La extinción de dominio es un proceso judicial y autónomo mediante el cual el Estado colombiano declara la pérdida del derecho de propiedad sobre bienes que tengan origen o destino ilícito, independientemente de si hay una condena penal o no.
⚖️ Fundamento legal
Ley 1708 de 2014: Código de Extinción de Dominio.
Ley 1849 de 2017 y otras reformas posteriores.
Constitución Política (art. 34 y 58): permite la extinción de dominio para bienes adquiridos con violación a la ley.
🧾 Causales de extinción de dominio
La ley contempla varias causas, entre ellas:
Origen ilícito del bien (narcotráfico, corrupción, lavado de activos, etc.).
Bienes usados para actividades ilegales (aunque hayan sido adquiridos legalmente).
Simulación de actos jurídicos para ocultar el verdadero origen del bien.
Incremento patrimonial injustificado.
Uso del bien para facilitar la comisión de delitos.
🏛️ ¿Quién adelanta el proceso?
Fiscalía General de la Nación (Dirección de Extinción del Derecho de Dominio) es la entidad encargada de iniciar y adelantar las investigaciones.
El proceso se lleva ante jueces especializados en extinción de dominio.
📌 Etapas del proceso
Investigación previa (por parte de la Fiscalía).
Demanda de extinción de dominio (cuando hay elementos suficientes).
Admisión de la demanda y notificación a los presuntos propietarios.
Fase de pruebas (las partes presentan sus argumentos y evidencias).
Sentencia:
Si el juez declara la extinción, el bien pasa al Estado.
Si no se prueba el origen ilícito, se devuelve al propietario.
🧑⚖️ Naturaleza del proceso
Es un proceso civil, de carácter patrimonial, no penal.
Opera sobre el bien, no sobre la persona.
No requiere condena previa ni siquiera que exista un proceso penal paralelo.
🏚️ ¿Qué pasa con los bienes extinguidos?
Son administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que puede:
Venderlos.
Arrendarlos.
Usarlos con fines sociales, económicos o de seguridad.
⚠️ ¿Qué derechos tiene el afectado?
Derecho a la defensa.
Derecho a presentar pruebas.
Derecho al debido proceso y contradicción.
🧠 Ejemplos comunes de aplicación
Casas compradas con dinero del narcotráfico.
Vehículos usados para transportar drogas.
Fincas usadas como laboratorios o pistas clandestinas.
Bienes de testaferros de organizaciones criminales.
Porque aparece robledo Vargas abogados como una de las firmas más importantes en defensas disciplinarias en Colombia?
Robledo Vargas Abogados se destaca como una de las firmas más importantes en defensas disciplinarias en Colombia debido a su amplia experiencia y especialización en esta área. Con más de 16 años de trayectoria, la firma se ha consolidado como líder en la defensa de abogados y otros profesionales ante las Comisiones de Disciplina Judicial y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Su equipo de profesionales posee altos niveles académicos, incluyendo maestrías y doctorados, lo que les permite abordar casos de alta complejidad con eficacia. Además, su enfoque integral y riguroso en las defensas garantiza una representación legal de excelencia.
La firma también ha demostrado éxito en áreas complementarias, como la extinción de dominio, donde ha logrado resultados favorables en numerosos casos. Esta combinación de experiencia, especialización y resultados positivos contribuye a su reputación como una de las principales firmas en defensas disciplinarias en el país.
En la firma se ofrece defensa y consultoría, dentro de esta ultima se emiten conceptos jurídicos sobre casos específicos.
Para conocer mas sobre conceptos y de la firma, sigue este link:
En Colombia, un abogado consultor en materia de extinción de dominio es un profesional del derecho especializado en asesorar y brindar orientación jurídica en todo lo relacionado con el proceso de extinción del derecho de dominio, que es una figura jurídica mediante la cual el Estado puede declarar la pérdida del derecho de propiedad sobre bienes que tengan origen o destinación ilícita, sin necesidad de condena penal previa.
¿Qué hace un abogado consultor en extinción de dominio?
