En el corriente año 2024, Las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial de todo el país han impuesto un numero considerativo de sanciones a profesionales del derecho que es importante destacar en la presente publicación.
Para poner en contexto las estadísticas de las sanciones impuestas a abogados por parte de la Comisión es necesario enunciar el panorama general de la cantidad de abogados que tienen tarjeta profesional vigente hasta el presente 2024 y que pueden convertirse en sujetos disciplinables, para así referirse propiamente a los datos de las sanciones endilgadas a los profesionales del Derecho.
Según el reporte de la Unidad de Registro Nacional de Abogados (URNA), en el año 2024, 401.279 abogados tienen tarjeta profesional vigente, de los cuales 188.406 son mujeres y 212.873 son hombres. Además, URNA reportó que desde la existencia de la autoridad disciplinaria a la fecha se han impuesto 29.283 sanciones a abogados.
En cuanto a este último dato, 163 mujeres han sido sancionadas con exclusión de la profesión, 3.803 con suspensión, 103 con multa y 1.884 han sido censuradas, mientras que 848 hombres han sido sancionados con exclusión, 12.862 con suspensión, 485 con multa y 5.979 han sido censurados.
De la estadística sobre las sanciones impuestas a abogados en Colombia en el 2024, es importante destacar que, la Ley 1123 del 2007, es un estatuto disciplinario con un sistema inquisitivo, vetusto y porque no decirlo, un sistema diabólico que aunque ha sido avalado por la Corte Constitucional, raya con la arbitrariedad de los falladores, pues las facultades de quien instruye, o investiga, ordena, practica e incorpora pruebas, en etapa investigativa o de calificación provisional, las ostenta también en etapa de juicio disciplinario y como si fuera poco, este mismo funcionario es quien emite la decisión definitiva, sancionando o absolviendo.
Lo que en el plano real judicial, en materia disciplinaria para abogados implica que, quien se encuentra bajo investigación o en juicio ético, realmente se encuentra en las manos de un funcionario que requiere ser controlado por una contraparte o una defensa técnica experta, de lo contrario el procesado, se encontrará en un estado de indefensión total y al arbitrio de un funcionario con amplias facultades para imponer a su gusto sanciones, y que solo puede ser controlado por quien ejerza una amplia y férrea defensa, con el conocimiento propio de esta área del derecho punitivo o sancionatorio.
Como se puede observar en la estadística del año 2024, Las comisiones de Disciplina Judicial de Colombia, han impuesto un alto numero de sanciones a abogados en el uso de su profesión, incluyendo la que nosotros denominamos MUERTE PROFESIONAL EN COLOMBIA (Exclusión del ejercicio Profesional del Abogado) que sumados entre hombres y mujeres profesionales del derecho arroja la suma de 1011, abogados excluidos del ejercicio profesional.
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Robledo Vargas Abogados, es la única firma especializada en Colombia en la defensa de abogados ante las Comisiones de Disciplina Judicial de todo el país. Cuenta con amplia experiencia y nivel académico, este grupo jurídico ha sido posicionado como expertos en la defensa de casos de suma complejidad o mejor conocidos como casos difíciles en Colombia.
Robledo Vargas Abogados, es la única firma especializada en Colombia en la defensa de abogados ante las Comisiones de Disciplina Judicial de todo el país. Cuenta con amplia experiencia y nivel académico, este grupo jurídico ha sido posicionado como expertos en la defensa de casos de suma complejidad o mejor conocidos como casos difíciles en Colombia.
La extinción de dominio es un proceso legal complejo y técnico que permite al Estado extinguir los derechos reales de dominio sobre bienes que provienen de actividades ilícitas, como el narcotráfico, el lavado de dinero, la corrupción o cualquier otro delito que implique enriquecimiento ilícito. En Colombia, este procedimiento está regido principalmente por la Ley 1708 de 2014, la cual establece las bases para la extinción de dominio y le otorga al Estado la capacidad de despojar a los delincuentes de los bienes adquiridos de manera ilegal.
