Análisis disciplinario por Jhon Fernando Robledo Vargas, en Robledo Vargas Abogados, sobre presunta responsabilidad de los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana en el caso Uribe Vélez. Ética profesional, pruebas viciadas, violaciones al deber de diligencia y competencia disciplinaria de la CNDJ.
Por: Jhon Fernando Robledo Vargas Robledo Vargas Abogados – La única firma en Colombia especializada en defensa disciplinaria de abogados
I. Introducción
El proceso penal contra Álvaro Uribe Vélez ha revelado elementos sensibles que comprometen la ética profesional: cómo las actividades extrajudiciales de Diego Cadena, destinadas a obtener testimonios favorables, involucran a sus abogados titulares, Jaime Granados y Jaime Lombana. Este artículo, basado en análisis jurídico disciplinario, expone la gravedad de los hechos, su encuadre normativo y la competencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ) para sancionar a quienes vulneren los deberes profesionales.
II. Competencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial es la máxima autoridad disciplinaria para abogados en Colombia, creada mediante el Acto Legislativo 2 de 2015, y ejerce la función jurisdiccional disciplinaria sobre los abogados en ejercicio profesional. Tiene jurisdicción frente a faltas cometidas en el ejercicio del oficio, incluyendo omisiones graves o encubrimientos.
III. Hechos disciplinarios probados
Intervención irregular de Diego Cadena: Apoderado auxiliar, sin mandato formal, promueve retractaciones a cambio de supuestas ayudas, reportando avances directamente a Uribe.
Coincidencia en visitas a testigos: Lombana coincide con Cadena en la cárcel La Picota, lo cual la Corte interpretó como mensaje de presión. Es inconsistente que tal interacción fuese desconocida por la defensa principal.
Presentación de testimonios obtenidos por Cadena: Granados y Lombana tenían la intención de presentar estos testimonios como válidos ante la Corte Suprema.
Negación de conocimiento por parte de la defensa titular frente a pruebas y hechos que sugieren contacto, coordinación o complicidad.
IV. Normas disciplinarias infringidas
Aunque no se logró identificar jurisprudencia específica de la CNDJ, el marco constitucional y disciplinario es claro:
La Corte Constitucional ha sostenido que el régimen disciplinario debe observar los principios de legalidad, presunción de inocencia, favorabilidad, debido proceso e imparcialidad.
El código disciplinario del abogado (Ley 1123 de 2007) exige conducta ética y la suspensión de responsabilidad disciplinaria si no existe ejercicio profesional realrobledovargasabogados.com.
En el caso de Granados y Lombana, se evidencia:
Incumplimiento de deber de diligencia y verificación: No supervisaron ni identificaron el origen irregular de las pruebas – omisión grave.
Violación del deber de lealtad con la administración de justicia al pretender presentar testimonios con origen cuestionable.
Posible actuación como encubridores por omisión o tolerancia, lo que podría constituir una falta disciplinaria.
V. Riesgo de sanciones disciplinarias
De comprobarse participación activa u omisión en la práctica legal, tolerancia consciente, los abogados podrían enfrentarse a:
Suspensión temporal del ejercicio profesional.
Cancelación de la tarjeta profesional, si la falta se considera grave o gravísima.
Sanciones éticas adicionales como amonestaciones, de acuerdo con los criterios del procedimiento disciplinario.
VI. Conclusión y llamado
Como experto en Derecho Disciplinario, afirmo que el silencio o la supuesta ignorancia no eximen responsabilidades cuando existen pruebas que exigen verificación. La conducta de Granados y Lombana compromete los principios éticos y su ejercicio legítimo. La CNDJ está facultada para investigar y sancionar estas conductas en aras de proteger la integridad del ejercicio del derecho, la práctica de la profesión, todos los abogados tenemos el deber de lealtad y transparencia con la Administración de Justicia, el decoro de la profesión.
Sobre Robledo Vargas Abogados Somos la única firma en Colombia exclusivamente dedicada a la defensa de abogados ante comisiones seccionales y la CNDJ. Garantizamos representación experta, estratégica y respetuosa del debido proceso.
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Título:La Imparcialidad Judicial y los Riesgos de la Opinión Pública: Una Defensa de la Autonomía Judicial en el Estado de Derecho Colombiano Autor:Jhon Fernando Robledo Vargas
Resumen: Este artículo aborda la tensión entre la opinión pública —o “popular”— y la independencia judicial, en el contexto del Estado Social de Derecho colombiano. A través del análisis de la filosofía del derecho, la jurisprudencia de las altas cortes y el marco normativo vigente, se argumenta que las decisiones de los jueces no deben estar condicionadas por presiones sociales o mediáticas. La justicia no puede someterse al tribunal de la calle, sino al imperio de la ley, la Constitución y los principios del debido proceso.
