Conflictos entre socios empresariales y procesos disciplinarios contra contadores y revisores fiscales ante la Junta Central de Contadores en Colombia
Por Jhon Fernando Robledo Vargas Robledo Vargas Abogados Derecho disciplinario, responsabilidad profesional y defensa jurídica especializada
Introducción
Los conflictos entre socios de sociedades comerciales constituyen uno de los escenarios más complejos del derecho empresarial colombiano. Las diferencias relacionadas con la administración de recursos, la distribución de utilidades, la interpretación de los estados financieros, el control societario y la transparencia de la información contable pueden trascender el ámbito estrictamente mercantil y proyectarse sobre la responsabilidad profesional de quienes ejercen la contaduría pública y la revisoría fiscal.
En ese contexto, surge una problemática que merece especial atención jurídica: la utilización de los procedimientos disciplinarios ante la Junta Central de Contadores como mecanismos de confrontación entre socios empresariales, en los cuales el contador público o el revisor fiscal termina involucrado en controversias que, en ocasiones, tienen su origen en intereses económicos, disputas administrativas o luchas por el control de una sociedad.
No se trata de desconocer la legitimidad de las quejas disciplinarias ni la función constitucional y legal de vigilancia sobre la profesión contable. Por el contrario, se pretende establecer una distinción fundamental entre las conductas que efectivamente comprometen la ética profesional y aquellas acusaciones que pueden surgir como consecuencia de conflictos societarios ajenos a una verdadera infracción disciplinaria.
La tesis que orienta este análisis consiste en que la existencia de un conflicto entre socios no puede convertirse, por sí misma, en fundamento para atribuir responsabilidad disciplinaria al contador público o al revisor fiscal. Para que una sanción resulte jurídicamente legítima, deben acreditarse una conducta individualizada, su adecuación a una infracción prevista en el ordenamiento, la afectación jurídicamente relevante de los deberes profesionales y la correspondiente culpabilidad.
I. El conflicto societario como escenario de riesgo disciplinario
Las sociedades comerciales son estructuras jurídicas dentro de las cuales confluyen intereses económicos que no necesariamente permanecen alineados durante toda su existencia.
En una primera etapa, los socios pueden compartir objetivos empresariales, estrategias de inversión y criterios administrativos. Sin embargo, cuando surgen desacuerdos sobre la dirección de la compañía, la disposición de activos, la participación en las utilidades o la administración financiera, los mecanismos internos de gobierno corporativo pueden transformarse en escenarios de confrontación.
Dentro de esas disputas, la información contable adquiere especial relevancia.
Los libros de contabilidad, los estados financieros, los informes de auditoría, las certificaciones y los dictámenes del revisor fiscal se convierten en instrumentos determinantes para establecer la situación económica de la empresa y evaluar las actuaciones de sus administradores.
Es precisamente en ese escenario donde el profesional contable puede quedar expuesto a presiones provenientes de diferentes grupos de socios.
Un sector puede exigir la certificación de determinadas operaciones; otro puede cuestionar la razonabilidad de los estados financieros; un tercero puede solicitar información para fundamentar acciones contra la administración.
La situación se torna particularmente delicada cuando alguno de esos sectores pretende que el contador o el revisor fiscal respalde su interpretación de los acontecimientos empresariales.
La independencia profesional comienza a verse amenazada cuando los intereses particulares de los socios pretenden sustituir los criterios técnicos, legales y éticos que deben orientar la actuación del contador público.
Por ello, resulta indispensable diferenciar entre el conflicto societario que constituye el contexto de una denuncia y la conducta profesional que realmente puede ser objeto de reproche disciplinario.
II. La independencia del contador público frente a los intereses de los socios
La Ley 43 de 1990 establece los principios fundamentales que orientan el ejercicio de la contaduría pública en Colombia.
Su artículo 37 consagra, entre otros, los principios de integridad, objetividad, independencia, responsabilidad, confidencialidad y conducta ética.
Estos principios adquieren una importancia especial cuando existen controversias entre socios empresariales.
El contador público no puede convertirse en instrumento de una facción societaria ni modificar sus conclusiones profesionales para favorecer a quienes ostentan temporalmente el control de la administración.
Sin embargo, esta obligación de independencia tiene una consecuencia jurídica que también debe proteger al profesional: el desacuerdo de un socio con una certificación, un informe o un dictamen no constituye automáticamente una falta disciplinaria.
La inconformidad debe confrontarse con las normas profesionales aplicables, el alcance de las funciones contratadas, la información disponible y las actuaciones efectivamente realizadas.
En otras palabras, una conclusión contable desfavorable a los intereses de determinado socio no puede confundirse con una actuación contraria a la ética profesional.
Tampoco resulta jurídicamente admisible presumir parcialidad por el simple hecho de que el contador haya sido contratado durante la administración de uno de los grupos societarios.
La imparcialidad debe evaluarse a partir de circunstancias objetivas y verificables.
La independencia profesional constituye un deber del contador, pero simultáneamente representa una garantía frente a las presiones que puedan ejercer los diferentes sectores empresariales.
III. La diferencia entre las obligaciones del contador y las del revisor fiscal
Uno de los errores más importantes que pueden presentarse en las controversias disciplinarias consiste en atribuir indistintamente al contador público y al revisor fiscal las mismas funciones y responsabilidades.
Aunque ambos profesionales se encuentran sometidos a las exigencias éticas de la Ley 43 de 1990, sus obligaciones concretas dependen de la naturaleza de su intervención.
El contador vinculado a la preparación, registro o presentación de información financiera desempeña funciones diferentes de aquellas que corresponden al revisor fiscal en ejercicio de sus deberes legales de fiscalización.
El artículo 207 del Código de Comercio establece, entre otras, las funciones del revisor fiscal relacionadas con la vigilancia de determinadas operaciones societarias, la comunicación de irregularidades y la verificación de aspectos contables y de control.
Por su parte, los artículos 208 y 209 regulan contenidos de los dictámenes e informes que debe presentar.
Estas disposiciones permiten formular una distinción esencial:
El revisor fiscal no es el administrador de la sociedad, ni puede atribuírsele automáticamente la responsabilidad por todas las decisiones adoptadas por sus órganos de dirección.
El artículo 41 de la Ley 43 de 1990 establece expresamente que el contador público, cuando ejerce funciones de revisor fiscal o auditor externo, no es responsable de los actos administrativos de las empresas a las cuales presta sus servicios.
Esta disposición no establece una inmunidad absoluta. El revisor fiscal puede responder por el incumplimiento de sus propios deberes de vigilancia, información, dictamen o denuncia, cuando legalmente correspondan.
Pero su responsabilidad debe construirse a partir de una conducta propia y no mediante la transferencia automática de las actuaciones de los administradores.
De esta manera, cuando un socio denuncia presuntas irregularidades empresariales, resulta necesario determinar si el profesional investigado tenía realmente el deber jurídico de intervenir, qué información conocía, cuáles eran sus posibilidades efectivas de actuación y si incumplió una obligación profesional específica.
IV. Las quejas disciplinarias como instrumentos de presión en los conflictos societarios
Una de las hipótesis que merece especial atención es aquella en la cual un conflicto entre socios precede a la presentación de una queja disciplinaria contra el contador o revisor fiscal.
Consideremos el siguiente ejemplo hipotético.
Dos grupos de accionistas mantienen diferencias respecto de la administración financiera de una sociedad. Uno de ellos cuestiona determinadas operaciones y exige que el revisor fiscal emita un pronunciamiento que respalde sus afirmaciones.
El profesional examina la documentación disponible y concluye que no existen elementos suficientes para sostener todas las irregularidades denunciadas, o formula observaciones distintas de las pretendidas por los socios inconformes.
Posteriormente, uno de los grupos presenta una queja disciplinaria contra el revisor fiscal, atribuyéndole falta de independencia, omisión de funciones o desconocimiento de sus obligaciones profesionales.
¿La existencia de esa queja demuestra que el revisor fiscal incurrió en una falta?
Evidentemente, no.
La denuncia constituye un mecanismo legítimo para poner hechos en conocimiento de la autoridad competente, pero no equivale a una demostración de responsabilidad.
En este tipo de situaciones deben examinarse, entre otros aspectos, la cronología del conflicto empresarial, las comunicaciones entre los socios y el profesional, los documentos contables, los requerimientos efectuados y las respuestas ofrecidas.
También puede resultar pertinente establecer si existieron solicitudes destinadas a influir indebidamente en las conclusiones técnicas del contador o del revisor fiscal.
Sin embargo, el posible interés estratégico del denunciante tampoco autoriza a descartar automáticamente una queja.
Una denuncia motivada por un conflicto empresarial puede revelar una infracción auténtica, así como una acusación formulada con aparente fundamento técnico puede carecer de sustento probatorio.
La autoridad disciplinaria debe investigar los hechos con objetividad y evitar que las motivaciones de cualquiera de las partes sustituyan el análisis jurídico de la conducta investigada.
V. La Junta Central de Contadores y los límites de la potestad disciplinaria
La Junta Central de Contadores ejerce funciones de inspección, vigilancia y disciplina profesional conforme a la Ley 43 de 1990 y las disposiciones que regulan su organización y funcionamiento.
Su competencia disciplinaria tiene como finalidad proteger la ética profesional y la confianza pública depositada en quienes ejercen la contaduría.
No obstante, esa potestad no debe confundirse con la competencia para resolver todos los conflictos que puedan presentarse entre los socios de una sociedad comercial.
Las controversias sobre propiedad accionaria, distribución de utilidades, validez de decisiones societarias, administración empresarial o incumplimiento de acuerdos entre socios corresponden, según su naturaleza, a los mecanismos judiciales, administrativos o alternativos previstos por el ordenamiento jurídico.
