Caso UNGRD en Colombia: ¿por qué Olmedo López, Sneyder Pinilla y los contratistas enfrentan procesos penales, disciplinarios, fiscales y de extinción de dominio?
La corrupción en la UNGRD y los límites constitucionales de la responsabilidad de funcionarios públicos y particulares en Colombia
Autor: Jhon Fernando Robledo Vargas Firma: Robledo Vargas Abogados Áreas de estudio: Derecho penal, derecho disciplinario, responsabilidad fiscal ante la Contraloría General de la República y extinción del derecho de dominio. Fecha de actualización: 23 de octubre de 2026.
Introducción: el caso UNGRD como paradigma de la responsabilidad jurídica múltiple
El escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se ha convertido en uno de los casos judiciales más relevantes de Colombia para comprender cómo una misma operación contractual puede desencadenar investigaciones penales, sanciones disciplinarias, procesos de responsabilidad fiscal ante la Contraloría General de la República y acciones de extinción del derecho de dominio.
Los nombres de Olmedo de Jesús López Martínez, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez y Luis Eduardo López Rosero han ocupado un lugar central en las investigaciones relacionadas con la adquisición de carrotanques para La Guajira y otras operaciones contractuales de la UNGRD.
A ellos se suman otros nombres conocidos en diferentes capítulos de las investigaciones, como Iván Name Vásquez, Andrés Calle Aguas, Pedro Rodríguez Melo, Víctor Andrés Meza Galván, Sandra Ortiz, Ricardo Bonilla, Luis Fernando Velasco y Carlos Ramón González, cuyas situaciones procesales son diferentes y no deben confundirse.
La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República han intervenido desde sus respectivas competencias.
Paralelamente, medios de comunicación como Caracol Radio, Noticias Caracol, Semana y El Espectador han realizado una amplia cobertura del denominado caso UNGRD, contribuyendo al conocimiento público de las investigaciones, acusaciones, decisiones judiciales y medidas patrimoniales.
Pero detrás de las noticias existe una cuestión jurídica de extraordinaria importancia:
¿Puede una persona ser condenada penalmente, sancionada disciplinariamente, declarada responsable fiscalmente y perder bienes mediante extinción de dominio por hechos relacionados con una misma contratación estatal?
La respuesta exige estudiar la autonomía de cada procedimiento, sus finalidades, sus presupuestos probatorios y los límites constitucionales del poder estatal.
Desde Robledo Vargas Abogados consideramos que el caso UNGRD ofrece una oportunidad para estudiar los riesgos jurídicos que enfrentan los servidores públicos, ordenadores del gasto, supervisores de contratos, representantes legales, contratistas y particulares que intervienen en la administración o ejecución de recursos públicos.
1. ¿Qué ocurrió en el escándalo de corrupción de la UNGRD?
El caso alcanzó especial notoriedad por la adquisición de 40 carrotanques destinados a suministrar agua potable a comunidades de La Guajira.
La contratación fue cuestionada por presuntos sobrecostos, irregularidades en la selección del proveedor y deficiencias en el cumplimiento de los objetivos humanitarios.
Posteriormente, las investigaciones de la Fiscalía abordaron un entramado más amplio de posibles irregularidades contractuales y desvío de recursos.
En diciembre de 2024, El Espectador informó sobre el contenido de la acusación de la Fiscalía contra varios involucrados, entre ellos Olmedo López, Sneyder Pinilla, Luis Eduardo López Rosero, Luis Carlos Barreto Gantiva y Pedro Rodríguez Melo.
Según la hipótesis acusatoria divulgada, existía una estructura de participación diferenciada en la que determinadas personas habrían intervenido en la selección de contratistas, la gestión de pagos y la obtención de beneficios económicos indebidos.
Debe precisarse que las afirmaciones contenidas en una acusación constituyen la hipótesis de la Fiscalía y no equivalen, por sí mismas, a hechos declarados probados mediante sentencia.
Esta distinción es esencial para cualquier análisis serio del derecho penal colombiano.
De los carrotanques a una macroinvestigación nacional
El caso dejó de concentrarse exclusivamente en los vehículos destinados a La Guajira.
La investigación se extendió a otros negocios jurídicos y a presuntas relaciones irregulares entre contratación pública, intermediación y actores políticos.
El 9 de octubre de 2026, Caracol Radio informó que la macroinvestigación acumulaba siete condenas en firme, seis derivadas de preacuerdos y una de aceptación de cargos, además de siete principios de oportunidad avalados judicialmente.
La misma información daba cuenta de actuaciones relacionadas con exministros, exfuncionarios y personas con fuero constitucional.
La amplitud del caso obliga a rechazar una visión simplificada: no existe una responsabilidad colectiva de todos los mencionados en el escándalo. Cada conducta exige individualización y demostración conforme al procedimiento aplicable.
2. Olmedo López y Sneyder Pinilla: la concurrencia de cuatro escenarios jurídicos
Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres, representan dos casos especialmente relevantes para estudiar la pluralidad de responsabilidades.
2.1. La dimensión penal
Las investigaciones penales relacionadas con los carrotanques incluyeron hipótesis de delitos contra la administración pública y otras conductas, como concierto para delinquir, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y falsedades documentales.
La determinación de la responsabilidad penal requiere demostrar la conducta típica, antijurídica y culpable, así como la intervención individual del acusado.
Los artículos 9 y 12 del Código Penal colombiano, Ley 599 de 2000, constituyen referentes esenciales para el estudio de la conducta punible y la prohibición de responsabilidad objetiva.
La pertenencia a una entidad pública, la condición de superior jerárquico o la suscripción de un contrato no sustituyen la prueba de los elementos del delito.
2.2. La dimensión disciplinaria: sanciones de 18 y 20 años
El 31 de julio de 2025, la Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia las sanciones de destitución e inhabilidad general por 18 años contra Olmedo López y por 20 años contra Sneyder Pinilla.
La decisión se relacionó con el pago de sobrecostos superiores a $16.000 millones en la adquisición de 40 carrotanques, según la valoración efectuada por el Ministerio Público.
La Procuraduría también confirmó una sanción de destitución e inhabilidad general por 10 años contra Víctor Andrés Meza Galván.
El caso permite apreciar una diferencia fundamental: la responsabilidad disciplinaria se relaciona con la infracción sustancial e injustificada de deberes funcionales, mientras que la responsabilidad penal requiere la configuración de un delito.
La Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, establece el marco del Código General Disciplinario.
En particular, la ilicitud sustancial, la culpabilidad y la proscripción de responsabilidad objetiva constituyen límites indispensables para el ejercicio legítimo de la potestad disciplinaria.
No basta demostrar que una actuación administrativa fue irregular. Es necesario identificar el deber funcional vulnerado y el título de imputación subjetiva correspondiente.
2.3. La responsabilidad fiscal: fallos reportados en agosto de 2026
Un desarrollo especialmente importante ocurrió el 26 de agosto de 2026.
Caracol Radio y Semana informaron que la Contraloría General de la República había emitido dos fallos de responsabilidad fiscal relacionados con Olmedo López y Sneyder Pinilla, en un capítulo contractual referente a 80 carrotanques.
Los reportes señalaron un valor superior a $24.000 millones.
Es necesario diferenciar esta actuación de la decisión disciplinaria sobre 40 carrotanques y verificar directamente los respectivos expedientes fiscales para precisar su alcance, ejecutoria, cuantificación y posibles recursos.
La responsabilidad fiscal no persigue imponer una pena criminal ni una sanción disciplinaria. Su finalidad es resarcir el daño patrimonial causado al Estado.
De conformidad con los artículos 3, 4 y 5 de la Ley 610 de 2000, su análisis comprende la gestión fiscal, el daño patrimonial, la conducta subjetivamente reprochable y el nexo causal.
Por ello, incluso cuando existen condenas penales o sanciones disciplinarias, la Contraloría debe justificar los presupuestos propios de la responsabilidad fiscal.
2.4. La extinción de dominio: medidas sobre bienes en octubre de 2026
El 1 de octubre de 2026, la Fiscalía anunció medidas cautelares sobre 25 activos, consistentes en 19 inmuebles y seis sociedades, avaluados preliminarmente en cerca de $20.000 millones.
Las actuaciones patrimoniales fueron relacionadas con Olmedo López, Sneyder Pinilla, Iván Name, Andrés Calle, Luis Eduardo López Rosero y Pedro Rodríguez Melo.
Caracol Radio, Noticias Caracol y El Espectador dieron cuenta de estas medidas.
La actuación incluyó medidas como suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión de determinados bienes y negocios.
Aquí aparece una diferencia jurídica decisiva: la afectación cautelar de un bien no significa que exista una sentencia definitiva de extinción del derecho de dominio.
La Ley 1708 de 2014 establece una acción patrimonial autónoma, de naturaleza constitucional y jurisdiccional, orientada a bienes comprendidos en causales legales de extinción.
La Fiscalía debe fundamentar la relación del bien con la causal invocada, respetando los derechos de contradicción, defensa y debido proceso.
3. Luis Eduardo López Rosero: ¿cómo responde un contratista particular en el caso UNGRD?
Uno de los aspectos más importantes de este escándalo es la participación investigada de particulares y empresarios en operaciones contractuales financiadas con recursos públicos.
Luis Eduardo López Rosero, conocido públicamente como «el Pastuso», fue mencionado en la investigación penal relacionada con la contratación de los carrotanques.
El Espectador informó que la Fiscalía le atribuyó participación en presuntas maniobras de direccionamiento contractual, sobrecostos y pagos irregulares.
También se identificaron actuaciones penales negociadas en el marco de la investigación.
En octubre de 2026, los reportes sobre extinción de dominio relacionaron siete activos con López Rosero, incluidos bienes y sociedades ubicados en diferentes regiones del país.
¿Puede un contratista responder penalmente?
Sí.
El particular que interviene en un delito puede responder penalmente cuando concurren los presupuestos de autoría o participación previstos en la legislación penal.
La condición de contratista no produce inmunidad frente a delitos contra la administración pública.
Sin embargo, la calidad de particular tampoco permite atribuirle automáticamente todos los delitos especiales propios de servidores públicos. Deben examinarse las exigencias del tipo penal y las reglas de participación aplicables.
¿Puede responder fiscalmente ante la Contraloría?
También es posible, pero no por la sola existencia de un contrato estatal.
Debe analizarse si el particular ejerció gestión fiscal, administró o manejó recursos públicos, o se encuentra comprendido en alguno de los supuestos legales que permiten atribuirle responsabilidad fiscal.
La jurisprudencia constitucional y la Ley 610 de 2000 exigen distinguir la condición contractual del ejercicio efectivo de funciones relevantes para la responsabilidad fiscal.
La defensa debe examinar el objeto del contrato, las facultades de disposición sobre los recursos, las obligaciones asumidas, la intervención real del contratista y la relación causal con el presunto daño.
¿Puede responder disciplinariamente?
La aplicación del Código General Disciplinario a particulares exige verificar los supuestos específicos previstos en la ley.
No todo contratista estatal es, por ese solo hecho, sujeto disciplinable.
Entre los aspectos relevantes se encuentran el ejercicio de funciones públicas y los demás supuestos legalmente definidos para particulares.
Por tanto, una investigación disciplinaria contra un contratista debe comenzar por determinar la competencia de la autoridad y la calidad jurídica del sujeto.
¿Pueden extinguirse bienes de un contratista?
Sí, cuando se demuestre una causal legal de extinción del derecho de dominio respecto de los bienes afectados.
La investigación puede comprender inmuebles, vehículos, establecimientos comerciales, participaciones societarias u otros activos patrimoniales.
No obstante, el hecho de que una sociedad haya contratado con el Estado o que su representante legal esté investigado no autoriza, sin más, la extinción de sus bienes.
Se exige un análisis patrimonial concreto, especialmente cuando existen terceros o titulares que alegan buena fe exenta de culpa.
4. Responsabilidad penal, disciplinaria, fiscal y extinción de dominio: ¿cuál es la diferencia?
La Constitución Política colombiana permite la existencia de diferentes mecanismos de control y responsabilidad, cada uno con finalidades propias.
La responsabilidad penal busca determinar si una persona cometió un delito y, cuando corresponde, imponer las consecuencias previstas en la ley penal.
La responsabilidad disciplinaria protege el adecuado ejercicio de la función pública y sanciona infracciones sustanciales e injustificadas de deberes funcionales.
La responsabilidad fiscal tiene una finalidad resarcitoria frente al daño patrimonial al Estado.
La extinción de dominio examina la legitimidad jurídica de la titularidad de determinados bienes frente a las causales constitucionales y legales aplicables.
La diferencia de finalidades explica por qué pueden existir procedimientos paralelos.
Sin embargo, la autonomía de las acciones no significa ausencia de límites.
El artículo 29 de la Constitución protege el debido proceso y las garantías fundamentales de quienes enfrentan actuaciones estatales.
¿Existe violación del principio non bis in idem?
No necesariamente.
La prohibición de doble juzgamiento o sanción exige un análisis de la identidad de sujeto, hechos y fundamento jurídico, de acuerdo con la naturaleza de las actuaciones comparadas.
La concurrencia de procedimientos no demuestra automáticamente una vulneración constitucional.
Debe establecerse si las autoridades ejercen competencias materialmente diferentes o si existe una duplicación sancionatoria constitucionalmente prohibida.
Además, la extinción de dominio, por su naturaleza patrimonial, no puede equipararse sin más a una pena criminal.
La cuestión exige un análisis cuidadoso de las decisiones y no una aplicación mecánica de las categorías del derecho penal.
5. ¿Puede una condena penal utilizarse como prueba en un proceso disciplinario o fiscal?
El caso UNGRD plantea una pregunta particularmente importante para los abogados defensores:
¿Qué valor probatorio tiene una declaración rendida ante la Fiscalía cuando posteriormente es utilizada por la Procuraduría, la Contraloría o una autoridad de extinción de dominio?
La respuesta depende de las reglas del procedimiento receptor, de la forma de incorporación de la prueba y de las oportunidades reales de contradicción.
Una sentencia penal puede constituir un elemento documental relevante en otra actuación.
Sin embargo, su existencia no elimina el deber de demostrar los presupuestos de responsabilidad propios del procedimiento disciplinario o fiscal.
Tampoco puede presumirse que toda declaración obtenida en un preacuerdo o principio de oportunidad sea suficiente para declarar responsable a un tercero.
Debe examinarse el conocimiento directo del declarante, las circunstancias de la declaración, su coherencia, los elementos de corroboración y las posibilidades de contradicción.
En este punto adquieren importancia las garantías del artículo 29 constitucional y las reglas probatorias específicas de la Ley 906 de 2004, la Ley 1952 de 2019 y la Ley 610 de 2000.
Una defensa técnicamente estructurada debe impedir que la información producida en un procedimiento sea incorporada o valorada de manera incompatible con las garantías del procedimiento receptor.