Este tipo de abogado no necesariamente litiga (es decir, no siempre representa en juicio), sino que se enfoca en analizar, interpretar y recomendar estrategias legales para personas naturales o jurídicas cuyos bienes puedan estar involucrados en un proceso de extinción de dominio o que quieran prevenir riesgos relacionados con este. Esta es la diferencia entre ser consultor y asumir la defensa en esta materia, no obstante, en su gran mayoría quien conoce a fondo estos temas, asume la defensa extintiva.
Funciones específicas del abogado consultor:
Diagnóstico legal del riesgo: Evalúa si los bienes pueden ser objeto de extinción de dominio, por ejemplo, si fueron adquiridos con dineros de origen dudoso o si se usan para actividades ilícitas.
Asesoría preventiva: Ayuda a personas y empresas a estructurar legalmente sus patrimonios para evitar posibles investigaciones de la Fiscalía en esta materia.
Revisión documental y patrimonial: Analiza escrituras, contratos, certificados y otros documentos que acrediten el origen lícito de los bienes.
Estrategia jurídica: Diseña rutas de defensa o actuación legal frente a un proceso de extinción de dominio, en caso de que ya esté en curso.
Capacitación y formación: En ocasiones brinda talleres, seminarios o capacitaciones sobre la ley de extinción de dominio (Ley 1708 de 2014 y sus reformas).
¿A quién le interesa contratar uno?
Personas naturales cuyos bienes están bajo investigación por extinción de dominio.
Empresas que desean blindar jurídicamente su patrimonio.
Entidades públicas o privadas que manejan temas de compliance (cumplimiento legal) y prevención de lavado de activos.
Para saber mas sobre estos temas, sigue este link:
El análisis de culpabilidad de las personas jurídicas o empresas a través de la conducta de sus empleados, un problema jurídico a resolver a la hora de emitir fallos extintivos.
Desde 1993 se han creado normas para que el Estado pueda extinguir el dominio de bienes obtenidos como producto del delito. La evolución de estas ha llegado hasta la redacción en 2017 de un Código de Extinción de Dominio (“CED”) que han hecho de esta materia toda una especialidad, con jurisdicción autónoma y estructura institucional con Fiscales, Jueces y Tribunales especializados para resolver estas controversias.
En muchos procesos de extinción, el examen del Juez se dirige a determinar si la adquisición de determinado bien es producto de una actividad delictiva; o si el afectado tiene la capacidad patrimonial para adquirir el bien. Esos son problemas jurídicos relativamente sencillos, basados en situaciones casi objetivas que no valoran la conducta de ‘alguien’ en particular. El problema surge cuando se juzgan comportamientos, se califica la diligencia con que se ha obrado para adquirir el bien, y por lo tanto, se plantean juicios de reproche sobre esas conductas. Problema que se agrava cuando se valora el comportamiento y la diligencia de una persona jurídica.
Si la buena fe exenta de culpa es un límite a la extinción del dominio (art. 3 CED), entonces en algún punto se valora la culpa. Cuando el afectado es una sociedad, una estructura jurídica o un patrimonio autónomo, este análisis no es examinado con mayor rigor por Fiscales y Jueces en la mayoría de los casos pues el CED no define una línea sobre el particular, y es donde aparecen los vacíos al momento de definir la capacidad de acción y la culpabilidad de las personas jurídicas.
Es cada vez más frecuente ver acciones de extinción contra bienes de empresas originados por el comportamiento de un empleado. Fiscales y Jueces de ED frecuentemente caen en la falacia de atribuir a la persona jurídica el comportamiento de uno de sus empleados de forma automática, sólo por llevar el carné de la compañía. Responsabilidad objetiva, vicarial o heterorresponsabilidad, pura y dura.
El CED debe evolucionar definiendo un modelo de atribución en esos casos en que se examina la ‘culpa’ de una empresa. La valoración del comportamiento (diligente o negligente) debe apoyarse en el concepto de “defecto de organización” para que no se extinga el derecho de dominio que tiene una empresa, sólo por el actuar de uno o varios empleados con poder y dirección. Ninguna sentencia, de la ya por sí escasa jurisprudencia de extinción de dominio, se ha hecho cargo de semejante problema jurídico y ahí es donde florece la inseguridad jurídica.