La Junta Central de Contadores debe concentrar su análisis en establecer si el profesional investigado transgredió una obligación ética o legal relacionada con el ejercicio de la contaduría pública.
Esta delimitación resulta fundamental para evitar que el procedimiento disciplinario se convierta en un escenario indirecto para resolver disputas empresariales que exceden su objeto.
La intervención disciplinaria solo se justifica cuando existe una conducta profesional jurídicamente relevante y susceptible de reproche.
VI. El debido proceso y la prohibición de responsabilidad objetiva
El artículo 29 de la Constitución Política establece garantías fundamentales aplicables a las actuaciones administrativas sancionatorias.
Entre ellas se encuentran el debido proceso, el derecho de defensa, la presunción de inocencia y la posibilidad de controvertir las pruebas.
En el ámbito disciplinario contable, estas garantías exigen que la autoridad investigadora no presuma la responsabilidad del profesional a partir de su cargo, de su relación contractual con la sociedad o de la existencia de una controversia empresarial.
La Resolución D-0013 del 9 de febrero de 2026, que regula el procedimiento interno disciplinario de la Junta Central de Contadores, incorpora expresamente principios como la legalidad, la culpabilidad, la presunción de inocencia y la proporcionalidad.
Desde esta perspectiva, es necesario distinguir tres elementos:
Primero, la ocurrencia material de los hechos. Debe establecerse qué sucedió realmente, cuándo ocurrió y cuáles fueron las actuaciones u omisiones atribuibles al profesional.
Segundo, la existencia de una infracción disciplinaria. No toda irregularidad empresarial representa una transgresión de las obligaciones éticas del contador o revisor fiscal.
Tercero, la culpabilidad. Debe determinarse si la conducta reprochada puede atribuirse personalmente al investigado a título de dolo o culpa, según los presupuestos jurídicos aplicables.
La responsabilidad disciplinaria no puede construirse sobre conjeturas, desacuerdos comerciales o simples afirmaciones de los socios denunciantes.
El carácter sancionatorio de la actuación exige una valoración probatoria seria, individualizada y respetuosa de las garantías constitucionales.
VII. La importancia de reconstruir el contexto empresarial
Una defensa disciplinaria técnicamente adecuada no debe limitarse a responder aisladamente cada afirmación contenida en la queja.
Cuando la investigación surge de un conflicto societario, resulta especialmente importante reconstruir el contexto en el cual ocurrieron los hechos.
Ello implica establecer la evolución de las relaciones entre los socios, identificar los órganos encargados de tomar decisiones y precisar las funciones efectivamente desempeñadas por el contador o revisor fiscal.
También deben examinarse las comunicaciones previas a la denuncia, los requerimientos de información, las actas societarias, los informes profesionales y las circunstancias en las cuales se produjo la terminación o modificación de la relación contractual.
Esta reconstrucción permite responder preguntas esenciales:
¿El profesional tenía acceso efectivo a la información que se le reprocha no haber examinado?
¿La actuación cuestionada correspondía a sus funciones o a las responsabilidades de los administradores?
¿Existieron advertencias oportunas sobre las irregularidades detectadas?
¿Se presentaron obstáculos documentados para desarrollar sus funciones?
¿La acusación se refiere a una infracción ética concreta o expresa principalmente la inconformidad de un socio con una decisión empresarial?
Estas preguntas no reemplazan el análisis de tipicidad y culpabilidad, pero permiten situar los hechos dentro de su verdadera dimensión jurídica.
VIII. La prueba y la defensa disciplinaria ante la Junta Central de Contadores
En los procedimientos disciplinarios originados en disputas empresariales, la actividad probatoria adquiere especial trascendencia.
Los documentos societarios, los registros contables, los contratos de prestación de servicios, las comunicaciones electrónicas, los informes de auditoría y las actas de reuniones pueden resultar decisivos para determinar la actuación real del profesional.
También puede ser necesaria la práctica de pruebas técnicas que permitan distinguir entre un desacuerdo sobre criterios contables y una auténtica infracción de las normas profesionales.
La defensa debe prestar especial atención a la individualización de las conductas imputadas.
No basta con afirmar que existieron irregularidades en la contabilidad de una empresa. Es indispensable establecer cuál era la obligación específica del profesional, en qué consistió su presunto incumplimiento y qué pruebas respaldan esa imputación.
Igualmente, debe verificarse que el investigado tenga oportunidad efectiva de conocer los cargos, solicitar pruebas, controvertir los elementos allegados y presentar los argumentos que considere pertinentes.
La complejidad del conflicto empresarial no disminuye las exigencias probatorias de la actuación disciplinaria.
Por el contrario, cuando existen intereses societarios enfrentados, la necesidad de una valoración objetiva de las pruebas adquiere mayor relevancia.
IX. Las consecuencias de una sanción disciplinaria para el contador público
Las investigaciones ante la Junta Central de Contadores no constituyen asuntos menores.
El artículo 23 de la Ley 43 de 1990 contempla sanciones que incluyen amonestación, multa, suspensión y cancelación de la inscripción profesional.
La imposición de determinadas sanciones puede afectar significativamente el ejercicio de la profesión, las relaciones comerciales, la estabilidad económica y la reputación del contador público.
Para el revisor fiscal, una sanción puede comprometer además la continuidad de sus encargos profesionales y su posibilidad de acceder a nuevas designaciones.
De ahí que resulte especialmente importante impedir que una disputa societaria se transforme en una atribución injustificada de responsabilidad disciplinaria.
No obstante, la protección de los derechos del investigado debe coexistir con la obligación estatal de sancionar las infracciones éticas que se encuentren debidamente demostradas.
La defensa disciplinaria no busca sustraer a los profesionales del cumplimiento de sus obligaciones, sino garantizar que cualquier decisión sancionatoria tenga fundamento legal, probatorio y constitucional.
X. La necesidad de una defensa jurídica especializada
Los procesos disciplinarios contra contadores públicos y revisores fiscales requieren un análisis que combine conocimientos de derecho sancionador, derecho societario, derecho probatorio y regulación profesional contable.
Cuando el procedimiento tiene origen en conflictos entre socios, la defensa debe comprender tanto las obligaciones del profesional investigado como la estructura de gobierno de la sociedad y la distribución de competencias entre sus administradores, órganos de dirección y órganos de fiscalización.
Esta aproximación interdisciplinaria permite evitar que los problemas administrativos de una empresa sean atribuidos indiscriminadamente a quienes ejercen funciones contables.
Asimismo, facilita identificar eventuales presiones, contradicciones documentales o imputaciones que no correspondan al ámbito real de responsabilidad del profesional.
La defensa jurídica especializada debe orientarse a demostrar, mediante argumentos normativos y pruebas pertinentes, si la conducta atribuida al investigado constituye realmente una infracción disciplinaria.
Conclusiones
Los conflictos entre socios empresariales pueden generar escenarios de especial vulnerabilidad para contadores públicos y revisores fiscales, particularmente cuando las diferencias sobre la administración, el manejo de recursos y la información financiera desembocan en denuncias disciplinarias.
Sin embargo, el ordenamiento jurídico colombiano exige distinguir entre las controversias propias de la actividad societaria y las conductas que efectivamente vulneran los deberes éticos de la profesión contable.
La Junta Central de Contadores cumple una función esencial en la protección de la confianza pública, pero el ejercicio de su potestad disciplinaria debe desarrollarse dentro de los límites constitucionales y legales que gobiernan el derecho administrativo sancionador.
En consecuencia, la existencia de una denuncia, la gravedad de un conflicto societario o la inconformidad de uno de los socios no pueden reemplazar la demostración de los presupuestos necesarios para imponer una sanción.
La responsabilidad disciplinaria del contador público y del revisor fiscal debe ser personal, fundada en una conducta jurídicamente reprochable y acreditada mediante pruebas suficientes.
La independencia profesional no solo constituye una obligación ética frente a la sociedad. También debe representar una garantía para que quienes ejercen la contaduría pública puedan desarrollar sus funciones sin quedar sometidos a los intereses particulares de los diferentes grupos empresariales.
El verdadero desafío del derecho disciplinario contable consiste en proteger simultáneamente la confianza pública, la ética profesional y las garantías fundamentales de quienes son sometidos a investigación.
Robledo Vargas Abogados: defensa disciplinaria de contadores y revisores fiscales
En Robledo Vargas Abogados, firma con más de 20 años de experiencia, desarrollamos estrategias de defensa jurídica en procesos disciplinarios contra contadores públicos y revisores fiscales ante la Junta Central de Contadores en Colombia.
Nuestra práctica se orienta al análisis jurídico y probatorio de las investigaciones, la protección del debido proceso y la defensa de los derechos profesionales de nuestros representados.
Artículo de análisis jurídico y doctrinal. Su contenido tiene carácter informativo y no sustituye el estudio individual de un expediente disciplinario.
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Caso UNGRD en Colombia: ¿por qué Olmedo López, Sneyder Pinilla y los contratistas enfrentan procesos penales, disciplinarios, fiscales y de extinción de dominio?
La corrupción en la UNGRD y los límites constitucionales de la responsabilidad de funcionarios públicos y particulares en Colombia
Autor: Jhon Fernando Robledo Vargas Firma: Robledo Vargas Abogados Áreas de estudio: Derecho penal, derecho disciplinario, responsabilidad fiscal ante la Contraloría General de la República y extinción del derecho de dominio. Fecha de actualización: 23 de octubre de 2026.
Introducción: el caso UNGRD como paradigma de la responsabilidad jurídica múltiple
El escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se ha convertido en uno de los casos judiciales más relevantes de Colombia para comprender cómo una misma operación contractual puede desencadenar investigaciones penales, sanciones disciplinarias, procesos de responsabilidad fiscal ante la Contraloría General de la República y acciones de extinción del derecho de dominio.
