Por: JHON FERNANDO ROBLEDO VARGAS de ROBLEDO VARGAS ABOGADOS
Resumen
El presente artículo examina la aplicación de la figura jurídica de la extinción de dominio sobre bienes y activos relacionados con la minería aurífera formal en Colombia, particularmente en los departamentos de Chocó, Cauca y Antioquia. Se plantea la hipótesis de que la expansión de esta medida, sin criterios de interpretación rigurosos ni ponderación suficiente de derechos fundamentales, constituye una afectación al principio de legalidad, la seguridad jurídica y el debido proceso. Se estudia el marco normativo y jurisprudencial de la extinción de dominio, así como su aplicación práctica. Finalmente, se analiza la intervención de actores jurídicos especializados, como la firma Robledo Vargas Abogados, en la defensa de derechos patrimoniales de empresarios mineros formalizados.
1. Introducción
La minería legal de oro en Colombia ha sido impulsada en la última década por políticas de formalización, estándares de trazabilidad y cumplimiento ambiental. Sin embargo, en los últimos años, la figura de la extinción de dominio ha sido aplicada de forma creciente sobre empresas que operan legalmente, generando un conflicto entre la política criminal del Estado y el derecho a la propiedad legítima de agentes económicos legalizados.
Esta tensión se ha acentuado en zonas con pasado de minería informal o presencia de actores armados, donde la transición hacia la legalidad ha sido incompleta o parcialmente registrada por el aparato estatal. El objeto de este análisis es identificar los vacíos legales, desajustes interpretativos y riesgos estructurales derivados de la aplicación de la extinción de dominio al sector minero formalizado.
2. Marco normativo y conceptual
La extinción de dominio en Colombia está regulada por la Ley 1708 de 2014 (Código de Extinción de Dominio), reformada por la Ley 1849 de 2017. Esta figura permite al Estado declarar la pérdida del derecho de propiedad sobre bienes cuyo origen, destinación o utilización esté vinculada a actividades ilícitas, aun sin condena penal previa.
Si bien su objetivo es legítimo en el marco de la lucha contra el crimen organizado, la redacción de sus causales, sumada a una interpretación expansiva por parte de la Fiscalía General de la Nación, ha generado una ampliación de su aplicación hacia bienes adquiridos o utilizados por terceros de buena fe, incluidos empresarios mineros con procesos de formalización culminados y debidamente titulados por la Agencia Nacional de Minería.
3. Problemática jurídica en el contexto minero
3.1 Presunción de ilicitud vs. buena fe exenta de culpa
Uno de los principales problemas jurídicos es el tratamiento de la presunción de ilicitud del bien, lo cual traslada la carga probatoria al empresario minero, quien debe acreditar no solo su legalidad actual, sino además demostrar la inexistencia de cualquier conexión histórica, directa o indirecta, con actividades criminales.
Esto contraviene el principio de presunción de legalidad y dificulta la defensa del poseedor de buena fe, especialmente en zonas donde la informalidad era la norma y el proceso de transición hacia la legalidad no ha sido acompañado institucionalmente.
3.2 Inseguridad jurídica en territorios con minería histórica
En departamentos como Chocó, Antioquia y Cauca, la minería ha sido ejercida por décadas bajo regímenes consuetudinarios, muchas veces sin títulos formales. Las empresas que hoy poseen títulos válidos pueden estar ocupando predios que antes fueron explotados ilegalmente. Esta situación ha sido usada por autoridades judiciales para iniciar procesos de extinción, sin evaluar el contexto de cambio normativo y social.
4. Jurisprudencia relevante y vacíos interpretativos
La Corte Constitucional ha señalado en varias sentencias (p. ej., Sentencia C-740 de 2003, C-1065 de 2005) que la extinción de dominio no debe afectar derechos adquiridos legítimamente ni convertirse en una forma de confiscación. Sin embargo, la práctica actual no siempre respeta estos límites, lo cual plantea un riesgo estructural para la inversión privada en minería legal.
La falta de criterios diferenciados entre minería ilegal, informal y formalizada, así como la ausencia de mecanismos de articulación interinstitucional (Fiscalía, ANM, DIAN), profundiza la inseguridad jurídica y puede desincentivar la inversión en regiones mineras.