Si se pretende valorar algo abstracto como ‘la culpa’ en el ‘actuar’ de una empresa, la ley debería establecer las pautas para juzgarla; no a partir de comportamiento de uno de sus empleados, sino del conjunto de lo realizado, la cultura corporativa, los programas de cumplimiento, la búsqueda de un beneficio para la organización, entre otras. El paralelismo del examen de las personas naturales con las jurídicas, como si fueran lo mismo y obraran igual, ha llevado a los Fiscales a imponer medidas cautelares sin motivación suficiente, y a Jueces a catalogar olímpicamente lo que ellos entienden que es la diligencia.
El sector empresarial, que se involucra diariamente en el tráfico jurídico al amparo de la buena fe, debería tener un vocero que presione por una modificación legal en este sentido para que los jueces no incurran en subjetividades al momento de valorar semejantes zonas grises. El desafío de la extinción de dominio siempre ha sido combatir la criminalidad sin arriesgar la seguridad jurídica de quienes actúan en la legalidad.
Para leer mas sobre estos temas visita el siguiente link:
El derecho penal corporativo regula los delitos que se cometen en el ejercicio de las actividades de una empresa, asociación u organización. Entre los delitos que conoce se encuentran:
Delitos contra la propiedad y el patrimonio
Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
Delitos societarios
Delitos contra el medio ambiente
Delitos de Propiedad Intelectual e Industrial
Fraude
Administración fraudulenta
Extorsión
Delitos en materia fiscal
La Extinción de Dominio como un medio para afectar el patrimonio de la empresa por capital social contaminado con actividades ilícitas.
El derecho penal corporativo se encarga de establecer la responsabilidad penal a nivel individual e institucional en cada compañía.
Precisamente el Compliance es una herramienta fundamental para determinar los niveles de organización de una empresa en la prevención de riesgos legales, y especialmente en riesgos penales. En ese sentido, no solamente se requiere un compliance integral sino también eficiente. Así, las políticas de diagnóstico, prevención y reacción ante hallazgos antijuridicos en las empresas son valoradas positivamente en sede judicial, siempre y cuando sean eficientes.
Para conocer sobre este tema y otros sigue el próximo link:
Un pequeño ejemplo de un caso complejo en materia disciplinaria es el siguiente:
Caso: Acusación por abuso de autoridad y acoso laboral en el ámbito público
Hechos:
Una funcionaria pública de un municipio es denunciada por varios de sus compañeros por comportamientos de acoso laboral y abuso de autoridad. La funcionaria es directora de un departamento dentro de la municipalidad y, durante varios meses, ha mostrado actitudes de humillación pública hacia sus subordinados, descalificando su trabajo y asignándoles tareas excesivas sin justificación alguna. Además, varios de sus subordinados han sido objeto de comentarios denigrantes en reuniones de trabajo, en presencia de otros empleados, lo que ha causado un ambiente laboral hostil.
La funcionaria también ha sido acusada de tomar decisiones arbitrarias, como la modificación de horarios sin consultar ni justificar adecuadamente, y de crear una atmósfera de miedo y estrés constante, lo que ha afectado la salud mental y el rendimiento de los empleados.
Proceso:
Investigación preliminar: Se inicia una investigación interna por parte de la oficina de recursos humanos y la unidad de ética del municipio. Durante la investigación, varios empleados presentaron pruebas de correos electrónicos, grabaciones de reuniones y testimonios que evidencian el abuso de poder y los comentarios intimidatorios de la funcionaria.
Denuncia formal: Tras la investigación preliminar, se formula una denuncia formal ante la Comisión de Ética y Disciplina de la administración pública local. La funcionaria enfrenta cargos por abuso de autoridad, maltrato psicológico laboral y comportamiento antiexperimental.