Los nombres de Olmedo de Jesús López Martínez, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez y Luis Eduardo López Rosero han ocupado un lugar central en las investigaciones relacionadas con la adquisición de carrotanques para La Guajira y otras operaciones contractuales de la UNGRD.
A ellos se suman otros nombres conocidos en diferentes capítulos de las investigaciones, como Iván Name Vásquez, Andrés Calle Aguas, Pedro Rodríguez Melo, Víctor Andrés Meza Galván, Sandra Ortiz, Ricardo Bonilla, Luis Fernando Velasco y Carlos Ramón González, cuyas situaciones procesales son diferentes y no deben confundirse.
La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República han intervenido desde sus respectivas competencias.
Paralelamente, medios de comunicación como Caracol Radio, Noticias Caracol, Semana y El Espectador han realizado una amplia cobertura del denominado caso UNGRD, contribuyendo al conocimiento público de las investigaciones, acusaciones, decisiones judiciales y medidas patrimoniales.
Pero detrás de las noticias existe una cuestión jurídica de extraordinaria importancia:
¿Puede una persona ser condenada penalmente, sancionada disciplinariamente, declarada responsable fiscalmente y perder bienes mediante extinción de dominio por hechos relacionados con una misma contratación estatal?
La respuesta exige estudiar la autonomía de cada procedimiento, sus finalidades, sus presupuestos probatorios y los límites constitucionales del poder estatal.
Desde Robledo Vargas Abogados consideramos que el caso UNGRD ofrece una oportunidad para estudiar los riesgos jurídicos que enfrentan los servidores públicos, ordenadores del gasto, supervisores de contratos, representantes legales, contratistas y particulares que intervienen en la administración o ejecución de recursos públicos.
1. ¿Qué ocurrió en el escándalo de corrupción de la UNGRD?
El caso alcanzó especial notoriedad por la adquisición de 40 carrotanques destinados a suministrar agua potable a comunidades de La Guajira.
La contratación fue cuestionada por presuntos sobrecostos, irregularidades en la selección del proveedor y deficiencias en el cumplimiento de los objetivos humanitarios.
Posteriormente, las investigaciones de la Fiscalía abordaron un entramado más amplio de posibles irregularidades contractuales y desvío de recursos.
En diciembre de 2024, El Espectador informó sobre el contenido de la acusación de la Fiscalía contra varios involucrados, entre ellos Olmedo López, Sneyder Pinilla, Luis Eduardo López Rosero, Luis Carlos Barreto Gantiva y Pedro Rodríguez Melo.
Según la hipótesis acusatoria divulgada, existía una estructura de participación diferenciada en la que determinadas personas habrían intervenido en la selección de contratistas, la gestión de pagos y la obtención de beneficios económicos indebidos.
Debe precisarse que las afirmaciones contenidas en una acusación constituyen la hipótesis de la Fiscalía y no equivalen, por sí mismas, a hechos declarados probados mediante sentencia.
Esta distinción es esencial para cualquier análisis serio del derecho penal colombiano.
De los carrotanques a una macroinvestigación nacional
El caso dejó de concentrarse exclusivamente en los vehículos destinados a La Guajira.
La investigación se extendió a otros negocios jurídicos y a presuntas relaciones irregulares entre contratación pública, intermediación y actores políticos.
El 9 de octubre de 2026, Caracol Radio informó que la macroinvestigación acumulaba siete condenas en firme, seis derivadas de preacuerdos y una de aceptación de cargos, además de siete principios de oportunidad avalados judicialmente.
La misma información daba cuenta de actuaciones relacionadas con exministros, exfuncionarios y personas con fuero constitucional.
La amplitud del caso obliga a rechazar una visión simplificada: no existe una responsabilidad colectiva de todos los mencionados en el escándalo. Cada conducta exige individualización y demostración conforme al procedimiento aplicable.
2. Olmedo López y Sneyder Pinilla: la concurrencia de cuatro escenarios jurídicos
Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres, representan dos casos especialmente relevantes para estudiar la pluralidad de responsabilidades.
2.1. La dimensión penal
Las investigaciones penales relacionadas con los carrotanques incluyeron hipótesis de delitos contra la administración pública y otras conductas, como concierto para delinquir, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y falsedades documentales.
La determinación de la responsabilidad penal requiere demostrar la conducta típica, antijurídica y culpable, así como la intervención individual del acusado.
Los artículos 9 y 12 del Código Penal colombiano, Ley 599 de 2000, constituyen referentes esenciales para el estudio de la conducta punible y la prohibición de responsabilidad objetiva.
La pertenencia a una entidad pública, la condición de superior jerárquico o la suscripción de un contrato no sustituyen la prueba de los elementos del delito.
2.2. La dimensión disciplinaria: sanciones de 18 y 20 años
El 31 de julio de 2025, la Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia las sanciones de destitución e inhabilidad general por 18 años contra Olmedo López y por 20 años contra Sneyder Pinilla.
La decisión se relacionó con el pago de sobrecostos superiores a $16.000 millones en la adquisición de 40 carrotanques, según la valoración efectuada por el Ministerio Público.
La Procuraduría también confirmó una sanción de destitución e inhabilidad general por 10 años contra Víctor Andrés Meza Galván.
El caso permite apreciar una diferencia fundamental: la responsabilidad disciplinaria se relaciona con la infracción sustancial e injustificada de deberes funcionales, mientras que la responsabilidad penal requiere la configuración de un delito.
La Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, establece el marco del Código General Disciplinario.
En particular, la ilicitud sustancial, la culpabilidad y la proscripción de responsabilidad objetiva constituyen límites indispensables para el ejercicio legítimo de la potestad disciplinaria.
No basta demostrar que una actuación administrativa fue irregular. Es necesario identificar el deber funcional vulnerado y el título de imputación subjetiva correspondiente.
2.3. La responsabilidad fiscal: fallos reportados en agosto de 2026
Un desarrollo especialmente importante ocurrió el 26 de agosto de 2026.
Caracol Radio y Semana informaron que la Contraloría General de la República había emitido dos fallos de responsabilidad fiscal relacionados con Olmedo López y Sneyder Pinilla, en un capítulo contractual referente a 80 carrotanques.
Los reportes señalaron un valor superior a $24.000 millones.
Es necesario diferenciar esta actuación de la decisión disciplinaria sobre 40 carrotanques y verificar directamente los respectivos expedientes fiscales para precisar su alcance, ejecutoria, cuantificación y posibles recursos.
La responsabilidad fiscal no persigue imponer una pena criminal ni una sanción disciplinaria. Su finalidad es resarcir el daño patrimonial causado al Estado.
De conformidad con los artículos 3, 4 y 5 de la Ley 610 de 2000, su análisis comprende la gestión fiscal, el daño patrimonial, la conducta subjetivamente reprochable y el nexo causal.
Por ello, incluso cuando existen condenas penales o sanciones disciplinarias, la Contraloría debe justificar los presupuestos propios de la responsabilidad fiscal.
2.4. La extinción de dominio: medidas sobre bienes en octubre de 2026
El 1 de octubre de 2026, la Fiscalía anunció medidas cautelares sobre 25 activos, consistentes en 19 inmuebles y seis sociedades, avaluados preliminarmente en cerca de $20.000 millones.
Las actuaciones patrimoniales fueron relacionadas con Olmedo López, Sneyder Pinilla, Iván Name, Andrés Calle, Luis Eduardo López Rosero y Pedro Rodríguez Melo.
Caracol Radio, Noticias Caracol y El Espectador dieron cuenta de estas medidas.
La actuación incluyó medidas como suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión de determinados bienes y negocios.
Aquí aparece una diferencia jurídica decisiva: la afectación cautelar de un bien no significa que exista una sentencia definitiva de extinción del derecho de dominio.
La Ley 1708 de 2014 establece una acción patrimonial autónoma, de naturaleza constitucional y jurisdiccional, orientada a bienes comprendidos en causales legales de extinción.
La Fiscalía debe fundamentar la relación del bien con la causal invocada, respetando los derechos de contradicción, defensa y debido proceso.
3. Luis Eduardo López Rosero: ¿cómo responde un contratista particular en el caso UNGRD?
Uno de los aspectos más importantes de este escándalo es la participación investigada de particulares y empresarios en operaciones contractuales financiadas con recursos públicos.
Luis Eduardo López Rosero, conocido públicamente como «el Pastuso», fue mencionado en la investigación penal relacionada con la contratación de los carrotanques.
El Espectador informó que la Fiscalía le atribuyó participación en presuntas maniobras de direccionamiento contractual, sobrecostos y pagos irregulares.
También se identificaron actuaciones penales negociadas en el marco de la investigación.
En octubre de 2026, los reportes sobre extinción de dominio relacionaron siete activos con López Rosero, incluidos bienes y sociedades ubicados en diferentes regiones del país.
¿Puede un contratista responder penalmente?
Sí.
El particular que interviene en un delito puede responder penalmente cuando concurren los presupuestos de autoría o participación previstos en la legislación penal.
La condición de contratista no produce inmunidad frente a delitos contra la administración pública.
Sin embargo, la calidad de particular tampoco permite atribuirle automáticamente todos los delitos especiales propios de servidores públicos. Deben examinarse las exigencias del tipo penal y las reglas de participación aplicables.
¿Puede responder fiscalmente ante la Contraloría?
También es posible, pero no por la sola existencia de un contrato estatal.
Debe analizarse si el particular ejerció gestión fiscal, administró o manejó recursos públicos, o se encuentra comprendido en alguno de los supuestos legales que permiten atribuirle responsabilidad fiscal.