6. La prohibición de responsabilidad objetiva: una garantía para funcionarios y contratistas
El escándalo UNGRD permite reflexionar sobre un riesgo frecuente en los procesos sancionatorios complejos: confundir la responsabilidad institucional con la responsabilidad individual.
Que una persona haya ocupado un cargo directivo no demuestra, por sí mismo, que haya conocido, autorizado o participado culpablemente en todas las actuaciones irregulares desarrolladas dentro de la entidad.
Igualmente, que un contratista figure como representante legal de una sociedad no permite concluir automáticamente que intervino personalmente en todas las decisiones de sus administradores, empleados o intermediarios.
Esto no significa desconocer los deberes especiales que pueden surgir de la posición funcional, de la delegación de competencias o de la intervención contractual.
Significa que tales deberes deben identificarse y relacionarse con una conducta concreta, una modalidad de culpabilidad y los demás elementos exigidos por el respectivo régimen.
En materia penal, el principio de culpabilidad impide la responsabilidad objetiva.
En materia disciplinaria, la Ley 1952 de 2019 también proscribe expresamente esta forma de atribución.
En materia fiscal, el análisis debe incorporar la gestión fiscal, el daño y el nexo causal, con el estándar subjetivo constitucionalmente exigible.
Y en extinción de dominio, el examen se concentra en los bienes y en las causales legales, sin prescindir de las garantías de los afectados y de los terceros de buena fe exenta de culpa.
La gravedad del escándalo o su impacto mediático no disminuyen las exigencias constitucionales de prueba y motivación de las decisiones.
7. ¿Qué ocurre cuando la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría investigan simultáneamente?
Un funcionario público puede enfrentar diferentes actuaciones a partir de una misma contratación estatal.
Por ejemplo, la Fiscalía puede investigar la presunta apropiación de recursos públicos; la Procuraduría, el incumplimiento de deberes funcionales; y la Contraloría, el daño causado al patrimonio estatal.
Al mismo tiempo, la Fiscalía especializada en extinción de dominio puede investigar bienes presuntamente relacionados con actividades ilícitas.
La defensa debe comprender que no se trata necesariamente de cuatro versiones idénticas de un mismo proceso.
Cada autoridad debe demostrar los elementos propios de su competencia.
Los riesgos de una defensa fragmentada
Cuando los procedimientos se atienden de manera aislada, pueden presentarse problemas relevantes:
Declaraciones formuladas en una actuación que posteriormente adquieren consecuencias en otra.
Diferencias entre las versiones fácticas sostenidas ante distintas autoridades.
Controversias sobre la valoración de pruebas trasladadas.
Medidas cautelares que afectan bienes y capacidad económica antes de una decisión definitiva.
Confusión entre el daño fiscal, la reparación penal y las consecuencias patrimoniales de la extinción de dominio.
Por ello, en investigaciones complejas de contratación estatal resulta importante desarrollar una estrategia de defensa integral, sin desconocer la independencia procesal de cada actuación.
8. Extinción de dominio y responsabilidad fiscal: ¿puede el Estado perseguir los mismos bienes?
Una de las cuestiones más interesantes del caso UNGRD consiste en determinar cómo deben coordinarse las medidas de recuperación patrimonial.
La Contraloría busca el resarcimiento del daño al patrimonio público.
En el proceso penal pueden existir medidas relacionadas con el comiso, la reparación de víctimas y otras consecuencias patrimoniales.
La acción de extinción de dominio persigue la declaración judicial de titularidad estatal sobre bienes comprendidos en las causales legales.
Aunque estas figuras pueden relacionarse con un mismo conjunto de hechos, sus fundamentos y efectos jurídicos no son idénticos.
La existencia de varios mecanismos exige estudiar la titularidad de los bienes, el alcance de las medidas cautelares, los derechos de terceros y la prevención de duplicidades resarcitorias indebidas.
Especialmente relevante es distinguir entre la recuperación de un daño patrimonial determinado y la extinción del derecho de dominio sobre bienes vinculados a actividades ilícitas.
No toda afectación patrimonial constituye una sanción y no toda recuperación estatal responde a una misma finalidad jurídica.
9. La relevancia del caso UNGRD para los servidores públicos colombianos
Las investigaciones relacionadas con la UNGRD ofrecen enseñanzas para alcaldes, gobernadores, secretarios de despacho, directores de entidades, ordenadores del gasto, supervisores e interventores de contratos estatales.
La contratación pública implica obligaciones de planeación, selección, ejecución, control y protección del patrimonio estatal.
El incumplimiento de tales obligaciones puede originar consecuencias distintas, dependiendo de la conducta y de los elementos acreditados.
En julio de 2026, por ejemplo, la Procuraduría abrió otra investigación contra Olmedo López, Sneyder Pinilla y Víctor Andrés Meza Galván por posibles irregularidades relacionadas con un contrato logístico para atender la emergencia ocasionada por el fenómeno de La Niña.
La autoridad disciplinaria anunció que examinaría la planeación, los estudios de mercado, la selección del contratista, la supervisión y la validación de pagos.
Esta actuación demuestra que una macroinvestigación puede comprender diferentes contratos y conductas, cuya valoración no debe confundirse.
10. El papel de los medios de comunicación en el caso UNGRD
La dimensión pública del caso ha sido construida mediante investigaciones institucionales y una intensa cobertura periodística.
El Espectador ha divulgado información sobre los escritos de acusación, la hipótesis de la Fiscalía y la participación investigada de exdirectivos, asesores y contratistas.
Caracol Radio ha realizado seguimiento a condenas, principios de oportunidad, investigaciones contra aforados, fallos de responsabilidad fiscal y medidas cautelares patrimoniales.
Semana ha informado sobre decisiones de la Contraloría y diferentes capítulos del escándalo.
Noticias Caracol ha difundido las actuaciones de extinción de dominio relacionadas con 25 activos.
Estos medios permiten reconstruir una cronología pública de las investigaciones, pero el análisis jurídico requiere diferenciar los reportes periodísticos de las decisiones judiciales y administrativas que les sirven de fundamento.
Las noticias son fuentes útiles de contexto y seguimiento; no reemplazan el estudio de los expedientes.
11. Robledo Vargas Abogados: defensa jurídica frente a investigaciones penales, disciplinarias, fiscales y de extinción de dominio
El caso UNGRD pone de manifiesto la importancia de contar con una defensa jurídica que comprenda integralmente los diferentes regímenes de responsabilidad aplicables en Colombia.
Robledo Vargas Abogados es una firma de abogados que concentra su práctica y producción jurídica en la defensa penal, el derecho disciplinario, los procesos de responsabilidad fiscal y la extinción del derecho de dominio.
Bajo la dirección de Jhon Fernando Robledo Vargas, la firma desarrolla análisis jurídicos orientados al estudio de la responsabilidad individual, la culpabilidad, el debido proceso, la valoración probatoria y los límites constitucionales del ejercicio del poder sancionador estatal.
La defensa de funcionarios públicos, contratistas, profesionales y particulares sometidos a investigaciones complejas exige estudiar cada expediente y sus particularidades, sin presumir responsabilidades ni desconocer las facultades legítimas de las autoridades.
La especialización jurídica resulta especialmente importante cuando los mismos hechos pueden producir actuaciones ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y los jueces especializados en extinción de dominio.
12. Conclusiones: el caso UNGRD y los límites del poder sancionador del Estado
El caso UNGRD constituye un escenario de estudio para comprender la concurrencia de responsabilidades en la contratación estatal colombiana.
La experiencia de Olmedo López y Sneyder Pinilla muestra que una misma persona puede enfrentar consecuencias penales, disciplinarias, fiscales y patrimoniales, siempre que se cumplan los presupuestos específicos de cada régimen.
El caso del contratista Luis Eduardo López Rosero permite examinar la posición jurídica de los particulares que intervienen en negocios financiados con recursos estatales.
Las actuaciones relacionadas con Iván Name, Andrés Calle y Pedro Rodríguez Melo amplían el debate hacia las consecuencias patrimoniales y las responsabilidades individualizadas dentro de investigaciones complejas.
Sin embargo, la concurrencia de actuaciones no autoriza a desconocer las garantías constitucionales.
La responsabilidad penal exige demostrar un delito y la culpabilidad de quien intervino.
La responsabilidad disciplinaria requiere acreditar una infracción sustancial e injustificada del deber funcional, atribuible subjetivamente al disciplinado.
La responsabilidad fiscal exige demostrar el daño patrimonial, la conducta jurídicamente relevante y el nexo causal.
La extinción de dominio requiere establecer una causal legal respecto de bienes determinados, con respeto de los derechos de sus titulares y de los terceros protegidos por la ley.
La tesis central de este estudio es que la autonomía de las responsabilidades no equivale a una autorización para trasladar automáticamente culpabilidad, pruebas o conclusiones de un procedimiento a otro.
La lucha contra la corrupción y la protección de los recursos públicos son finalidades constitucionalmente legítimas. Su realización debe desarrollarse dentro del Estado de derecho y con observancia de las garantías fundamentales.
El caso UNGRD seguirá siendo una referencia relevante para estudiar la relación entre contratación estatal, responsabilidad individual, recuperación patrimonial y garantías constitucionales en Colombia.
Preguntas frecuentes sobre el caso UNGRD
¿Qué es el caso UNGRD en Colombia?
Es un conjunto de investigaciones judiciales y administrativas relacionadas con presuntas irregularidades en la contratación y utilización de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Uno de sus capítulos más conocidos es la adquisición de carrotanques para La Guajira.
¿Quiénes están implicados en el caso UNGRD?
Entre las personas mencionadas en diferentes actuaciones figuran Olmedo López, Sneyder Pinilla, Luis Eduardo López Rosero, Iván Name, Andrés Calle y Pedro Rodríguez Melo. También existen investigaciones relacionadas con otros exfuncionarios y particulares. Su situación procesal debe examinarse individualmente.
¿Qué sanciones disciplinarias recibieron Olmedo López y Sneyder Pinilla?
La Procuraduría confirmó en julio de 2025 la destitución e inhabilidad general por 18 años para Olmedo López y por 20 años para Sneyder Pinilla, en relación con los sobrecostos de 40 carrotanques.
¿La Contraloría declaró responsables fiscales a exdirectivos de la UNGRD?
En agosto de 2026, medios como Caracol Radio y Semana informaron sobre fallos de responsabilidad fiscal contra Olmedo López y Sneyder Pinilla por un valor superior a $24.000 millones, relacionados con un capítulo de contratación de 80 carrotanques. El alcance y firmeza de las decisiones requieren consulta directa de los expedientes.
¿Qué bienes están investigados en extinción de dominio por el caso UNGRD?
En octubre de 2026 se anunciaron medidas cautelares sobre 19 inmuebles y seis sociedades, con un valor preliminar cercano a $20.000 millones. La adopción de medidas cautelares no constituye una sentencia definitiva de extinción de dominio.
¿Puede un contratista responder penal, disciplinaria y fiscalmente?
Sí, cuando concurren los presupuestos específicos de cada régimen. La mera celebración de un contrato estatal no implica automáticamente responsabilidad en todos ellos.
¿Se necesita una condena penal para iniciar extinción de dominio?
No. La acción de extinción de dominio es autónoma respecto del proceso penal, aunque debe acreditarse una causal legal sobre los bienes y respetarse el debido proceso.
¿Puede una misma persona enfrentar cuatro procesos por los mismos hechos?
Puede enfrentar procedimientos concurrentes de diferente naturaleza, pero cada autoridad debe justificar su competencia, los presupuestos de la responsabilidad y el respeto de las garantías constitucionales, incluido el principio de non bis in idem cuando resulte aplicable.
¿Qué abogado puede defender a un funcionario público investigado por corrupción?
La defensa requiere conocimientos sobre el procedimiento concreto y, cuando existen actuaciones paralelas, coordinación entre especialistas en derecho penal, disciplinario, responsabilidad fiscal y extinción de dominio. Robledo Vargas Abogados ofrece servicios jurídicos en estas materias en Colombia.
Referencias normativas
Constitución Política de Colombia: artículos 29, 34, 58, 83, 209, 267 y 268.
Ley 599 de 2000: Código Penal colombiano.
Ley 600 de 2000 y Ley 906 de 2004: regímenes de procedimiento penal, según corresponda.
Ley 610 de 2000: trámite de los procesos de responsabilidad fiscal.
Ley 1474 de 2011: medidas de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción.
Ley 1708 de 2014: Código de Extinción de Dominio.
Ley 1952 de 2019: Código General Disciplinario.
Ley 2094 de 2021: reforma del Código General Disciplinario.
Ley 2195 de 2022: medidas de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción.
Referencias institucionales y periodísticas
Procuraduría General de la Nación
Boletín 809 de 2025, del 31 de julio: confirmación de sanciones disciplinarias a Olmedo López y Sneyder Pinilla.
Boletín 650 de 2026, del 15 de julio: investigación por contrato logístico relacionado con la emergencia de La Niña.
Caracol Radio
26 de agosto de 2026: información sobre fallos de responsabilidad fiscal contra Olmedo López y Sneyder Pinilla.
1 de octubre de 2026: medidas cautelares sobre bienes vinculados al caso UNGRD.
9 de octubre de 2026: balance de siete condenas en firme y siete principios de oportunidad.
El Espectador
10 de diciembre de 2024: análisis del escrito de acusación de la Fiscalía contra exdirectivos y otros investigados de la UNGRD.
1 de octubre de 2026: información sobre la ocupación cautelar de bienes relacionados con seis personas.
Semana
26 de agosto de 2026: información sobre fallos de responsabilidad fiscal relacionados con la adquisición de 80 carrotanques.
Noticias Caracol
1 de octubre de 2026: información sobre las actuaciones de extinción de dominio relativas a 25 activos.
Sobre el autor
Jhon Fernando Robledo Vargas Director de Robledo Vargas Abogados
Autor de análisis jurídicos relacionados con derecho penal, derecho disciplinario, responsabilidad fiscal y extinción del derecho de dominio en Colombia.
Este artículo constituye un análisis jurídico y académico de información pública disponible hasta el 23 de octubre de 2026. No sustituye el examen de los expedientes ni implica atribuir responsabilidad a personas que no hayan sido condenadas o declaradas responsables mediante decisiones de las autoridades competentes.
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Área de Derecho Penal, Extinción de Dominio y Forense Digital
Resumen
El acelerado proceso de digitalización de las economías continentales ha situado a los activos basados en tecnología blockchain (criptoactivos) en el centro de los debates sobre dogmática penal, medidas cautelares y recuperación de activos ilícitos. Sin embargo, persiste una sustancial confusión doctrinaria y práctica en torno a la naturaleza jurídica de estos activos, al intentar categorizarlos bajo las instituciones probatorias de los bienes muebles e inmuebles tradicionales.
El presente artículo analiza los criterios normativos y jurisprudenciales que rigen la correcta individualización e identificación plena de un criptoactivo en el marco del debido proceso probatorio. Asimismo, examina el impacto de esta rigurosidad técnica sobre el decreto de medidas cautelares en la acción de extinción de dominio y en la imposición de medidas de aseguramiento de bienes e incautación cautelar dentro del proceso penal.
