En el proceso disciplinario contra abogados, el decreto de pruebas es una etapa que se considera preclusiva. Esto significa que una vez que se ha decidido y ordenado la práctica de las pruebas, esa decisión no se puede reabrir o modificar sin un motivo justificado y según lo que establezca la normativa aplicable.
La preclusión es un principio procesal que busca garantizar la estabilidad y la seguridad jurídica en el procedimiento. En el contexto de los procesos disciplinarios, este principio asegura que una vez que se ha cerrado la fase de admisión y decreto de pruebas, no se puede añadir nuevas pruebas o modificar el alcance de las pruebas ya decretadas sin seguir los procedimientos establecidos y justificados por la ley o las normativas correspondientes.
Esto evita que el Magistrado instructor haga cambios arbitrarios en el proceso y asegura que las partes involucradas tengan una idea clara y predecible de las pruebas que se van a considerar en la resolución del caso. La estabilidad en esta etapa es crucial para proteger los derechos de los implicados y mantener la integridad del proceso disciplinario.
Las formas propias de cada juicio deben ser respetadas de acuerdo al articulo 29 de la Constitución Policita, el Debido Proceso establecido en la Ley 1123 del 2007, se está viendo estrangulado por algunos Magistrados de las Comisiones de Disciplina Judicial en procesos disciplinarios contra abogados, pues al parecer so pretexto de la búsqueda de la verdad material, amplían el termino precluido de su propio decreto de pruebas y convierten el procedimiento en actos interminables de practica probatoria y esperando que los defensores no soliciten pruebas en contrario a las ordenadas mediante estos arbitrarios actos que desconocen el Debido Proceso.
Mas pareciera que la búsqueda de la verdad material en el proceso disciplinario, se tratara de la búsqueda de la prueba a toda costa para imponer una sanción, con la violación obvia del Debido Proceso Iusfundamental del investigado y en especial se trataría de una violación flagrante de la presunción de Inocencia, todo ello disfrazándolo de búsqueda de la verdad material.
Los decretos probatorios en esta materia tienen al igual que otras la calificación actos preclusivos y ante alguna novedad de decreto, obviamente la defensa debe tener las garantías de aportar, solicitar pruebas ante esa novedad decretada, sin embargo, estos arbitrarios actos, los Magistrados pretenden que las defensas se queden inertes para así tener la comodidad de su acto violatorio de la Ley, de la Constitución y del Derechos Fundamentales de los procesados.
Ante seste tipo de actuaciones de funcionarios de esta categoría la defensa debe estar alerta a la hora de solicitud prueba nueva, nulidad de los actos arbitrarios, interposición de recursos, alegaciones e incluso de acudir ante la guardiana de la Cata Política y si es necesario, acudir a instancias Internacionales. La omisión de la defensa convalidad estos conculcatorios actos en los derechos de los procesados y será un obstáculo para acudir ante Jurisdicciones extraprocesales.
La defensa técnica siempre es necesaria, por mas que se trate de procesos contra Juristas, pues es una área especial del derecho con un sistema inquisitivo en donde acampa abierta y flagrantemente la arbitrariedad de los funcionarios que investigan y juzgan.