La jurisprudencia constitucional y la Ley 610 de 2000 exigen distinguir la condición contractual del ejercicio efectivo de funciones relevantes para la responsabilidad fiscal.
La defensa debe examinar el objeto del contrato, las facultades de disposición sobre los recursos, las obligaciones asumidas, la intervención real del contratista y la relación causal con el presunto daño.
¿Puede responder disciplinariamente?
La aplicación del Código General Disciplinario a particulares exige verificar los supuestos específicos previstos en la ley.
No todo contratista estatal es, por ese solo hecho, sujeto disciplinable.
Entre los aspectos relevantes se encuentran el ejercicio de funciones públicas y los demás supuestos legalmente definidos para particulares.
Por tanto, una investigación disciplinaria contra un contratista debe comenzar por determinar la competencia de la autoridad y la calidad jurídica del sujeto.
¿Pueden extinguirse bienes de un contratista?
Sí, cuando se demuestre una causal legal de extinción del derecho de dominio respecto de los bienes afectados.
La investigación puede comprender inmuebles, vehículos, establecimientos comerciales, participaciones societarias u otros activos patrimoniales.
No obstante, el hecho de que una sociedad haya contratado con el Estado o que su representante legal esté investigado no autoriza, sin más, la extinción de sus bienes.
Se exige un análisis patrimonial concreto, especialmente cuando existen terceros o titulares que alegan buena fe exenta de culpa.
4. Responsabilidad penal, disciplinaria, fiscal y extinción de dominio: ¿cuál es la diferencia?
La Constitución Política colombiana permite la existencia de diferentes mecanismos de control y responsabilidad, cada uno con finalidades propias.
La responsabilidad penal busca determinar si una persona cometió un delito y, cuando corresponde, imponer las consecuencias previstas en la ley penal.
La responsabilidad disciplinaria protege el adecuado ejercicio de la función pública y sanciona infracciones sustanciales e injustificadas de deberes funcionales.
La responsabilidad fiscal tiene una finalidad resarcitoria frente al daño patrimonial al Estado.
La extinción de dominio examina la legitimidad jurídica de la titularidad de determinados bienes frente a las causales constitucionales y legales aplicables.
La diferencia de finalidades explica por qué pueden existir procedimientos paralelos.
Sin embargo, la autonomía de las acciones no significa ausencia de límites.
El artículo 29 de la Constitución protege el debido proceso y las garantías fundamentales de quienes enfrentan actuaciones estatales.
¿Existe violación del principio non bis in idem?
No necesariamente.
La prohibición de doble juzgamiento o sanción exige un análisis de la identidad de sujeto, hechos y fundamento jurídico, de acuerdo con la naturaleza de las actuaciones comparadas.
La concurrencia de procedimientos no demuestra automáticamente una vulneración constitucional.
Debe establecerse si las autoridades ejercen competencias materialmente diferentes o si existe una duplicación sancionatoria constitucionalmente prohibida.
Además, la extinción de dominio, por su naturaleza patrimonial, no puede equipararse sin más a una pena criminal.
La cuestión exige un análisis cuidadoso de las decisiones y no una aplicación mecánica de las categorías del derecho penal.
5. ¿Puede una condena penal utilizarse como prueba en un proceso disciplinario o fiscal?
El caso UNGRD plantea una pregunta particularmente importante para los abogados defensores:
¿Qué valor probatorio tiene una declaración rendida ante la Fiscalía cuando posteriormente es utilizada por la Procuraduría, la Contraloría o una autoridad de extinción de dominio?
La respuesta depende de las reglas del procedimiento receptor, de la forma de incorporación de la prueba y de las oportunidades reales de contradicción.
Una sentencia penal puede constituir un elemento documental relevante en otra actuación.
Sin embargo, su existencia no elimina el deber de demostrar los presupuestos de responsabilidad propios del procedimiento disciplinario o fiscal.
Tampoco puede presumirse que toda declaración obtenida en un preacuerdo o principio de oportunidad sea suficiente para declarar responsable a un tercero.
Debe examinarse el conocimiento directo del declarante, las circunstancias de la declaración, su coherencia, los elementos de corroboración y las posibilidades de contradicción.
En este punto adquieren importancia las garantías del artículo 29 constitucional y las reglas probatorias específicas de la Ley 906 de 2004, la Ley 1952 de 2019 y la Ley 610 de 2000.
Una defensa técnicamente estructurada debe impedir que la información producida en un procedimiento sea incorporada o valorada de manera incompatible con las garantías del procedimiento receptor.
6. La prohibición de responsabilidad objetiva: una garantía para funcionarios y contratistas
El escándalo UNGRD permite reflexionar sobre un riesgo frecuente en los procesos sancionatorios complejos: confundir la responsabilidad institucional con la responsabilidad individual.
Que una persona haya ocupado un cargo directivo no demuestra, por sí mismo, que haya conocido, autorizado o participado culpablemente en todas las actuaciones irregulares desarrolladas dentro de la entidad.
Igualmente, que un contratista figure como representante legal de una sociedad no permite concluir automáticamente que intervino personalmente en todas las decisiones de sus administradores, empleados o intermediarios.
Esto no significa desconocer los deberes especiales que pueden surgir de la posición funcional, de la delegación de competencias o de la intervención contractual.
Significa que tales deberes deben identificarse y relacionarse con una conducta concreta, una modalidad de culpabilidad y los demás elementos exigidos por el respectivo régimen.
En materia penal, el principio de culpabilidad impide la responsabilidad objetiva.
En materia disciplinaria, la Ley 1952 de 2019 también proscribe expresamente esta forma de atribución.
En materia fiscal, el análisis debe incorporar la gestión fiscal, el daño y el nexo causal, con el estándar subjetivo constitucionalmente exigible.
Y en extinción de dominio, el examen se concentra en los bienes y en las causales legales, sin prescindir de las garantías de los afectados y de los terceros de buena fe exenta de culpa.
La gravedad del escándalo o su impacto mediático no disminuyen las exigencias constitucionales de prueba y motivación de las decisiones.
7. ¿Qué ocurre cuando la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría investigan simultáneamente?
Un funcionario público puede enfrentar diferentes actuaciones a partir de una misma contratación estatal.
Por ejemplo, la Fiscalía puede investigar la presunta apropiación de recursos públicos; la Procuraduría, el incumplimiento de deberes funcionales; y la Contraloría, el daño causado al patrimonio estatal.
Al mismo tiempo, la Fiscalía especializada en extinción de dominio puede investigar bienes presuntamente relacionados con actividades ilícitas.
La defensa debe comprender que no se trata necesariamente de cuatro versiones idénticas de un mismo proceso.
Cada autoridad debe demostrar los elementos propios de su competencia.
Los riesgos de una defensa fragmentada
Cuando los procedimientos se atienden de manera aislada, pueden presentarse problemas relevantes:
Declaraciones formuladas en una actuación que posteriormente adquieren consecuencias en otra.
Diferencias entre las versiones fácticas sostenidas ante distintas autoridades.
Controversias sobre la valoración de pruebas trasladadas.
Medidas cautelares que afectan bienes y capacidad económica antes de una decisión definitiva.
Confusión entre el daño fiscal, la reparación penal y las consecuencias patrimoniales de la extinción de dominio.
Por ello, en investigaciones complejas de contratación estatal resulta importante desarrollar una estrategia de defensa integral, sin desconocer la independencia procesal de cada actuación.
8. Extinción de dominio y responsabilidad fiscal: ¿puede el Estado perseguir los mismos bienes?
Una de las cuestiones más interesantes del caso UNGRD consiste en determinar cómo deben coordinarse las medidas de recuperación patrimonial.
La Contraloría busca el resarcimiento del daño al patrimonio público.
En el proceso penal pueden existir medidas relacionadas con el comiso, la reparación de víctimas y otras consecuencias patrimoniales.
La acción de extinción de dominio persigue la declaración judicial de titularidad estatal sobre bienes comprendidos en las causales legales.
Aunque estas figuras pueden relacionarse con un mismo conjunto de hechos, sus fundamentos y efectos jurídicos no son idénticos.
La existencia de varios mecanismos exige estudiar la titularidad de los bienes, el alcance de las medidas cautelares, los derechos de terceros y la prevención de duplicidades resarcitorias indebidas.
Especialmente relevante es distinguir entre la recuperación de un daño patrimonial determinado y la extinción del derecho de dominio sobre bienes vinculados a actividades ilícitas.
No toda afectación patrimonial constituye una sanción y no toda recuperación estatal responde a una misma finalidad jurídica.
9. La relevancia del caso UNGRD para los servidores públicos colombianos
Las investigaciones relacionadas con la UNGRD ofrecen enseñanzas para alcaldes, gobernadores, secretarios de despacho, directores de entidades, ordenadores del gasto, supervisores e interventores de contratos estatales.
La contratación pública implica obligaciones de planeación, selección, ejecución, control y protección del patrimonio estatal.
El incumplimiento de tales obligaciones puede originar consecuencias distintas, dependiendo de la conducta y de los elementos acreditados.
En julio de 2026, por ejemplo, la Procuraduría abrió otra investigación contra Olmedo López, Sneyder Pinilla y Víctor Andrés Meza Galván por posibles irregularidades relacionadas con un contrato logístico para atender la emergencia ocasionada por el fenómeno de La Niña.
La autoridad disciplinaria anunció que examinaría la planeación, los estudios de mercado, la selección del contratista, la supervisión y la validación de pagos.
Esta actuación demuestra que una macroinvestigación puede comprender diferentes contratos y conductas, cuya valoración no debe confundirse.