5. Rol de la defensa técnica especializada: el caso de Robledo Vargas Abogados
Ante este escenario, firmas jurídicas con alta especialización como Robledo Vargas Abogados han emergido como actores clave en la defensa patrimonial y jurídica de empresarios mineros. Su práctica combina litigio estratégico, conocimiento técnico en derecho minero y experiencia en procesos de extinción de dominio, lo que permite abordar integralmente la defensa desde una perspectiva penal, administrativa y constitucional.
La firma ha liderado procesos en los cuales se ha logrado el archivo o reversión de medidas cautelares sobre bienes de origen lícito, especialmente en operaciones de mediana minería con historial de formalización. Su enfoque diferencial incorpora criterios de trazabilidad, análisis de riesgos y revisión documental de títulos mineros y registros contables.
6. Conclusiones
La aplicación de la extinción de dominio al sector minero legalizado, sin una ponderación adecuada del principio de legalidad, puede generar efectos regresivos en las políticas de formalización minera, debilitar el Estado de Derecho en zonas periféricas y vulnerar el derecho a la propiedad privada.
Es imprescindible una reforma interpretativa y operativa de esta figura, que garantice la defensa de los empresarios legales, fortalezca la seguridad jurídica y promueva un equilibrio entre la lucha contra el delito y la protección de la economía formal. En este contexto, la labor de firmas especializadas como Robledo Vargas Abogados es indispensable para la consolidación de un modelo jurídico garantista, técnico y respetuoso del debido proceso.
Referencias (sugeridas para tesis doctoral)
Constitución Política de Colombia, arts. 29, 34, 58.
Ley 1708 de 2014 – Código de Extinción de Dominio.
Ley 685 de 2001 – Código de Minas.
Sentencia C-740/03, Corte Constitucional.
Sentencia C-1065/05, Corte Constitucional.
Robledo Vargas Abogados. (2024). Boletín Jurídico: Extinción de Dominio y Derecho Minero en Colombia. [Disponible a solicitud].
En Colombia, la minería aurífera ha sido históricamente una de las principales fuentes de ingresos para regiones como Chocó, Cauca y Antioquia. No obstante, en los últimos años, el proceso de extinción de dominio —una herramienta legal creada para combatir el crimen organizado y el lavado de activos— ha empezado a afectar de manera significativa a la minería formal legalizada, generando preocupación entre empresarios del sector, comunidades locales y expertos en derecho minero.
¿Qué es la extinción de dominio y por qué preocupa?
La extinción de dominio es un mecanismo jurídico que permite al Estado incautar bienes cuyo origen lícito no pueda ser probado o que estén presuntamente vinculados a actividades ilegales, como el narcotráfico, la minería ilegal, el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo. Este proceso puede iniciarse sin necesidad de una condena penal previa, basándose en indicios de uso indebido de los bienes.
Aunque la intención detrás de esta figura es legítima —cortar las fuentes de financiación de organizaciones criminales—, su aplicación en el sector minero ha generado efectos colaterales negativos para la minería legal.
Minería formal en el ojo del huracán
En regiones como el Chocó, el Cauca y Antioquia, muchas empresas mineras que han hecho esfuerzos significativos por cumplir con los requisitos legales y ambientales, obtener títulos mineros, realizar procesos de formalización, e incluso certificarse con estándares internacionales de sostenibilidad, están viendo amenazadas sus operaciones por procesos de extinción de dominio.
Esto ocurre por varias razones:
Historial de uso de tierras mineras: En muchas zonas, la tierra donde hoy operan empresas formalizadas estuvo anteriormente bajo control de actores armados ilegales o fue utilizada por mineros informales. Las autoridades, al detectar esa conexión histórica, pueden iniciar procesos de extinción aunque la empresa actual no tenga vínculos con actividades ilícitas.
Presunción de ilicitud: En algunos casos, la carga de la prueba recae en el propietario, quien debe demostrar que los bienes no están relacionados con actividades delictivas, una tarea compleja en zonas con poca institucionalidad o registros formales.
