En el marco del Estado Social de Derecho colombiano, toda persona sometida a un proceso disciplinario tiene derecho a ejercer su defensa dentro de un proceso justo, imparcial y respetuoso de las garantías constitucionales. En este contexto, la defensa técnica disciplinaria se consolida como una figura clave para salvaguardar los derechos fundamentales del investigado y asegurar el cumplimiento riguroso del debido proceso.
¿Qué es la defensa técnica disciplinaria?
La defensa técnica disciplinaria consiste en el acompañamiento jurídico calificado que brinda un abogado especializado a una persona (servidor público o particular) que enfrenta un proceso disciplinario ante autoridades competentes como la Procuraduría General de la Nación, personerías municipales, oficinas de control interno disciplinario o tribunales de ética profesional.
Este tipo de defensa exige no solo conocimiento jurídico general, sino también una experticia especializada en el régimen disciplinario colombiano, particularmente en la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único) y la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario), así como en la jurisprudencia y doctrina emitida por los entes de control.
¿En qué consiste esta defensa?
La defensa técnica disciplinaria abarca una serie de actuaciones y estrategias legales que buscan garantizar que el proceso se adelante dentro de los parámetros constitucionales y legales, y que se respete el principio de presunción de inocencia. Entre las principales actuaciones que conforman esta defensa se encuentran:
Análisis y estudio del pliego de cargos.
Elaboración de descargos sustentados jurídicamente.
Formulación de solicitudes probatorias.
Práctica y contradicción de pruebas.
Interposición de recursos (reposiciones, apelaciones, solicitudes de nulidad).
Participación activa en audiencias disciplinarias.
Defensa ante eventuales sanciones, incluso en vía judicial.
Además, una defensa técnica efectiva también implica la capacidad de anticipar riesgos jurídicos, identificar inconsistencias probatorias, y construir una estrategia sólida que permita desmontar los cargos con argumentos jurídicos y fácticos de peso.
Robledo Vargas Abogados: Expertos en Defensa Técnica Disciplinaria
En Robledo Vargas Abogados, contamos con una reconocida trayectoria en el ejercicio de la defensa técnica disciplinaria en Colombia. Nuestro equipo está conformado por abogados con alta formación académica y experiencia práctica en procesos ante la Procuraduría, personerías, oficinas de control interno y tribunales de ética.
Nos diferenciamos por ofrecer un acompañamiento integral y personalizado, enfocado en proteger los derechos e intereses de nuestros clientes en cada etapa del proceso. No solo actuamos como defensores en sede disciplinaria, sino también como asesores preventivos para minimizar el riesgo de sanciones y garantizar el cumplimiento normativo dentro de las entidades públicas y privadas.
Hemos representado exitosamente a servidores públicos de todos los niveles, contratistas del Estado, profesionales sujetos a códigos de ética y particulares con responsabilidad disciplinaria. Nuestra labor no se limita a la defensa formal: diseñamos estrategias jurídicas personalizadas orientadas a obtener los mejores resultados posibles.
Conclusión
La defensa técnica disciplinaria no es una opción, sino una necesidad jurídica en cualquier proceso sancionatorio. Su correcta implementación puede marcar la diferencia entre una sanción injusta y la preservación del buen nombre, la carrera profesional y los derechos fundamentales del disciplinado.
En Robledo Vargas Abogados, entendemos la importancia de cada caso y asumimos nuestra labor con rigor, ética y compromiso. Si usted enfrenta un proceso disciplinario o requiere asesoría especializada en esta materia, estamos preparados para acompañarlo con el respaldo legal que necesita.
Robledo Vargas Abogados Especialistas en Derecho Disciplinario y Defensa Técnica en Colombia Contacto 3127888097
Contra argumento al publicado por la Universidad Externado de Colombia a través de su director del Departamento de Derecho Penal y Criminología Yesid Reyes Alvarado
El equívoco reduccionismo en la teoría de la determinación y el desconocimiento de la valoración judicial del contexto probatorio
Por: Jhon Fernando Robledo Vargas
La crítica formulada por Yesid Reyes a la sentencia de primera instancia que condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez incurre en un conjunto de imprecisiones tanto conceptuales como metodológicas que ameritan una respuesta jurídica robusta. Su intento de debilitar la calificación como “determinador” parte de una lectura selectiva de la teoría del delito, ignora las reglas de la valoración probatoria bajo el sistema penal acusatorio colombiano, y omite la riqueza contextual de los elementos materiales de prueba que fueron debidamente valorados por la juez de conocimiento.
1. Falsa premisa sobre el “nacimiento de la idea” como requisito exclusivo de la inducción
Yesid Reyes sostiene que para que se configure la determinación penalmente relevante es “indispensable” que el autor del delito (Cadena) no haya concebido previamente la idea delictiva, y que esta le haya sido infundida de forma original por el determinador (Uribe). Esta interpretación es no solo anacrónica sino también reduccionista.
En la teoría contemporánea del delito, especialmente desde el funcionalismo penal (Jakobs, Roxin), la determinación no se limita a la creación ex nihilo del dolo del autor material. La doctrina mayoritaria acepta que existe determinación también cuando el inductor aprovecha una predisposición preexistente y la concreta en una acción delictiva mediante dirección, aliento o coordinación estratégica. El determinador es quien toma control del hecho desde una posición de poder fáctico, aun si la idea ya había sido concebida o rondaba en la mente del autor material.
La exigencia de que la idea delictiva no se le hubiera pasado por la cabeza al autor es un estándar probatorio imposible de verificar empíricamente y no es exigido por la dogmática penal moderna, ni siquiera por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia colombiana, que ha admitido modalidades complejas de determinación no lineal.
2. Errónea descalificación del análisis probatorio y del rol del contexto
Reyes subestima, de forma preocupante, el valor probatorio del contexto, del lenguaje indirecto y de las relaciones de poder entre los actores involucrados. La juez no se limitó a citar características personales para deducir responsabilidad, como el “carisma” de Uribe o las “carencias intelectuales” de Cadena, sino que contextualizó esos elementos como marcos de interpretación necesarios para entender la dinámica de inducción en la conducta desplegada.
El análisis del poder de influencia de Uribe no es gratuito: está soportado en pruebas testimoniales, interceptaciones telefónicas, declaraciones procesales y trazabilidad de acciones posteriores que muestran cómo Cadena asume instrucciones, ejecuta tareas, solicita opiniones y da cuenta de resultados al expresidente, en una relación que excede el mero asesoramiento o acompañamiento informal.
Además, bajo las reglas del sistema penal acusatorio (Ley 906 de 2004), la valoración de la prueba es libre pero motivada. La juez aplicó la sana crítica, articulando múltiples elementos indiciarios que, en conjunto, forman una convicción razonable sobre la existencia de una determinación penalmente relevante. Exigir una «confesión directa» de que Uribe infundió en Cadena la idea del delito es una pretensión desproporcionada y contraria a los principios de inferencia razonable y prueba indiciaria.
El maestro Yesid Reyes, no alude a ninguna de las pruebas recaudadas e introducidas al proceso en debida forma, en donde son evidentes las instrucciones y el aval del determinador Uribe Vélez al abogado Diego Cadena, para adelantar o echar a andar sus ideas, mírese como, el abogado también condenado Diego Cadena, mantenía en constante rendición de cuentas al expresidente, acerca de con quienes se reunía, conversaba y pedía autorización de este, para adelantar ofrecimientos, así mismo también, descalificativos con relación a Monsalve, Deyanira Gómez entre otros. Todos y cada uno de los pasos que adelantaba el abogado en cuestión eran seguidos por su determinador y este a su vez le rendía cuentas y solicitaba autorizaciones para dar pasos sobre determinaciones que al final eran tomadas por el expresidente.
3. Confusión entre complicidad psíquica y coautoría impropia por dominio funcional
El texto de Reyes propone una alternativa de responsabilidad por “complicidad psíquica”, intentando desvirtuar la tesis de la determinación. No obstante, sugiere que Uribe simplemente “alentaba” o “apoyaba moralmente” a Cadena. Esta interpretación omite el elemento esencial del dominio funcional del hecho, ya que Uribe no solo apoya o anima: coordina, sugiere, autoriza y valida la ejecución de actos ilícitos, como el acercamiento a testigos, la obtención de retractaciones y la posterior judicialización de esa información.
Más que cómplice psíquico, la conducta de Uribe se alinea con la noción de coautoría impropia por planificación intelectual del hecho, incluso si no ejecutó materialmente ningún acto. La coautoría o determinación, en este caso, no dependen de un simple impulso emocional, sino del ejercicio de control sobre la decisión del autor material. En esto, el fallo es claro al articular cómo las acciones de Cadena se alineaban con las instrucciones y autorizaciones de Uribe, en una cadena causal relevante para la consumación del ilícito.
4. Minimización de la prueba testimonial y documental
Yesid Reyes omite referirse a las pruebas fundamentales que sustentan la sentencia. Varios testigos, incluidas declaraciones judicializadas y entrevistas en el expediente, establecen una línea de tiempo clara que muestra cómo Uribe intervino activamente en la gestión de testigos, conocía su contenido y tenía interés específico en las retractaciones que favorecieran su causa judicial. Las pruebas no muestran un Uribe pasivo o simplemente informado, sino un actor estratégico.
El correo electrónico que envía el propio Cadena a Uribe para “aprobación” de una carta de retractación de Monsalve, y la posterior intervención directa de Uribe ante periodistas y órganos judiciales citando esas retractaciones, revelan una clara conexión funcional y comunicacional entre el determinador y el autor.
Conclusión
La tesis de Yesid Reyes incurre en un formalismo excesivo, que ignora los avances doctrinales y jurisprudenciales en materia de autoría mediata, determinación y responsabilidad en estructuras de poder asimétrico. El estándar de “nacimiento de la idea” como único criterio para la determinación es conceptualmente débil, empíricamente inverificable y dogmáticamente superado.
La sentencia de condena no solo es jurídicamente sólida, sino que respeta las exigencias del debido proceso, la presunción de inocencia y la valoración integral de la prueba. Intentar deslegitimarla con argumentos anclados en una visión restringida de la teoría del delito y sin reconocer el contexto probatorio debidamente desarrollado, no es una crítica jurídica: es una forma de presión institucional que desconoce el papel independiente de los jueces.
El maestro Reyes, ha debido publicar su articulo de manera posterior a cualquier decisión en las instancias que faltan, toda vez que pone a reñir la libertad de opinión, la academia y el instituto superior de la Justicia, pues es una descalificación de una decisión Jurisdiccional que mas parece una especie de linchamiento a la decisión de la Justicia como institución, o sin asomo de duda, al enriquecimiento de proclamas de sectores que pretenden la desestimación de la Justicia en el caso en concreto y no como un aporte académico, pues este debe mantenerse dentro del orden y la discusión de esa esfera y siempre al margen .de irrupciones ajenas a la administración de justicia. Mas parece como si el maestro Reyes, se estuviera sumando a sectores que hoy pretenden el desconocimiento de la decisión tomada por la Juez de instancia y permeando de alguna manera a las decisiones de la instancia faltante e incluso para los recursos extraordinarios venideros.
Mi admiración para el maestro Reyes, se cae del pedestal con este tipo de acciones, pero es peor aún que, la Universidad que enseña derecho y la búsqueda de la justicia, hoy se anteponga de esta manera, sumándose al circo mediático y algunos opinadores que pretenden ser jueces sin serlo, como efectivamente le pasa al profesor Reyes, quédese en su lugar maestro y deje a los jueces fallar de acuerdo al derecho que conocen, tal cual, como han proferido decisiones para cualquier otro ciudadano de a pie, de los que nadie se privilegió antes con su intervención «académica» pero eso sí, publicitada para afectar opiniones, cuando la única opinión judicial que debe contar, es la de cada fallador en la instancia en que les corresponda.
Critico a los opinadores al paso que me sumo, por cuanto me deja estupefacto ver que mi alma mater si inmiscuye en asuntos propios de la Justicia y por fuera de lo académico, creando un desbalance innecesario en el juicio más mediático de la historia de Colombia, pero, también más importante y trascendental para la imagen de la Justicia en la historia del país.