I. Introducción
En sociedades democráticas, la participación ciudadana y la libertad de expresión constituyen pilares esenciales. Sin embargo, cuando la opinión pública busca incidir directamente en las decisiones jurisdiccionales, se produce una peligrosa distorsión del equilibrio institucional. Este fenómeno, cada vez más frecuente en el contexto mediático y digital, pone en jaque la imparcialidad judicial, la independencia de los jueces y, por ende, el Estado de Derecho.
II. Fundamento Filosófico: Justicia, Opinión y Legalidad
Desde los tiempos de Platón, en su obra La República, se advertía del riesgo de que los jueces se dejaran influenciar por las pasiones populares. Platón sostenía que la justicia debía emanar del conocimiento y la virtud, no de la emotividad colectiva. Más adelante, Montesquieu, en El Espíritu de las Leyes, defendió la idea de un poder judicial separado precisamente para protegerlo de las pasiones políticas y populares.
Hans Kelsen, padre del positivismo jurídico, estableció que los jueces deben aplicar el derecho conforme a normas jurídicas válidas, no según valoraciones morales externas o la presión social. Desde esta perspectiva, la legalidad no es opinable; es un sistema de normas jerárquicas que garantiza la previsibilidad y seguridad jurídica.
La justicia no puede funcionar como una votación o encuesta popular. Como lo diría Ronald Dworkin, en su teoría del “derecho como integridad”, los jueces deben decidir no por mayorías, sino conforme a principios jurídicos coherentes con el sistema normativo y constitucional. La justicia no es un reflejo de la voluntad popular inmediata, sino una estructura racional y garantista.
III. Marco Constitucional y Legal Colombiano
La Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 228, establece:
«La administración de justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes, con las excepciones que establezca la ley, y se fundamentarán en la equidad, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho.»
La independencia judicial también está garantizada en el artículo 230, que dispone:
«Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.»
Este principio excluye expresamente cualquier tipo de presión, ya sea política, económica o social. De igual forma, el artículo 29 establece el debido proceso como derecho fundamental, el cual implica que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes y ante juez competente e imparcial.
IV. Jurisprudencia Relevante
· Corte Constitucional Sentencia C-252 de 2001 – Habla sobre la autonomía e independencia judicial, especialmente frente a presiones del Ejecutivo o Legislativo.
· Corte Constitucional Sentencia C-816 de 2011 – Refuerza que la independencia del juez debe preservarse incluso ante el riesgo de impopularidad.
· Pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia en casos de alto perfil, donde ha defendido la decisión de sus jueces pese a la presión mediática o social.
V. El Riesgo de la Justicia Mediática
El auge de redes sociales, medios masivos y la “viralización” de casos judiciales ha generado una presión indebida sobre el poder judicial. En múltiples ocasiones, los jueces han sido objeto de escarnio público por decisiones impopulares, aunque legalmente correctas. Este fenómeno se ha denominado “justicia mediática”, y representa una amenaza directa al principio de imparcialidad judicial.
Permitir que los jueces decidan conforme a la presión social implicaría renunciar al principio de legalidad, a los derechos fundamentales de los procesados y, en últimas, al orden constitucional. Como bien advirtió el filósofo Norberto Bobbio, la democracia sin garantías ni jueces independientes degenera en tiranía de las mayorías.
VI. Conclusiones
El juez no es un representante del pueblo, ni un actor político, ni un árbitro del sentir popular. Es, ante todo, un operador jurídico cuya legitimidad emana del orden constitucional y legal. La presión de la opinión pública, por legítima que sea en el plano político, no debe incidir en sus decisiones.
Una justicia que actúe conforme a la emoción popular, y no al derecho, es una justicia sin garantía, sin racionalidad y sin futuro.
Referencias:
Constitución Política de Colombia, artículos 29, 228, 230.
· Corte Constitucional Sentencia C-252 de 2001 – Habla sobre la autonomía e independencia judicial, especialmente frente a presiones del Ejecutivo o Legislativo.
· Corte Constitucional Sentencia C-816 de 2011 – Refuerza que la independencia del juez debe preservarse incluso ante el riesgo de impopularidad.
· Pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia en casos de alto perfil, donde ha defendido la decisión de sus jueces pese a la presión mediática o social.
Kelsen, Hans. Teoría Pura del Derecho.
Dworkin, Ronald. El Imperio de la Justicia.
Bobbio, Norberto. El futuro de la democracia.
Platón. La República.
Montesquieu. El Espíritu de las Leyes.
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En extinción de dominio, el tiempo y el abogado marcan la diferencia.
Por: Jhon Fernando Robledo Vargas Director de Robledo Vargas Abogados Firma especializada en defensa disciplinaria de abogados en Colombia
En el ejercicio profesional del derecho, enfrentarse a un proceso disciplinario puede convertirse en una amenaza directa a la honra, la carrera y la reputación de cualquier abogado. Sin embargo, es crucial entender que el ordenamiento jurídico colombiano, alineado con los principios del Estado Social de Derecho, proscribe la responsabilidad objetiva en materia disciplinaria, tal como lo ha reiterado la Corte Constitucional en múltiples pronunciamientos.
Esta garantía fundamental impide que cualquier profesional del derecho sea sancionado sin un juicio previo de culpabilidad, en el que se demuestre de manera clara y precisa que su conducta fue dolosa o culposa.
⚖️ Fundamento Constitucional: El Debido Proceso y la Culpabilidad
La Sentencia T-316 de 2019 de la Corte Constitucional, referente clave en la materia, fue clara al señalar:
“Dentro del derecho disciplinario se proscribe la responsabilidad objetiva en materia sancionatoria, de manera que debe haber un juicio de culpabilidad para determinar si el abogado actuó con dolo o culpa.”
Este pronunciamiento reafirma el principio de culpabilidad, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, según el cual nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes y con observancia del debido proceso. En ese sentido, sancionar a un abogado solo porque un hecho ocurrió —sin analizar su intención o diligencia— sería violar este principio.
📌 Jurisprudencia Relevante
Además de la T-316/19, otras sentencias han consolidado este principio:
Sentencia C-1076 de 2002: La Corte dejó claro que en el derecho sancionatorio (penal, disciplinario o administrativo), la culpabilidad es una exigencia mínima del Estado de Derecho, y no puede haber sanción sin la comprobación de dolo o culpa.
Sentencia C-818 de 2005: Reitera que en materia disciplinaria, las sanciones deben estar precedidas de una imputación concreta y un análisis de la conducta subjetiva del investigado.
Sentencia T-406 de 2015: Refuerza la necesidad de una valoración integral de la conducta del abogado, incluyendo factores de contexto, buena fe, y posibilidad real de evitar el resultado.
👨⚖️ ¿Qué Significa Esto para la Defensa Disciplinaria del Abogado?
Significa que ningún abogado puede ser sancionado simplemente por el resultado de su actuación profesional, como por ejemplo, si pierde un caso, entrega un documento fuera de término por fuerza mayor, o si un cliente interpreta subjetivamente su gestión como negligente.
Debe analizarse si hubo una conducta reprochable, intencional o negligente, que rompa con los deberes éticos y profesionales que rigen el ejercicio de la abogacía. Y esa carga probatoria recae en la autoridad disciplinaria, no en el abogado.
🛡️ El Rol de la Defensa Especializada
En Robledo Vargas Abogados, única firma en Colombia dedicada exclusivamente a la defensa disciplinaria de abogados, defendemos este principio a diario. Hemos logrado revertir múltiples sanciones, previniendo consecuencias irreversibles para nuestros defendidos, porque demostramos que sin culpa, no puede haber castigo.
Nuestro conocimiento profundo de la jurisprudencia constitucional, así como de las prácticas internas de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y demás órganos competentes, nos posiciona como la marca líder en este campo.
✍️ Conclusión
En Colombia, sancionar a un abogado sin dolo o culpa no solo es ilegal, sino inconstitucional. La responsabilidad objetiva está proscrita, y esta garantía protege el ejercicio profesional frente a decisiones arbitrarias o descontextualizadas.
Es hora de que los abogados conozcan sus derechos y busquen una defensa técnica, especializada y comprometida con la justicia. En Robledo Vargas Abogados, defendemos a quienes defienden, porque nadie debe ser condenado por ejercer su profesión con ética, buena fe y responsabilidad.
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“El abogado defensor ante el Derecho: neutralidad ideológica y primacía normativa”
Por: Jhon Fernando Robledo Vargas
Introducción
En el entramado jurídico contemporáneo, surgen con frecuencia voces que claman por una praxis jurídica impregnada de ideologías: de izquierda, de derecha, de centro, o de las más recientes expresiones de ideologías de género. Se pretende que el Derecho se pliegue a causas identitarias, éticas, morales o políticas, muchas veces en detrimento de su propia estructura normativa. Este ensayo sostiene, en contraposición, que el abogado defensor no debe adherirse a ninguna ideología, bajo pena de traicionar el carácter técnico y racional de su función. Se argumenta aquí que la defensa técnica es incompatible con cualquier sesgo ideológico, que el abogado debe ser un agente de legalidad y no de justicia abstracta, y que su compromiso debe ser con el Derecho como sistema normativo autónomo, incluso por encima de la llamada «justicia».
Apelando a los fundamentos de la filosofía del Derecho —desde Platón y Aristóteles hasta Hans Kelsen, Ronald Dworkin, Robert Alexy y H.L.A. Hart—, esta tesis busca reafirmar la figura del abogado como un garante de legalidad y debido proceso, no como un actor político o moral.
1. El abogado defensor: operador técnico del Derecho
La figura del abogado defensor ha sido tradicionalmente entendida como un operador jurídico cuyo rol esencial es la defensa técnica de los derechos y garantías procesales del imputado. En esta línea, es preciso recordar que el Derecho, en tanto sistema normativo, no exige adhesión moral ni ideológica, sino competencia, rigor y lealtad al proceso.
Hans Kelsen, en su Teoría Pura del Derecho, señala que el Derecho debe estudiarse y aplicarse prescindiendo de valoraciones morales y políticas. La idea de una “teoría pura” responde precisamente a la necesidad de separar el Derecho de las contaminaciones ideológicas, tanto de derecha como de izquierda, así como de las convicciones personales del intérprete. El abogado defensor, por tanto, se inscribe en esta lógica: su tarea no es buscar justicia, ni igualdad, ni equidad —conceptos todos ellos ambiguos y disputables—, sino hacer valer las normas aplicables en un proceso adversarial.
La neutralidad del abogado se convierte entonces en un principio deontológico. Como sostiene H.L.A. Hart en El Concepto de Derecho, el sistema jurídico contiene reglas primarias (de conducta) y secundarias (de reconocimiento, cambio y adjudicación), y el abogado defensor opera precisamente en el plano de estas últimas, siendo un especialista en su invocación y aplicación estratégica.
2. Ideologías como factores de distorsión
La ideología, entendida en términos generales como un sistema cerrado de creencias políticas, sociales o culturales, implica necesariamente una visión parcial del mundo. Sea de izquierda, de derecha, de centro, o vinculada a constructos como el feminismo radical, el posmodernismo o la ideología de género, toda ideología impone un sesgo, una forma de ver los hechos y las normas desde un prisma particular. En el abogado defensor, esta inclinación es no solo peligrosa, sino éticamente inaceptable.
Un defensor que se deje guiar por simpatías ideológicas podrá, por ejemplo, justificar violaciones al debido proceso si la causa le parece “justa” desde su ideología. Peor aún, podrá ver a su cliente no como un sujeto de derechos, sino como un símbolo de estructuras de poder que deben ser combatidas. El resultado es la disolución de la defensa técnica y el colapso del principio de presunción de inocencia.
Este fenómeno no es nuevo. Ya en La República, Platón advertía contra los peligros del sofismo: los falsos sabios que, en lugar de buscar la verdad, adaptan su discurso a los intereses de su grupo. En el contexto jurídico, el abogado defensor no puede ser un sofista ideológico, sino un dialéctico comprometido con el logos normativo. El derecho no es el lugar para la lucha de clases ni para la guerra de géneros.
3. Derecho versus justicia: el eterno dilema
Una de las tensiones más profundas en la filosofía del derecho es la que enfrenta el concepto de Derecho positivo frente al de justicia. ¿Debe el abogado buscar aplicar la ley tal como está, o corregirla según un ideal de justicia?
Ronald Dworkin, en Los derechos en serio, sugiere que los jueces deben interpretar el Derecho como integridad, armonizando principios con reglas. No obstante, incluso Dworkin reconoce que el abogado defensor cumple una función distinta: no está llamado a resolver el Derecho, sino a utilizarlo para proteger a su cliente dentro de los límites del proceso legal.
Por su parte, Robert Alexy intenta conciliar el positivismo con el iusnaturalismo al proponer que el Derecho debe contener elementos de justicia para ser plenamente válido. Sin embargo, incluso en su teoría, el operador jurídico debe ponderar derechos dentro del sistema, no fuera de él. La justicia, en ese sentido, es siempre interna al Derecho, nunca impuesta desde un proyecto ideológico.
Kant, en la Crítica de la razón práctica, ya advertía que la justicia no puede ser construida a partir de deseos o pasiones individuales, sino desde principios universales y racionales. El abogado defensor debe actuar conforme al imperativo categórico de su profesión: actuar de tal manera que su conducta pueda ser universalizada como regla del debido proceso y la igualdad ante la ley.
4. El Derecho como fin en sí mismo
El abogado defensor no está al servicio de una causa, ni siquiera de la verdad fáctica, sino del cumplimiento de un rol jurídico específico. Defender a ultranza el Derecho no significa defender lo moralmente correcto, sino lo jurídicamente necesario.
Esta tesis puede parecer cruda. ¿Qué ocurre si el cliente es culpable? ¿Qué ocurre si el sistema es injusto? La respuesta no puede ser ética, sino profesional. Aristóteles, en su Ética a Nicómaco, distingue entre lo justo natural y lo justo legal. El abogado defensor no es legislador, sino técnico: su deber es con lo legal.
La primacía del Derecho sobre la justicia no es, pues, una traición al ideal democrático, sino su garantía última. Solo cuando cada operador cumple su función —el juez juzga, el fiscal acusa, el defensor defiende— puede hablarse de un sistema legal justo. Lo contrario es convertir al abogado en activista, y el proceso judicial en teatro ideológico.
Conclusiones
Este ensayo ha sostenido que el abogado defensor debe rechazar toda forma de ideología —política, de género, religiosa o filosófica— para poder cumplir con su función de garante de legalidad. La defensa técnica exige neutralidad, rigor normativo y fidelidad al debido proceso. El Derecho, como construcción racional y autónoma, debe ser defendido incluso por encima de concepciones subjetivas de justicia.
El abogado no es un justiciero, ni un reformador social, ni un militante. Es un jurista técnico cuyo compromiso incondicional debe ser con el sistema jurídico y sus reglas. Solo así podrá garantizar la libertad, la igualdad ante la ley y la dignidad del imputado, sin caer en la trampa de las ideologías ni en la instrumentalización política de su rol.
Como decía Ulpiano, “Ius est ars boni et aequi”: el Derecho es el arte de lo bueno y lo equitativo, pero dentro del marco de la ley. A eso debe ceñirse el abogado defensor. Todo lo demás es sofística, militancia y riesgo para la libertad.
Jhon Fernando Robledo Vargas Ensayo jurídico, 2025
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Autor: Jhon Fernando Robledo Abogado procesalista – Socio en Robledo Vargas Abogados www.robledovargasabogados.com
❗ Una grave vulneración a las garantías procesales
En el marco del proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, se evidenció una flagrante falla procesal al haberse interceptado sus conversaciones privadas, incluyendo aquellas con su abogado Diego Cadena, sin una autorización judicial previa que cumpliera con los requisitos de legalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad exigidos por la jurisprudencia constitucional y el ordenamiento procesal penal colombiano.
Las interceptaciones fueron ejecutadas bajo una orden inicial dirigida contra otra persona (el representante Nilton Córdoba), pero se extendieron de forma irregular al expresidente Uribe, sin que mediara un nuevo auto motivado por parte del juez de control de garantías. Esta actuación constituye una afectación directa al derecho fundamental a la defensa y al principio de confidencialidad de las comunicaciones abogado-cliente.
📚 Marco normativo vulnerado
1. Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia
Establece la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, las cuales solo pueden ser interceptadas mediante orden judicial y con fines legales específicos.
2. Artículo 250 de la Constitución
Dispone que toda actuación que limite derechos fundamentales debe estar precedida de control judicial.
3. Ley 906 de 2004 – Código de Procedimiento Penal
Los artículos 235 y 236 regulan las interceptaciones telefónicas, exigiendo una orden judicial previa, específica, motivada y limitada en el tiempo.
4. Sentencias C-336 de 2007 y T-110 de 2019 de la Corte Constitucional
Ambas decisiones refuerzan el deber del Estado de proteger la confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente como una condición para garantizar el derecho a la defensa técnica.
⚖️ La prueba ilícita: consecuencias procesales
Las grabaciones obtenidas sin autorización judicial válida, y particularmente aquellas que comprometen el vínculo entre el abogado defensor y su cliente, deben ser excluidas del proceso penal por tratarse de pruebas ilícitas, según el artículo 29 de la Constitución y el artículo 23 de la Ley 906 de 2004. Su admisión no solo vicia el proceso, sino que compromete la legalidad y legitimidad de cualquier decisión judicial que se base en dicha evidencia.
🔍 ¿Error involuntario o maniobra ilegal?
La pregunta obligada es si esta interceptación fue fruto de un error judicial involuntario, o si existió una estrategia institucional deliberada para vulnerar los derechos fundamentales del expresidente Uribe. Lo cierto es que, al no haberse corregido de inmediato el desvío procesal, y persistir en el uso de esta evidencia contaminada, el proceso quedó afectado por una nulidad insubsanable.
🛡️ La defensa técnica y la democracia en riesgo
En un Estado Social de Derecho, la garantía de la defensa no puede ser sacrificada en aras de intereses políticos o mediáticos. La confianza entre abogado y cliente no es un privilegio, sino una columna vertebral del debido proceso penal. El respeto a la legalidad es una exigencia irrenunciable incluso en los procesos de mayor resonancia pública.
Conclusión
Las interceptaciones telefónicas realizadas al expresidente Álvaro Uribe Vélez sin autorización previa, y que incluyeron conversaciones protegidas con su defensor Diego Cadena, constituyen una falla procesal grave y una transgresión de derechos fundamentales. El uso de dichas pruebas compromete no solo la validez del proceso, sino la confianza ciudadana en la justicia.