Falta de articulación institucional: La superposición de competencias entre entidades como la Fiscalía, la Agencia Nacional de Minería y la DIAN ha generado una aplicación confusa y descoordinada del proceso de extinción, afectando incluso a empresas registradas y vigiladas por el Estado.
Impacto reputacional y financiero: El simple inicio de un proceso de extinción puede generar desconfianza entre inversionistas, bancos y compradores internacionales de metales preciosos, afectando la capacidad operativa y comercial de las empresas afectadas.
Exportaciones de metales preciosos en riesgo
Colombia es uno de los principales productores de oro en América Latina, y departamentos como Antioquia y Chocó contribuyen significativamente a las exportaciones nacionales. Las medidas de incautación o congelamiento de bienes y activos han generado una contracción en la cadena de comercialización formal, promoviendo el retorno al mercado negro o el contrabando como única alternativa para algunos productores.
Además, la incertidumbre jurídica ha hecho que algunas empresas suspendan operaciones o posterguen inversiones, lo cual impacta no solo al sector minero, sino también a las economías locales que dependen de esta actividad.
¿Qué soluciones se plantean?
Expertos y gremios mineros han propuesto varias alternativas para evitar que el proceso de extinción de dominio termine afectando injustamente a la minería legal:
Revisión de casos con enfoque diferencial: Distinguir claramente entre minería ilegal y empresas en proceso de formalización o ya legalizadas.
Fortalecer el debido proceso y la seguridad jurídica: Garantizar mecanismos eficaces de defensa para los empresarios formales.
Mejorar la coordinación interinstitucional: Evitar decisiones contradictorias entre entidades del Estado.
Apoyar la trazabilidad del oro: A través de tecnologías de blockchain o registros más robustos que validen el origen lícito del mineral.
Conclusión
Si bien la lucha contra la minería ilegal y el lavado de activos es crucial para Colombia, es igualmente necesario proteger y fomentar la minería formal legalizada, que genera empleo, tributos y desarrollo regional. El uso excesivo o mal enfocado de la extinción de dominio podría socavar estos avances, afectando la competitividad del país en los mercados internacionales y agudizando los problemas sociales en zonas históricamente golpeadas por la violencia y la informalidad.
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Autor: Jhon Fernando Robledo Vargas Especialista en Derecho Disciplinario y Constitucional
Resumen
El presente artículo explora, desde un enfoque constitucional y garantista, la tensión entre nulidad procesal y absolución en el marco del derecho disciplinario colombiano. A partir de un análisis jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se plantea que, en los casos en los que los defectos procesales afectan únicamente al procesado, debe prevalecer la absolución como mecanismo de protección del derecho de defensa y la presunción de inocencia. Se examina de forma particular la aplicación de estos principios al Estatuto del Abogado (Ley 1123 de 2007), sugiriendo lineamientos para fortalecer la legalidad y legitimidad de los procedimientos sancionatorios.
1. Introducción
En Colombia, el régimen disciplinario de los abogados está regulado por la Ley 1123 de 2007, un estatuto que contempla un procedimiento de carácter inquisitivo y sancionador. Dentro de este proceso, se pueden presentar defectos procesales que, de no ser tratados conforme a los principios constitucionales y convencionales, podrían vulnerar gravemente los derechos fundamentales del profesional investigado.
A partir del análisis realizado por el jurista Jhon Fernando Robledo Vargas, se propone que, cuando existan vicios procesales que comprometen exclusivamente al procesado, la absolución debe prevalecer sobre la nulidad, con el fin de garantizar el principio de la defensa técnica y material, la imparcialidad y la presunción de inocencia.
2. Naturaleza del Proceso Disciplinario y su Relación con el Derecho Penal
El proceso disciplinario, aunque formalmente autónomo, comparte con el proceso penal su naturaleza punitiva, en tanto tiene por finalidad la imposición de sanciones que restringen derechos y libertades fundamentales. Como lo ha reiterado la Corte Constitucional, las garantías del debido proceso deben aplicarse con igual fuerza en procedimientos disciplinarios y penales, dado su carácter sancionador (C-1076 de 2002, C-448 de 1998).