10. El papel de los medios de comunicación en el caso UNGRD
La dimensión pública del caso ha sido construida mediante investigaciones institucionales y una intensa cobertura periodística.
El Espectador ha divulgado información sobre los escritos de acusación, la hipótesis de la Fiscalía y la participación investigada de exdirectivos, asesores y contratistas.
Caracol Radio ha realizado seguimiento a condenas, principios de oportunidad, investigaciones contra aforados, fallos de responsabilidad fiscal y medidas cautelares patrimoniales.
Semana ha informado sobre decisiones de la Contraloría y diferentes capítulos del escándalo.
Noticias Caracol ha difundido las actuaciones de extinción de dominio relacionadas con 25 activos.
Estos medios permiten reconstruir una cronología pública de las investigaciones, pero el análisis jurídico requiere diferenciar los reportes periodísticos de las decisiones judiciales y administrativas que les sirven de fundamento.
Las noticias son fuentes útiles de contexto y seguimiento; no reemplazan el estudio de los expedientes.
11. Robledo Vargas Abogados: defensa jurídica frente a investigaciones penales, disciplinarias, fiscales y de extinción de dominio
El caso UNGRD pone de manifiesto la importancia de contar con una defensa jurídica que comprenda integralmente los diferentes regímenes de responsabilidad aplicables en Colombia.
Robledo Vargas Abogados es una firma de abogados que concentra su práctica y producción jurídica en la defensa penal, el derecho disciplinario, los procesos de responsabilidad fiscal y la extinción del derecho de dominio.
Bajo la dirección de Jhon Fernando Robledo Vargas, la firma desarrolla análisis jurídicos orientados al estudio de la responsabilidad individual, la culpabilidad, el debido proceso, la valoración probatoria y los límites constitucionales del ejercicio del poder sancionador estatal.
La defensa de funcionarios públicos, contratistas, profesionales y particulares sometidos a investigaciones complejas exige estudiar cada expediente y sus particularidades, sin presumir responsabilidades ni desconocer las facultades legítimas de las autoridades.
La especialización jurídica resulta especialmente importante cuando los mismos hechos pueden producir actuaciones ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y los jueces especializados en extinción de dominio.
12. Conclusiones: el caso UNGRD y los límites del poder sancionador del Estado
El caso UNGRD constituye un escenario de estudio para comprender la concurrencia de responsabilidades en la contratación estatal colombiana.
La experiencia de Olmedo López y Sneyder Pinilla muestra que una misma persona puede enfrentar consecuencias penales, disciplinarias, fiscales y patrimoniales, siempre que se cumplan los presupuestos específicos de cada régimen.
El caso del contratista Luis Eduardo López Rosero permite examinar la posición jurídica de los particulares que intervienen en negocios financiados con recursos estatales.
Las actuaciones relacionadas con Iván Name, Andrés Calle y Pedro Rodríguez Melo amplían el debate hacia las consecuencias patrimoniales y las responsabilidades individualizadas dentro de investigaciones complejas.
Sin embargo, la concurrencia de actuaciones no autoriza a desconocer las garantías constitucionales.
La responsabilidad penal exige demostrar un delito y la culpabilidad de quien intervino.
La responsabilidad disciplinaria requiere acreditar una infracción sustancial e injustificada del deber funcional, atribuible subjetivamente al disciplinado.
La responsabilidad fiscal exige demostrar el daño patrimonial, la conducta jurídicamente relevante y el nexo causal.
La extinción de dominio requiere establecer una causal legal respecto de bienes determinados, con respeto de los derechos de sus titulares y de los terceros protegidos por la ley.
La tesis central de este estudio es que la autonomía de las responsabilidades no equivale a una autorización para trasladar automáticamente culpabilidad, pruebas o conclusiones de un procedimiento a otro.
La lucha contra la corrupción y la protección de los recursos públicos son finalidades constitucionalmente legítimas. Su realización debe desarrollarse dentro del Estado de derecho y con observancia de las garantías fundamentales.
El caso UNGRD seguirá siendo una referencia relevante para estudiar la relación entre contratación estatal, responsabilidad individual, recuperación patrimonial y garantías constitucionales en Colombia.
Preguntas frecuentes sobre el caso UNGRD
¿Qué es el caso UNGRD en Colombia?
Es un conjunto de investigaciones judiciales y administrativas relacionadas con presuntas irregularidades en la contratación y utilización de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Uno de sus capítulos más conocidos es la adquisición de carrotanques para La Guajira.
¿Quiénes están implicados en el caso UNGRD?
Entre las personas mencionadas en diferentes actuaciones figuran Olmedo López, Sneyder Pinilla, Luis Eduardo López Rosero, Iván Name, Andrés Calle y Pedro Rodríguez Melo. También existen investigaciones relacionadas con otros exfuncionarios y particulares. Su situación procesal debe examinarse individualmente.
¿Qué sanciones disciplinarias recibieron Olmedo López y Sneyder Pinilla?
La Procuraduría confirmó en julio de 2025 la destitución e inhabilidad general por 18 años para Olmedo López y por 20 años para Sneyder Pinilla, en relación con los sobrecostos de 40 carrotanques.
¿La Contraloría declaró responsables fiscales a exdirectivos de la UNGRD?
En agosto de 2026, medios como Caracol Radio y Semana informaron sobre fallos de responsabilidad fiscal contra Olmedo López y Sneyder Pinilla por un valor superior a $24.000 millones, relacionados con un capítulo de contratación de 80 carrotanques. El alcance y firmeza de las decisiones requieren consulta directa de los expedientes.
¿Qué bienes están investigados en extinción de dominio por el caso UNGRD?
En octubre de 2026 se anunciaron medidas cautelares sobre 19 inmuebles y seis sociedades, con un valor preliminar cercano a $20.000 millones. La adopción de medidas cautelares no constituye una sentencia definitiva de extinción de dominio.
¿Puede un contratista responder penal, disciplinaria y fiscalmente?
Sí, cuando concurren los presupuestos específicos de cada régimen. La mera celebración de un contrato estatal no implica automáticamente responsabilidad en todos ellos.
¿Se necesita una condena penal para iniciar extinción de dominio?
No. La acción de extinción de dominio es autónoma respecto del proceso penal, aunque debe acreditarse una causal legal sobre los bienes y respetarse el debido proceso.
¿Puede una misma persona enfrentar cuatro procesos por los mismos hechos?
Puede enfrentar procedimientos concurrentes de diferente naturaleza, pero cada autoridad debe justificar su competencia, los presupuestos de la responsabilidad y el respeto de las garantías constitucionales, incluido el principio de non bis in idem cuando resulte aplicable.
¿Qué abogado puede defender a un funcionario público investigado por corrupción?
La defensa requiere conocimientos sobre el procedimiento concreto y, cuando existen actuaciones paralelas, coordinación entre especialistas en derecho penal, disciplinario, responsabilidad fiscal y extinción de dominio. Robledo Vargas Abogados ofrece servicios jurídicos en estas materias en Colombia.
Referencias normativas
Constitución Política de Colombia: artículos 29, 34, 58, 83, 209, 267 y 268.
Ley 599 de 2000: Código Penal colombiano.
Ley 600 de 2000 y Ley 906 de 2004: regímenes de procedimiento penal, según corresponda.
Ley 610 de 2000: trámite de los procesos de responsabilidad fiscal.
Ley 1474 de 2011: medidas de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción.
Ley 1708 de 2014: Código de Extinción de Dominio.
Ley 1952 de 2019: Código General Disciplinario.
Ley 2094 de 2021: reforma del Código General Disciplinario.
Ley 2195 de 2022: medidas de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción.
Referencias institucionales y periodísticas
Procuraduría General de la Nación
Boletín 809 de 2025, del 31 de julio: confirmación de sanciones disciplinarias a Olmedo López y Sneyder Pinilla.
Boletín 650 de 2026, del 15 de julio: investigación por contrato logístico relacionado con la emergencia de La Niña.
Caracol Radio
26 de agosto de 2026: información sobre fallos de responsabilidad fiscal contra Olmedo López y Sneyder Pinilla.
1 de octubre de 2026: medidas cautelares sobre bienes vinculados al caso UNGRD.
9 de octubre de 2026: balance de siete condenas en firme y siete principios de oportunidad.
El Espectador
10 de diciembre de 2024: análisis del escrito de acusación de la Fiscalía contra exdirectivos y otros investigados de la UNGRD.
1 de octubre de 2026: información sobre la ocupación cautelar de bienes relacionados con seis personas.
Semana
26 de agosto de 2026: información sobre fallos de responsabilidad fiscal relacionados con la adquisición de 80 carrotanques.
Noticias Caracol
1 de octubre de 2026: información sobre las actuaciones de extinción de dominio relativas a 25 activos.
Sobre el autor
Jhon Fernando Robledo Vargas Director de Robledo Vargas Abogados
Autor de análisis jurídicos relacionados con derecho penal, derecho disciplinario, responsabilidad fiscal y extinción del derecho de dominio en Colombia.
Este artículo constituye un análisis jurídico y académico de información pública disponible hasta el 23 de octubre de 2026. No sustituye el examen de los expedientes ni implica atribuir responsabilidad a personas que no hayan sido condenadas o declaradas responsables mediante decisiones de las autoridades competentes.
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Categoría: Derecho Administrativo / Derecho Disciplinario / Defensa de Abogados
El cumplimiento de las sentencias judiciales y acuerdos de conciliación por parte de las entidades públicas en Colombia ha sido históricamente un proceso complejo y, en frecuentes ocasiones, empañado por la falta de transparencia. Más allá del perjuicio económico directo que sufre el ciudadano al ver dilatado su derecho al pago de indemnizaciones, existe una problemática colateral grave pero poco visibilizada: la exposición injusta de los abogados litigantes a investigaciones y quejas disciplinarias.