Dado el carácter especializado de este tipo de procesos, un abogado que se dedique a la extinción de dominio debe contar con una serie de atributos que le permitan representar eficazmente a sus clientes, ya sean personas o entidades acusadas de poseer bienes ilícitos o en la defensa de la sociedad en general. A continuación, se describen los principales atributos que debe tener un abogado experto en extinción de dominio en Colombia.
1. Conocimiento profundo de la normatividad y jurisprudencia aplicable
Un abogado experto en extinción de dominio debe dominar con precisión las leyes y normativas que regulan este proceso. Esto incluye el estudio detallado de la Ley 1708 de 2014 y otras disposiciones relacionadas con el tema, como la Ley 599 de 2000 (Código Penal), y los tratados internacionales vinculados con la lucha contra el crimen organizado.
Asimismo, el abogado debe mantenerse actualizado respecto a la jurisprudencia y las decisiones judiciales que los tribunales colombianos emiten sobre la materia, especialmente las interpretaciones de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, ya que las reglas sobre la extinción de dominio han sido objeto de debates y ajustes constantes.
2. Capacidad de análisis técnico y estratégico
La extinción de dominio implica la identificación y análisis de un conjunto de elementos técnicos y legales complejos, como la procedencia de los bienes, su vinculación con actividades ilícitas, el valor de los bienes, entre otros. El abogado debe ser capaz de realizar un análisis detallado de las pruebas y de los argumentos que puedan ser presentados por las partes involucradas.
Adicionalmente, debe ser capaz de desarrollar estrategias jurídicas que garanticen una defensa sólida para los acusados de poseer bienes que el Estado busca confiscar, como también estrategias para lograr que el Estado recupere bienes de origen ilícito en favor de la sociedad.
3. Conocimiento en derecho penal y derecho administrativo
El proceso de extinción de dominio en Colombia tiene una naturaleza que lo hace intersecar con el derecho penal y administrativo. En el ámbito penal, es fundamental entender la naturaleza de los delitos que pueden dar origen a la extinción de dominio, así como los procedimientos legales correspondientes. Por otro lado, el derecho administrativo tiene una gran relevancia, ya que el proceso de extinción de dominio se tramita ante la jurisdicción administrativa, por lo que es indispensable un dominio profundo de la normativa relacionada con la administración pública.
4. Habilidades de negociación y resolución de conflictos
En muchos casos, los procesos de extinción de dominio pueden resolverse a través de acuerdos y negociaciones entre las partes involucradas. Un abogado experimentado debe tener habilidades para negociar de manera efectiva con las autoridades judiciales y administrativas, así como con los representantes de la Fiscalía o la Procuraduría. Esto puede ser clave para lograr acuerdos beneficiosos o minimizar el impacto de la extinción de dominio sobre los bienes de sus clientes.
5. Capacidad de gestión de pruebas
El proceso de extinción de dominio se basa en gran medida en la presentación de pruebas que vinculen los bienes en cuestión con actividades delictivas. Un abogado debe ser competente en la recolección, análisis y presentación de pruebas que puedan refutar las acusaciones del Estado o demostrar que los bienes no tienen vínculo con actividades ilícitas. Esto incluye el trabajo con peritos, expertos en contabilidad forense y otros profesionales que puedan aportar elementos relevantes al caso.
6. Ética profesional e imparcialidad
La ética profesional es fundamental en cualquier área del derecho, pero cobra una relevancia especial en el ámbito de la extinción de dominio, debido a la naturaleza de los casos, que suelen implicar intereses públicos y privados muy sensibles. Un abogado experto en extinción de dominio debe actuar siempre conforme a los principios de la ética profesional, respetando la ley y velando por la correcta administración de justicia.
En este tipo de casos, las personas afectadas por la extinción de dominio pueden estar involucradas en actividades ilícitas, lo que requiere que el abogado mantenga un equilibrio entre defender los derechos de su cliente y actuar en el interés público.
7. Experiencia práctica y capacidad de gestión de casos complejos
La experiencia en la resolución de casos complejos y el manejo de procedimientos judiciales complejos es otro atributo fundamental de un abogado especializado en extinción de dominio. Este tipo de procesos pueden ser largos, costosos y llenos de dificultades, por lo que la experiencia práctica del abogado en procesos similares es clave para maximizar las probabilidades de éxito.