Audiencia: En la audiencia disciplinaria, se presentan pruebas tanto a favor como en contra de la funcionaria. La defensa de la funcionaria argumenta que su comportamiento fue malinterpretado y que las medidas tomadas eran necesarias para mejorar el desempeño del equipo de trabajo, pero no fueron un intento de acoso. Además, se alega que no existieron pruebas suficientes de daño psicológico.
Riesgo de despido: En este tipo de casos, las sanciones pueden ser severas y la funcionaria podría enfrentarse a una suspensión temporal de sus funciones o incluso a su despido definitivo, si se considera que su conducta afectó gravemente el ambiente de trabajo y el bienestar de los empleados.
Aspectos complejos del caso:
Pruebas contradictorias: La defensa de la funcionaria intenta desacreditar las pruebas presentadas, alegando que las grabaciones y los testimonios de los empleados son parciales y están sesgados. Además, algunos testigos se retractan de sus declaraciones iniciales por temor a represalias, lo que hace que la investigación se complique.
Interpretación de la normativa disciplinaria: Es necesario interpretar y aplicar de manera adecuada los principios de la ética administrativa, la ley laboral y las políticas internas del municipio para determinar si la funcionaria incurrió en una falta grave y qué sanción corresponde.
Derechos de la funcionaria: La acusada tiene derecho a una defensa justa, a que se le respeten sus garantías procesales y a que se le dé la oportunidad de justificar sus acciones. El balance entre los derechos de la funcionaria y la protección de los derechos de los empleados afectados por su conducta debe ser cuidadoso.
Posibles sanciones:
En este caso, las sanciones podrían variar según la gravedad de la infracción. Las posibles sanciones incluyen:
Amonestación por escrito
Suspensión temporal del cargo
Traslado a otro puesto de trabajo
Despido disciplinario (si se considera que el comportamiento ha causado daño irreversible al entorno laboral y no es posible la rehabilitación)
Conclusión: Este tipo de casos requiere un análisis detallado de la conducta de la funcionaria, las pruebas presentadas y las normativas aplicables, para determinar si se ha incurrido en una falta disciplinaria y la sanción que corresponde. La complejidad radica en la interpretación de los hechos y en la necesidad de balancear las pruebas disponibles con los derechos de los involucrados.
Si quieres conocer mas sobre nosotros y nuestros casos sigue el siguiente link:
La autonomía judicial de los jueces no puede ser objeto de responsabilidad disciplinaria en cuanto a la interpretación y aplicación del derecho.
Fundamentos
La Constitución de 1991 creó una jurisdicción disciplinaria para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial es la encargada de ejercer la jurisdicción disciplinaria sobre los funcionarios de la Rama Judicial.
Las faltas disciplinarias se originan por el incumplimiento de los deberes legales o constitucionales.
Pero nos preguntamos, como pueden Las Comisiones de Disciplina Judicial irrumpir en las decisiones Jurisdiccionales, no es esto, un cuestionamiento irregular en las decisiones de un Juez de La República, acaso no hay presunción de acierto en sus pronunciamientos. Pero, además, no hay un asalto a la autonomía e independencia de los Jueces a través de los procesos disciplinarios en su contra.
Pues bien, Las decisiones judiciales están cobijadas por la Autonomía e Independencia de sus decisiones y no pueden ser perseguidas más allá de los recursos internos propios de cada proceso. No podemos ver a Las Comisiones de Disciplina Judicial como un Superior jerárquico de los Jueces, pues de lo contrario estaríamos en la cuerda floja de la inseguridad jurídica que, proponiendo un cuestionamiento en sus actuaciones por parte de la jurisdicción disciplinaria, dejaría en vilo todas las decisiones judiciales en el país y con ello la seguridad jurídica.
Además, debemos resaltar que cada clase de proceso tiene su superior jerárquico para las revisiones correspondientes por vía de recursos y en algunos o en la mayoría de los casos, existe la acción de tutela contra sentencias judiciales.
La Corte Constitucional antaño ha dejado de manera pacíficamente clara la autonomía e independencia judicial.