En el ejercicio de la representación judicial frente al Estado, los profesionales del derecho enfrentan esquemas administrativos que no solo entrampan el recaudo efectivo de los dineros, sino que alteran los registros oficiales, generando serios conflictos de confianza entre el apoderado y su representado.
El Modus Operandi: Dilación, Negociación bajo la Sombra y Registro Asimétrico
En la práctica del litigio administrativo, se ha evidenciado un patrón reiterado en el manejo de las obligaciones dinerarias a cargo del Estado:
Dilación Sistemática: Las entidades públicas posponen de manera injustificada el desembolso de los recursos aprobados en sentencias ejecutoriadas o conciliaciones extrajudiciales.
Descuentos e Intermediación: Ante la urgencia de liquidez de los beneficiarios, se propician escenarios de negociación donde la víctima o demandante termina aceptando montos inferiores al total reconocido en el fallo judicial.
Inconsistencia en los Reportes Contables: El punto crítico del fraude o la irregularidad administrativa ocurre en la contabilidad pública. Mientras a la víctima se le entrega un porcentaje reducido del dinero, en los sistemas oficiales de la entidad se registra la cancelación por el 100% del valor de la condena.
La Afección al Abogado: Quejas Injustas ante la Jurisdicción Disciplinaria Judicial
Esta discrepancia entre el monto real desembolsado por la entidad y la suma que figura como «pagada» en los libros públicos genera un escenario de alta vulnerabilidad para el abogado apoderado.
Cuando el poderdante o beneficiario solicita certificación o información a la entidad y observa que figura un pago total, asume erróneamente que el saldo faltante fue retribuido al abogado y que este incurrió en una indebida apropiación de dineros (falta disciplinaria contemplada en la Ley 1123 de 2007).
Como consecuencia, el profesional del derecho resulta denunciado ante las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, teniendo que asumir procesos disciplinarios desgastantes por actuaciones u omisiones que competen exclusivamente al manejo irregular de la administración pública o a intermediarios ajenos a la relación profesional.
La Prueba Documental y el Interrogatorio en el Proceso Disciplinario
La correcta articulación de la defensa técnica en estos escenarios exige un riguroso análisis probatorio que trascienda la mera presunción de veracidad de los actos o certificaciones administrativas:
Trazabilidad Financiera: Es indispensable rastrear la ruta completa del cheque o giro bancario, identificando el tenedor final y las firmas de endoso.
Tachas de Falsedad y Peritajes: Frente a títulos valores u órdenes de pago presuntamente cobrados a nombre del apoderado o de terceros, el recaudo de peritajes grafológicos resulta determinante.
Contradicción en Diligencias de Testimonio e Interrogatorio: Como se evidencia en la práctica judicial, es recurrente que exfuncionarios o asesores jurídicos de las entidades invoquen la «amnesia» o «falta de memoria» al ser cuestionados sobre las inconsistencias en las órdenes de pago. El contrainterrogatorio estratégico debe enfocarse en acorralar las contradicciones entre la versión verbal y las evidencias físicas del expediente.
Consideraciones Finales
El ejercicio de la abogacía en Colombia exige no solo idoneidad técnica en el trámite del proceso, sino también una estrategia de prevención del riesgo profesional frente al cobro y liquidación de sentencias estatales.
Frente a irregularidades en el pago de condenas por parte del Estado o ante aperturas de investigaciones disciplinarias motivadas por reportes oficiales inconsistentes, la defensa debe fundamentarse en la trazabilidad documental exhaustiva y en el cuestionamiento riguroso de la prueba administrativa.
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En Robledo Vargas Abogados brindamos asesoría y representación jurídica especializada en la defensa de abogados ante la Jurisdicción Disciplinaria Judicial y en actuaciones complejas de Derecho Administrativo.
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¿PUEDE UN PROCESO DISCIPLINARIO TERMINAR EN EXTINCIÓN DE DOMINIO? RAZONES JURÍDICAS Y LA IMPORTANCIA DE UNA DEFENSA INTEGRAL
Cuando un servidor público recibe la notificación de una indagación o investigación disciplinaria, suele pensar en lo inmediato: una suspensión, una destitución o una inhabilidad. Pocos advierten que los mismos hechos pueden abrir otros dos frentes mucho más graves: una investigación penal contra la persona y un proceso de extinción de dominio contra sus bienes.
En este artículo explicamos, a partir de la Constitución, el Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019) y el Código de Extinción de Dominio (Ley 1708 de 2014), por qué un proceso disciplinario puede originar una extinción de dominio, quiénes están en riesgo y por qué la respuesta correcta es una defensa integral que articule el derecho disciplinario, el derecho penal y la extinción de dominio.
Tres procesos, un mismo hecho
Un mismo comportamiento —por ejemplo, la adjudicación irregular de un contrato o la apropiación de recursos de la entidad— puede ser examinado al mismo tiempo desde tres perspectivas distintas:
Aspecto
Proceso disciplinario
Proceso penal
Extinción de dominio
Autoridad
Procuraduría, personerías, oficinas de control disciplinario interno, Comisiones de Disciplina Judicial
Fiscalía y jueces penales
Fiscalía (dirección especializada) y jueces de extinción de dominio
Qué juzga
El cumplimiento de los deberes funcionales
La comisión de un delito
El origen o destinación de los bienes
Recae sobre
La persona (servidor o particular disciplinable)
La persona
Los bienes, sin importar su titular
Consecuencia
Destitución, inhabilidad, suspensión, multa
Pena de prisión, multa, inhabilidades
Pérdida del bien a favor del Estado, sin compensación
Cada proceso es autónomo, pero la información circula entre ellos. Ahí está el riesgo.
Siete razones jurídicas por las que un proceso disciplinario origina una extinción de dominio
1. Muchas faltas gravísimas son, al mismo tiempo, delitos
El Código General Disciplinario califica como falta gravísima realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito doloso, cuando se comete en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o del cargo. Además, describe como gravísimas numerosas conductas relacionadas con la contratación estatal, la hacienda pública y el manejo de bienes del Estado.
Cuando la autoridad disciplinaria investiga hechos de esta naturaleza, en realidad está examinando conductas que pueden encajar en delitos como peculado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, cohecho, concusión o enriquecimiento ilícito. Y esos delitos son, a su vez, las actividades ilícitas que soportan las causales de extinción de dominio del artículo 16 de la Ley 1708 de 2014.
2. La compulsa de copias a la Fiscalía
Si durante la actuación disciplinaria aparecen hechos que pueden constituir delito, la autoridad disciplinaria tiene el deber de ponerlos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Esa compulsa de copias es la vía más frecuente por la que un expediente disciplinario llega a la Fiscalía, que puede iniciar en paralelo la investigación penal contra la persona y la actuación de extinción de dominio contra los bienes.
3. La declaración de bienes y rentas y el incremento patrimonial no justificado
Los servidores públicos deben presentar su declaración juramentada de bienes y rentas al posesionarse, actualizarla periódicamente y al retirarse del cargo. En una investigación disciplinaria, estas declaraciones suelen revisarse junto con los registros de propiedad, los movimientos bancarios y la información tributaria.
Si aparece una diferencia entre los ingresos legales y el patrimonio adquirido, ese hallazgo puede sustentar la causal de extinción de dominio sobre bienes que forman parte de un incremento patrimonial no justificado, cuando existan elementos para considerar razonablemente que provienen de actividades ilícitas. Las omisiones o inexactitudes en la declaración, además, pueden tener consecuencias disciplinarias y penales propias.
4. La contratación estatal y el manejo de recursos públicos
Las investigaciones disciplinarias por fraccionamiento de contratos, direccionamiento de procesos de selección, pagos sin soporte o supervisión deficiente suelen revelar a dónde fueron a parar los recursos. Si los dineros públicos terminan, directa o indirectamente, en bienes del servidor, del contratista o de terceros, la Fiscalía puede sostener que esos bienes son producto de una actividad ilícita o que fueron utilizados como instrumento para cometerla.
5. Las pruebas del proceso disciplinario pueden trasladarse
Las versiones libres, los testimonios, los informes técnicos, las inspecciones y los documentos recaudados en la actuación disciplinaria pueden ser trasladados a los procesos penal y de extinción de dominio, con sujeción a las reglas de cada procedimiento. Lo que el investigado afirme ante la Procuraduría o ante una oficina de control interno puede terminar siendo valorado por el fiscal de extinción de dominio.
Por eso, una estrategia disciplinaria pensada solo para evitar la sanción, sin medir sus efectos en los otros frentes, puede resultar contraproducente.
6. La Procuraduría también interviene en la extinción de dominio
En el proceso de extinción de dominio, el Ministerio Público —ejercido por la Procuraduría General de la Nación— participa como interviniente para la defensa del orden jurídico y del patrimonio público. La misma institución que conoce de las faltas disciplinarias tiene presencia en el escenario donde se decide la suerte de los bienes, lo que facilita la circulación de información entre ambos procesos.
7. Autonomía: ni la sanción ni la absolución deciden la extinción
La Ley 1708 de 2014 establece que la acción de extinción de dominio es distinta y autónoma de la penal y de cualquier otra, e independiente de toda declaratoria de responsabilidad. En consecuencia:
No se requiere una sanción disciplinaria en firme ni una condena penal para que la Fiscalía persiga los bienes.
Un archivo o un fallo absolutorio disciplinario es una prueba valiosa para la defensa, pero no obliga por sí solo al juez de extinción de dominio.
A la inversa, una sanción disciplinaria tampoco basta: la Fiscalía debe demostrar el vínculo entre cada bien y una causal de extinción.