8. Capacidad de manejar temas internacionales
En muchos casos de extinción de dominio, los bienes en cuestión pueden tener un componente internacional, como cuentas bancarias en el extranjero o bienes ubicados fuera del país. El abogado experto debe tener conocimiento sobre las normativas internacionales de cooperación judicial y sobre cómo gestionar la intervención de instancias internacionales, como la Interpol o agencias de control de delitos financieros.
Conclusión
La extinción de dominio es un proceso judicial de gran importancia en Colombia, que involucra tanto la defensa de los derechos de las personas afectadas como la protección de los intereses públicos y la lucha contra la criminalidad organizada. Un abogado especializado en esta área debe ser un profesional altamente capacitado, con un dominio profundo de las normativas y jurisprudencia, habilidades estratégicas y técnicas, y una firme ética profesional. Sólo con estas cualidades podrá ofrecer un servicio legal efectivo y representar adecuadamente tanto a los acusados como a la sociedad en este tipo de casos. Para conocer mas sobre procesos de extinción de dominio y mecanismos de defensa sigue el siguiente link https://robledovargasabogados.com/prescripcion-de-la-extincion-de-dominio-en-colombia-robledovargasabogados-com/
Los Tribunales de Ética en Colombia y la Declaración de Muerte Profesional a Través de Sanciones Disciplinarias, en especial para Odontólogos, Médicos, Abogados, Contadores Públicos, Administradores de empresas, ingenieros, arquitectos, entre otros.
En Colombia, los tribunales de ética desempeñan un papel crucial en la regulación y el control de la conducta profesional, especialmente en aquellas disciplinas donde la confianza pública y el respeto por la ley son fundamentales. La capacidad de estos tribunales para imponer sanciones disciplinarias va más allá de castigar comportamientos indebidos: puede llegar a la «muerte profesional» de un individuo, un concepto que implica la pérdida total de la posibilidad de ejercer una profesión. Este proceso de declive profesional es uno de los mecanismos más poderosos que tienen las autoridades para garantizar que las profesiones mantengan su integridad y que los profesionales actúen de acuerdo con los principios éticos establecidos.
El Contexto de los Tribunales de Ética en Colombia
Los tribunales de ética están constituidos dentro de diferentes colegios profesionales, asociaciones y entidades encargadas de velar por el cumplimiento de las normas que rigen cada campo profesional. Profesiones como la medicina, el derecho, la ingeniería, la contaduría, y muchas otras están sometidas a códigos éticos que buscan proteger el bienestar de la sociedad. En Colombia, estas entidades son fundamentales para sancionar conductas irregulares que contravengan los principios de cada profesión.
Cada uno de estos tribunales es responsable de investigar las denuncias que se presenten contra profesionales que hayan incumplido normas éticas, deontológicas o legales. Si las acusaciones se consideran graves, pueden proceder con sanciones que van desde una simple amonestación hasta la inhabilitación permanente para el ejercicio de la profesión.
La «Muerte Profesional»: Un Concepto Importante
La muerte profesional no es un término legal, pero es ampliamente utilizado en el ámbito ético para referirse a la sanción disciplinaria más severa: la inhabilitación definitiva para ejercer una profesión. Esto puede ocurrir cuando un tribunal de ética encuentra que un profesional ha cometido faltas graves que ponen en riesgo la confianza pública o la seguridad de la comunidad. En algunos casos, la muerte profesional implica que la persona ya no puede reingresar a su campo laboral, y su reputación queda irreparablemente dañada.
Este tipo de sanción está diseñado para proteger el interés público. Por ejemplo, en áreas como la medicina o el derecho, un profesional que haya cometido fraudes, abusos, corrupción o negligencia grave puede ser considerado un peligro para la sociedad. En estos casos, se busca evitar que la persona siga ejerciendo, ya que la falta de ética puede tener consecuencias catastróficas para quienes dependen de su trabajo.