1. La Naturaleza Jurídica del Criptoactivo en el Ordenamiento Procesal
Desde la perspectiva dogmática del derecho patrimonial y penal, un criptoactivo no constituye una cosa corporal identificable mediante linderos, marcas físicas, números de chasis o registros públicos inmobiliarios. Tampoco representa una simple anotación bancaria centralizada.
El criptoactivo es una representación digital de valor inscrita en un libro contable distribuido y descentralizado (Distributed Ledger Technology – DLT), cuya titularidad jurídica no se predica del dominio físico, sino del control exclusivo sobre la respectiva clave privada (private key) que permite la disposición del registro.
En consecuencia, pretender la afectación de un saldo cripto mediante resoluciones judiciales dirigidas a un nombre genérico o a la denominación común del activo (por ejemplo, «únicamente el valor equivalente en Bitcoin que posea el investigado») genera un vicio procesal insubsanable. La falta de precisión técnica impide la ejecución material del mandato judicial y desdibuja el principio de legalidad probatoria.
2. Los Elementos Sustanciales para la Individualización Plena
Para que un pronunciamiento judicial —sea un decreto de medida cautelar, una orden de incautación o una sentencia extintiva— cumpla con las exigencias sustanciales de motivación e individualización, la autoridad judicial y el ente fiscal deben especificar rigurosamente los siguientes presupuestos de la cadena de registro:
A. La Red de Asentamiento Criptográfico (Mainnet)
La sola denominación de un activo es jurídicamente insuficiente. La especificación debe indicar la red nativa (p. ej., Bitcoin Mainnet, Ethereum Mainnet, Tron Network). La falta de precisión de la red imposibilita la concreción de la medida cautelar, dada la existencia de copias de cadena (forks) y la emisión de tokens homónimos en múltiples plataformas.
B. El Identificador de Contrato Inteligente (Smart Contract Address)
Para activos tokenizados distintos a las monedas nativas de la red (como los dólares digitales o stablecoins USDT, USDC, DAI), la providencia penal o de extinción de dominio requiere consignar de forma exacta la dirección pública del contrato inteligente emisor. Eximir esta especificación abre el margen a errores periciales graves, confundiendo activos legítimos con contratos fraudulentos creados bajo el mismo acrónimo o símbolo comercial.
C. La Identificación de la Dirección Pública de Almacenamiento (Wallet Address)
La dirección pública opera como el equivalente al folio de matrícula inmobiliaria o al número de identificación registral en los bienes sujetos a registro. En la providencia judicial debe constar el alfanumérico público exacto que contenga el saldo objeto de la pretensión estatal.
D. La Trazabilidad de Origen Criptográfico: El Transaction Hash (TXID)
En las pretensiones de extinción de dominio sobre bienes en los que se alega un origen ilícito o una mezcla patrimonial, no basta con señalar la billetera de destino final. Es imperativo individualizar el Transaction Hash (TXID) específico de recepción de los fondos. Este elemento constituye la prueba sustancial e inalterable que acredita el tempus comissi delicti y la cuantía exacta del incremento patrimonial no justificado.
3. Impacto en la Acción de Extinción de Dominio
La acción de extinción de dominio, por su carácter real, autónomo y de contenido patrimonial, exige una relación causal objetiva entre las causales previstas en el ordenamiento y el bien determinado. La deficiente individualización de los criptoactivos incide sustancialmente en tres fases procesales fundamentales:
1. Decreto y Ejecución de Medidas Cautelares
Las medidas de embargo y secuestro de criptoactivos no se materializan con la mera notificación a una oficina registral o al sistema bancario comercial. Si el activo está bajo custodia no permisionada (en billeteras privadas o cold wallets), la providencia debe precisar el valor exacto del registro y disponer las actuaciones necesarias para salvaguardar la clave privada.
Cuando la orden judicial omite la especificación técnica del activo (Red + Contrato + Dirección pública), el administrador del fondo de bienes o la entidad depositaria se encuentra en imposibilidad de tomar el control del registro, derivando en la ineficacia de la medida cautelar.
2. Extensión y Captura de Activos en Entidades Custodias Centralizadas (Exchanges)
En eventos donde los criptoactivos reposan en entidades custodia centralizadas (Exchanges), la orden judicial requiere estar soportada no solo por los datos del usuario (Verificación KYC), sino por el hash de depósito e identificador de cuenta interna (UID/MEMO/Tag). Pretender embargar la «cuenta global» de una plataforma internacional sin la individualización del subregistro de usuario vulnera derechos de terceros de buena fe y genera controversias de jurisdicción e inmunidad soberana.
3. La Carga Dinámica de la Prueba y la Demostración de Licitud
En el debate probatorio procesal, una adecuada individualización beneficia tanto al Estado como a la defensa. Para quien ejerce la defensa del derecho de propiedad, demostrar la filiación limpia del activo implica acreditar mediante el registro inalterable de la cadena que el origen de los valores proviene de fuentes lícitas. Si el ente acusador individualiza erróneamente un UTXO o un registro de saldo, el afectado está facultado para invocar la ruptura del nexo causal probatorio.
4. Incidencia en el Proceso Penal: Incautación Cautelar y Cadena de Custodia
Dentro del procedimiento penal ordinario, la intervención de criptoactivos involucra exigencias normativas estrictas en materia de elementos materiales probatorios y evidencia física:
Control de Legalidad Posterior: Las órdenes de incautación u obtención de evidencia digital sobre saldos cripto demandan un control de legalidad riguroso ante el Juez de Control de Garantías. Si el acta de incautación o el informe pericial omite la individualización técnica (Wallet, Hash, Red), la evidencia adolece de falta de conducencia y pertinencia, comprometiendo su legalidad para el juicio oral.
Cadena de Custodia Digital: A diferencia de la evidencia física, la cadena de custodia en materia criptográfica no solo exige la custodia de soportes de almacenamiento (hardware wallets, discos o memorias), sino la preservación de la integridad de las claves y frases de recuperación (seed phrases). Un manejo indebido que exponga la clave privada a redes públicas rompe irremediablemente la cadena de custodia y extingue materialmente el valor del bien, al permitir su drenaje por terceros.
Conclusiones
Los criptoactivos no pueden ser tratados dentro del proceso penal ni en la acción de extinción de dominio bajo esquemas de identificación analógicos o genéricos.
La validez formal y sustancial de las decisiones judiciales que decretan medidas sobre estos activos exige la concurrencia indispensable de cuatro datos técnicos: la red blockchain (Mainnet), el tipo de activo y dirección de contrato inteligente, la dirección pública de destino/custodia (Wallet Address) y el identificador de la transacción (TXID).
La observancia rigurosa de estos preceptos garantiza el respeto de las garantías constitucionales del debido proceso, el derecho de defensa y la seguridad jurídica de los intervinientes en el proceso penal y patrimonial contemporáneo.
Robledo Vargas, J. F. (2026). La Individualización Técnico-Probatoria de Criptoactivos y su Incidencia en el Proceso Penal y la Extinción de Dominio. Robledo Vargas Abogados. Publicación en Web Corporativa.
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Categoría: Derecho Administrativo / Derecho Disciplinario / Defensa de Abogados
El cumplimiento de las sentencias judiciales y acuerdos de conciliación por parte de las entidades públicas en Colombia ha sido históricamente un proceso complejo y, en frecuentes ocasiones, empañado por la falta de transparencia. Más allá del perjuicio económico directo que sufre el ciudadano al ver dilatado su derecho al pago de indemnizaciones, existe una problemática colateral grave pero poco visibilizada: la exposición injusta de los abogados litigantes a investigaciones y quejas disciplinarias.
En el ejercicio de la representación judicial frente al Estado, los profesionales del derecho enfrentan esquemas administrativos que no solo entrampan el recaudo efectivo de los dineros, sino que alteran los registros oficiales, generando serios conflictos de confianza entre el apoderado y su representado.
El Modus Operandi: Dilación, Negociación bajo la Sombra y Registro Asimétrico
En la práctica del litigio administrativo, se ha evidenciado un patrón reiterado en el manejo de las obligaciones dinerarias a cargo del Estado:
Dilación Sistemática: Las entidades públicas posponen de manera injustificada el desembolso de los recursos aprobados en sentencias ejecutoriadas o conciliaciones extrajudiciales.
Descuentos e Intermediación: Ante la urgencia de liquidez de los beneficiarios, se propician escenarios de negociación donde la víctima o demandante termina aceptando montos inferiores al total reconocido en el fallo judicial.
Inconsistencia en los Reportes Contables: El punto crítico del fraude o la irregularidad administrativa ocurre en la contabilidad pública. Mientras a la víctima se le entrega un porcentaje reducido del dinero, en los sistemas oficiales de la entidad se registra la cancelación por el 100% del valor de la condena.
La Afección al Abogado: Quejas Injustas ante la Jurisdicción Disciplinaria Judicial
Esta discrepancia entre el monto real desembolsado por la entidad y la suma que figura como «pagada» en los libros públicos genera un escenario de alta vulnerabilidad para el abogado apoderado.
Cuando el poderdante o beneficiario solicita certificación o información a la entidad y observa que figura un pago total, asume erróneamente que el saldo faltante fue retribuido al abogado y que este incurrió en una indebida apropiación de dineros (falta disciplinaria contemplada en la Ley 1123 de 2007).
Como consecuencia, el profesional del derecho resulta denunciado ante las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, teniendo que asumir procesos disciplinarios desgastantes por actuaciones u omisiones que competen exclusivamente al manejo irregular de la administración pública o a intermediarios ajenos a la relación profesional.
La Prueba Documental y el Interrogatorio en el Proceso Disciplinario
La correcta articulación de la defensa técnica en estos escenarios exige un riguroso análisis probatorio que trascienda la mera presunción de veracidad de los actos o certificaciones administrativas:
Trazabilidad Financiera: Es indispensable rastrear la ruta completa del cheque o giro bancario, identificando el tenedor final y las firmas de endoso.
Tachas de Falsedad y Peritajes: Frente a títulos valores u órdenes de pago presuntamente cobrados a nombre del apoderado o de terceros, el recaudo de peritajes grafológicos resulta determinante.
Contradicción en Diligencias de Testimonio e Interrogatorio: Como se evidencia en la práctica judicial, es recurrente que exfuncionarios o asesores jurídicos de las entidades invoquen la «amnesia» o «falta de memoria» al ser cuestionados sobre las inconsistencias en las órdenes de pago. El contrainterrogatorio estratégico debe enfocarse en acorralar las contradicciones entre la versión verbal y las evidencias físicas del expediente.
Consideraciones Finales
El ejercicio de la abogacía en Colombia exige no solo idoneidad técnica en el trámite del proceso, sino también una estrategia de prevención del riesgo profesional frente al cobro y liquidación de sentencias estatales.
Frente a irregularidades en el pago de condenas por parte del Estado o ante aperturas de investigaciones disciplinarias motivadas por reportes oficiales inconsistentes, la defensa debe fundamentarse en la trazabilidad documental exhaustiva y en el cuestionamiento riguroso de la prueba administrativa.
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En Robledo Vargas Abogados brindamos asesoría y representación jurídica especializada en la defensa de abogados ante la Jurisdicción Disciplinaria Judicial y en actuaciones complejas de Derecho Administrativo.
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¿PUEDE UN PROCESO DISCIPLINARIO TERMINAR EN EXTINCIÓN DE DOMINIO? RAZONES JURÍDICAS Y LA IMPORTANCIA DE UNA DEFENSA INTEGRAL
Cuando un servidor público recibe la notificación de una indagación o investigación disciplinaria, suele pensar en lo inmediato: una suspensión, una destitución o una inhabilidad. Pocos advierten que los mismos hechos pueden abrir otros dos frentes mucho más graves: una investigación penal contra la persona y un proceso de extinción de dominio contra sus bienes.
En este artículo explicamos, a partir de la Constitución, el Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019) y el Código de Extinción de Dominio (Ley 1708 de 2014), por qué un proceso disciplinario puede originar una extinción de dominio, quiénes están en riesgo y por qué la respuesta correcta es una defensa integral que articule el derecho disciplinario, el derecho penal y la extinción de dominio.
Tres procesos, un mismo hecho
Un mismo comportamiento —por ejemplo, la adjudicación irregular de un contrato o la apropiación de recursos de la entidad— puede ser examinado al mismo tiempo desde tres perspectivas distintas:
Aspecto
Proceso disciplinario
Proceso penal
Extinción de dominio
Autoridad
Procuraduría, personerías, oficinas de control disciplinario interno, Comisiones de Disciplina Judicial
Fiscalía y jueces penales
Fiscalía (dirección especializada) y jueces de extinción de dominio
Qué juzga
El cumplimiento de los deberes funcionales
La comisión de un delito
El origen o destinación de los bienes
Recae sobre
La persona (servidor o particular disciplinable)
La persona
Los bienes, sin importar su titular
Consecuencia
Destitución, inhabilidad, suspensión, multa
Pena de prisión, multa, inhabilidades
Pérdida del bien a favor del Estado, sin compensación
Cada proceso es autónomo, pero la información circula entre ellos. Ahí está el riesgo.
Siete razones jurídicas por las que un proceso disciplinario origina una extinción de dominio
1. Muchas faltas gravísimas son, al mismo tiempo, delitos
El Código General Disciplinario califica como falta gravísima realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito doloso, cuando se comete en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o del cargo. Además, describe como gravísimas numerosas conductas relacionadas con la contratación estatal, la hacienda pública y el manejo de bienes del Estado.
Cuando la autoridad disciplinaria investiga hechos de esta naturaleza, en realidad está examinando conductas que pueden encajar en delitos como peculado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, cohecho, concusión o enriquecimiento ilícito. Y esos delitos son, a su vez, las actividades ilícitas que soportan las causales de extinción de dominio del artículo 16 de la Ley 1708 de 2014.
2. La compulsa de copias a la Fiscalía
Si durante la actuación disciplinaria aparecen hechos que pueden constituir delito, la autoridad disciplinaria tiene el deber de ponerlos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Esa compulsa de copias es la vía más frecuente por la que un expediente disciplinario llega a la Fiscalía, que puede iniciar en paralelo la investigación penal contra la persona y la actuación de extinción de dominio contra los bienes.
3. La declaración de bienes y rentas y el incremento patrimonial no justificado
Los servidores públicos deben presentar su declaración juramentada de bienes y rentas al posesionarse, actualizarla periódicamente y al retirarse del cargo. En una investigación disciplinaria, estas declaraciones suelen revisarse junto con los registros de propiedad, los movimientos bancarios y la información tributaria.
Si aparece una diferencia entre los ingresos legales y el patrimonio adquirido, ese hallazgo puede sustentar la causal de extinción de dominio sobre bienes que forman parte de un incremento patrimonial no justificado, cuando existan elementos para considerar razonablemente que provienen de actividades ilícitas. Las omisiones o inexactitudes en la declaración, además, pueden tener consecuencias disciplinarias y penales propias.