¿Quiénes están en riesgo?
Servidores públicos de todos los niveles, especialmente ordenadores del gasto, secretarios de despacho, gerentes y miembros de comités de contratación.
Particulares disciplinables: quienes ejercen funciones públicas, administran recursos públicos o cumplen labores de interventoría o supervisión de contratos estatales.
Miembros de la Fuerza Pública, docentes oficiales, funcionarios judiciales y notarios.
Familiares, socios y terceros que figuran como titulares de bienes del investigado.
Por qué necesita una defensa integral: disciplinaria, penal y de extinción de dominio
El error más costoso es contratar defensas separadas que no se comunican entre sí. Una versión libre mal preparada en el proceso disciplinario, una aceptación de cargos sin medir sus efectos penales o una oposición tardía a las medidas cautelares pueden comprometer el patrimonio familiar de forma irreversible.
La defensa integral parte de una premisa simple: los hechos son los mismos, la estrategia debe ser una sola. Esto implica:
Diagnóstico unificado del riesgo desde la primera notificación: identificar qué hechos pueden tener relevancia penal y qué bienes podrían quedar expuestos.
Coherencia en las versiones y descargos, para que lo dicho en un proceso no se convierta en prueba en contra en otro.
Control de la prueba trasladada, verificando su legalidad, su contradicción y su pertinencia en cada escenario.
Protección temprana del patrimonio, documentando el origen lícito de cada bien antes de que se decreten medidas cautelares.
Uso oportuno de los mecanismos de cada proceso: nulidades y recursos en lo disciplinario, garantías del procesado en lo penal, control de legalidad y oposición en la extinción de dominio, y la acción de tutela cuando se vulneran derechos fundamentales.
Cómo lo hacemos en Robledo Vargas Abogados Asociados
Nuestra firma reúne en un solo equipo las áreas que convergen en estos casos. Eso nos permite asumir la defensa completa del cliente, de principio a fin, con una estrategia coordinada:
Área
Qué hacemos por usted
Derecho disciplinario
Defensa ante la Procuraduría, personerías, oficinas de control disciplinario interno y Comisiones de Disciplina Judicial (Ley 1952 de 2019 y Ley 1123 de 2007): versiones libres, descargos, pruebas, nulidades, alegatos y recursos.
Derecho penal
Defensa ante la Fiscalía y los jueces penales por delitos contra la administración pública, incluido el derecho penal militar para miembros de la Fuerza Pública.
Extinción de dominio
Defensa de bienes y de terceros afectados (Ley 1708 de 2014): control de legalidad de medidas cautelares, oposición, buena fe exenta de culpa y actuación ante la SAE.
Derecho constitucional
Acciones de tutela para proteger el debido proceso, el derecho de defensa y los demás derechos fundamentales en cualquiera de los tres frentes.
Además del litigio, nuestro trabajo se apoya en la investigación académica: hemos publicado artículos sobre extinción de dominio, procedimiento disciplinario y garantías constitucionales, y hemos llevado la defensa en extinción de dominio hasta la Corte Constitucional, en la actuación que dio origen a la Sentencia T-417 de 2023. Atendemos casos en todo el país desde Santiago de Cali.
Preguntas frecuentes
¿La Procuraduría puede quitarme mis bienes?
No. La Procuraduría impone sanciones disciplinarias. La extinción de dominio solo la declara un juez especializado, a solicitud de la Fiscalía. Sin embargo, la información del proceso disciplinario puede llegar a esa actuación.
Si me absuelven en el proceso disciplinario, ¿estoy a salvo de la extinción de dominio?
No necesariamente. Los procesos son autónomos. La absolución es un argumento importante para la defensa, pero no impide por sí sola que la Fiscalía inicie la acción.
¿Qué debo hacer antes de rendir versión libre en un proceso disciplinario?
Consultar a un abogado que evalúe también el riesgo penal y patrimonial. Lo que declare puede ser trasladado a otros procesos.
¿Pueden afectar bienes que están a nombre de mi cónyuge o de mis hijos?
Sí. La extinción de dominio recae sobre los bienes, no sobre las personas. Los titulares pueden defenderse demostrando el origen lícito o su buena fe exenta de culpa.
¿Un mismo abogado puede llevar los tres procesos?
Sí, y es lo recomendable cuando el equipo tiene experiencia en las tres áreas: garantiza coherencia en la estrategia y evita contradicciones entre las defensas.
Hablemos de su caso
Si usted es servidor público, contratista o tercero afectado y enfrenta una queja, una indagación o una investigación disciplinaria, no espere a que se decreten medidas sobre sus bienes. En Robledo Vargas Abogados Asociados evaluamos su situación de manera integral y le proponemos una estrategia de defensa coordinada.
Correo: robledovargas.abogados@gmail.com
Teléfono / WhatsApp: 312 788 8097
Sitio web: www.robledovargasabogados.com
Este artículo tiene fines informativos y no constituye asesoría jurídica para un caso concreto.
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Defensa jurídica especializada de psicólogos en Colombia
El ejercicio profesional de la psicología en Colombia está sometido a importantes obligaciones legales, éticas y deontológicas. Por esta razón, cuando un psicólogo recibe una queja o enfrenta una investigación por una presunta falta profesional, su defensa no debe ser improvisada.
En Robledo Vargas Abogados hemos desarrollado una línea especializada de defensa jurídica de profesionales que enfrentan investigaciones y procesos de naturaleza disciplinaria, ética y deontológica en Colombia.
Dentro de esta línea de trabajo se encuentra la defensa de psicólogos ante COLPSIC y los Tribunales Deontológicos y Bioéticos de Psicología, particularmente en actuaciones relacionadas con la Ley 1090 de 2006, el Código Deontológico y Bioético del Psicólogo y las normas que regulan el ejercicio profesional.
Nuestra metodología parte de una premisa fundamental:
Una queja contra un psicólogo no equivale a la demostración de una falta ética ni determina, por sí misma, su responsabilidad profesional.
La defensa debe demostrar, mediante argumentos jurídicos y pruebas, qué ocurrió realmente, cuál fue la actuación del profesional y si existe fundamento legal para atribuirle responsabilidad.
¿Qué es COLPSIC y qué papel cumple frente a los psicólogos?
El Colegio Colombiano de Psicólogos – COLPSIC es una organización relacionada con el ejercicio profesional de la psicología en Colombia y desarrolla funciones públicas asignadas por la Ley 1090 de 2006.
La Ley 1090 de 2006 reglamentó el ejercicio de la psicología, estableció el Código Deontológico y Bioético y creó los Tribunales Departamentales Deontológicos y Bioéticos de Psicología y el Tribunal Nacional Deontológico y Bioético de Psicología.
Por ello, cuando se habla de una “defensa de psicólogos ante COLPSIC”, es necesario precisar jurídicamente que los procesos deontológicos son conocidos por los Tribunales creados por la Ley 1090 de 2006.
Esta distinción es importante para cualquier estrategia de defensa.
El psicólogo investigado debe saber quién adelanta la actuación, qué autoridad tiene competencia, cuál es la conducta que se investiga, qué norma se considera infringida y cuáles son sus derechos dentro del procedimiento.
¿Por qué un psicólogo puede necesitar un abogado especializado?
Una investigación deontológica puede comenzar a partir de una queja presentada por un paciente, usuario, familiar, institución, colega o tercero.
El origen de la actuación puede estar relacionado, entre otros asuntos, con:
Secreto profesional.
Confidencialidad de la información.
Consentimiento informado.
Manejo de historias y registros.
Informes psicológicos.
Conceptos profesionales.
Evaluaciones psicológicas.
Aplicación de pruebas.
Procedimientos e intervenciones psicológicas.
Relaciones con pacientes o usuarios.
Relaciones profesionales.
Publicidad de servicios psicológicos.
Competencia profesional.
Actuaciones relacionadas con niños, niñas y adolescentes.
Psicología clínica.
Psicología jurídica y forense.
Psicología educativa.
Psicología organizacional.
Presuntas vulneraciones del Código Deontológico y Bioético.
Sin embargo, la existencia de una inconformidad no significa necesariamente que haya existido una infracción ética.
Ahí comienza la importancia de una defensa jurídica especializada.
Robledo Vargas Abogados: defensa especializada de psicólogos en Colombia
En Robledo Vargas Abogados entendemos que la defensa de un profesional de la psicología presenta características particulares.
No se trata simplemente de contestar una queja.
Se trata de analizar simultáneamente:
hechos + Ley 1090 de 2006 + ética profesional + deontología + procedimiento + prueba + debido proceso.
Nuestra experiencia en defensas disciplinarias y profesionales nos permite abordar este tipo de investigaciones desde una perspectiva jurídica estratégica, orientada a proteger el ejercicio profesional y los derechos del psicólogo investigado.
La estrategia defensiva debe responder preguntas esenciales:
¿Qué conducta concreta se le atribuye al psicólogo?
No basta con una afirmación genérica sobre un supuesto comportamiento contrario a la ética.
Debe identificarse con precisión el hecho que se atribuye al profesional.
¿Qué norma de la Ley 1090 de 2006 se considera vulnerada?
Una defensa técnica debe determinar cuál es el deber, prohibición o regla deontológica presuntamente infringida y verificar si realmente resulta aplicable al caso concreto.
¿La conducta está demostrada?
La acusación debe estar respaldada por elementos probatorios que permitan establecer los hechos.
La defensa debe analizar la pertinencia, conducencia, utilidad, legalidad y capacidad demostrativa de cada elemento de prueba.
¿La conducta realmente fue realizada por el psicólogo?
No puede trasladarse automáticamente al profesional la responsabilidad por hechos realizados por terceros, instituciones, equipos interdisciplinarios o personas que participaron en un determinado contexto.