Sentencia T-450/18
FUNCION JUDICIAL-Naturaleza/FUNCION JUDICIAL-Independencia y autonomía de quienes la cumplen
Se puede afirmar que la autonomía e independencia judicial comporta tres atributos básicos en nuestro ordenamiento superior: i) Un primer atributo, cuya connotación es esencialmente negativa, entiende dicho principio como la posibilidad del juez de aplicar el derecho libre de interferencias tanto internas como externas; ii) Un segundo atributo que lo erige en presupuesto y condición del principio de separación de poderes, del derecho al debido proceso y de la materialización del derecho de acceso, a la administración de justicia de la ciudadanía; y, finalmente, iii) un tercer atributo que lo instituye en un principio estructural de la Carta Política de 1991
CONTROL DISCIPLINARIO SOBRE FUNCIONARIOS JUDICIALES-Alcance/RESPETO A LA AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DEL JUEZ-Garantía
Esta Corte ha afianzado una dogmática con alcance general que se mantiene inmutable en la jurisprudencia y que tiene que ver con el hecho de que, en materia de autonomía e independencia judicial, los jueces no son susceptibles de control disciplinario por las opciones hermenéuticas que asuman en el marco de su ámbito funcional, regla que aunque no es absoluta, sí propugna por un máximo de protección a la autonomía y un mínimo de injerencia disciplinaria en materia interpretativa. Esto último, implica que la falta disciplinaria solo puede originarse por incumplimiento de deberes legales o constitucionales incompatibles con los principios de la administración de justicia
CONTROL DISCIPLINARIO SOBRE FUNCIONARIOS JUDICIALES-Extensión al ámbito funcional de manera excepcional cuando hay desviación en el ejercicio de la función pública
FALTA DISCIPLINARIA DE FUNCIONARIO JUDICIAL-Naturaleza
La falta disciplinaria solo se origina por incumplimiento de los deberes legales o constitucionales incompatibles con los principios de la administración de justicia. Infracción que debe causar un daño, conforme al principio de antijuridicidad, y ser culposa o dolosa. Por esa razón, aunque el título de imputación por culpa es más flexible en el derecho disciplinario que en el derecho penal -por la vinculación del funcionario al ejercicio de funciones previamente definidas en la ley-, también es un mandato constitucional la proscripción de la responsabilidad objetiva en materia disciplinaria.
No obstante, en la práctica, desde hace unos años, los jueces de la República han perdido la autonomía funcional que les garantiza la Constitución (arts. 228 y 230) y son sometidos a procesos disciplinarios y hasta destituidos cuando sus decisiones no gustan a los medios de comunicación o son rechazadas en las redes sociales. Basta que se manifieste un descontento más o menos generalizado con una providencia judicial para que se anuncie por la autoridad disciplinaria que serán investigados. Y casi con seguridad son sancionados.
La autonomía funcional implica que, dentro del ámbito de sus atribuciones, en especial cuando la misma ley confiere al juez amplia facultad de apreciación de los hechos y de interpretación de las normas, el juez es libre de adoptar una u otra determinación. Por ejemplo, un juez de garantías, previa ilustración sobre lo acontecido y ante petición de la Fiscalía, decide autónomamente si debe tener lugar o no la privación de la libertad del procesado. Resolver una u otra cosa es de su resorte, y no puede la autoridad disciplinaria, sin invadir esa órbita, decidir que el juez ha debido obrar distinto. Porque si se piensa que prevaricó, hay un proceso penal para establecerlo.
Repitamos lo que sostuvo al respecto la Corte Constitucional: “Es necesario advertir, por otra parte, que la responsabilidad disciplinaria de jueces y magistrados no puede abarcar el campo funcional, esto es el que atañe a la autonomía en la interpretación y aplicación del Derecho según sus competencias. Por consiguiente, el hecho de proferir una sentencia judicial en cumplimiento de la función de administrar justicia no da lugar a acusación ni a proceso disciplinario alguno” (Sentencia C-417 de 1993).