El Proceso de Sanción Disciplinaria
El proceso mediante el cual un tribunal de ética decide imponer una sanción disciplinaria en Colombia es riguroso y está regido por los principios del debido proceso. Este se lleva a cabo a través de las siguientes etapas:
Denuncia o investigación inicial: Un miembro del público o de la profesión puede presentar una denuncia ante el tribunal de ética de la respectiva entidad profesional. En ocasiones, la misma entidad inicia una investigación si detecta irregularidades.
Audiencias y pruebas: Durante el proceso, se le da al profesional investigado la oportunidad de presentar su defensa. Las pruebas y testimonios son cruciales para determinar si el profesional ha infringido las normas éticas y en qué medida lo ha hecho.
Determinación de la sanción: Si se demuestra que el profesional ha cometido faltas graves, el tribunal puede decidir sancionar al infractor. Las sanciones pueden variar desde una simple advertencia hasta la inhabilitación definitiva, dependiendo de la gravedad de la infracción.
Apelación: En muchos casos, el profesional sancionado tiene el derecho de apelar la decisión ante instancias superiores, lo que garantiza el respeto al debido proceso.
Tipos de Sanciones Disciplinarias
En el sistema colombiano, las sanciones que pueden imponer los tribunales de ética son diversas y se adaptan a la gravedad de la falta cometida. Estas son algunas de las principales sanciones que pueden aplicarse:
Amonestación: Una sanción leve, generalmente verbal o escrita, que constituye una advertencia sobre la conducta inapropiada.
Suspensión temporal: El profesional es suspendido por un tiempo determinado, lo que le impide ejercer su actividad profesional durante ese periodo.
Multa: En algunos casos, se puede imponer una multa económica como parte de la sanción, especialmente cuando la infracción tiene una implicación económica o financiera.
Inhabilitación temporal: Se establece una pena de inhabilitación para que el profesional no pueda ejercer su profesión por un tiempo determinado.
Inhabilitación definitiva: La muerte profesional, en la que el individuo pierde permanentemente la capacidad para ejercer su profesión, es la sanción más severa y, en ciertos casos, irreparable.
El Impacto de la Muerte Profesional
La muerte profesional tiene un impacto significativo tanto en el individuo como en la sociedad. Para el profesional, esta sanción significa el fin de su carrera. A menudo, esta decisión puede ser el resultado de la acumulación de faltas graves, como la corrupción, la negligencia, la falsificación de documentos, o la violación de los derechos fundamentales de los usuarios o pacientes.
Además de la pena personal, la muerte profesional tiene un efecto disuasorio en la profesión en general. La existencia de tribunales de ética fuertes y activos contribuye a mantener los estándares profesionales altos y ayuda a fortalecer la confianza pública en las diversas disciplinas.
Conclusión
Los tribunales de ética en Colombia juegan un papel esencial en el mantenimiento de la integridad y la calidad de las profesiones. A través de las sanciones disciplinarias, incluyendo la severa medida de la inhabilitación profesional o «muerte profesional», se garantiza que aquellos profesionales que cometen faltas graves no puedan seguir ejerciendo en un campo en el que la confianza y el respeto a las normas son esenciales. Este sistema es fundamental para proteger el bienestar de la sociedad y asegurar que los profesionales actúen siempre dentro de los más altos estándares éticos.
Un abogado especializado en extinción de dominio puede ayudar a defender los intereses de un cliente en un proceso judicial en el que el Estado busca que los ciudadanos pierdan el dominio de sus propiedades.
Dentro de los servicios que ofrece un abogado en este tipo de procesos son:
Controlar el amplio poder que posee La Fiscalía General de La Nación en este tipo de procesos y ello se logra a través de su conocimiento en la materia y haciendo uso de controles Judiciales legales.
El experto en esta materia, debe ser experto también en Derecho Procesal y Probatorio, pues, se deben reunir pruebas y saber usarlas en el momento procesal oportuno para obtener una sentencia favorable del caso.
El conocimiento en Derecho Constitucional es un pilar fundamental, pues, en proceso de extinción de dominio hay una pugna o tensión entre derechos fundamentales, a saber, Derecho a la propiedad versus La moral social en conjunto con el uso y obtención de propiedades conforme a derecho.