Contra argumento al publicado por la Universidad Externado de Colombia a través de su director del Departamento de Derecho Penal y Criminología Yesid Reyes Alvarado
El equívoco reduccionismo en la teoría de la determinación y el desconocimiento de la valoración judicial del contexto probatorio
Por: Jhon Fernando Robledo Vargas
La crítica formulada por Yesid Reyes a la sentencia de primera instancia que condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez incurre en un conjunto de imprecisiones tanto conceptuales como metodológicas que ameritan una respuesta jurídica robusta. Su intento de debilitar la calificación como “determinador” parte de una lectura selectiva de la teoría del delito, ignora las reglas de la valoración probatoria bajo el sistema penal acusatorio colombiano, y omite la riqueza contextual de los elementos materiales de prueba que fueron debidamente valorados por la juez de conocimiento.
1. Falsa premisa sobre el “nacimiento de la idea” como requisito exclusivo de la inducción
Yesid Reyes sostiene que para que se configure la determinación penalmente relevante es “indispensable” que el autor del delito (Cadena) no haya concebido previamente la idea delictiva, y que esta le haya sido infundida de forma original por el determinador (Uribe). Esta interpretación es no solo anacrónica sino también reduccionista.
En la teoría contemporánea del delito, especialmente desde el funcionalismo penal (Jakobs, Roxin), la determinación no se limita a la creación ex nihilo del dolo del autor material. La doctrina mayoritaria acepta que existe determinación también cuando el inductor aprovecha una predisposición preexistente y la concreta en una acción delictiva mediante dirección, aliento o coordinación estratégica. El determinador es quien toma control del hecho desde una posición de poder fáctico, aun si la idea ya había sido concebida o rondaba en la mente del autor material.
La exigencia de que la idea delictiva no se le hubiera pasado por la cabeza al autor es un estándar probatorio imposible de verificar empíricamente y no es exigido por la dogmática penal moderna, ni siquiera por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia colombiana, que ha admitido modalidades complejas de determinación no lineal.
2. Errónea descalificación del análisis probatorio y del rol del contexto
Reyes subestima, de forma preocupante, el valor probatorio del contexto, del lenguaje indirecto y de las relaciones de poder entre los actores involucrados. La juez no se limitó a citar características personales para deducir responsabilidad, como el “carisma” de Uribe o las “carencias intelectuales” de Cadena, sino que contextualizó esos elementos como marcos de interpretación necesarios para entender la dinámica de inducción en la conducta desplegada.
El análisis del poder de influencia de Uribe no es gratuito: está soportado en pruebas testimoniales, interceptaciones telefónicas, declaraciones procesales y trazabilidad de acciones posteriores que muestran cómo Cadena asume instrucciones, ejecuta tareas, solicita opiniones y da cuenta de resultados al expresidente, en una relación que excede el mero asesoramiento o acompañamiento informal.
Además, bajo las reglas del sistema penal acusatorio (Ley 906 de 2004), la valoración de la prueba es libre pero motivada. La juez aplicó la sana crítica, articulando múltiples elementos indiciarios que, en conjunto, forman una convicción razonable sobre la existencia de una determinación penalmente relevante. Exigir una «confesión directa» de que Uribe infundió en Cadena la idea del delito es una pretensión desproporcionada y contraria a los principios de inferencia razonable y prueba indiciaria.
El maestro Yesid Reyes, no alude a ninguna de las pruebas recaudadas e introducidas al proceso en debida forma, en donde son evidentes las instrucciones y el aval del determinador Uribe Vélez al abogado Diego Cadena, para adelantar o echar a andar sus ideas, mírese como, el abogado también condenado Diego Cadena, mantenía en constante rendición de cuentas al expresidente, acerca de con quienes se reunía, conversaba y pedía autorización de este, para adelantar ofrecimientos, así mismo también, descalificativos con relación a Monsalve, Deyanira Gómez entre otros. Todos y cada uno de los pasos que adelantaba el abogado en cuestión eran seguidos por su determinador y este a su vez le rendía cuentas y solicitaba autorizaciones para dar pasos sobre determinaciones que al final eran tomadas por el expresidente.
3. Confusión entre complicidad psíquica y coautoría impropia por dominio funcional
El texto de Reyes propone una alternativa de responsabilidad por “complicidad psíquica”, intentando desvirtuar la tesis de la determinación. No obstante, sugiere que Uribe simplemente “alentaba” o “apoyaba moralmente” a Cadena. Esta interpretación omite el elemento esencial del dominio funcional del hecho, ya que Uribe no solo apoya o anima: coordina, sugiere, autoriza y valida la ejecución de actos ilícitos, como el acercamiento a testigos, la obtención de retractaciones y la posterior judicialización de esa información.
Más que cómplice psíquico, la conducta de Uribe se alinea con la noción de coautoría impropia por planificación intelectual del hecho, incluso si no ejecutó materialmente ningún acto. La coautoría o determinación, en este caso, no dependen de un simple impulso emocional, sino del ejercicio de control sobre la decisión del autor material. En esto, el fallo es claro al articular cómo las acciones de Cadena se alineaban con las instrucciones y autorizaciones de Uribe, en una cadena causal relevante para la consumación del ilícito.
4. Minimización de la prueba testimonial y documental
Yesid Reyes omite referirse a las pruebas fundamentales que sustentan la sentencia. Varios testigos, incluidas declaraciones judicializadas y entrevistas en el expediente, establecen una línea de tiempo clara que muestra cómo Uribe intervino activamente en la gestión de testigos, conocía su contenido y tenía interés específico en las retractaciones que favorecieran su causa judicial. Las pruebas no muestran un Uribe pasivo o simplemente informado, sino un actor estratégico.
El correo electrónico que envía el propio Cadena a Uribe para “aprobación” de una carta de retractación de Monsalve, y la posterior intervención directa de Uribe ante periodistas y órganos judiciales citando esas retractaciones, revelan una clara conexión funcional y comunicacional entre el determinador y el autor.
Conclusión
La tesis de Yesid Reyes incurre en un formalismo excesivo, que ignora los avances doctrinales y jurisprudenciales en materia de autoría mediata, determinación y responsabilidad en estructuras de poder asimétrico. El estándar de “nacimiento de la idea” como único criterio para la determinación es conceptualmente débil, empíricamente inverificable y dogmáticamente superado.
La sentencia de condena no solo es jurídicamente sólida, sino que respeta las exigencias del debido proceso, la presunción de inocencia y la valoración integral de la prueba. Intentar deslegitimarla con argumentos anclados en una visión restringida de la teoría del delito y sin reconocer el contexto probatorio debidamente desarrollado, no es una crítica jurídica: es una forma de presión institucional que desconoce el papel independiente de los jueces.
El maestro Reyes, ha debido publicar su articulo de manera posterior a cualquier decisión en las instancias que faltan, toda vez que pone a reñir la libertad de opinión, la academia y el instituto superior de la Justicia, pues es una descalificación de una decisión Jurisdiccional que mas parece una especie de linchamiento a la decisión de la Justicia como institución, o sin asomo de duda, al enriquecimiento de proclamas de sectores que pretenden la desestimación de la Justicia en el caso en concreto y no como un aporte académico, pues este debe mantenerse dentro del orden y la discusión de esa esfera y siempre al margen .de irrupciones ajenas a la administración de justicia. Mas parece como si el maestro Reyes, se estuviera sumando a sectores que hoy pretenden el desconocimiento de la decisión tomada por la Juez de instancia y permeando de alguna manera a las decisiones de la instancia faltante e incluso para los recursos extraordinarios venideros.
Mi admiración para el maestro Reyes, se cae del pedestal con este tipo de acciones, pero es peor aún que, la Universidad que enseña derecho y la búsqueda de la justicia, hoy se anteponga de esta manera, sumándose al circo mediático y algunos opinadores que pretenden ser jueces sin serlo, como efectivamente le pasa al profesor Reyes, quédese en su lugar maestro y deje a los jueces fallar de acuerdo al derecho que conocen, tal cual, como han proferido decisiones para cualquier otro ciudadano de a pie, de los que nadie se privilegió antes con su intervención «académica» pero eso sí, publicitada para afectar opiniones, cuando la única opinión judicial que debe contar, es la de cada fallador en la instancia en que les corresponda.