Eso es así. De lo contrario, los jueces disciplinarios estarían por encima de todos los demás y el Derecho no sería sino lo que ellos entendieran por correcto y adecuado, quitando a los jueces en las distintas Ramas de la jurisdicción toda capacidad de apreciación y sana crítica.
Para leer mas sobre este u otro contenido sigue este link:
El derecho a no autoincriminarse es un principio fundamental del derecho penal, y aunque está directamente relacionado con los procesos judiciales penales, también tiene implicaciones en otros tipos de procesos, como los disciplinarios, que pueden incluir los tribunales de ética médica. En Colombia, el derecho a no autoincriminarse es reconocido por la Constitución Nacional y por la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Contexto en los Tribunales de Ética Médica:
Los tribunales de ética médica en Colombia son instituciones encargadas de juzgar las conductas de los profesionales de la salud que violen las normas éticas y deontológicas de la medicina. Sin embargo, a diferencia de un proceso penal, donde la persona acusada tiene el derecho a no autoincriminarse (artículo 33 de la Constitución de Colombia), en los tribunales de ética médica la dinámica puede ser un poco diferente.
Derecho a no autoincriminarse en tribunales de ética médica:
Procesos disciplinarios vs. procesos penales: En un proceso disciplinario ante un tribunal de ética médica, el objetivo no es sancionar penalmente al médico, sino evaluar si su conducta ha sido ética y conforme a las normas profesionales y deontológicas. Aunque el proceso no tiene efectos penales directos, las consecuencias pueden ser graves, como la pérdida de la licencia para ejercer la medicina.
Prueba y autoincriminación: En los tribunales de ética médica, los profesionales investigados tienen el derecho de presentar pruebas que puedan defender su actuación. Sin embargo, si se les pregunta sobre hechos que pudieran implicar una infracción penal, el derecho a no autoincriminarse sigue siendo relevante. Es decir, los médicos no están obligados a proporcionar declaraciones que los puedan implicar en conductas delictivas o que puedan utilizarse en su contra en un juicio penal.
Normativa aplicable: El artículo 33 de la Constitución de Colombia establece que «nadie será obligado a declarar contra sí mismo». Este derecho tiene aplicación en todos los procedimientos, incluyendo aquellos disciplinarios en el ámbito médico. Esto significa que un médico que esté siendo investigado por un tribunal de ética médica no tiene la obligación de hacer una declaración que podría incriminarlo penalmente. En estos casos, el tribunal debe asegurarse de que no se violen los derechos del acusado a no autoincriminarse.
Garantías procesales: En Colombia, tanto el Código General Disciplinario (Ley 1952 del 2019) como el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) establecen una serie de garantías procesales que protegen los derechos de los investigados, incluidos los derechos constitucionales a la defensa, el debido proceso y la no autoincriminación en sus artículos 29 y 33 constitucional. La Ley 23 de 1981, es una norma supeditada al orden Constitucional, la constitucionalización del derecho no es una ficción jurídica, sino un imperativo categórico de ese orden superior y no al contrario.
Conclusión:
El derecho a no autoincriminarse en los tribunales de ética médica en Colombia está plenamente reconocido y debe ser respetado, dado que el principio de no autoincriminación es fundamental en el marco jurídico del país. Aunque los tribunales de ética médica no sancionan penalmente, las declaraciones o pruebas que se surtan en esta jurisdicción con el constreñimiento de los procesados para aportarlas deben ser nulas de pleno derecho, de acuerdo a los artículos 29 y 33 Constitucional.
Los Tribunales de Ética Odontológica en el país, tienen por costumbre constreñir a los profesionales que investiga para que entreguen elementos materiales probatorios y evidencia física, es decir, obliga a los investigados a entregar pruebas en su contra para así construir su propia investigación y sancionar con las mismas pruebas que aportan los procesados. Este tipo de irregularidades se pueden observar a lo largo y ancho del país.
Los Tribunales de Ética Odontológica o sus asesores jurídicos se amparan en la siguiente normativa artículo 51 de la Ley 1437 del 2011(Código de Procedimiento Administrativo). Bajo la premisa falsa de que se trata de un procedimiento administrativo.
El articulo citado por los Tribunales es una grave amenaza al procesado, pero es aún más grave la amenaza a nuestro orden constitucional y a los derechos fundamentales de los investigados.
Las investigaciones y el procedimiento disciplinario están revestidas con la mismas garantías constitucionales mutatis mutandi a las del Proceso penal, por tratarse de un procedimiento sancionatorio o punitivo. El Derecho a no declarar en su contra y a no autoincriminarse de ve claramente vulnerado con este tipo de conductas por parte de los mismos tribunales que investigan conductas disciplinarias y éticas.
Lo que quiere decir que los Tribunales de ética odontológica con ese actuar están desobedeciendo la norma de normas y haciendo costumbre con sus actuaciones de numerosos hechos inconstitucionales, que crea una enorme preocupación en la comunidad de la salud oral y por supuesto en la comunidad jurídica.
El abuso del derecho por parte de la Fiscalía en la demanda de extinción de dominio en Colombia es un tema relevante y controversial, ya que implica el uso indebido o desproporcionado del poder estatal para la recuperación de bienes relacionados con actividades ilícitas. La extinción de dominio es una medida administrativa y judicial que busca quitar bienes obtenidos de manera ilícita, sin que se necesite una condena penal previa. Esta herramienta es utilizada para atacar el crimen organizado y la corrupción, pero su aplicación puede generar problemas si no se cumple con los límites establecidos por la ley.
Algunos aspectos clave sobre el abuso del derecho en este contexto:
Proporcionalidad y legalidad: La Fiscalía debe actuar dentro de los límites legales y de acuerdo con principios fundamentales de proporcionalidad y legalidad. Si la Fiscalía utiliza la acción de extinción de dominio de forma desmedida o fuera de los parámetros establecidos, podría estar incurriendo en un abuso del derecho. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se confiscan bienes que no tienen una relación directa con el delito investigado o cuando se aplica la medida sin los procedimientos legales adecuados.
Presunción de inocencia: La extinción de dominio se puede iniciar sin necesidad de una sentencia penal firme. Sin embargo, es importante recordar que la persona que se ve afectada por la extinción de dominio sigue teniendo presunción de inocencia en el ámbito penal. Si la Fiscalía no tiene pruebas suficientes para justificar la relación de los bienes con actividades ilícitas, puede estar violando los derechos fundamentales del afectado, lo que constituiría un abuso.
Debido proceso: El debido proceso es un principio constitucional en Colombia. El proceso de extinción de dominio debe respetar el derecho de defensa y otros derechos fundamentales. En ocasiones, la Fiscalía puede ser acusada de abuso del derecho si no se da la oportunidad de defensa efectiva al afectado o si se realizan procedimientos sin las garantías mínimas para que la persona pueda demostrar que los bienes no están relacionados con actividades ilegales.
Ámbito de la extinción de dominio: Aunque la extinción de dominio tiene como fin la recuperación de bienes ilícitos, su uso indiscriminado, sin pruebas claras o sin un análisis exhaustivo de la situación, puede resultar en una medida desproporcionada. Esto podría verse como un abuso, ya que se pueden afectar bienes que no provienen de actividades ilícitas.
Control judicial: La Corte Constitucional y otros tribunales colombianos han señalado que, para evitar el abuso del derecho, es fundamental que haya un control judicial eficaz sobre los procesos de extinción de dominio. Esto significa que los jueces deben tener la capacidad de revisar las pruebas y decisiones de la Fiscalía para asegurarse de que la extinción de dominio se esté aplicando de manera justa y acorde con la ley.
Conclusión:
El abuso del derecho en la demanda de extinción de dominio en Colombia puede ocurrir si la Fiscalía no respeta los principios constitucionales, como la proporcionalidad, el debido proceso y la presunción de inocencia. Además, el control judicial adecuado es fundamental para evitar que se afecten derechos fundamentales sin justificación suficiente. Es un tema que requiere un equilibrio entre la lucha contra la criminalidad y la protección de los derechos de las personas.