4. La contratación estatal y el manejo de recursos públicos
Las investigaciones disciplinarias por fraccionamiento de contratos, direccionamiento de procesos de selección, pagos sin soporte o supervisión deficiente suelen revelar a dónde fueron a parar los recursos. Si los dineros públicos terminan, directa o indirectamente, en bienes del servidor, del contratista o de terceros, la Fiscalía puede sostener que esos bienes son producto de una actividad ilícita o que fueron utilizados como instrumento para cometerla.
5. Las pruebas del proceso disciplinario pueden trasladarse
Las versiones libres, los testimonios, los informes técnicos, las inspecciones y los documentos recaudados en la actuación disciplinaria pueden ser trasladados a los procesos penal y de extinción de dominio, con sujeción a las reglas de cada procedimiento. Lo que el investigado afirme ante la Procuraduría o ante una oficina de control interno puede terminar siendo valorado por el fiscal de extinción de dominio.
Por eso, una estrategia disciplinaria pensada solo para evitar la sanción, sin medir sus efectos en los otros frentes, puede resultar contraproducente.
6. La Procuraduría también interviene en la extinción de dominio
En el proceso de extinción de dominio, el Ministerio Público —ejercido por la Procuraduría General de la Nación— participa como interviniente para la defensa del orden jurídico y del patrimonio público. La misma institución que conoce de las faltas disciplinarias tiene presencia en el escenario donde se decide la suerte de los bienes, lo que facilita la circulación de información entre ambos procesos.
7. Autonomía: ni la sanción ni la absolución deciden la extinción
La Ley 1708 de 2014 establece que la acción de extinción de dominio es distinta y autónoma de la penal y de cualquier otra, e independiente de toda declaratoria de responsabilidad. En consecuencia:
No se requiere una sanción disciplinaria en firme ni una condena penal para que la Fiscalía persiga los bienes.
Un archivo o un fallo absolutorio disciplinario es una prueba valiosa para la defensa, pero no obliga por sí solo al juez de extinción de dominio.
A la inversa, una sanción disciplinaria tampoco basta: la Fiscalía debe demostrar el vínculo entre cada bien y una causal de extinción.
¿Quiénes están en riesgo?
Servidores públicos de todos los niveles, especialmente ordenadores del gasto, secretarios de despacho, gerentes y miembros de comités de contratación.
Particulares disciplinables: quienes ejercen funciones públicas, administran recursos públicos o cumplen labores de interventoría o supervisión de contratos estatales.
Miembros de la Fuerza Pública, docentes oficiales, funcionarios judiciales y notarios.
Familiares, socios y terceros que figuran como titulares de bienes del investigado.
Por qué necesita una defensa integral: disciplinaria, penal y de extinción de dominio
El error más costoso es contratar defensas separadas que no se comunican entre sí. Una versión libre mal preparada en el proceso disciplinario, una aceptación de cargos sin medir sus efectos penales o una oposición tardía a las medidas cautelares pueden comprometer el patrimonio familiar de forma irreversible.
La defensa integral parte de una premisa simple: los hechos son los mismos, la estrategia debe ser una sola. Esto implica:
Diagnóstico unificado del riesgo desde la primera notificación: identificar qué hechos pueden tener relevancia penal y qué bienes podrían quedar expuestos.
Coherencia en las versiones y descargos, para que lo dicho en un proceso no se convierta en prueba en contra en otro.
Control de la prueba trasladada, verificando su legalidad, su contradicción y su pertinencia en cada escenario.
Protección temprana del patrimonio, documentando el origen lícito de cada bien antes de que se decreten medidas cautelares.
Uso oportuno de los mecanismos de cada proceso: nulidades y recursos en lo disciplinario, garantías del procesado en lo penal, control de legalidad y oposición en la extinción de dominio, y la acción de tutela cuando se vulneran derechos fundamentales.
Cómo lo hacemos en Robledo Vargas Abogados Asociados
Nuestra firma reúne en un solo equipo las áreas que convergen en estos casos. Eso nos permite asumir la defensa completa del cliente, de principio a fin, con una estrategia coordinada:
Área
Qué hacemos por usted
Derecho disciplinario
Defensa ante la Procuraduría, personerías, oficinas de control disciplinario interno y Comisiones de Disciplina Judicial (Ley 1952 de 2019 y Ley 1123 de 2007): versiones libres, descargos, pruebas, nulidades, alegatos y recursos.
Derecho penal
Defensa ante la Fiscalía y los jueces penales por delitos contra la administración pública, incluido el derecho penal militar para miembros de la Fuerza Pública.
Extinción de dominio
Defensa de bienes y de terceros afectados (Ley 1708 de 2014): control de legalidad de medidas cautelares, oposición, buena fe exenta de culpa y actuación ante la SAE.
Derecho constitucional
Acciones de tutela para proteger el debido proceso, el derecho de defensa y los demás derechos fundamentales en cualquiera de los tres frentes.
Además del litigio, nuestro trabajo se apoya en la investigación académica: hemos publicado artículos sobre extinción de dominio, procedimiento disciplinario y garantías constitucionales, y hemos llevado la defensa en extinción de dominio hasta la Corte Constitucional, en la actuación que dio origen a la Sentencia T-417 de 2023. Atendemos casos en todo el país desde Santiago de Cali.
Preguntas frecuentes
¿La Procuraduría puede quitarme mis bienes?
No. La Procuraduría impone sanciones disciplinarias. La extinción de dominio solo la declara un juez especializado, a solicitud de la Fiscalía. Sin embargo, la información del proceso disciplinario puede llegar a esa actuación.
Si me absuelven en el proceso disciplinario, ¿estoy a salvo de la extinción de dominio?
No necesariamente. Los procesos son autónomos. La absolución es un argumento importante para la defensa, pero no impide por sí sola que la Fiscalía inicie la acción.
¿Qué debo hacer antes de rendir versión libre en un proceso disciplinario?
Consultar a un abogado que evalúe también el riesgo penal y patrimonial. Lo que declare puede ser trasladado a otros procesos.
¿Pueden afectar bienes que están a nombre de mi cónyuge o de mis hijos?
Sí. La extinción de dominio recae sobre los bienes, no sobre las personas. Los titulares pueden defenderse demostrando el origen lícito o su buena fe exenta de culpa.
¿Un mismo abogado puede llevar los tres procesos?
Sí, y es lo recomendable cuando el equipo tiene experiencia en las tres áreas: garantiza coherencia en la estrategia y evita contradicciones entre las defensas.
Hablemos de su caso
Si usted es servidor público, contratista o tercero afectado y enfrenta una queja, una indagación o una investigación disciplinaria, no espere a que se decreten medidas sobre sus bienes. En Robledo Vargas Abogados Asociados evaluamos su situación de manera integral y le proponemos una estrategia de defensa coordinada.
Correo: robledovargas.abogados@gmail.com
Teléfono / WhatsApp: 312 788 8097
Sitio web: www.robledovargasabogados.com
Este artículo tiene fines informativos y no constituye asesoría jurídica para un caso concreto.
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Muchos servidores públicos, contratistas y empresarios creen que, si la Contraloría los investiga, el peor escenario es un fallo con responsabilidad fiscal que los obligue a pagar el daño causado al patrimonio público. No es así. La extinción de dominio por procesos fiscales es un riesgo real: el mismo hallazgo que da origen a una investigación de la Contraloría puede terminar en que la Fiscalía persiga los bienes —casas, vehículos, acciones, cuentas— y solicite que pasen a manos del Estado sin compensación alguna.
En este artículo explicamos, con base en la Constitución, la Ley 1708 de 2014 (Código de Extinción de Dominio) y la Ley 610 de 2000 (proceso de responsabilidad fiscal), cuáles son las razones jurídicas por las que un asunto fiscal se convierte en un proceso de extinción de dominio, quiénes están expuestos y qué puede hacer para proteger su patrimonio.
Responsabilidad fiscal y extinción de dominio: dos procesos distintos sobre un mismo hecho
El punto de partida es entender que se trata de acciones diferentes, con finalidades, autoridades y destinatarios distintos. Confundirlas es el error más frecuente —y más costoso— en la defensa.
Aspecto
Responsabilidad fiscal
Extinción de dominio
Autoridad
Contraloría General de la República, contralorías territoriales
Fiscalía General de la Nación (investiga) y jueces especializados de extinción de dominio (deciden)
Norma principal
Ley 610 de 2000 y Ley 1474 de 2011
Artículo 34 de la Constitución y Ley 1708 de 2014
Naturaleza
Personal, patrimonial y resarcitoria
Real: recae sobre los bienes, no sobre la persona
Contra quién
Gestores fiscales y quienes contribuyen al daño
Los bienes, sin importar en cabeza de quién estén
Finalidad
Reparar el detrimento patrimonial del Estado
Declarar que el bien pasa al Estado sin contraprestación
Prescripción
Sujeta a términos de caducidad y prescripción
La acción no prescribe
Precisamente porque persiguen objetivos distintos, ambos procesos pueden avanzar al mismo tiempo, con pruebas compartidas y con medidas cautelares sobre los mismos bienes.
Siete razones jurídicas por las que un proceso fiscal origina una extinción de dominio
1. El mandato constitucional: bienes adquiridos en perjuicio del Tesoro público
La razón de fondo está en la propia Constitución. El artículo 34 dispone:
“[…] por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro público o con grave deterioro de la moral social”.
El daño al patrimonio público —que es justamente lo que investiga la Contraloría— es uno de los supuestos expresamente previstos por el constituyente. Cuando un hallazgo fiscal revela que alguien se apropió de recursos públicos o los desvió para su beneficio, el Estado no solo busca que le paguen: busca recuperar los bienes que se obtuvieron con esa afectación.
2. El hallazgo fiscal con incidencia penal llega a la Fiscalía
Los hallazgos de las auditorías de la Contraloría se clasifican según su incidencia: fiscal, disciplinaria o penal. Cuando existe una posible conducta delictiva, la Contraloría debe trasladar el asunto a la Fiscalía General de la Nación. Ese traslado —o compulsa de copias— es la puerta de entrada más común a la extinción de dominio.
Con esa información, la Fiscalía puede abrir de manera paralela una investigación penal contra las personas y una actuación de extinción de dominio contra los bienes, a cargo de su dirección especializada. El informe de auditoría, la cuantificación del detrimento y los soportes contractuales se convierten así en material probatorio para sustentar una causal de extinción.
3. Los bienes son producto de delitos contra la administración pública
El artículo 16 de la Ley 1708 de 2014 establece las causales de extinción de dominio. La primera de ellas comprende los bienes que sean producto directo o indirecto de una actividad ilícita. En materia fiscal, las actividades ilícitas más frecuentes son los delitos contra la administración pública previstos en el Código Penal:
Peculado (por apropiación, por uso o culposo), cuando el servidor o un particular se apropia de recursos públicos.
Contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.
Enriquecimiento ilícito de servidores públicos y de particulares.
Cohecho y concusión, cuando se pagan o exigen dádivas a cambio de adjudicaciones o pagos.
Lavado de activos, cuando los recursos desviados se introducen en la economía formal.
Si los bienes del investigado se adquirieron con dineros de un contrato estatal sobrecostado, de anticipos no amortizados o de pagos por obras no ejecutadas, la Fiscalía puede sostener que son producto de esas conductas.
4. Incremento patrimonial no justificado
Otra causal especialmente relevante es la de los bienes que forman parte de un incremento patrimonial no justificado, cuando existen elementos para considerar razonablemente que provienen de actividades ilícitas. Las auditorías fiscales suelen evidenciar el contraste entre los ingresos legales de un servidor o contratista y la adquisición de bienes durante la ejecución del contrato o el ejercicio del cargo. Ese contraste es un insumo clásico de la investigación patrimonial de la Fiscalía.
5. Bienes utilizados como medio o instrumento
La extinción no se limita al dinero apropiado. También puede recaer sobre bienes de origen lícito que fueron utilizados como medio o instrumento para cometer la actividad ilícita. En el contexto fiscal, esto puede comprender sociedades contratistas creadas o usadas para canalizar recursos públicos, cuentas bancarias por donde circularon los pagos o maquinaria y vehículos facturados a la entidad sin la correspondiente prestación.
6. Transformación, mezcla y bienes en cabeza de terceros
La Ley 1708 de 2014 también permite perseguir los bienes que provienen de la transformación o conversión de los recursos ilícitos, los de origen lícito mezclados con aquellos y los utilizados para ocultarlos. Por eso, transferir un inmueble a un familiar, constituir una nueva sociedad o invertir en un negocio aparentemente legítimo no impide la acción: el proceso es real y sigue al bien, sin importar quién figure como titular.
Esta característica explica por qué en procesos originados en hallazgos fiscales se vinculan con frecuencia cónyuges, hijos, socios, compradores y entidades financieras que nunca fueron investigados por la Contraloría.
7. El resarcimiento fiscal no agota el interés del Estado
El proceso de responsabilidad fiscal busca que se pague el daño; la extinción de dominio busca que ningún bien de origen ilícito permanezca en el patrimonio de particulares. Por esa diferencia de objeto, pagar el valor del fallo fiscal no cierra automáticamente la puerta a la extinción. Cuando no es posible ubicar los bienes de origen ilícito, la ley contempla incluso la persecución de bienes de origen lícito por un valor equivalente.
Esto no significa que el Estado pueda cobrar dos veces el mismo daño: el pago efectuado, los acuerdos de reparación y la prohibición de enriquecimiento sin causa del propio Estado son argumentos que una defensa técnica debe hacer valer en el escenario adecuado.
¿Se necesita un fallo fiscal o una condena penal para extinguir el dominio?
No. La Ley 1708 de 2014 consagra la autonomía de la acción: es distinta e independiente de la acción penal, de la responsabilidad fiscal y de cualquier otra declaratoria de responsabilidad. La Corte Constitucional ha reiterado este carácter autónomo desde la Sentencia C-740 de 2003.
En la práctica, la Fiscalía puede iniciar la extinción con base en el hallazgo de la Contraloría, aunque el proceso fiscal no haya terminado. A la inversa, un auto de archivo o un fallo sin responsabilidad fiscal es una prueba valiosa para la defensa, pero no vincula por sí solo al juez de extinción de dominio. Cada escenario exige su propia estrategia.
Medidas cautelares: el riesgo de un doble embargo
En el proceso de responsabilidad fiscal, la Contraloría puede decretar embargo y secuestro de bienes para garantizar el eventual resarcimiento (artículo 12 de la Ley 610 de 2000). En la extinción de dominio, la Fiscalía puede ordenar suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión de bienes y sociedades, que pasan a ser administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
La concurrencia de ambas medidas sobre un mismo inmueble, una empresa o unas cuentas puede paralizar por completo la actividad económica del afectado. Frente a las medidas de extinción, la Ley 1708 de 2014 prevé el control de legalidad ante el juez especializado, un mecanismo que debe usarse con oportunidad y con argumentos técnicos precisos.
¿Quiénes están expuestos?