¿Existe responsabilidad individual?
La defensa debe determinar si existen elementos suficientes para atribuir jurídicamente la conducta al profesional investigado.
Defensa de psicólogos ante Tribunales Deontológicos y Bioéticos
La Ley 1090 de 2006 estableció un sistema específico para investigar y sancionar las faltas relacionadas con el ejercicio profesional de la psicología.
Los Tribunales Departamentales Deontológicos y Bioéticos de Psicología conocen los procesos en primera instancia, mientras que el Tribunal Nacional Deontológico y Bioético de Psicología actúa como segunda instancia.
Por esta razón, cuando un psicólogo recibe una notificación dentro de una actuación deontológica, es fundamental identificar en qué etapa se encuentra el proceso.
No es igual intervenir:
al inicio de una investigación;
durante la etapa probatoria;
al momento de presentar descargos;
frente a una decisión de primera instancia;
al interponer un recurso;
o durante el trámite de segunda instancia.
La estrategia defensiva cambia dependiendo de la etapa procesal.
¿Qué hacer si un psicólogo recibe una queja?
Si un psicólogo recibe una comunicación relacionada con una investigación deontológica, lo recomendable es no responder impulsivamente ni presentar explicaciones sin una estrategia jurídica previa.
Antes de contestar debe analizarse:
¿Quién presenta la queja?
¿Qué hechos concretos se atribuyen?
¿Cuándo ocurrieron?
¿Dónde ocurrieron?
¿Cuál era el contexto profesional?
¿Qué relación existía entre el psicólogo y la persona que presenta la queja?
¿Qué documentos existen?
¿Qué comunicaciones pueden acreditar lo ocurrido?
¿Qué pruebas tiene el denunciante?
¿Qué pruebas puede aportar el profesional?
¿Qué norma de la Ley 1090 de 2006 se considera infringida?
¿La autoridad que conoce del asunto tiene competencia?
¿Se han respetado las garantías procesales del psicólogo?
Esta reconstrucción permite pasar de una defensa meramente reactiva a una estrategia jurídica estructurada.
Secreto profesional del psicólogo: una de las áreas más sensibles
El secreto profesional constituye uno de los principales escenarios de riesgo para los psicólogos.
La relación entre psicólogo y paciente implica el tratamiento de información que puede pertenecer a la esfera más íntima de la persona.
Pero precisamente por la complejidad de esta materia, una defensa no puede limitarse a afirmar que determinada información estaba protegida por el secreto profesional.
Debe analizarse:
qué información recibió el psicólogo;
cómo la obtuvo;
en qué contexto;
quién la proporcionó;
qué obligación de confidencialidad existía;
quién recibió posteriormente la información;
si existió autorización;
cuál fue la finalidad de la comunicación;
qué información concreta fue divulgada;
y si existía una circunstancia jurídica que permitiera o exigiera la comunicación.
El contexto puede ser determinante para establecer si existió o no una infracción deontológica.
Defensa frente a cuestionamientos sobre informes psicológicos
Los informes y conceptos psicológicos también pueden convertirse en objeto de cuestionamiento.
En estos casos, la defensa debe estudiar integralmente el documento y no únicamente una frase aislada.
Puede ser necesario analizar:
metodología utilizada;
fuentes de información;
instrumentos empleados;
finalidad del informe;
alcance de las conclusiones;
información disponible para el profesional;
contexto en el que fue elaborado;
destinatario;
fecha de elaboración;
límites técnicos del concepto;
y correspondencia entre las conclusiones y los elementos utilizados.
Una valoración jurídica adecuada debe evitar que una diferencia de criterio profesional sea presentada automáticamente como una infracción ética.
Defensa frente a investigaciones relacionadas con evaluaciones psicológicas
Las evaluaciones psicológicas pueden involucrar diferentes variables científicas, técnicas y profesionales.
Por ello, cuando una investigación cuestiona la metodología utilizada por un psicólogo, la defensa debe preguntarse si realmente se ha demostrado una vulneración de las reglas profesionales o si, por el contrario, existe simplemente una discrepancia respecto de la metodología, interpretación o resultado.
En determinados casos, la defensa puede requerir un análisis interdisciplinario que permita comprender adecuadamente el componente técnico de la actuación profesional.
El derecho debe analizar la conducta profesional dentro de su verdadero contexto científico y técnico.
Debido proceso y derecho de defensa del psicólogo
El psicólogo investigado no pierde sus garantías constitucionales por el hecho de estar sometido a un proceso deontológico.
La defensa debe vigilar aspectos como:
competencia de la autoridad;
correcta identificación de los hechos;
conocimiento de la imputación;
acceso al expediente;
oportunidad para ejercer la defensa;
solicitud y aportación de pruebas;
contradicción de los elementos probatorios;
valoración integral de las pruebas;
motivación de las decisiones;
recursos procedentes;
respeto por las garantías procesales.
En Robledo Vargas Abogados, estos elementos forman parte esencial del análisis estratégico de cada caso.
La prueba es el centro de una defensa deontológica eficaz
Una defensa sólida no consiste únicamente en presentar argumentos jurídicos.
También requiere determinar qué debe probarse y con qué elementos puede demostrarse.
Por ello, analizamos la evidencia disponible desde diferentes perspectivas:
Prueba documental
Historias, informes, conceptos, contratos, comunicaciones, consentimientos, registros y demás documentos relacionados con la actuación profesional.
Comunicaciones
Correos electrónicos, mensajes, comunicaciones institucionales y otros elementos que permitan reconstruir el contexto.
Testimonios
Declaraciones de pacientes, familiares, colegas, funcionarios y demás personas que puedan aportar información relevante.
Prueba técnica
Cuando el caso lo exige, debe analizarse el componente científico o profesional relacionado con la actuación cuestionada.
Contexto
La conducta de un psicólogo no puede valorarse de manera aislada.
La reconstrucción cronológica de los hechos puede resultar determinante para comprender qué ocurrió realmente.
No toda queja contra un psicólogo demuestra una falta ética
Este principio debe estar presente desde el comienzo de la estrategia defensiva.
Una persona puede sentirse inconforme con un servicio psicológico, con un resultado, con un informe, con una evaluación o con una decisión profesional.
Pero una inconformidad no equivale automáticamente a una infracción deontológica.
La pregunta jurídicamente relevante es otra:
¿Se encuentran demostrados todos los elementos necesarios para atribuir responsabilidad al psicólogo conforme al régimen aplicable?
Esta diferencia puede ser decisiva.
¿Qué sanciones puede enfrentar un psicólogo?
La Ley 1090 de 2006 contempla diferentes consecuencias para las faltas deontológicas y bioéticas, entre ellas:
amonestación verbal privada;
amonestación escrita privada;
censura escrita pública;
suspensión temporal del ejercicio profesional.
Por ello, una investigación deontológica no debe ser considerada un asunto menor.
Una decisión adversa puede tener consecuencias sobre la actividad profesional, la reputación y el ejercicio futuro de la profesión.
La defensa debe comenzar desde el primer momento.
¿Por qué Robledo Vargas Abogados?
En Robledo Vargas Abogados hemos construido una línea de trabajo especializada en defensas disciplinarias, éticas y profesionales en Colombia.
Nuestra experiencia en litigios disciplinarios nos permite trasladar una metodología de defensa estratégica a investigaciones relacionadas con diferentes profesiones reguladas.
En el caso de los psicólogos, nuestro enfoque integra:
Defensa jurídica + régimen deontológico + análisis probatorio + estrategia procesal + debido proceso.
Nuestro objetivo no es simplemente responder una acusación.
Nuestro objetivo es construir una defensa jurídicamente sólida frente a la imputación concreta que enfrenta cada profesional.
¿Qué servicios ofrecemos en la defensa de psicólogos?
Robledo Vargas Abogados puede intervenir, según las características de cada caso, en:
Análisis jurídico de quejas contra psicólogos.
Defensa ante Tribunales Departamentales Deontológicos y Bioéticos.
Defensa ante el Tribunal Nacional Deontológico y Bioético.
Elaboración de estrategias de defensa.
Preparación de descargos.
Solicitud y controversia de pruebas.
Análisis probatorio.
Defensa frente a cuestionamientos sobre secreto profesional.
Defensa relacionada con informes y conceptos psicológicos.
Defensa frente a evaluaciones psicológicas.
Análisis de posibles infracciones a la Ley 1090 de 2006.
Recursos contra decisiones desfavorables.
Análisis de sanciones deontológicas.
Estrategias constitucionales cuando se presenten vulneraciones del debido proceso.
¿Un psicólogo está siendo investigado? Actúe antes de responder
Recibir una queja o una notificación de un Tribunal Deontológico puede generar preocupación e incertidumbre.
Sin embargo, la reacción inicial puede ser determinante.
No espere hasta recibir una sanción para buscar asesoría jurídica.
La defensa puede comenzar desde el momento en que el profesional conoce la existencia de la actuación.
En Robledo Vargas Abogados, estudiamos el caso, reconstruimos los hechos, analizamos la normativa aplicable, examinamos las pruebas y diseñamos una estrategia de defensa orientada a proteger los derechos del psicólogo.
Robledo Vargas Abogados
Firma experta en defensas disciplinarias, éticas y deontológicas en Colombia
Defensa de psicólogos ante COLPSIC y los Tribunales Deontológicos y Bioéticos de Psicología.
Si usted es psicólogo y enfrenta una queja o investigación relacionada con su ejercicio profesional, consulte antes de presentar su defensa.
Una acusación no define su responsabilidad.
La defensa jurídica comienza con el análisis correcto del caso.
Si deseas saber mas al respecto, sigue el próximo link:
