En Colombia, las medidas cautelares en el proceso de extinción de dominio son instrumentos jurídicos que tienen como objetivo garantizar la efectividad de la futura decisión judicial sobre la pérdida de los bienes que presuntamente son producto de actividades ilícitas. Estas medidas se toman con el fin de evitar que los bienes sujetos a extinción de dominio sean objeto de disposición o enajenación por parte de sus propietarios o terceros.
Algunas de las medidas cautelares comunes en el proceso de extinción de dominio en Colombia incluyen:
- Embargo: Consiste en la inmovilización judicial de los bienes objeto del proceso de extinción de dominio. Esto impide su enajenación o disposición mientras se resuelve el proceso judicial.
- Secuestro: Esta medida implica la toma física y material de los bienes por parte de las autoridades competentes, con el fin de preservar su integridad y evitar su deterioro o desaparición.
- Intervención: Se designa a una persona o entidad, generalmente un administrador judicial, para que administre los bienes sujetos a extinción de dominio durante el proceso judicial. Esta medida busca asegurar que los bienes se mantengan en condiciones óptimas hasta que se resuelva el proceso.
- Inmovilización de cuentas bancarias: Esta medida implica el bloqueo de las cuentas bancarias relacionadas con los bienes sujetos a extinción de dominio, evitando así que se realicen transacciones financieras sobre estos fondos.
- Restricción de enajenación y gravamen: Se prohíbe la venta, traspaso o gravamen de los bienes sujetos a extinción de dominio, limitando la capacidad de los propietarios o terceros para disponer de ellos.
Es importante tener en cuenta que estas medidas cautelares pueden ser sometidas a controles Jurisdiccionales y ser avaladas o no, por un juez competente en el marco del proceso de extinción de dominio, y su finalidad es asegurar que los bienes presuntamente vinculados a actividades ilícitas no sean utilizados para el beneficio de sus propietarios o terceros mientras se resuelve la situación jurídica de los mismos. El levantamiento de ellas dependen de la pericia del abogado experto que asuma la defensa de los afectados con estas medidas.