Ordenadores del gasto, secretarios, gerentes y demás gestores fiscales.
Supervisores e interventores de contratos estatales.
Contratistas, consorcios, uniones temporales y sus socios.
Familiares y terceros que adquirieron bienes de los investigados.
Compradores, acreedores y entidades financieras con garantías sobre los bienes afectados.
Claves de defensa cuando el proceso viene de la Contraloría
Coordinar las defensas. Lo que se declare en la versión libre ante la Contraloría puede terminar en el expediente de extinción de dominio. La estrategia fiscal, penal y patrimonial debe ser una sola.
Demostrar el origen lícito. Reconstruir con documentos la trazabilidad de cada bien: fechas, fuentes de financiación, declaraciones tributarias y soportes bancarios.
Romper el nexo causal y temporal. Un bien adquirido antes de los hechos investigados o con recursos ajenos al contrato no guarda relación con la causal invocada.
Probar la buena fe exenta de culpa. El tercero que adquirió de forma diligente y transparente tiene protección legal; esta defensa exige prueba rigurosa.
Controvertir las medidas cautelares mediante el control de legalidad y oponerse con pruebas en la etapa de juicio.
Aprovechar las decisiones favorables del proceso fiscal (archivo, fallo sin responsabilidad o cesación) como elementos de prueba, sin depender exclusivamente de ellas.
Preguntas frecuentes
¿La Contraloría puede extinguir el dominio de mis bienes?
No. La Contraloría declara la responsabilidad fiscal y puede embargar bienes para garantizar el pago. La extinción de dominio solo la declara un juez especializado, a solicitud de la Fiscalía.
Si pago el detrimento patrimonial, ¿se termina el riesgo de extinción?
No necesariamente. Por la autonomía de las acciones, el pago no impide por sí solo la extinción, aunque sí es un argumento relevante para la defensa.
¿Pueden afectar bienes que están a nombre de mi familia?
Sí. La extinción de dominio recae sobre los bienes y no sobre las personas; por eso puede vincular a titulares que no fueron investigados por la Contraloría, quienes tienen derecho a defenderse.
¿La extinción de dominio prescribe?
No. La acción es imprescriptible, a diferencia del proceso de responsabilidad fiscal, que sí está sujeto a términos de caducidad y prescripción.
¿Cuándo debo buscar un abogado?
Desde la notificación del hallazgo o del auto de apertura del proceso fiscal. Las decisiones que se toman en esa etapa inciden directamente en la defensa de los bienes.
Asesoría especializada en extinción de dominio
En Robledo Vargas Abogados Asociados defendemos a personas naturales y empresas en procesos de extinción de dominio y en actuaciones relacionadas con la Contraloría, con cobertura nacional desde Santiago de Cali. Hemos litigado en esta materia hasta la Corte Constitucional, en la actuación que dio origen a la Sentencia T-417 de 2023.
Si usted o su empresa enfrentan un hallazgo fiscal, un proceso de responsabilidad fiscal o medidas cautelares sobre sus bienes, contáctenos para una evaluación de su caso:
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Con la tutela promovida por el abogado Jhon Fernando Robledo Vargas, la Corte Constitucional fijó reglas que hoy orientan la defensa de los afectados en procesos de extinción de dominio en Colombia: la buena fe exenta de culpa se analiza con cualquier causal, la Fiscalía debe desvirtuarla y la causal de destinación ilícita exige probar un elemento objetivo y uno subjetivo.
Por Robledo Vargas Abogados Asociados · Santiago de Cali, Colombia · 15 de octubre de 2026
La Sentencia T-417 de 2023 de la Corte Constitucional (expediente T-9.289.649) es una decisión de referencia sobre la causal 5.ª del artículo 16 de la Ley 1708 de 2014 y sobre la buena fe exenta de culpa en extinción de dominio. Su origen es una acción de tutela presentada por Jhon Fernando Robledo Vargas, socio fundador de Robledo Vargas Abogados Asociados, contra las sentencias de extinción de dominio dictadas por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Villavicencio y por la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá. La propia Corte deja constancia de esa representación en el párrafo 39 del fallo.
Este artículo resume qué se discutió, cómo avanzó la tutela y cuáles son los hitos jurídicos de la T-417/23 que los abogados de extinción de dominio pueden invocar hoy. Al final encontrará la edición anotada de la sentencia preparada por Robledo Vargas Abogados, con los párrafos numerados y resaltados para ubicarlos rápido.
Providencia: Sentencia T-417 de 2023
Corporación: Corte Constitucional de Colombia, Sala Sexta de Revisión
Expediente: T-9.289.649
Fecha: 18 de octubre de 2023
Magistrado sustanciador: Antonio José Lizarazo Ocampo (con las magistradas Paola Andrea Meneses Mosquera y Cristina Pardo Schlesinger)
Apoderado de la accionante: Jhon Fernando Robledo Vargas — Robledo Vargas Abogados Asociados (párr. 39)
Materia: Extinción de dominio. Causal 5.ª del art. 16 de la Ley 1708 de 2014. Buena fe exenta de culpa. Carga de la prueba. Tutela contra providencia judicial
El recorrido de la tutela de Robledo Vargas Abogados
El caso partió de un proceso de extinción de dominio sobre un inmueble y un establecimiento de comercio en Villavicencio. La Fiscalía invocó la causal 5.ª del artículo 16 del Código de Extinción de Dominio, que se refiere a los bienes utilizados como medio o instrumento para actividades ilícitas. La afectada, propietaria de la nuda propiedad por donación, perdió en primera y en segunda instancia.
Tras la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, la afectada otorgó poder a Robledo Vargas Abogados Asociados, que asumió la defensa en sede constitucional:
20 de octubre de 2022. Se otorga el poder en notaría a Jhon Fernando Robledo Vargas.
24 de octubre de 2022. La firma radica la acción de tutela, menos de un mes después del fallo del Tribunal. La Corte da por cumplida la inmediatez (párr. 47).
1.º de noviembre de 2022. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia concede el amparo de los derechos al debido proceso y a la propiedad privada, deja sin efectos la sentencia del Tribunal y le ordena dictar una nueva (párr. 18).
9 de febrero de 2023. La Sala de Casación Civil revoca y niega el amparo, tras las impugnaciones de la Fiscalía y de dos magistrados del Tribunal (párrs. 21-24).
28 de abril de 2023. A partir de la solicitud de revisión de la firma, la Sala de Selección Número Cuatro escoge el expediente (párrs. 25-26).
18 de octubre de 2023. La Sala Sexta de Revisión dicta la Sentencia T-417 de 2023.
Resultado. La Corte confirmó la decisión de la Sala de Casación Civil y no concedió el amparo en el caso concreto. Al estudiar el fondo, sin embargo, fijó las reglas que se explican a continuación, varias de ellas favorables a los afectados. Las tres primeras recogen el planteamiento central que la firma llevó hasta la Corte: que la buena fe exenta de culpa debía examinarse y que correspondía a la Fiscalía desvirtuarla.
Los hitos jurídicos de la Sentencia T-417 de 2023
Hito 1. La buena fe exenta de culpa se analiza con cualquier causal de extinción de dominio
El Tribunal Superior de Bogotá había calificado de «impertinente» el estudio de la buena fe exenta de culpa, porque la Fiscalía no cuestionaba el origen ilícito del bien sino su destinación. La tutela de Robledo Vargas Abogados atacó esa tesis, y la Corte le dio la razón en este punto: la buena fe exenta de culpa tiene raigambre constitucional y debe analizarse sin importar cuál de las causales del artículo 16 de la Ley 1708 se invoque.
La regla tiene consecuencias prácticas inmediatas. En las causales de destinación ilícita (numerales 5, 6, 8 y 9 del artículo 16), el juez no puede omitir el examen de la buena fe del afectado, ni la Fiscalía puede limitarse a probar el uso ilícito del bien.
Ubicación: Sentencia T-417 de 2023, párrafos 44 y 73.
Hito 2. La Fiscalía debe probar la causal y desvirtuar la buena fe exenta de culpa
El artículo 47 de la Ley 1708 consagra la carga dinámica de la prueba. La Corte precisó que esa regla no releva a la Fiscalía de demostrar el supuesto de hecho de la causal que invoca, incluida la ausencia de buena fe exenta de culpa del afectado. Para la causal 5.ª no basta acreditar que el bien se destinó a una actividad ilícita: la Fiscalía debe probar también que el titular conocía esa situación y no hizo nada para evitarla, pudiendo hacerlo.
Ubicación: Sentencia T-417 de 2023, párrafos 75 a 78 y 111.
Hito 3. La causal 5.ª exige un elemento objetivo y uno subjetivo
La Corte incorporó a la jurisprudencia constitucional la estructura de la causal de destinación ilícita que venía aplicando la Sala de Casación Penal:
Elemento objetivo: debe probarse que el bien fue usado como medio o instrumento para el delito, es decir, que existe una relación entre la actividad ilícita y el bien.
Elemento subjetivo: el propietario debe haber participado en la actividad ilícita o haberla tolerado, sabiendo que su bien se usaba para ella y sin hacer nada para impedirlo pudiendo hacerlo (culpa in vigilando).
La sentencia subraya que el elemento subjetivo es decisivo cuando quien usa el bien es un tercero y el propietario no ejerce la tenencia. En ese escenario, solo el conocimiento de la actividad ilícita le genera el deber de actuar.
Ubicación: Sentencia T-417 de 2023, párrafos 69 a 72.
Hito 4. En delitos de mera conducta, el bien debe hacer parte de la realización del delito
Cuando la actividad ilícita es un delito de mera conducta, como el porte de armas o de estupefacientes, debe establecerse que el inmueble se utilizó para realizar la conducta. No basta con que el delito haya ocurrido en el lugar.
Ubicación: Sentencia T-417 de 2023, párrafo 70.
Hito 5. El verbo rector de la condena penal no delimita la extinción de dominio
Por la autonomía de la acción de extinción frente al proceso penal, el juez no puede circunscribir su análisis al verbo rector por el que se condenó o se suscribió un preacuerdo. Debe valorar de forma integral todo el acervo, incluidos los informes de investigación que sustentaron las condenas. Esta regla se pronunció en contra de la tesis de la accionante, pero hoy es un criterio obligado de valoración probatoria que toda defensa debe anticipar.
Ubicación: Sentencia T-417 de 2023, párrafos 88 a 93 y 109.
Hito 6. La buena fe protegida es cualificada y no se trasladan las garantías penales
La buena fe que protege el Código de Extinción de Dominio es la cualificada o exenta de culpa: no basta obrar con rectitud, sino que hay que desplegar acciones diligentes y oportunas para verificar que la propiedad se use conforme a derecho. La Corte advirtió además que no pueden aplicarse automáticamente al proceso de extinción la presunción de inocencia, el in dubio pro reo ni la carga probatoria propia del proceso penal.
Ubicación: Sentencia T-417 de 2023, párrafos 74 y 103.
Hito 7. Requisitos para alegar falta de defensa técnica en extinción de dominio
Siguiendo la Sentencia SU-108 de 2020, la Corte exigió que quien alega falta de defensa técnica demuestre cuatro cosas: que la falla no obedeció a una estrategia de defensa, que fue determinante del sentido de la decisión, que no es imputable a quien sufre sus consecuencias y que la vulneración de derechos es evidente. También recordó que la defensa pública en estos procesos está reservada a personas en condiciones de vulnerabilidad (art. 14 de la Ley 1708).
Ubicación: Sentencia T-417 de 2023, párrafos 55 a 59.
Hito 8. Procedencia de la tutela contra sentencias de extinción de dominio
La Corte declaró procedente la tutela contra la sentencia de segunda instancia de extinción de dominio. Encontró cumplida la relevancia constitucional, porque el caso involucraba el debido proceso, la buena fe y el régimen de la propiedad privada, y la subsidiariedad, porque la acción de revisión de la Ley 1708 solo procede por causales taxativas que no se configuraban. Además corrigió a la Sala de Casación Civil: el concepto de «vía de hecho» fue reemplazado por las causales específicas de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
Ubicación: Sentencia T-417 de 2023, párrafos 41 a 52 y 108.
Por qué la T-417/23 importa para los afectados con extinción de dominio
En el caso que llegó a la Corte, el Tribunal Superior de Bogotá dio por superado el debate sobre la buena fe del propietario con el solo argumento de que no se discutía el origen del bien. La T-417 de 2023 cierra esa puerta: el afectado tiene derecho a que su buena fe exenta de culpa se examine, y la Fiscalía tiene la carga de desvirtuarla con pruebas sobre su conocimiento y su omisión.
La sentencia también deja una lección de estrategia. El caso concreto se perdió porque, en el proceso de extinción, los afectados no aportaron pruebas para sostener su oposición, hasta el punto de que el juzgado decretó pruebas de oficio (párrs. 82 y 104). La tutela no puede suplir la actividad probatoria que no se desplegó en las instancias. Por eso en Robledo Vargas Abogados Asociados insistimos en construir la prueba de la buena fe exenta de culpa desde la fase inicial del proceso.
Cómo citar esta sentencia
Corte Constitucional de Colombia, Sala Sexta de Revisión. Sentencia T-417 de 2023 (18 de octubre de 2023), expediente T-9.289.649, M.S. Antonio José Lizarazo Ocampo. Tutela promovida mediante apoderado Jhon Fernando Robledo Vargas, de Robledo Vargas Abogados Asociados.
Edición anotada de la Sentencia T-417 de 2023
Robledo Vargas Abogados Asociados preparó una edición anotada del texto íntegro de la sentencia, con los 112 párrafos numerados y resaltados, un índice de los hitos con su ubicación exacta y marcadores para navegar el documento. [ENLACE A CALAMÉO: reemplazar].
Preguntas frecuentes sobre la Sentencia T-417 de 2023
¿Qué decidió la Sentencia T-417 de 2023?
Confirmó el fallo de la Sala de Casación Civil que negó la tutela, pero fijó reglas sobre la buena fe exenta de culpa, la causal 5.ª del artículo 16 de la Ley 1708 de 2014 y la carga probatoria de la Fiscalía en extinción de dominio.
¿Se analiza la buena fe exenta de culpa cuando la causal es la destinación ilícita?
Sí. Según el párrafo 44 de la T-417/23, debe analizarse con independencia de la causal invocada.
¿Quién debe probar la ausencia de buena fe exenta de culpa?
La Fiscalía. La carga dinámica no la exime de desvirtuarla (párrafos 78 y 111).
¿Qué firma presentó la tutela?
Robledo Vargas Abogados Asociados, a través de su socio fundador Jhon Fernando Robledo Vargas (párrafo 39).
¿Enfrenta un proceso de extinción de dominio?
Robledo Vargas Abogados Asociados asesora y representa a afectados en procesos de extinción de dominio en toda Colombia, desde la fase inicial hasta la acción de tutela y la revisión ante la Corte Constitucional.
Defensa jurídica especializada de psicólogos en Colombia
El ejercicio profesional de la psicología en Colombia está sometido a importantes obligaciones legales, éticas y deontológicas. Por esta razón, cuando un psicólogo recibe una queja o enfrenta una investigación por una presunta falta profesional, su defensa no debe ser improvisada.
En Robledo Vargas Abogados hemos desarrollado una línea especializada de defensa jurídica de profesionales que enfrentan investigaciones y procesos de naturaleza disciplinaria, ética y deontológica en Colombia.
Dentro de esta línea de trabajo se encuentra la defensa de psicólogos ante COLPSIC y los Tribunales Deontológicos y Bioéticos de Psicología, particularmente en actuaciones relacionadas con la Ley 1090 de 2006, el Código Deontológico y Bioético del Psicólogo y las normas que regulan el ejercicio profesional.
Nuestra metodología parte de una premisa fundamental:
Una queja contra un psicólogo no equivale a la demostración de una falta ética ni determina, por sí misma, su responsabilidad profesional.
La defensa debe demostrar, mediante argumentos jurídicos y pruebas, qué ocurrió realmente, cuál fue la actuación del profesional y si existe fundamento legal para atribuirle responsabilidad.
¿Qué es COLPSIC y qué papel cumple frente a los psicólogos?
El Colegio Colombiano de Psicólogos – COLPSIC es una organización relacionada con el ejercicio profesional de la psicología en Colombia y desarrolla funciones públicas asignadas por la Ley 1090 de 2006.
La Ley 1090 de 2006 reglamentó el ejercicio de la psicología, estableció el Código Deontológico y Bioético y creó los Tribunales Departamentales Deontológicos y Bioéticos de Psicología y el Tribunal Nacional Deontológico y Bioético de Psicología.
Por ello, cuando se habla de una “defensa de psicólogos ante COLPSIC”, es necesario precisar jurídicamente que los procesos deontológicos son conocidos por los Tribunales creados por la Ley 1090 de 2006.
Esta distinción es importante para cualquier estrategia de defensa.
El psicólogo investigado debe saber quién adelanta la actuación, qué autoridad tiene competencia, cuál es la conducta que se investiga, qué norma se considera infringida y cuáles son sus derechos dentro del procedimiento.
¿Por qué un psicólogo puede necesitar un abogado especializado?
Una investigación deontológica puede comenzar a partir de una queja presentada por un paciente, usuario, familiar, institución, colega o tercero.
El origen de la actuación puede estar relacionado, entre otros asuntos, con:
Secreto profesional.
Confidencialidad de la información.
Consentimiento informado.
Manejo de historias y registros.
Informes psicológicos.
Conceptos profesionales.
Evaluaciones psicológicas.
Aplicación de pruebas.
Procedimientos e intervenciones psicológicas.
Relaciones con pacientes o usuarios.
Relaciones profesionales.
Publicidad de servicios psicológicos.
Competencia profesional.
Actuaciones relacionadas con niños, niñas y adolescentes.
Psicología clínica.
Psicología jurídica y forense.
Psicología educativa.
Psicología organizacional.
Presuntas vulneraciones del Código Deontológico y Bioético.
Sin embargo, la existencia de una inconformidad no significa necesariamente que haya existido una infracción ética.
Ahí comienza la importancia de una defensa jurídica especializada.
Robledo Vargas Abogados: defensa especializada de psicólogos en Colombia
En Robledo Vargas Abogados entendemos que la defensa de un profesional de la psicología presenta características particulares.
No se trata simplemente de contestar una queja.
Se trata de analizar simultáneamente:
hechos + Ley 1090 de 2006 + ética profesional + deontología + procedimiento + prueba + debido proceso.
Nuestra experiencia en defensas disciplinarias y profesionales nos permite abordar este tipo de investigaciones desde una perspectiva jurídica estratégica, orientada a proteger el ejercicio profesional y los derechos del psicólogo investigado.
La estrategia defensiva debe responder preguntas esenciales:
¿Qué conducta concreta se le atribuye al psicólogo?
No basta con una afirmación genérica sobre un supuesto comportamiento contrario a la ética.
Debe identificarse con precisión el hecho que se atribuye al profesional.
¿Qué norma de la Ley 1090 de 2006 se considera vulnerada?
Una defensa técnica debe determinar cuál es el deber, prohibición o regla deontológica presuntamente infringida y verificar si realmente resulta aplicable al caso concreto.
¿La conducta está demostrada?
La acusación debe estar respaldada por elementos probatorios que permitan establecer los hechos.
La defensa debe analizar la pertinencia, conducencia, utilidad, legalidad y capacidad demostrativa de cada elemento de prueba.
¿La conducta realmente fue realizada por el psicólogo?
No puede trasladarse automáticamente al profesional la responsabilidad por hechos realizados por terceros, instituciones, equipos interdisciplinarios o personas que participaron en un determinado contexto.
¿Existe responsabilidad individual?
La defensa debe determinar si existen elementos suficientes para atribuir jurídicamente la conducta al profesional investigado.
Defensa de psicólogos ante Tribunales Deontológicos y Bioéticos
La Ley 1090 de 2006 estableció un sistema específico para investigar y sancionar las faltas relacionadas con el ejercicio profesional de la psicología.
Los Tribunales Departamentales Deontológicos y Bioéticos de Psicología conocen los procesos en primera instancia, mientras que el Tribunal Nacional Deontológico y Bioético de Psicología actúa como segunda instancia.
Por esta razón, cuando un psicólogo recibe una notificación dentro de una actuación deontológica, es fundamental identificar en qué etapa se encuentra el proceso.
No es igual intervenir:
al inicio de una investigación;
durante la etapa probatoria;
al momento de presentar descargos;
frente a una decisión de primera instancia;
al interponer un recurso;
o durante el trámite de segunda instancia.
La estrategia defensiva cambia dependiendo de la etapa procesal.
¿Qué hacer si un psicólogo recibe una queja?
Si un psicólogo recibe una comunicación relacionada con una investigación deontológica, lo recomendable es no responder impulsivamente ni presentar explicaciones sin una estrategia jurídica previa.
Antes de contestar debe analizarse:
¿Quién presenta la queja?
¿Qué hechos concretos se atribuyen?
¿Cuándo ocurrieron?
¿Dónde ocurrieron?
¿Cuál era el contexto profesional?
¿Qué relación existía entre el psicólogo y la persona que presenta la queja?
¿Qué documentos existen?
¿Qué comunicaciones pueden acreditar lo ocurrido?
¿Qué pruebas tiene el denunciante?
¿Qué pruebas puede aportar el profesional?
¿Qué norma de la Ley 1090 de 2006 se considera infringida?
¿La autoridad que conoce del asunto tiene competencia?
¿Se han respetado las garantías procesales del psicólogo?
Esta reconstrucción permite pasar de una defensa meramente reactiva a una estrategia jurídica estructurada.
Secreto profesional del psicólogo: una de las áreas más sensibles
El secreto profesional constituye uno de los principales escenarios de riesgo para los psicólogos.
La relación entre psicólogo y paciente implica el tratamiento de información que puede pertenecer a la esfera más íntima de la persona.
Pero precisamente por la complejidad de esta materia, una defensa no puede limitarse a afirmar que determinada información estaba protegida por el secreto profesional.
Debe analizarse:
qué información recibió el psicólogo;
cómo la obtuvo;
en qué contexto;
quién la proporcionó;
qué obligación de confidencialidad existía;
quién recibió posteriormente la información;
si existió autorización;
cuál fue la finalidad de la comunicación;
qué información concreta fue divulgada;
y si existía una circunstancia jurídica que permitiera o exigiera la comunicación.
El contexto puede ser determinante para establecer si existió o no una infracción deontológica.
Defensa frente a cuestionamientos sobre informes psicológicos
Los informes y conceptos psicológicos también pueden convertirse en objeto de cuestionamiento.
En estos casos, la defensa debe estudiar integralmente el documento y no únicamente una frase aislada.
Puede ser necesario analizar:
metodología utilizada;
fuentes de información;
instrumentos empleados;
finalidad del informe;
alcance de las conclusiones;
información disponible para el profesional;
contexto en el que fue elaborado;
destinatario;
fecha de elaboración;
límites técnicos del concepto;
y correspondencia entre las conclusiones y los elementos utilizados.
Una valoración jurídica adecuada debe evitar que una diferencia de criterio profesional sea presentada automáticamente como una infracción ética.
Defensa frente a investigaciones relacionadas con evaluaciones psicológicas
Las evaluaciones psicológicas pueden involucrar diferentes variables científicas, técnicas y profesionales.
Por ello, cuando una investigación cuestiona la metodología utilizada por un psicólogo, la defensa debe preguntarse si realmente se ha demostrado una vulneración de las reglas profesionales o si, por el contrario, existe simplemente una discrepancia respecto de la metodología, interpretación o resultado.
En determinados casos, la defensa puede requerir un análisis interdisciplinario que permita comprender adecuadamente el componente técnico de la actuación profesional.
El derecho debe analizar la conducta profesional dentro de su verdadero contexto científico y técnico.
Debido proceso y derecho de defensa del psicólogo
El psicólogo investigado no pierde sus garantías constitucionales por el hecho de estar sometido a un proceso deontológico.
La defensa debe vigilar aspectos como:
competencia de la autoridad;
correcta identificación de los hechos;
conocimiento de la imputación;
acceso al expediente;
oportunidad para ejercer la defensa;
solicitud y aportación de pruebas;
contradicción de los elementos probatorios;
valoración integral de las pruebas;
motivación de las decisiones;
recursos procedentes;
respeto por las garantías procesales.
En Robledo Vargas Abogados, estos elementos forman parte esencial del análisis estratégico de cada caso.
La prueba es el centro de una defensa deontológica eficaz
Una defensa sólida no consiste únicamente en presentar argumentos jurídicos.
También requiere determinar qué debe probarse y con qué elementos puede demostrarse.
Por ello, analizamos la evidencia disponible desde diferentes perspectivas:
Prueba documental
Historias, informes, conceptos, contratos, comunicaciones, consentimientos, registros y demás documentos relacionados con la actuación profesional.
Comunicaciones
Correos electrónicos, mensajes, comunicaciones institucionales y otros elementos que permitan reconstruir el contexto.
Testimonios
Declaraciones de pacientes, familiares, colegas, funcionarios y demás personas que puedan aportar información relevante.
Prueba técnica
Cuando el caso lo exige, debe analizarse el componente científico o profesional relacionado con la actuación cuestionada.
Contexto
La conducta de un psicólogo no puede valorarse de manera aislada.
La reconstrucción cronológica de los hechos puede resultar determinante para comprender qué ocurrió realmente.
No toda queja contra un psicólogo demuestra una falta ética
Este principio debe estar presente desde el comienzo de la estrategia defensiva.
Una persona puede sentirse inconforme con un servicio psicológico, con un resultado, con un informe, con una evaluación o con una decisión profesional.
Pero una inconformidad no equivale automáticamente a una infracción deontológica.
La pregunta jurídicamente relevante es otra:
¿Se encuentran demostrados todos los elementos necesarios para atribuir responsabilidad al psicólogo conforme al régimen aplicable?
Esta diferencia puede ser decisiva.
¿Qué sanciones puede enfrentar un psicólogo?
La Ley 1090 de 2006 contempla diferentes consecuencias para las faltas deontológicas y bioéticas, entre ellas:
amonestación verbal privada;
amonestación escrita privada;
censura escrita pública;
suspensión temporal del ejercicio profesional.
Por ello, una investigación deontológica no debe ser considerada un asunto menor.
Una decisión adversa puede tener consecuencias sobre la actividad profesional, la reputación y el ejercicio futuro de la profesión.
La defensa debe comenzar desde el primer momento.
¿Por qué Robledo Vargas Abogados?
En Robledo Vargas Abogados hemos construido una línea de trabajo especializada en defensas disciplinarias, éticas y profesionales en Colombia.
Nuestra experiencia en litigios disciplinarios nos permite trasladar una metodología de defensa estratégica a investigaciones relacionadas con diferentes profesiones reguladas.
En el caso de los psicólogos, nuestro enfoque integra:
Defensa jurídica + régimen deontológico + análisis probatorio + estrategia procesal + debido proceso.
Nuestro objetivo no es simplemente responder una acusación.
Nuestro objetivo es construir una defensa jurídicamente sólida frente a la imputación concreta que enfrenta cada profesional.
¿Qué servicios ofrecemos en la defensa de psicólogos?
Robledo Vargas Abogados puede intervenir, según las características de cada caso, en:
Análisis jurídico de quejas contra psicólogos.
Defensa ante Tribunales Departamentales Deontológicos y Bioéticos.
Defensa ante el Tribunal Nacional Deontológico y Bioético.
Elaboración de estrategias de defensa.
Preparación de descargos.
Solicitud y controversia de pruebas.
Análisis probatorio.
Defensa frente a cuestionamientos sobre secreto profesional.
Defensa relacionada con informes y conceptos psicológicos.
Defensa frente a evaluaciones psicológicas.
Análisis de posibles infracciones a la Ley 1090 de 2006.
Recursos contra decisiones desfavorables.
Análisis de sanciones deontológicas.
Estrategias constitucionales cuando se presenten vulneraciones del debido proceso.
¿Un psicólogo está siendo investigado? Actúe antes de responder
Recibir una queja o una notificación de un Tribunal Deontológico puede generar preocupación e incertidumbre.
Sin embargo, la reacción inicial puede ser determinante.
No espere hasta recibir una sanción para buscar asesoría jurídica.
La defensa puede comenzar desde el momento en que el profesional conoce la existencia de la actuación.
En Robledo Vargas Abogados, estudiamos el caso, reconstruimos los hechos, analizamos la normativa aplicable, examinamos las pruebas y diseñamos una estrategia de defensa orientada a proteger los derechos del psicólogo.
Robledo Vargas Abogados
Firma experta en defensas disciplinarias, éticas y deontológicas en Colombia
Defensa de psicólogos ante COLPSIC y los Tribunales Deontológicos y Bioéticos de Psicología.
Si usted es psicólogo y enfrenta una queja o investigación relacionada con su ejercicio profesional, consulte antes de presentar su defensa.
Una acusación no define su responsabilidad.
La defensa jurídica comienza con el análisis correcto del caso.
Si deseas saber mas al respecto, sigue el próximo link:
Por Jhon Fernando Robledo Vargas Robledo Vargas Abogados
Introducción: cuando una garantía de defensa puede convertirse en una trampa procesal
En el derecho disciplinario colombiano existe una institución que, en principio, representa una de las manifestaciones más importantes del derecho de defensa: la versión libre del investigado.
La legislación reconoce expresamente el derecho del disciplinado a ser oído en versión libre. El artículo 112 de la Ley 1952 de 2019 establece que el disciplinado puede ser oído en versión libre en cualquier etapa de la actuación y hasta antes del traslado para alegar previamente al fallo.
En el régimen disciplinario de los abogados, la Ley 1123 de 2007 contiene igualmente una concepción de la versión libre como espacio de defensa. La propia Comisión Nacional de Disciplina Judicial ha señalado que los escenarios de autodefensa son amplios y acompañan al disciplinado desde su vinculación mediante la versión libre y espontánea.
Pero aquí aparece un problema que merece mucha mayor atención:
¿Qué ocurre cuando el instrumento diseñado para garantizar la defensa es utilizado estratégicamente por la autoridad disciplinaria para obtener información que el investigado no estaría obligado a suministrar y que posteriormente puede ser utilizada para construir o reforzar la imputación?
Esta pregunta obliga a mirar la versión libre no solamente desde su definición legal, sino desde la dinámica real de una investigación disciplinaria.
Y es precisamente allí donde aparece lo que podemos denominar, como categoría de análisis, la instrumentalización estratégica de la versión libre.
No se trata de afirmar que todos los despachos actúen de esa manera. Se trata de identificar una posibilidad procesal que puede presentarse cuando la autoridad transforma progresivamente una diligencia de defensa en una fuente de información para completar, corregir, precisar o incluso reconstruir la hipótesis disciplinaria.
1. La primera regla: la versión libre pertenece al investigado, no al investigador
Este punto parece elemental, pero tiene enormes consecuencias.
La versión libre no fue concebida para que el Estado obtenga del investigado aquello que todavía no ha podido demostrar.
Fue concebida para que el investigado pueda defenderse.
El Consejo de Estado ha sostenido que la versión libre constituye un instrumento de defensa del servidor público, que no es obligatoria y que se rinde libremente, sin apremio de juramento. En esa línea, ha distinguido la versión libre del testimonio precisamente por su naturaleza defensiva.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial también ha reconocido que, en el régimen de la Ley 1123 de 2007, la versión libre constituye un mecanismo particularmente amplio para materializar el derecho de defensa.
Por tanto, existe una diferencia fundamental:
Una cosa es permitir que el investigado hable.
Otra muy diferente es convertir esa posibilidad de hablar en una obligación material de responder todo aquello que el investigador considere conveniente preguntar.
La primera situación protege la defensa.
La segunda puede acercarse peligrosamente a la autoincriminación inducida.
2. El artículo 33 de la Constitución no desaparece dentro del proceso disciplinario
El artículo 33 de la Constitución Política establece:
“Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes…”
La garantía constitucional no puede desaparecer porque el procedimiento sea denominado “disciplinario”, “administrativo sancionatorio” o porque la diligencia reciba el nombre de “versión libre”.
La jurisprudencia ha reconocido que la garantía de no autoincriminación tiene aplicación en actuaciones sancionatorias, incluido el derecho disciplinario.
De hecho, la propia Comisión Nacional de Disciplina Judicial ha recogido expresamente la doctrina constitucional según la cual una declaración de responsabilidad obtenida con violación de la garantía de no autoincriminación supone un desconocimiento directo de la Constitución.
Esto conduce a una conclusión fundamental:
La versión libre no constituye una renuncia anticipada al artículo 33 constitucional.
Por el contrario, es justamente dentro de la versión libre donde la garantía adquiere especial importancia.
3. El problema oculto: preguntar no siempre es investigar
Aquí comienza el razonamiento situacional.
Imaginemos que una autoridad disciplinaria tiene inicialmente tres elementos:
una queja;
algunos documentos;
una hipótesis preliminar sobre la posible comisión de una falta.
Pero existe un vacío:
no sabe exactamente cómo ocurrió la conducta.
Entonces cita al investigado a versión libre.
Hasta aquí no existe necesariamente ningún problema.
El problema aparece cuando la autoridad comienza a utilizar las preguntas para llenar los vacíos de su propia investigación.
Por ejemplo:
“Explique por qué ocurrió esto.”
Después:
“¿Quién tomó esta decisión?”
Luego:
“¿Por qué usted permitió que sucediera?”
Después:
“¿Usted sabía que esto estaba ocurriendo?”
Y finalmente:
“Entonces, ¿reconoce que pudo haber actuado de manera diferente?”
La diligencia aparentemente continúa siendo una versión libre.
Pero funcionalmente puede haber ocurrido una transformación.
La autoridad ya no está simplemente permitiendo que el investigado exponga su defensa.
Está utilizando al propio investigado como fuente de información para completar la teoría del caso disciplinario.
4. La pregunta aparentemente inocente puede contener una hipótesis incriminatoria
Este fenómeno merece especial atención.
Una pregunta disciplinaria nunca debe analizarse únicamente por su contenido literal.
Debe analizarse situacionalmente.
Por ejemplo:
“¿Por qué no entregó oportunamente los documentos?”
La pregunta contiene una presuposición:
que fue el investigado quien debía entregarlos.
Pero esa circunstancia puede ser precisamente uno de los hechos que la autoridad debería demostrar.
Una pregunta diferente sería:
“Explique cuál fue su intervención respecto de los documentos mencionados en la queja.”
La segunda permite al investigado construir su propia explicación.
La primera puede imponerle como punto de partida una responsabilidad que todavía no está demostrada.
Por eso, en una defensa disciplinaria sofisticada no basta con estudiar qué preguntó el funcionario.
Hay que estudiar:
qué hecho presupone la pregunta;
qué elemento de la imputación intenta confirmar;
qué vacío probatorio pretende llenar;
qué respuesta espera obtener;
qué utilización posterior puede hacerse de esa respuesta.
Esto es razonamiento situacional aplicado a la prueba disciplinaria.
5. El “engaño procesal” no necesariamente consiste en una mentira
Aquí debemos ser particularmente precisos.
Cuando hablamos de un posible engaño estratégico no necesariamente estamos acusando al funcionario de mentir.
El fenómeno puede ser mucho más sofisticado.
Puede existir una asimetría funcional entre la apariencia y la finalidad de la diligencia.
La diligencia aparece ante el investigado como:
“Tiene usted la oportunidad de defenderse.”
Pero puede ser utilizada funcionalmente como:
“Necesitamos que usted nos proporcione los hechos que todavía no hemos podido demostrar.”
La diferencia es enorme.
En el primer escenario, el investigado conserva el control sobre su estrategia defensiva.
En el segundo, la autoridad puede estar utilizando el derecho de defensa como mecanismo indirecto para obtener información incriminatoria.
Por eso resulta necesario preguntar:
¿Quién controla realmente la finalidad de la diligencia?
Si la respuesta práctica es que la autoridad formula preguntas sucesivas destinadas a reconstruir los elementos faltantes de la imputación, el problema constitucional deja de ser meramente semántico.
6. La versión libre no puede convertirse en un interrogatorio disfrazado
El Consejo de Estado ha reconocido una distinción particularmente importante: la versión libre no equivale al testimonio.
En una decisión sobre materia disciplinaria se destacó que la versión libre no es un medio probatorio en sentido ordinario y que su naturaleza se explica precisamente por su carácter defensivo y por la ausencia de juramento.
También existe jurisprudencia administrativa que ha analizado situaciones en las que la declaración del investigado adquiere características distintas cuando comienza a referirse a terceros, precisamente porque ello puede aproximarla a una declaración testimonial.
La consecuencia práctica es muy importante:
La autoridad no puede utilizar la denominación “versión libre” para borrar las garantías que existen frente a una declaración potencialmente incriminatoria.
El nombre de la diligencia no determina por sí solo su naturaleza constitucional.
7. La jurisprudencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ofrece una advertencia especialmente importante
Este punto resulta particularmente relevante para los abogados investigados bajo la Ley 1123 de 2007.
En una decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Corporación analizó precisamente una situación en la que, durante la versión libre, el magistrado instructor formuló al abogado una pregunta relacionada con una circunstancia potencialmente incriminatoria sin realizar previamente las advertencias constitucionales correspondientes.
La Comisión recordó que cuando el disciplinado decide confesar:
debe hacerlo libremente;
debe ser consciente y voluntario;
debe conocer que está comprometiendo la garantía de no autoincriminación;
debe conocer las consecuencias de la confesión;
y la confesión puede ser utilizada como medio de prueba en los términos de la Ley 1123.
Esta doctrina tiene una importancia extraordinaria.
Porque revela algo que frecuentemente se pierde de vista:
No toda manifestación realizada durante una versión libre tiene el mismo tratamiento jurídico.
Hay una diferencia entre:
explicar la defensa
y
confesar la comisión de la falta.
La segunda situación activa exigencias constitucionales y legales mucho más rigurosas.
8. La versión libre puede producir un fenómeno de “autoabastecimiento probatorio”
Esta es una de las hipótesis más delicadas que debe detectar el abogado defensor.
Supongamos que la investigación comenzó con una hipótesis incompleta:
Hecho A → posible falta disciplinaria.
La autoridad todavía no sabe:
quién tomó la decisión;
quién conocía determinada circunstancia;
cuándo ocurrió;
qué información tenía el investigado;
cuál fue exactamente su participación.
Se cita a versión libre.
El funcionario pregunta.
El investigado responde.
Y posteriormente el expediente aparece reconstruido así:
Hecho A + respuesta del investigado + inferencias de la autoridad = responsabilidad.
El riesgo consiste en que la investigación termine siendo autorreferencial:
La autoridad obtiene del investigado información que utiliza para demostrar precisamente la hipótesis que motivó las preguntas.
Aquí aparece una pregunta crítica:
¿La autoridad probó la responsabilidad independientemente de la versión libre o la versión libre fue utilizada para construir la prueba que faltaba?
Esta pregunta debería formar parte del análisis de cualquier expediente disciplinario.
9. La carga investigativa pertenece al Estado, no al disciplinado
El disciplinado tiene derecho a defenderse.
Pero no tiene la obligación constitucional de construir la investigación que puede conducir a su propia sanción.
La presunción de inocencia constituye una garantía estructural del procedimiento disciplinario. La Corte Constitucional ha recordado que esta garantía se aplica a los procedimientos sancionatorios y que toda duda razonable debe resolverse a favor del disciplinado; incluso declaró inexequible una expresión del artículo 14 de la Ley 1952 de 2019 que alteraba ese estándar.
De ahí surge una regla metodológica:
Lo que la autoridad investigadora no ha logrado demostrar mediante sus propios medios de investigación no puede ser trasladado subrepticiamente al investigado bajo la apariencia de una oportunidad de defensa.
La defensa puede aportar pruebas.
Puede explicar.
Puede controvertir.
Puede admitir.
Puede negar.
Puede guardar silencio.
Pero no puede convertirse en una obligación de completar la teoría de la acusación.
10. El silencio no puede ser transformado en una prueba de responsabilidad
Este punto debe ser especialmente vigilado.
Si el investigado decide no rendir versión libre, esa decisión forma parte del ejercicio de su defensa.
Si decide responder parcialmente, también.
Si decide no responder una determinada pregunta porque considera que puede comprometerlo, está ejerciendo una garantía constitucional.
La autoridad no puede transformar esa decisión en un razonamiento del tipo:
“Si no explica, es porque no puede explicar.”
O:
“Su silencio resulta sospechoso.”
O:
“No pudo justificar…”
Esta última expresión es particularmente peligrosa.
Porque puede invertir silenciosamente la carga argumentativa:
el Estado debería demostrar la responsabilidad
y termina exigiendo:
el investigado debería demostrar su inocencia.
Eso es incompatible con la presunción de inocencia.
11. El momento procesal también importa
La versión libre puede producirse en distintos momentos.
Por eso no debe analizarse de manera aislada.
Hay que preguntarse:
¿Qué sabía la autoridad antes de escuchar al investigado?
¿Qué desconocía?
¿Qué preguntó?
¿Qué respondió el investigado?
¿Qué pruebas fueron decretadas después?
¿Qué nuevas líneas investigativas surgieron después de la versión?
¿La autoridad obtuvo de la versión libre los datos que posteriormente utilizó para ordenar nuevas pruebas?
Este último punto puede ser decisivo.
Porque podría existir una cadena como esta:
Versión libre → información obtenida → nueva hipótesis → nuevas pruebas → imputación.
Cuando eso sucede, la defensa debe analizar cuidadosamente la conexión entre la manifestación inicial y la actividad probatoria posterior.
12. La versión libre como “mapa de investigación”: el riesgo estratégico
Desde una perspectiva de razonamiento situacional, existe otro fenómeno todavía más sofisticado.
La autoridad puede no utilizar directamente una manifestación del investigado para sancionarlo.
Puede utilizarla para descubrir dónde buscar la prueba.
Ejemplo:
El investigado manifiesta:
“Yo no manejaba esos documentos; los tenía el área administrativa.”
La autoridad puede entonces ordenar:
inspección de archivos;
declaración de funcionarios administrativos;
requerimiento de correos;
extracción de documentos;
incorporación de registros;
entrevistas;
nuevas pruebas documentales.
Finalmente puede utilizar esas pruebas para formular una conclusión adversa.
Aquí surge una pregunta constitucionalmente interesante:
¿Puede utilizarse una manifestación obtenida dentro de un espacio protegido por la no autoincriminación como hoja de ruta para producir posteriormente evidencia incriminatoria?
La respuesta no puede darse automáticamente.
Debe examinarse:
cómo fue obtenida la manifestación;
si fue voluntaria;
si hubo advertencia adecuada;
si la información fue realmente autoincriminatoria;
qué relación causal existe entre esa manifestación y las pruebas posteriores;
si la autoridad habría llegado legítimamente a esas pruebas por una fuente independiente.
Este análisis supera la simple discusión sobre si “la versión libre es o no prueba”.
13. Una cosa es la espontaneidad y otra la ausencia de presión
La legislación y la jurisprudencia utilizan expresiones como libre, espontánea, consciente y voluntaria.
Pero estas categorías deben analizarse materialmente.
Una persona puede contestar aparentemente de manera voluntaria y, sin embargo, encontrarse sometida a una dinámica institucional que favorezca la autoincriminación.
Por ejemplo:
“Usted tiene derecho a guardar silencio, pero explíquenos entonces por qué…”
“No está obligado a responder, pero necesitamos saber…”
“Si usted no tiene nada que ocultar, puede aclararnos…”
“Queremos darle la oportunidad de explicar…”
Formalmente no existe una obligación.
Psicológica y situacionalmente, sin embargo, puede generarse presión.
Por eso la defensa debe mirar no solamente la advertencia inicial, sino la interacción completa de la diligencia.
14. La advertencia constitucional no puede convertirse en una formalidad vacía
Un funcionario puede decir:
“Usted tiene derecho a no autoincriminarse.”
Y acto seguido iniciar una cadena de preguntas diseñadas para obtener precisamente una admisión.
En ese caso la advertencia existe formalmente.
Pero la garantía podría estar siendo vaciada materialmente.
La protección constitucional no puede depender exclusivamente de la existencia de una frase ritual.
La pregunta correcta es:
¿El investigado comprendió realmente que podía no responder y que ninguna consecuencia adversa podía derivarse de esa decisión?
Y también:
¿La conducta posterior de la autoridad fue compatible con esa garantía?
15. El caso especial de los abogados investigados bajo la Ley 1123 de 2007
Este análisis adquiere especial importancia en la defensa de abogados.