Critíco a los opinadores al paso que me sumo, por cuanto me deja estupefacto ver que mi alma mater si inmiscuye en asuntos propios de la Justicia y por fuera de lo académico, creando un desbalance innecesario en el juicio más mediático de la historia de Colombia, pero, también más importante y trascendental para la imagen de la Justicia en la historia del país.
Por: Jhon Fernando Robledo Vargas Socio fundador de Robledo Vargas Abogados – Especialistas en Derecho Disciplinario
Resumen
El derecho de defensa, como pilar fundamental del debido proceso, no puede ser restringido en ninguna fase de la actuación administrativa o judicial. Este artículo analiza la relevancia del defensor de confianza en las inspecciones judiciales dentro del proceso disciplinario, destacando su papel esencial en la garantía de legalidad, contradicción y equidad procesal.
1. Introducción
En el marco del derecho disciplinario, la inspección judicial adquiere un valor probatorio estratégico. Al ser una diligencia que puede incidir en la responsabilidad de los sujetos disciplinables, su desarrollo debe observar rigurosamente las garantías procesales, especialmente el derecho de defensa.
Una de las expresiones más claras de este derecho es la presencia del defensor de confianza, quien no solo representa jurídicamente al investigado, sino que cumple un papel activo en la protección de sus derechos durante la actuación probatoria.
2. Derecho de defensa y debido proceso en el escenario disciplinario
La Constitución Política de Colombia, en su artículo 29, establece que “toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable” y que tiene derecho “a ser juzgada conforme a leyes preexistentes, ante juez o tribunal competente, con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”.
En el campo disciplinario, esta garantía tiene igual jerarquía. La jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional ha reiterado que el proceso disciplinario debe respetar los principios del debido proceso, incluyendo el derecho a la defensa técnica, la contradicción de las pruebas y la intervención activa en cada etapa del procedimiento.
3. La inspección judicial como medio de prueba
La inspección judicial es una actuación probatoria mediante la cual la autoridad se traslada al lugar donde se encuentra un objeto, situación o inmueble relevante para esclarecer los hechos materia del proceso. En el ámbito disciplinario, suele utilizarse para verificar circunstancias que permitan confirmar o desvirtuar una conducta reprochable.
Sin embargo, al tratarse de una diligencia que puede tener un impacto directo en la valoración probatoria y en la decisión final, debe realizarse bajo estrictas garantías de legalidad, transparencia y participación.
4. Rol del defensor de confianza durante la inspección judicial
El defensor de confianza tiene el deber y el derecho de estar presente en la diligencia de inspección judicial, siempre que esta pueda afectar los intereses de su representado. Su participación permite:
Vigilar que se respete el procedimiento legal establecido.
Solicitar intervenciones específicas del funcionario que practica la diligencia.
Proteger derechos fundamentales del investigado.
Dejar constancias sobre hechos o irregularidades.
Promover nulidades si se vulnera el debido proceso.
Esta presencia activa es vital para garantizar el principio de contradicción, especialmente si de la inspección se derivan inferencias que comprometen la responsabilidad del investigado.
5. Jurisprudencia relevante
La Corte Constitucional, en sentencias como la T-554 de 2012 y la T-113 de 2021, ha enfatizado que toda actuación que pueda incidir en los derechos de un sujeto disciplinable debe permitir la intervención de su defensa técnica. La ausencia del defensor en diligencias relevantes puede generar una vulneración del debido proceso, susceptible de corregirse mediante mecanismos como la nulidad o la tutela.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación, en su práctica disciplinaria, ha venido reforzando protocolos para asegurar la presencia de los apoderados en diligencias como la inspección, el testimonio o la práctica de pruebas documentales y periciales.
6. Conclusión
La inspección judicial no es una simple diligencia técnica. Su desarrollo en el proceso disciplinario requiere la presencia y participación activa del defensor de confianza para garantizar un verdadero equilibrio procesal. En Robledo Vargas Abogados reafirmamos la importancia de proteger el derecho de defensa desde el inicio de la investigación hasta su cierre definitivo, evitando que actuaciones probatorias sin control vulneren garantías constitucionales.
El respeto a la defensa técnica no es una opción: es una exigencia legal y constitucional ineludible.
✅ Robledo Vargas Abogados
Firma especializada en derecho disciplinario, defensa de servidores públicos y control interno disciplinario.
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