El abogado que defiende procesos de extinción de dominio debe velar por las garantías constitucionales y procesales del cliente y afectados.
En Cali, Bogotá y Medellín Robledo Vargas Abogados, tiene una amplia presencia en la defensa de procesos de extinción de dominio, no obstante, esta firma defiende procesos extintivos en todo el país, es así como llevamos procesos y defendemos a los afectados en Barranquilla, Pereira, Neiva, Rio Acha, Cartagena, Armenia, Ibagué entre otras ciudades.
Para saber mas de esta firma de abogados experta en Procesos de extinción de dominio sigue este link de YouTube https://youtu.be/dkoMUPMfwO8
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Absolvieron a abogado que actuando como apoderado dentro de un proceso civil no sustentó un recurso de apelación, aunque mediante auto fue requerido para ello y, como consecuencia, se declaró desierto por falta de sustentación en segunda instancia. La Seccional Antioquia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ) lo declaró responsable por incumplir sus deberes a título de culpa y le impuso sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de cuatro meses.
Según la CNDJ, no puede el juez disciplinario, en punto del deber de diligencia, en los términos del artículo 37.4 de la Ley 1123 del 2007, encontrar actualizado el elemento de la antijuridicidad cuando el comportamiento del investigado se encausa sobre posturas interpretativas en relación con normas respecto de las cuales las altas cortes mantienen posturas contradictorias al resolver un mismo caso.
Y es que las posturas tanto de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación Laboral e incluso de la misma Corte Constitucional en torno al criterio de la declaratoria de desierto del recurso de apelación por falta de sustentación no fue por varios años del todo pacífica.
Esa circunstancia de incertidumbre que impregnó al ordenamiento jurídico para la época de los hechos incidió indudablemente en el comportamiento del abogado disciplinable frente a su comportamiento en relación con el procedimiento que debía surtirse luego de la interposición del recurso de apelación contra la decisión que ponía fin al litigio en la jurisdicción civil.
Así las cosas, la omisión en la que incurrió el cuestionado al no repetir ante la segunda instancia los reparos del recurso de apelación encontró justificación en que ya lo había radicado ante la primera instancia y, adicionalmente, en que para la época de los hechos se accedía a las pretensiones de los tutelantes que encontraban vulnerados sus derechos por parte de la segunda instancia cuando esta declaraban desierto el recurso de apelación por falta de sustentación (M. P. Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo).
La pregunta central de este artículo es: ¿Cuándo prescribe la acción de extinción de dominio en Colombia? Para responder a esta interrogante, es esencial analizar la normativa vigente y los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre este tema.
En primer lugar, es importante señalar que la extinción de dominio, como lo establece la Constitución y el Código de Extinción de Dominio, es imprescriptible. Esto significa que no existe un límite de tiempo para que el Estado inicie la acción de extinción de dominio sobre bienes que hayan sido obtenidos a través de actividades ilícitas.
El Artículo 34 de la Constitución Política de Colombia establece la figura de la extinción de dominio y, junto con la Ley 1708 de 2014, regula su aplicabilidad. En virtud de esta normativa, la acción de extinción de dominio es imprescriptible, lo que implica que el Estado puede reclamar bienes ilícitos en cualquier momento, independientemente del tiempo que haya transcurrido desde que los hechos que dieron origen a la adquisición de dichos bienes ocurrieron.
Jurisprudencia relevante
La Corte Constitucional, a través de su sentencia C-374 de 1997, ha sido clara en reafirmar el carácter imprescriptible de la extinción de dominio. En esta sentencia, se estableció que la imprescriptibilidad de la acción de extinción de dominio es una medida constitucionalmente válida, en la medida en que está orientada a combatir el crimen organizado y otras formas de criminalidad grave.
A pesar de la imprescriptibilidad de la extinción de dominio, es importante considerar algunos aspectos particulares que pueden surgir en la práctica judicial. Por ejemplo, aunque la acción como tal es imprescriptible, los procesos judiciales deben respetar los derechos fundamentales de los involucrados, incluyendo el debido proceso y el derecho de defensa.
