los bienes son causales diferentes
Uno de los aportes más importantes de la providencia consiste en diferenciar las causales primera y segunda del artículo 2 de la Ley 793 de 2002, régimen aplicable al proceso examinado.
La Corte advierte que, aunque ambas causales pueden conducir a la extinción del derecho de dominio, su demostración requiere presupuestos diferentes.
5.1. El incremento patrimonial injustificado
La primera causal exige demostrar un incremento patrimonial injustificado, sin explicación de su origen lícito.
Para ello, la Corte señala la importancia de realizar un estudio comparativo del patrimonio inicial y el patrimonio final.
Ese ejercicio requiere establecer:
- Con cuánto dinero o recursos se inició la formación del patrimonio.
- Cómo evolucionó durante los períodos investigados.
- Cuáles fueron los incrementos y detrimentos patrimoniales.
- Qué actividades económicas generaron los recursos.
- Cuáles fueron las inversiones y adquisiciones realizadas.
- Qué obligaciones, préstamos y pasivos incidieron en la evolución patrimonial.
La providencia destaca que el estudio contable y tributario debe considerar todos los soportes disponibles para cada período investigado.
También reconoce la pertinencia del dictamen contable para demostrar los incrementos o detrimentos patrimoniales.
Sin embargo, el perito no reemplaza al juez. Corresponde a este último valorar integralmente las pruebas, conforme a los criterios de la sana crítica, y determinar si se configura la causal.
La Corte cuestionó que, en el caso examinado, se hubiera descartado el material pericial sin establecer con precisión los períodos y montos del supuesto incremento patrimonial injustificado.
Esta observación es trascendental: no basta con afirmar que una persona no tenía capacidad económica para adquirir determinados bienes. Es necesario establecer cuál fue el incremento patrimonial, cuándo ocurrió, cuál fue su magnitud y por qué carece de explicación lícita.
5.2. Los bienes provenientes de actividades ilícitas
La segunda causal tiene un presupuesto diferente: demostrar que los bienes provienen directa o indirectamente de una actividad ilícita.
En este escenario, no basta con identificar una inconsistencia económica o una insuficiencia documental.
La autoridad debe establecer la relación entre los bienes y la actividad ilícita que sustenta la pretensión extintiva.
La diferencia es fundamental porque la falta de demostración suficiente de una actividad económica no equivale automáticamente a la demostración de que los bienes provienen del narcotráfico, el lavado de activos u otra actividad ilícita.
La causal debe acreditarse mediante los medios de prueba legalmente admisibles y una valoración racional de sus resultados.
6. La prueba indiciaria exige hechos indicadores probados, concordantes y convergentes
La sentencia también ofrece una orientación particularmente importante sobre la construcción de inferencias indiciarias.
La Corte explica que, cuando no existe prueba directa de la procedencia ilícita de los bienes, es posible acudir a la prueba indiciaria.
Sin embargo, esta modalidad probatoria exige un ejercicio metódico.
Un indicio parte de un hecho conocido y debidamente probado, del cual se infiere otro hecho desconocido.
Para que la inferencia sea racional, los hechos indicadores deben guardar concordancia en circunstancias de tiempo, modo y lugar y presentar convergencia hacia el hecho que se pretende demostrar.
La cantidad y calidad de los indicios concordantes inciden en la solidez de la inferencia.
En el caso estudiado, la Corte encontró que el Tribunal había construido una conclusión de ilicitud patrimonial principalmente a partir del parentesco de los afectados con integrantes de una organización criminal.
La Sala consideró que ese razonamiento no demostraba por sí mismo el vínculo entre los bienes y las actividades ilícitas.
El parentesco puede ser una circunstancia que merezca investigación, pero no constituye automáticamente un hecho indicador suficiente de que los bienes de un familiar provengan de actividades criminales.
Era necesario identificar circunstancias concretas que permitieran establecer relaciones económicas, comerciales o de otra naturaleza relevantes para la investigación.
Esta consideración representa una garantía frente a las decisiones que pretenden extender las consecuencias de las actividades ilícitas de una persona a los patrimonios de sus familiares sin demostrar el correspondiente nexo probatorio.
7. Los dictámenes periciales no pueden descartarse mediante afirmaciones genéricas
Otro aspecto de especial interés es la valoración de los dictámenes contables elaborados por expertos del CTI.
En el asunto estudiado, los informes 34100-681096 del 22 de mayo de 2012 y 41340-695295 del 13 de julio de 2012 contenían reconstrucciones patrimoniales relacionadas con las actividades económicas de los afectados.
Los estudios identificaron recursos provenientes de actividades agrícolas, ganaderas, préstamos y otras fuentes, y concluyeron que existía capacidad económica para adquirir determinados bienes.
El Tribunal cuestionó la suficiencia de los soportes utilizados en los dictámenes.
La Corte no desconoció la facultad judicial de apartarse de un dictamen pericial. Lo que cuestionó fue que, después de restarle valor a esos informes, no se hubiera realizado el análisis necesario para establecer concretamente el incremento patrimonial que se consideraba injustificado.
La valoración de una prueba pericial debe estar motivada.
Si el juez considera que un informe no ofrece suficiente trazabilidad, debe explicar las razones técnicas y probatorias de esa conclusión y examinar los demás elementos disponibles.
No es suficiente descartar el dictamen y sustituirlo por una afirmación general sobre la falta de capacidad económica del afectado.
El peritaje es un instrumento de conocimiento especializado que debe ser examinado dentro del conjunto probatorio, sin sustituir la función jurisdiccional.
8. La confianza legítima y la carga argumentativa de la autoridad judicial
La Corte también destacó una circunstancia particular del caso: tanto la Fiscalía en primera instancia como la Fiscalía delegada en segunda instancia habían declarado la improcedencia de la acción respecto de los bienes examinados.
Posteriormente, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión de primera instancia y decretó la extinción.
La Sala de Casación Penal consideró que esta circunstancia imponía una carga argumentativa mayor al Tribunal, pues debía explicar suficientemente por qué se apartaba de las decisiones anteriores y desvirtuaba la situación de confianza legítima generada a favor de los afectados.
Esto no significa que una decisión anterior de improcedencia impida necesariamente que el juez adopte una determinación diferente cuando legalmente le corresponde resolver de fondo.
Significa que una modificación sustancial de la situación jurídica previamente reconocida exige una motivación rigurosa, especialmente cuando la nueva decisión compromete derechos fundamentales.
La motivación judicial no es un requisito meramente formal. Constituye una garantía frente a la arbitrariedad y permite a las partes comprender y controvertir las razones de la decisión.
9. El defecto fáctico como mecanismo de protección frente a la valoración probatoria arbitraria
La Corte concluyó que la sentencia del Tribunal presentaba un defecto fáctico.
Este defecto se configura cuando la providencia judicial carece del soporte probatorio necesario para aplicar el supuesto legal en el que fundamenta su decisión o cuando la valoración de los elementos de juicio desconoce abruptamente las reglas de la sana crítica.
En el asunto analizado, la Sala encontró una valoración manifiestamente deficiente y, en algunos apartes, contradictoria.
Entre los problemas identificados se encontraban:
- El desconocimiento de la capacidad demostrativa de medios de prueba diferentes a los documentos.
- La valoración genérica de las actividades económicas de los afectados.
- La falta de diferenciación entre las causales de extinción de dominio.
- La insuficiente explicación del supuesto incremento patrimonial injustificado.
- La ausencia de una inferencia indiciaria debidamente construida para relacionar los bienes con las actividades ilícitas.
- La utilización del parentesco como fundamento prácticamente determinante de la conclusión de ilicitud patrimonial.
Por estas razones, la Corte concedió el amparo del derecho fundamental al debido proceso.
La decisión no consistió en declarar definitivamente la licitud de los bienes, sino en ordenar que se profiriera una nueva sentencia respetando los parámetros probatorios y de motivación establecidos.
10. Consecuencias prácticas para la defensa en los procesos de extinción de dominio
La sentencia STP18692-2024 constituye una referencia importante para la estructuración de estrategias de defensa patrimonial.
En particular, permite identificar la necesidad de construir una explicación económica integral de los bienes afectados.
En procesos relacionados con actividades agrícolas, ganaderas, comerciales o empresariales, la defensa no debería limitarse a presentar declaraciones de renta o certificados bancarios.
Debe procurar reconstruir la realidad económica del afectado, atendiendo a las particularidades de su actividad y a la documentación que razonablemente pueda existir.
Para ello pueden resultar relevantes:
A. Pruebas de actividad económica
- Certificaciones de compradores y proveedores.
- Contratos de suministro y compraventa.
- Registros de producción y comercialización.
- Documentación de explotaciones agrícolas y ganaderas.
- Testimonios de personas que participaron o conocieron las operaciones.
B. Pruebas de ingresos y capacidad económica
- Declaraciones de renta y sus anexos, cuando existan.
- Comprobantes de pago.
- Movimientos bancarios.
- Registros de ventas.
- Documentación de préstamos y obligaciones.
- Certificaciones de ingresos.
C. Pruebas de evolución patrimonial
- Escrituras y documentos de adquisición.
- Inventarios históricos.
- Estados financieros y balances disponibles.
- Registros de activos y pasivos.
- Dictámenes contables retrospectivos.
- Estudios de reconstrucción patrimonial.
D. Pruebas de trazabilidad
- Identificación de compradores y vendedores.
- Fechas y valores de las operaciones.
- Formas de pago.
- Identificación de las fuentes de financiación.
- Correspondencia entre los ingresos y las adquisiciones.
- Relación cronológica entre las actividades económicas y el crecimiento patrimonial.
La estrategia debe orientarse a demostrar que la explicación económica de los bienes es coherente con las actividades desarrolladas por su titular.
No se trata de construir artificialmente una justificación documental, sino de reconstruir y acreditar la realidad económica que efectivamente existió.
Conclusión: el patrimonio no puede declararse ilícito por la ausencia de determinados documentos
La sentencia STP18692-2024 de la Corte Suprema de Justicia representa un pronunciamiento de especial importancia para el derecho de extinción de dominio en Colombia.
Su principal enseñanza consiste en que la valoración probatoria del origen patrimonial no puede quedar sometida a exigencias documentales arbitrarias ni a inferencias que sustituyan la demostración de los presupuestos de la causal extintiva.
La declaración de renta es un medio de prueba relevante, pero no constituye el único instrumento para demostrar el origen legítimo de los bienes.
La actividad agrícola, ganadera o comercial puede acreditarse mediante diferentes medios de prueba, cuya eficacia debe examinarse integralmente.
La ausencia de matrícula mercantil tampoco demuestra, por sí misma, inexistencia de actividad económica o ilicitud patrimonial.
De igual manera, la falta de demostración de una capacidad económica no permite concluir automáticamente que los bienes provienen de actividades ilícitas. Es indispensable distinguir entre el incremento patrimonial injustificado y la procedencia directa o indirecta de los bienes en actividades ilícitas.
El Estado conserva la obligación de demostrar los presupuestos de la causal invocada y el juez tiene el deber de valorar las pruebas conforme a la sana crítica, construir razonamientos probatorios verificables y motivar suficientemente sus decisiones.
En definitiva, la extinción de dominio no puede convertirse en un mecanismo de desconocimiento de patrimonios legítimamente construidos por el solo hecho de que sus titulares no dispongan de los documentos que una autoridad considera ideales para demostrar su historia económica.
La defensa patrimonial exige comprender la realidad económica de las personas, reconstruir sus actividades productivas y demostrar, mediante los medios de prueba legalmente admisibles, la relación entre sus ingresos, inversiones y adquisiciones.
En Robledo Vargas Abogados consideramos que esta perspectiva constituye un elemento esencial para garantizar una defensa técnica, rigurosa y constitucionalmente fundamentada en los procesos de extinción de dominio en Colombia.
Jhon Fernando Robledo Vargas
Abogado
Director – Robledo Vargas Abogados
Firma especializada en defensa patrimonial y procesos de extinción de dominio en Colombia.
Referencia jurisprudencial: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sala de Decisión de Tutelas n.º 2, sentencia STP18692-2024, radicado 135671, 16 de abril de 2024, M. P. Hugo Quintero Bernate.
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