En el caso de la Ley 1123 de 2007, su estructura inquisitiva refuerza la necesidad de asegurar garantías de imparcialidad y contradicción. Como lo señala Robledo Vargas, el riesgo de predisposición del juzgador en casos de nulidad obliga a preferir la absolución como remedio más respetuoso del debido proceso.
3. Análisis Jurisprudencial: Corte Suprema de Justicia
3.1. Sentencia SP32983 del 21 de octubre de 2013
La Sala Penal de la Corte Suprema estableció que cuando los defectos procesales afectan exclusivamente al procesado, y las pruebas conducen a su absolución, debe preferirse esta antes que la nulidad:
“La nulidad solo procede si con ello se logra una restauración del derecho del procesado, pero si el análisis probatorio lleva inevitablemente a la exclusión de responsabilidad, la absolución debe ser dictada sin más.”
3.2. Sentencia SP461-2023
La Corte revocó una sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Riohacha al considerar que la prueba no era suficiente para condenar a las acusadas por peculado por apropiación agravado. En este caso, se descartó la nulidad y se dictó directamente absolución, reafirmando que:
“La nulidad no debe operar cuando las pruebas conducen irremediablemente a la inocencia del acusado.”
4. Jurisprudencia Constitucional: Garantías Mínimas en el Proceso Disciplinario
4.1. Sentencia C-692 de 2008
La Corte Constitucional reafirma que el proceso disciplinario debe ajustarse a principios constitucionales. Entre las garantías esenciales se destacan:
Legalidad (tipicidad de la falta y de la sanción).
Publicidad.
Defensa y contradicción.
Doble instancia.
Presunción de inocencia.
Imparcialidad.
Non bis in idem.
Cosa juzgada.
Prohibición de la reformatio in pejus.
Robledo Vargas advierte que, en caso de nulidad, podría surgir el riesgo de que el juzgador incremente las imputaciones, violando la reformatio in pejus, y convirtiendo la nulidad en una herramienta para agravar la situación del procesado.
4.2. Sentencia C-495 de 2019
Se declaró inexequible la expresión “cuando no haya modo de eliminar la responsabilidad”, por contrariar la presunción de inocencia. La Corte reiteró que:
“La presunción de inocencia impide adoptar decisiones sancionatorias sin prueba clara y contundente de la culpabilidad.”
5. Estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte IDH ha sido clara en sostener que los procedimientos administrativos o disciplinarios deben respetar el debido proceso (Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, 2001). Entre las garantías aplicables, se destacan:
Juez imparcial.
Derecho a ser oído.
Contradicción y defensa.
Principio de legalidad.
Proporcionalidad de la sanción.
En este contexto, la nulidad que derive en un nuevo juzgamiento con mayor carga probatoria o acusatoria viola el estándar de juez imparcial y la prohibición de persecución indebida.
6. Aplicación al Caso Concreto: Magistrado Vaca Carillo
En el caso que motiva este artículo, el Magistrado Vaca Carrillo, de la Comisión Seccional De Nariño, se le solicito en alegatos de conclusión que anulara un acto procesal junto con pruebas aducidas al proceso en el fallo de primera instancia, por cuanto, las pruebas aducidas al proceso y el acto per se adolecian de vicios, que afectaban el derecho de defensa y por irregularidades sustanciales que afectan eldebido proceso. No obstante, como bien señala Robledo Vargas, existe una predisposición sancionatoria que puede llevar a que, en el nuevo trámite, se ratifique la eventual sanción de primera instancia o incluso se agrave, aprovechandose del acto de nulidad.
Esto constituye un riesgo real para el derecho de defensa, especialmente si el operador disciplinario ya ha formado convicción sancionatoria y mantiene su rol en la fase subsiguiente.
7. Propuesta de Lineamientos para la Autoridad Disciplinaria
Con base en lo anterior, se recomienda a los operadores disciplinarios:
Priorizar la absolución sobre la nulidad cuando la prueba favorece al investigado.
Abstenerse de decretar nulidades si no se garantiza una mejora procesal real para el investigado.