Por Jhon Fernando Robledo Vargas Robledo Vargas Abogados
Introducción: Cuando el Derecho se Cambia por el Rating
En Colombia, el ejercicio del derecho penal ha venido mutando peligrosamente. No hablamos de evolución técnica ni de garantías judiciales más sólidas, sino de una distorsión: la justicia convertida en espectáculo. Algunos abogados, más que litigantes, actúan como presentadores de televisión. Hacen de cada proceso judicial un reality donde el objetivo no es convencer al juez con pruebas, sino condicionar a la opinión pública y, por esa vía, presionar decisiones judiciales. A estos los llamo: los abogados de micrófono.
El Juicio Paralelo en los Medios: ¿Nueva Estrategia o Vieja Trampa?
La estrategia no es nueva, pero sí más peligrosa hoy: los medios amplifican voces sin filtro ni contradicción. Lo que debería debatirse en el expediente, se presenta primero en un set de televisión o un panel radial. La táctica es clara: sembrar una narrativa favorable, deslegitimar a la contraparte y convertir al cliente en víctima mediática, incluso antes de la imputación.
Casos como el del expresidente Álvaro Uribe Vélez han expuesto esta dinámica con claridad. En su defensa, varios abogados —entre ellos nombres como Jaime Granados y el propio Iván Cancino— han desplegado una estrategia que mezcla tecnicismo jurídico con manejo de imagen pública. No se trata solo de defender al cliente, sino de construir una verdad alternativa que influya sobre jueces, fiscales, e incluso sobre los ciudadanos que protestan o celebran cada decisión judicial.
¿Dónde Quedó la Ética Profesional?
La ética del litigante penalista está siendo desplazada por el manual del publicista. ¿Qué lugar ocupa hoy el Código Disciplinario del Abogado frente a estas actuaciones? ¿Hasta qué punto la presión mediática se convierte en obstrucción a la justicia?
Litigar en medios no es litigar en derecho. La toga se ha convertido en disfraz. Y lo más grave: en la medida en que estas prácticas se normalizan, la ciudadanía empieza a creer que la verdad está en el noticiero y no en la sentencia judicial. Esa es una derrota no solo para la justicia, sino para el Estado de Derecho.
Caso Uribe: El Poder, los Medios y la Defensa Teatralizada
El caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez es paradigmático. No solo por la envergadura del personaje, sino por cómo su defensa se ha librado tanto en estrados como en sets. En este escenario, los abogados juegan un doble rol: defensores judiciales y voceros políticos. Acusan al sistema, atacan a los jueces y señalan a la Corte Suprema de tener sesgo ideológico, todo mientras alimentan titulares.
Pero aquí hay una paradoja perversa: mientras se deslegitima a la justicia, se busca que esta misma justicia se incline ante la narrativa construida en televisión. Se defiende a Uribe pidiendo garantías, mientras se le niegan esas mismas garantías a la contraparte, al acusador o a la jurisdicción. ¿Es eso defensa técnica o guerra política con toga?
Conclusión: Urge Volver al Derecho
No estamos en contra de la transparencia. Los procesos judiciales deben ser públicos, pero no teatrales. El uso de medios debe ser una herramienta ética, no un campo de batalla que sustituya las audiencias.
Los abogados debemos volver a lo esencial: litigar con pruebas, no con aplausos; con argumentos, no con eslóganes; con respeto a la justicia, no con desprecio a sus instituciones. En una democracia sólida, la justicia no debe responder a la opinión pública, sino al debido proceso.
Sobre el Autor
Jhon Fernando Robledo Vargas Abogado penalista, defensor de derechos fundamentales y crítico del uso indebido de la justicia con fines mediáticos o políticos. Fundador de Robledo Vargas Abogados.
Título:La ilegitimidad de los procesos disciplinarios en Colombia: una propuesta garantista desde Ferrajoli Autor: Jhon Fernando Robledo Vargas Afiliación: Robledo Vargas Abogados Asociados; docente de Derecho Disciplinario y Procesal Penal
I. Introducción
En este ensayo sostengo que la ilegítima sanción disciplinaria sobreviene cuando el sistema disciplinario colombiano incumple las garantías fundamentales exigidas por el modelo garantista de Luigi Ferrajoli (1995). A pesar de que el proceso disciplinario es una expresión del poder punitivo del Estado, con frecuencia vulnera principios sustanciales y procesales esenciales, configurando procedimientos incompatibles con la dignidad y los derechos del disciplinado.
II. Marco teórico: garantismo según Ferrajoli
Ferrajoli (1995) propone un modelo garantista articulado en diez principios que estructuran el ejercicio legítimo del poder sancionador:
No hay pena sin delito
No hay delito sin ley
No hay derecho penal sin necesidad
No hay necesidad sin daño
No hay acción sin materialidad
No hay culpa sin juicio
No hay culpa sin proceso jurisdiccional
No hay proceso sin acusación
No hay acusación sin prueba
No hay prueba sin defensa.
Estas garantías combinan fundamentos sustanciales y procesales para limitar el ius puniendi estatal y proteger al ciudadano.
III. Aplicación al proceso disciplinario colombiano
A. Garantías sustanciales: debilidades constitucionales
Legalidad y tipicidad (principios 1 y 2): La Corte Constitucional ha afirmado que el legislador debe definir de forma precisa las conductas disciplinarias y las sanciones respectivas Cuando las normas son vagas —por ejemplo, «violar el debido proceso» sin definición clara— se abre paso a la arbitrariedad
Proporcionalidad y necesidad (principios 3 y 4): Las sanciones disciplinarias en ocasiones no guardan proporción con el supuesto daño al servicio público, violando el principio de economía punitiva exigido por Ferrajoli.
Responsabilidad personal demostrada (principios 5 y 6): Se observa sanción con base en presunciones o inferencias insuficientemente probadas, contraviniendo la exigencia de responsabilidad personal y claridad probatoria.
B. Garantías procesales: omisiones sistemáticas
Jurisdicción y acusación separada (principios 7 y 8): La Corte ha señalado la necesidad de garantizar separación entre quien investiga/acusa y quien decide/juzga, lo cual no siempre se respeta en comités internos o procesos paralelos.
Prueba y defensa efectiva (principios 9 y 10): La jurisprudencia constitucional exige traslado efectivo de pruebas, posibilidad de controvertirlas, formular descargos y recurrir decisiones con imparcialidad.
Presunción de inocencia e in dubio pro reo: La Corte recordó que presunción de responsabilidad normativa (como en el artículo 14 de la Ley 1952 de 2019) es inconstitucional porque termina invirtiendo la carga de la prueba y contradice directamente la presunción de inocencia establecida en los artículos 29 C.P. y 8 CADH.
Doble instancia, non bis in idem, reformatio in pejus: Reconocidos por la Corte como componentes del debido proceso en materia disciplinaria.
IV. Apoyo jurisprudencial adicional: estándares interamericanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que las sanciones administrativas/disciplinares son una forma de poder punitivo estatal, y que por tanto deben garantizar el debido proceso y la debida diligencia al igual que las penas penales.
Casos como Baena Ricardo y otros v. Panamá (2001) y Leopoldo López Mendoza v. Venezuela (2011) subrayan que las investigaciones disciplinarias requieren una participación activa y efectiva de la víctima o procesado, y no operar meramente como mecanismos simbólicos.
V. Fallas y virtudes del sistema disciplinario colombiano
A. Fallas
Discrecionalidad institucional sin controles efectivos.
Normas vagas e imprecisas, especialmente en criterios de tipificación disciplinaria.
Limitación del derecho de defensa técnica, sin acceso real a asesoría profesional.
Procesos opacos o secretos, que impiden publicidad y contradicción efectiva.
Carga probatoria invertida, norma que perjudica la presunción de inocencia (Ley 1952/2019).
B. Virtudes
Reconocimiento constitucional del derecho al debido proceso administrativo y disciplinario (art. 29 C.P.) y jurisprudencia consolidada en sentencias como T‑962/09, C‑653/01, C‑029/21, que integran garantías mínimas.
Aplicación parcial del principio de favorabilidad y posibilidad de doble instancia.
Integración gradual de estándares interamericanos a través de la interpretación del bloque de constitucionalidad.
VI. Conclusión
Desde el garantismo de Ferrajoli, la ilegitimidad de los procesos disciplinarios en Colombia se evidencia cuando fallan los principios sustanciales y procedimentales básicos: legalidad, precisión normativa, presunción de inocencia, separación de funciones, defensa eficaz y prueba suficiente. Aunque existen avances jurisprudenciales significativos, persisten falencias estructurales que impiden la legitimidad plena del poder disciplinario. Para alcanzar estándares democráticos y constitucionales elevados, se requieren reformas normativas específicas, procedimientos transparentes, protección real de la defensa y cultura institucional garantista.
Referencias (APA)
Corte Constitucional de Colombia. Sentencias C-653/01, C-692/08 (T-962/09), C-029/21.
Corte Constitucional de Colombia. Tutela T-340/01; Sentencia C-086/19; Sentencia C-495/19 (interpreta Ley 1952 de 2019).
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Baena Ricardo y otros vs. Panamá (2001); Leopoldo López Mendoza vs. Venezuela (2011).
Ferrajoli, L. (1995). Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal. Editorial Trotta.
Ferrajoli, L. (1999). Derechos y garantías. La ley del más débil. Editorial Trotta.
VII. Estudio de caso: Diego Cadena y Juan José Salazar
A. Contexto de los hechos
En junio de 2022, la Seccional Valle del Cauca de la Comisión de Disciplina Judicial sancionó a los abogados Diego Javier Cadena Ramírez y Juan José Salazar Cruz por presuntos sobornos a testigos, imponiendo suspensión profesional de 34 meses a Cadena y 27 meses a Salazar, además de una multa para Cadena (10 salarios mínimos mensuales legales vigentes). Posteriormente, en enero de 2023, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la suspensión de Cadena por 36 meses, con ponencia de la magistrada Magda Victoria Acosta, por manipular al testigo Juan Guillermo Monsalve para que retractara su declaración ante la Corte Suprema de Justicia.
La defensa presentó acciones de tutela y recursos ante la Corte Suprema, alegando violaciones al debido proceso, pero todos fueron rechazados: la Corte Suprema concluyó que no se vulneraron garantías constitucionales, respaldando la imposición disciplinaria.
La prensa ha destacado este caso como emblemático. Por ejemplo, El País lo denomina el juicio del «abogángster» y resalta su alta visibilidad política y judicial.
B. Análisis garantista aplicado
1. Garantías sustanciales
No hay delito sin ley / no hay pena sin delito (principios 1 y 2): La Comisión disciplinaria tipificó como falta grave el acto de inducir a retractarse de una declaración judicial. Esta figura se ajusta a leyes claras —como el Código Disciplinario del Abogado (Ley 1123/2007)—, cumpliendo con el principio de legalidad y evitando vaguedad interpretativa.
Necesidad y proporcionalidad (principios 3 y 4): La sanción es proporcional al daño institucional detectado —manipulación indebida de testigos— y responde a la necesidad de fortalecer la confianza en el sistema de justicia.
Responsabilidad personal demostrada (principios 5 y 6): Existe evidencia documental y testimonial (visitas a La Picota, audios, giros de dinero): la Comisión encontró prueba de dolo en la conducta profesional de Cadena.
2. Garantías procesales
Separación de funciones (principios 7 y 8): El caso fue tramitado ante instancias disciplinarias distintas de las judicantes, asegurando independencia entre acusador y juez disciplinario.
Prueba y defensa (principios 9 y 10): Se permitió traslado de pruebas, participación de defensa técnica, apelación de la decisión y recurso de tutela, aunque estos últimos fueron desestimados por la Corte Suprema tras valoración razonada.
Presunción de inocencia e in dubio pro reo: La sanción se dictó tras decisión firme en dos instancias. No hubo lesiones a la presunción de inocencia, ya que la carga probatoria recayó en la autoridad disciplinaria, y las dudas fueron interpretadas a favor de la resolución juzgadora.
C. Críticas y falencias detectadas
A pesar de que se cumplió con la letra del procedimiento, surge inquietud sobre asimetrías informativas: ¿el procesado pudo controvertir con pleno conocimiento toda la información probatoria y el acceso a redes internas? El caso muestra margen para cuestionar si hubo verdadera paridad probatoria.
El proceso fue en su mayoría inédito al público, lo cual limita la transparencia y dificulta el control social y académico sobre la idoneidad de la decisión.
Aunque la defensa presentó acciones ante la tutela, la Corte Suprema desestimó los argumentos relativizando que el disciplinable estuviera inconforme, lo cual abre duelo sobre si el sistema permite realmente la revisión de hechos dudosos (por ejemplo, variaciones en versiones de testigos).
D. Elementos virtuosos
La existencia de mecanismos de revisión como aprobación por voz unánime en sala plena, acciones disciplinarias en primera y segunda instancia, e incluso la posibilidad de tutela, refleja un cierto margen de defensa y control jurisdiccional.
La intervención pública de medios y la relevancia política del caso han visibilizado la importancia del cumplimiento estricto del derecho a la defensa y los estándares del debido proceso en materia disciplinaria.
VIII. Conclusiones del caso
El caso Cadena–Salazar, desde la perspectiva del garantismo ferrajoliano, representa un episodio donde se aplicaron correctamente las garantías formales: legalidad, separación de roles, defensa, motivación y revisión. No obstante, pone de relieve debilidades en la efectividad real de la defensa técnica y la transparencia institucional del proceso disciplinario.
Recomendaciones garantistas:
Garantizar acceso real y oportuno a todas las pruebas y diligencias internas, con plazos adecuados para defensa.
Ampliar la publicidad razonada de las decisiones disciplinarias, salvo casos rigurosamente justificados.
Reforzar mecanismos de control externo e intervención jurisdiccional en casos complejos o políticamente sensibles.
Referencias jurisprudenciales (APA)
Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Sala Plena. Suspendido por tres años abogado (25 de enero de 2023).
Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca. Suspensión profesional de 34 meses a Cadena; 27 meses a Salazar (30 de junio de 2022).
Corte Suprema de Justicia de Colombia. Decisión que negó tutela solicitada por Diego Cadena (julio de 2023).
El País. (2025, julio 17). El caso contra Diego Cadena, el ‘abogángster’ que arrastró a Álvaro Uribe a los estrados judiciales.
Ferrajoli, L. (1995). Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal. Editorial Trotta.
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