Asimismo, la Corte Constitucional ha destacado que el proceso de extinción de dominio debe ser transparente y respetar las garantías procesales, de modo que no se convierta en un mecanismo arbitrario o que sea utilizado indebidamente para afectar derechos legítimos de los propietarios.
Es importante mencionar también que, en la práctica, los procesos de extinción de dominio pueden enfrentar obstáculos en su ejecución, existen un sinnúmero de vicisitudes procesales que deben ser aprovechadas por quienes defendemos los derechos de las personas en su calidad de afectados en el proceso de extinción de dominio.
Si usted se encuentra en una situación donde sus bienes están en riesgo de ser objeto de extinción de dominio, o si tiene dudas sobre cómo este proceso podría afectarlo ROBLEDO VARGAS ABOGADOS ASOCIADOS, contamos con un equipo de abogados expertos en derecho penal y extinción de dominio, listos para brindarle la mejor asesoría y representación. No dude en contactarnos para recibir una consulta personalizada y proteger sus derechos.
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(MAGISTRADOS DE LAS COMISONES DE DISCIPLINA JUDICIAL CUASIDIOSES ARROGANTES?)
La aplicación de la Ley en este caso debe ser muy rigurosa y la aplicación de la sanción mucho más, pues se trata de nada mas ni nada menos que de un operador disciplinario quien ha tenido el deber funcional por muchos años de investigar y sancionar a Jueces, Abogados y funcionarios públicos en general en materia disciplinaria, obviamente debe haber sancionado un sinnúmero de funcionarios por abandono del cargo, situación idéntica a la de este juzgador disciplinario. La justicia con respecto a esta clase de funcionarios debe ser rigurosa e implacable, pues este funcionario, tiene un doble deber a cualquier otro, a saber, el abandono del cargo del que se le acusa, irrumpe en su deber y obligación funcional, pero además debe dar el ejemplo, pues este administra Justicia y en sus numerosos años ha sancionado cualquier cantidad de funcionarios por el mismo cargo que hoy se le investiga y se le lleva a juicio disciplinario. El solo hecho de ser administrador de Justicia disciplinaria agrava la conducta por la que se le investiga, pues con su actuar atenta no solamente contra sus deberes funcionales, sino, contra la Moral Pública, pues dentro de los deberes de este Magistrado se encuentra investigar y juzgar a funcionarios públicos de la Rama Judicial del orden administrativo y judicial, entre ellos, investigadores, fiscales, Jueces y por apego a a la Ley 1123 del 2007 investiga y juzga a abogados.
Como un hecho particular dejo el enlace de video de audiencia de este Magistrado, en donde demuestra su arrogancia, como si se tratara de cuasidioses y de hecho, así actúan La mayoría de los Magistrados de las Comisiones de Disciplina Judicial de todo el país. Dejo el enlace de audiencia en donde actuamos como defensores de un abogado capitalino, en donde a pesar de ganar el proceso, este magistrado deja su tufo arrogante en las audiencias y si así actúa con quienes dominamos el Derecho Disciplinario, que será, de los ajenos a esta materia. Enlace de audiencia en donde actuamos en defensa de un Jurista y aunque obtuvimos su absolución, es evidente su arrogancia, limitando el tiempo de la defensa e interrumpiendo los alegatos de conclusión de Robledo Vargas abogados. Aquí el enlace https://www.youtube.com/watch?v=Dh5ktwEVzz8
Si deseas saber mas sobre defensas disciplinarias en procesos contra abogados y Derecho Disciplinario en general, sigue este link https://robledovargasabogados.com/derecho-disciplinario-de-acto-y-de-autor-el-non-bis-in-idem-o-double-jeopardy-traido-del-proceso-penal-al-proceso-disciplinario/
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ROBLEDO VARGAS ABOGADOS, es una firma con amplia trayectoria en la defensa de procesos de Extinción de Dominio en Colombia y cuenta con un equipo multidisciplinario de peritos y abogados para la defensa de cada caso en particular. Ofrecemos atención a tu caso de manera personalizada usando todas las herramientas legales junto con nuestro conocimiento y equipo de expertos.