No incrementar cargos ni agravar la situación del disciplinado tras una nulidad.
Observar estrictamente los principios de imparcialidad y legalidad.
Documentar razonadamente la imposibilidad de dictar sentencia de fondo en caso de nulidad.
8. Recomendaciones para Reformar la Ley 1123 de 2007
Se propone al legislador:
Introducir la figura de la absolución directa en sede disciplinaria como medida preferente ante defectos procesales.
Incorporar una cláusula de prohibición expresa de reformatio in pejus tras una nulidad.
Redefinir el rol del operador disciplinario tras una nulidad, con exigencia de imparcialidad objetiva (por ejemplo, cambio de magistrado).
9. Conclusiones Generales
El análisis desarrollado por Jhon Fernando Robledo Vargas es de gran valor para el derecho disciplinario colombiano, pues evidencia cómo los principios constitucionales y los desarrollos jurisprudenciales imponen límites claros a la actuación de las autoridades sancionatorias.
Cuando los defectos procesales no afectan la estructura probatoria del caso y esta apunta a la inocencia del investigado, la absolución se impone como respuesta jurídica legítima y garantista.
A su vez, la jurisprudencia nacional e internacional converge en un principio esencial: la nulidad no puede convertirse en un castigo procesal ni en un vehículo para agravar la situación del procesado.
Bibliografía
Corte Suprema de Justicia, Sentencia SP32983 del 21 de octubre de 2013.
Corte Suprema de Justicia, Sentencia SP461-2023.
Corte Constitucional, Sentencia C-692 de 2008.
Corte Constitucional, Sentencia C-495 de 2019.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, 2001.
Ley 1123 de 2007 – Estatuto del Abogado.
Ley 1952 de 2019 – Código General Disciplinario.
Robledo Vargas, J. F. (2025). Notas sobre nulidad y absolución en procesos disciplinarios. Documento inédito.
Para leer mas sobre temas disciplinarios sigue el próximo link:
Autor: Jhon Fernando Robledo Vargas Especialista en Derecho Disciplinario y Constitucional
Introducción
El derecho disciplinario colombiano, especialmente en el marco de la Ley 1123 de 2007 –Estatuto del Abogado–, se estructura como un régimen de naturaleza sancionatoria en el que confluyen principios del derecho penal, adaptados al contexto particular de la función pública o del ejercicio profesional. Uno de los dilemas más relevantes dentro de este sistema es la tensión entre la nulidad procesal y la absolución, particularmente en casos donde se evidencian vicios que afectan únicamente al procesado.
A la luz de este dilema, el abogado Jhon Fernando Robledo Vargas plantea una tesis de profunda trascendencia jurídica: en procesos de naturaleza punitiva, la protección del debido proceso debe prevalecer sobre formalismos procesales, y por tanto, la absolución debe tener primacía frente a la declaratoria de nulidad cuando se demuestre que los derechos fundamentales del procesado están comprometidos.
1. Marco Conceptual: Derecho Disciplinario y Proceso Inquisitivo
El proceso disciplinario contemplado en la Ley 1123 de 2007 adopta un modelo inquisitivo, donde la autoridad disciplinaria acumula las funciones de investigación y decisión. Esta configuración demanda mayores garantías procesales, pues de lo contrario puede dar lugar a arbitrariedades o a decisiones preconcebidas.
Tal como lo advierte Robledo Vargas, la declaratoria de nulidad en estos escenarios podría convertirse en una herramienta regresiva si el operador disciplinario ya tiene una “predisposición” sancionatoria, y al anular el fallo, simplemente “reconduce” el proceso para alcanzar el mismo desenlace, agravando incluso la situación de la persona investigada.
2. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia: Absolución vs. Nulidad en Derecho Penal
Aunque las sentencias citadas por Robledo Vargas se enmarcan en el derecho penal, sus principios son plenamente aplicables al derecho disciplinario en virtud del principio de unidad del orden jurídico y de la naturaleza punitiva del derecho disciplinario.
