Autor:
JHON FERNANDO ROBLEDO VARGAS
Abogado. Especialista en Derecho Disciplinario.
Experto en la defensa de abogados en procesos ante comisiones de disciplina judicial.
Resumen
El presente artículo analiza críticamente las prácticas de algunas comisiones de disciplina judicial que, al imponer sanciones sin investigaciones rigurosas ni garantías mínimas procesales, terminan por excluir injustamente del ejercicio profesional a abogados que no han recibido un juicio justo. Bajo la metáfora «Matando a un abogado», inspirada en la novela To Kill a Mockingbird, se propone una reflexión sobre los efectos devastadores de una sanción mal sustentada y se exhorta a la necesidad de fortalecer el debido proceso dentro del régimen disciplinario aplicado a los profesionales del Derecho.
Palabras clave
Derecho Disciplinario; debido proceso; sanción profesional; exclusión; comisiones de disciplina; defensa técnica; ética profesional; responsabilidad profesional.
1. Introducción
En la literatura universal, To Kill a Mockingbird (Matar a un ruiseñor), de Harper Lee, se ha convertido en un símbolo de lucha contra la injusticia. En ella, un hombre inocente es condenado por prejuicios sociales, y el ruiseñor se convierte en una poderosa metáfora de lo irreparable. Hoy, desde el ámbito jurídico, esta figura puede trasladarse a un fenómeno igual de grave: la sanción disciplinaria injusta que excluye del ejercicio a un abogado sin garantías procesales suficientes.
Así como matar a un ruiseñor es considerado un pecado por ser un acto injustificado contra una criatura inocente, matar profesionalmente a un abogado a través de una sanción mal fundamentada, desproporcionada o carente de una investigación exhaustiva, es una violación grave del principio de legalidad, del debido proceso y de los valores fundamentales que rigen la profesión.
2. El abogado como ruiseñor: símbolo de la contradicción disciplinaria
El abogado no es solo un técnico del Derecho: es, en muchos sentidos, el custodio del Estado de Derecho. Su función social se basa en la protección de derechos fundamentales y en la defensa del acceso a la justicia. Paradójicamente, cuando es sometido a un proceso disciplinario, en muchas ocasiones se ve desprovisto de las garantías que defendería para cualquier otro ciudadano.
Esta contradicción se acentúa cuando las comisiones de disciplina actúan con ligereza o con una lógica sancionatoria que no permite una valoración contextual, ni da lugar a una defensa técnica y adecuada. En estos escenarios, se convierte al abogado en un “ruiseñor” institucionalmente silenciado, sancionado más por criterios subjetivos o morales que por pruebas contundentes o valoraciones objetivas.
3. La función sancionatoria: entre el control legítimo y la arbitrariedad
Las comisiones de disciplina judicial, en el marco del control de la función pública y del cumplimiento de los deberes éticos de la profesión, cumplen un papel fundamental. Sin embargo, en su ejercicio, deben someterse rigurosamente a los principios constitucionales del debido proceso (Art. 29 de la Constitución Política de Colombia), legalidad y proporcionalidad.
No obstante, se ha identificado una tendencia preocupante en algunos fallos: investigaciones deficientes, decisiones aceleradas o sin valoración probatoria integral, y la falta de criterios de razonabilidad en la interpretación de la conducta presuntamente infractora. En muchos casos, los órganos disciplinarios terminan actuando como fiscales, jueces y ejecutores, vulnerando así el derecho a una defensa efectiva y a un proceso equilibrado.
4. La sanción de exclusión como pena de muerte profesional
La sanción de exclusión del ejercicio profesional tiene efectos que van más allá del castigo. Supone la pérdida de identidad profesional, de medios de subsistencia, de reconocimiento y de la posibilidad de ejercer el oficio jurídico con dignidad. Es, en términos funcionales, una forma de “pena de muerte civil”, que no puede aplicarse sin una investigación rigurosa y respetuosa del marco constitucional.
La Corte Constitucional ha sostenido que el ejercicio del derecho disciplinario debe respetar los principios del Estado Social de Derecho y no puede convertirse en una herramienta de represión institucional (C-1076 de 2002). Sancionar sin las debidas garantías es no solo una injusticia individual, sino un mensaje institucional devastador: cualquiera puede ser sancionado, incluso sin evidencia suficiente.
5. Propuestas de reforma: hacia una justicia disciplinaria con garantías
Frente a este escenario, es necesario replantear la arquitectura procedimental de los procesos disciplinarios aplicados a abogados. Algunas propuestas incluyen:
- Reforzar la presunción de inocencia, no solo como principio, sino como eje de valoración probatoria.
- Exigir mayor estándar probatorio en casos donde la consecuencia sea la exclusión profesional.
- Introducir un control externo e independiente de las decisiones disciplinarias de segunda instancia.
- Fortalecer la defensa técnica, permitiendo a los abogados disciplinados el acceso a todos los elementos probatorios y el tiempo razonable para su contestación.
Estas propuestas no buscan debilitar el régimen disciplinario, sino hacerlo coherente con los principios constitucionales y con una visión humanista del ejercicio del Derecho.
6. Conclusión
La defensa de la profesión jurídica no puede sustentarse en el castigo injusto. El abogado, como sujeto disciplinable, debe gozar de las mismas garantías que promueve para los demás. Matar a un abogado, cuando se hace sin rigor ni justicia, no solo afecta a un individuo: deteriora la credibilidad del sistema disciplinario y del Derecho mismo.
Así como matar a un ruiseñor es un acto sin sentido, sancionar de forma arbitraria a quien dedica su vida a la justicia es una afrenta institucional. Una verdadera ética judicial comienza por respetar el debido proceso de todos, incluidos los abogados.
Referencias
- Constitución Política de Colombia, Artículo 29.
- Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario).
- Corte Constitucional, Sentencia C-1076 de 2002.
- Harper Lee. To Kill a Mockingbird. J. B. Lippincott & Co., 1960.
- Corte Suprema de Justicia, Sala Disciplinaria, múltiples pronunciamientos sobre la carga probatoria y la proporcionalidad sancionatoria.
- Consejo Superior de la Judicatura. Jurisprudencia sobre el principio de culpabilidad en sede disciplinaria.
Autor:
JHON FERNANDO ROBLEDO VARGAS
Abogado. Especialista en Derecho Disciplinario.
Defensor de abogados en procesos disciplinarios.
Correo electrónico: robledovargas.aboagdos@gmail.com
Ciudad: Bogotá
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