La Ley 1123 de 2007 configura un régimen disciplinario particular y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ha desarrollado una jurisprudencia específica sobre la versión libre y la confesión.
En este ámbito, la versión libre puede aparecer en escenarios como:
presuntas faltas contra la dignidad profesional;
relaciones con clientes;
manejo de dinero;
entrega de documentos;
deberes profesionales;
actuaciones procesales;
relaciones con autoridades judiciales;
publicidad;
secreto profesional;
conflictos de intereses.
En muchos de estos casos existe una enorme cantidad de información que solamente conoce el abogado investigado.
Eso aumenta el riesgo.
Porque la autoridad puede verse tentada a pensar:
“Preguntémosle qué ocurrió.”
Pero la verdadera pregunta constitucional es:
¿La autoridad está buscando conocer la versión defensiva del abogado o está buscando obtener de él los elementos necesarios para demostrar la falta?
La diferencia debe permanecer clara durante toda la diligencia.
16. El abogado defensor debe analizar la versión libre como una escena probatoria
Esta es una metodología que considero particularmente útil.
No recomiendo estudiar una versión libre únicamente como una transcripción.
Debe estudiarse como una escena procesal.
Matriz de análisis situacional
Elemento
Pregunta defensiva
Estado de la investigación
¿Qué había demostrado la autoridad antes de la versión?
Hipótesis
¿Qué teoría tenía el despacho?
Vacíos
¿Qué elementos faltaban?
Preguntas
¿Qué hechos buscaban confirmar?
Presuposiciones
¿Qué daba por demostrado cada pregunta?
Advertencia
¿Se explicó realmente la no autoincriminación?
Respuestas
¿Qué información entregó el investigado?
Reacción
¿Qué hizo el funcionario inmediatamente después?
Nuevas pruebas
¿Qué pruebas aparecieron posteriormente?
Causalidad
¿Fueron provocadas por la versión?
Valoración
¿Cómo utilizó posteriormente el despacho las manifestaciones?
Esta matriz permite descubrir algo que una lectura convencional puede ocultar:
la verdadera función que cumplió la versión libre dentro del expediente.
17. Cinco señales de alerta de una posible instrumentalización
Primera señal: preguntas que contienen la responsabilidad
“¿Por qué incumplió…?”
cuando todavía no se ha demostrado que el investigado incumplió.
Segunda señal: reconstrucción progresiva
La autoridad comienza con preguntas generales y termina buscando:
conocimiento;
intención;
participación;
dominio;
decisión;
aceptación.
Tercera señal: utilización posterior de las respuestas
La autoridad incorpora posteriormente documentos, testimonios o informes derivados de información suministrada durante la versión.
Cuarta señal: convertir una explicación en confesión
El investigado reconoce un hecho objetivo:
“Sí, recibí el documento.”
Y la autoridad transforma esa afirmación en:
“Confesó la falta.”
Esto es jurídicamente inadmisible si no existe correspondencia entre el hecho reconocido y todos los elementos estructurales de la infracción.
Quinta señal: inversión argumentativa
La decisión termina diciendo:
“El investigado no logró explicar…”
cuando la verdadera cuestión debía ser:
“¿La autoridad logró demostrar?”
18. La diferencia entre reconocer un hecho y confesar una falta
Este punto es fundamental.
No toda admisión constituye confesión de responsabilidad disciplinaria.
Un abogado puede decir:
“Sí, recibí el dinero.”
Eso acredita, en principio, un hecho.
Pero no necesariamente significa:
“Cometí una falta disciplinaria.”
Podrían existir múltiples circunstancias:
quién tenía la obligación de administrarlo;
cuál era el título jurídico;
qué instrucciones existían;
qué dependencia debía manejarlo;
qué plazo existía;
qué actuación realizó posteriormente el abogado;
qué conocimiento tenía;
cuál era su competencia;
si existió dolo o culpa;
si se produjo realmente el resultado reprochado.
Por eso una respuesta aislada no puede ser automáticamente transformada en confesión integral.
La propia jurisprudencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ha distinguido la simple versión de la confesión y ha enfatizado las condiciones de libertad, conciencia y voluntariedad requeridas para esta última.
19. El gran error defensivo: pensar que hablar siempre es mejor que callar
En la práctica disciplinaria existe una creencia peligrosa:
“Hay que aprovechar la versión libre para explicar todo.”
No necesariamente.
La versión libre es una herramienta estratégica, no una obligación narrativa.
Antes de hablar, el investigado debería conocer:
cuál es exactamente la imputación;
qué pruebas existen;
qué hechos están acreditados;
qué hechos no están acreditados;
qué elementos faltan;
qué preguntas puede formular la autoridad;
qué información todavía desconoce el expediente;
qué consecuencias puede producir una admisión.
En determinadas circunstancias, una explicación extensa puede facilitar la investigación de la autoridad.
En otras, puede ser indispensable para demostrar una hipótesis defensiva.
Por eso no existe una regla universal de:
“siempre hablar”
ni de:
“siempre guardar silencio”.
Existe una regla superior:
Hablar debe ser una decisión estratégica informada, no una respuesta automática frente a la presión institucional.
20. El “derecho a defenderse” no puede transformarse en “deber de colaborar con la acusación”
Esta es, probablemente, la tesis central de este artículo.
El disciplinado tiene derecho a:
ser oído;
explicar;
aportar pruebas;
controvertir;
solicitar pruebas;
presentar descargos;
recurrir;
alegar.
Pero el ejercicio de esas facultades no puede ser transformado en una obligación de suministrar información incriminatoria.
La Corte Constitucional ha reconocido el derecho del disciplinado a la defensa material dentro del Código General Disciplinario y ha identificado expresamente la versión libre como uno de sus derechos procesales.
Por tanto:
Defensa no significa colaboración autoincriminatoria.
21. La autoridad disciplinaria debe investigar incluso cuando el investigado guarda silencio
Este es otro punto estructural.
Si el investigado no quiere rendir versión libre, la investigación no puede quedar paralizada.
La autoridad tiene que utilizar sus competencias investigativas.
Debe buscar:
documentos;
testimonios;
peritajes;
inspecciones;
información institucional;
registros;
comunicaciones;
elementos objetivos;
demás medios legalmente admisibles.
La versión libre puede contribuir a la investigación en cuanto constituye una manifestación defensiva.
Pero no puede convertirse en el sustituto de la actividad probatoria estatal.
22. Una nueva lectura del principio de presunción de inocencia
La presunción de inocencia no solamente opera al final del proceso.
También condiciona la forma como se investiga.
Si el investigador parte de la premisa:
“El investigado sabe lo que ocurrió; preguntémosle para comprobarlo”,
existe el riesgo de que la investigación deje de estar orientada a verificar objetivamente una hipótesis y pase a buscar confirmaciones.
La investigación disciplinaria debe permanecer abierta a varias explicaciones posibles.
Por eso la pregunta metodológica debe ser:
¿Qué evidencia demostraría que la hipótesis de responsabilidad es incorrecta?
Si el investigador no contempla esa posibilidad, puede aparecer un sesgo de confirmación.
Y la versión libre puede convertirse en uno de los instrumentos para reforzarlo.
23. El razonamiento situacional permite detectar el sesgo de confirmación
El análisis tradicional pregunta:
¿Qué dijo el investigado?
El razonamiento situacional pregunta algo más profundo:
¿Por qué se le preguntó eso?
Y después:
¿Qué hizo la autoridad con la respuesta?
Y finalmente:
¿Qué habría ocurrido si el investigado no hubiera respondido?
Estas cuatro preguntas permiten reconstruir la arquitectura real de la investigación.
Por ejemplo:
Queja → hipótesis → versión libre → pregunta incriminatoria → respuesta → nueva prueba → conclusión de responsabilidad.
Esa cadena debe ser examinada.
Porque puede revelar que la versión libre no fue utilizada primordialmente como mecanismo de defensa sino como mecanismo de generación de nuevas fuentes probatorias.
24. Una regla práctica para la defensa disciplinaria
Propongo la siguiente regla:
Antes de responder una pregunta en versión libre, el investigado debe preguntarse si está explicando su defensa o si está proporcionando a la autoridad un elemento que ésta necesita para demostrar su hipótesis de responsabilidad.
Si ocurre lo segundo, la decisión de responder debe ser particularmente cuidadosa.
No porque el investigado tenga algo que ocultar.
Sino porque nadie está constitucionalmente obligado a producir su propia condena.
25. Conclusión: proteger la versión libre para que siga siendo una garantía
La versión libre es una de las instituciones más valiosas del derecho disciplinario colombiano.
Pero precisamente por su importancia debe ser protegida de su utilización desviada.
El problema no está en que la autoridad formule preguntas.
Tampoco en que el investigado decida responder.
El problema aparece cuando la diligencia es utilizada para superar vacíos probatorios que corresponden a la investigación estatal, inducir admisiones, reconstruir la hipótesis de responsabilidad o generar nuevas rutas probatorias a partir de información que el investigado suministró dentro de un espacio constitucionalmente protegido.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ha mostrado, además, que cuando una manifestación puede constituir confesión deben observarse exigencias específicas relacionadas con la libertad, voluntariedad, conciencia y conocimiento de las consecuencias jurídicas de la decisión.
Por ello, en el proceso disciplinario colombiano debe mantenerse una frontera infranqueable:
La versión libre puede ser utilizada por el investigado para defenderse; no puede convertirse, mediante técnicas de interrogación, en un mecanismo indirecto para obligarlo a construir la prueba de su propia responsabilidad.
La pregunta definitiva para el abogado defensor no debería ser únicamente:
“¿Qué dijo mi defendido?”
Debe ser:
“¿Qué hizo la autoridad para conseguir que lo dijera, qué hecho pretendía demostrar con esa pregunta y qué hizo posteriormente con la información obtenida?”
Ahí comienza verdaderamente el análisis estratégico de la versión libre.
Y ahí también puede encontrarse una de las líneas de defensa más importantes frente a determinadas actuaciones disciplinarias.
Referencias jurisprudenciales y normativas esenciales
Constitución Política de Colombia, artículo 33: garantía de no autoincriminación.
Ley 1952 de 2019, artículo 112: derechos del disciplinado, incluida la versión libre.
Ley 1952 de 2019: debido proceso, defensa material y presunción de inocencia.
Ley 1123 de 2007: régimen disciplinario de los abogados.
Corte Constitucional, Sentencia C-029 de 2021: derechos del disciplinado y alcance de la versión libre dentro del sistema disciplinario.
Comisión Nacional de Disciplina Judicial: doctrina sobre versión libre como garantía de defensa.
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Rad. 500011102000201900396 01: límites constitucionales de la confesión y obligación de garantizar la no autoincriminación.
Consejo de Estado: doctrina sobre la naturaleza de la versión libre como instrumento de defensa y su diferencia frente al testimonio.
Autor: Jhon Fernando Robledo Vargas Robledo Vargas Abogados — Derecho Disciplinario y Defensa de Abogados en Colombia
¿Qué Protege la Extinción de Dominio en Colombia? Objeto de Protección y Medidas Cautelares
Por: Jhon Fernando Robledo Vargas
El proceso de extinción de dominio en Colombia, regulado bajo la Ley 1708 de 2014 (Código de Extinción de Dominio), suele ser percibido de manera equivocada como una sanción penal o una persecución arbitraria contra la propiedad privada. Sin embargo, desde una perspectiva estrictamente constitucional y técnica, este mecanismo posee un objeto de protección claramente delimitado por el ordenamiento jurídico.
Comprender qué se protege dentro de esta acción in rem (dirigida contra las cosas y no contra las personas) es fundamental. En particular, esto es clave para estructurar una defensa técnica sólida frente a las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación y los jueces especializados.
1. El Objeto de Protección Constitucional: El Dominio Social y Legal
En Colombia, el derecho a la propiedad privada no es absoluto. El artículo 58 de la Constitución Política garantiza la propiedad siempre que esta cumpla una función social y respeté el orden público.
Por lo tanto, el objeto primario de protección de la acción de extinción de dominio no es castigar al titular. Más bien, su propósito es proteger la legitimidad del tráfico jurídico y económico del Estado. Específicamente, busca salvaguardar:
El orden económico y social: Evita que capitales ilícitos contaminen los mercados formales o distorsionen la libre competencia.
La función social de la propiedad: Garantiza que solo el patrimonio adquirido mediante títulos legítimos, lícitos y con buena fe exenta de culpa goce de la protección del Estado.
La moralidad pública y la legalidad: Impide que el delito genere derechos reales o consolide situaciones jurídicas favorables a favor de particulares.
2. Los Derechos de las Partes dentro del Proceso
Aunque la acción busca despojar de la titularidad a los bienes de origen o destino ilícito, el proceso mismo está diseñado para garantizar y proteger derechos fundamentales de los afectados durante la actuación procesal:
El debido proceso y el derecho a la defensa: Garantía de que ninguna persona sea privada de sus bienes sin el agotamiento de las etapas procesales legales. Además, asegura el debate probatorio y el control judicial.
La presunción de buena fe exenta de culpa: A diferencia del ámbito penal donde rige la presunción de inocencia, en extinción de dominio el estándar central de protección para el tercero es la demostración de una conducta diligente, prudente y transparente en la adquisición o administración del bien.
El acceso a la administración de justicia: La facultad del afectado para aportar pruebas, interponer recursos y solicitar el levantamiento de medidas sobre bienes que no guarden relación con las causales del artículo 16 de la Ley 1708 de 2014.
3. Las Medidas Cautelares y su Objeto de Proteccion
Durante la fase inicial o el desarrollo del proceso, la Fiscalía suele decretar medidas cautelares como el embargo, secuestro y la suspensión del poder dispositivo de los bienes.
El objeto de protección de estas medidas cautelares es doble:
Protección de la efectividad de la eventual sentencia: Evita que los bienes sean traspasados, ocultados, deteriorados o gravados para defraudar la administración de justicia. Esto sucede mientras se adelanta el juzgamiento.
Impedir la continuación de la actividad ilícita: Detiene el uso o usufructo de bienes que presuntamente están sirviendo como instrumento o medio para la comisión de conductas punibles.
Aviso de Garantía Procesal: Las medidas cautelares no constituyen un juzgamiento definitivo sobre la licitud del patrimonio. Deben cumplir principios de proporcionalidad, necesidad y razonabilidad, y pueden ser objeto de oposición o control jurisdiccional cuando afectan a terceros de buena fe exenta de culpa o cuando se decretan sobre bienes no cobijados por las causales legales.
Conclusión y Defensa Especializada
El proceso de extinción de dominio busca equilibrar la protección del orden público económico frente a los bienes de origen o destino ilícito. A la vez, no descuida las garantías constitucionales del debido proceso y la protección de terceros actuantes bajo la buena fe exenta de culpa.
Frente al decreto de medidas cautelares o la fijación del auto de inicio, contar con una estrategia jurídica basada en la trazabilidad financiera y la arquitectura probatoria es la herramienta más efectiva. Así, se puede demostrar la legitimidad del patrimonio.
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