2.1 Sentencia SP32983 del 21 de octubre de 2013
La Corte Suprema de Justicia, en esta providencia, sostuvo que:
“Cuando se presentan vicios procesales que afectan exclusivamente al acusado, y existe evidencia que impone una absolución, debe preferirse esta última antes que la nulidad.”
La razón es clara: si la nulidad conlleva la posibilidad de repetir el juicio sin garantizar un mejor resultado para el acusado, pero sí prolongar su afectación, entonces el remedio (la nulidad) puede resultar más lesivo que la supuesta infracción procesal.
2.2 Sentencia SP461-2023
En esta sentencia, la Corte revocó una condena por el delito de peculado por apropiación agravado, al considerar que las pruebas no demostraban la responsabilidad penal de las acusadas. A pesar de la existencia de vicios procesales, se optó por la absolución directa como un acto de protección del derecho fundamental a la defensa y a la presunción de inocencia.
3. El Valor Constitucional de la Garantía Disciplinaria
La Corte Constitucional ha desarrollado una línea clara de jurisprudencia donde afirma que el derecho disciplinario debe regirse por los valores y principios del debido proceso penal, en especial cuando están en juego sanciones que afectan derechos fundamentales como el ejercicio profesional o la honra.
3.1 Sentencia C-692 de 2008
En esta decisión, el alto tribunal constitucional afirmó que las garantías del debido proceso deben aplicarse también al derecho disciplinario, estableciendo como mínimos:
Principio de legalidad.
Publicidad del proceso.
Derecho a la defensa y contradicción de pruebas.
Doble instancia.
Presunción de inocencia.
Imparcialidad del juzgador.
Non bis in idem.
Cosa juzgada.
Prohibición de reformatio in pejus.
Robledo Vargas subraya que este último principio tiene especial relevancia en el contexto de la nulidad, ya que permite advertir una amenaza real de empeoramiento de la situación jurídica del procesado si se retoma el proceso con una carga adicional, vulnerando el núcleo del derecho de defensa.
3.2 Sentencia C-495 de 2019
La Corte declaró inexequible la expresión «cuando no haya modo de eliminar la responsabilidad», contenida en la Ley 1952 de 2019, por contradecir la presunción de inocencia. Esta sentencia refuerza la tesis de que no puede darse por sentada la culpabilidad de un investigado simplemente por la dificultad de excluir su responsabilidad, pues esto invierte la carga de la prueba.
4. Estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte IDH ha reiterado en múltiples fallos que todo procedimiento de carácter sancionador debe observar estrictamente las garantías del debido proceso consagradas en la Convención Americana de Derechos Humanos. Entre ellas se destacan:
Derecho a ser oído por un juez imparcial (Art. 8.1).
Derecho a la defensa (Art. 8.2).
Principio de legalidad y retroactividad benigna (Art. 9).
En este sentido, la Corte ha sostenido que incluso en procesos administrativos o disciplinarios se deben respetar los principios del derecho penal sustancial y procesal, especialmente cuando las sanciones afectan derechos fundamentales como el ejercicio de una profesión.
5. La Posición del Magistrado y el Riesgo de «Reformatio in Pejus»
Jhon Fernando Robledo Vargas alerta sobre un riesgo procesal concreto: que el magistrado que anuló el fallo sancionatorio de primera instancia mantenga su «predisposición» y al reabrir el caso agrave la situación del investigado, sumando nuevos cargos. Esta práctica contraviene directamente la prohibición de reformatio in pejus, generando un uso desviado del poder disciplinario.
Conclusión
El planteamiento de Jhon Fernando Robledo Vargas no solo es sólido desde el punto de vista técnico, sino que también responde a una visión garantista del derecho sancionador. La protección del derecho de defensa y la dignidad del investigado debe estar por encima de formalismos procesales, especialmente cuando se trata de procesos punitivos que afectan gravemente la esfera jurídica del sujeto disciplinado.
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Las principales medidas cautelares son:
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⚖️ Fundamento legal: Ley 1708 de 2014 y normas complementarias
La Ley 1708 de 2014, que regula la extinción de dominio en Colombia, establece en sus artículos 90 a 106 el régimen legal de las medidas cautelares. Esta normativa permite que dichas medidas:
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