En el imaginario colectivo, el abogado penalista es percibido como el gladiador jurídico por excelencia: el defensor de los derechos, el orador elocuente, el rostro que aparece en televisión opinando sobre casos de alto perfil. Sin embargo, esta fama muchas veces oculta una realidad crucial: los penalistas, por más mediáticos o experimentados que sean en defensa criminal, no son los profesionales adecuados para llevar procesos de extinción de dominio. Esta afirmación no busca desacreditar la labor penal, sino ubicarla en su contexto: el proceso de extinción de dominio es un procedimiento jurídico diferente, con fundamentos, reglas y lógicas propias.
1. Naturaleza jurídica distinta
El proceso penal y el proceso de extinción de dominio son radicalmente distintos. Mientras el primero se centra en la culpabilidad o inocencia de una persona, el segundo no requiere una sentencia penal ni depende de la existencia de un delito probado. Es un proceso autónomo, de naturaleza patrimonial, que gira en torno a la legalidad del origen y destino de los bienes.
Los penalistas suelen enfocar su estrategia en desvirtuar pruebas penales o proteger garantías individuales, pero en extinción de dominio eso no basta. Lo que está en juego no es la libertad personal, sino la legitimidad de un derecho de propiedad. Esto exige conocimientos sólidos en áreas como derecho civil, procesal administrativo y mecanismos de investigación patrimonial, campos que muchos penalistas no dominan a profundidad.
2. Errores comunes de los penalistas en estos casos
Un error frecuente de los penalistas que asumen casos de extinción de dominio es basar su defensa en la presunción de inocencia del titular del bien, cuando el proceso no se centra en su conducta, sino en el nexo entre el bien y actividades ilícitas. En consecuencia, muchas defensas fracasan porque están mal planteadas desde el inicio.
Además, los penalistas tienden a subestimar el uso de técnicas contables, registros financieros complejos y análisis patrimoniales que sí son decisivos en estos procesos. El resultado es una estrategia desarticulada, reactiva y, a menudo, inútil ante la especialización de los fiscales de extinción de dominio, que cuentan con unidades financieras y periciales.
3. La popularidad no equivale a competencia técnica
Muchos abogados penalistas han ganado notoriedad por representar a figuras mediáticas del crimen organizado o por ser frecuentes invitados en programas de análisis criminal. Sin embargo, la popularidad no equivale a preparación técnica. Confiar en la fama de un abogado penalista sin verificar su experiencia específica en extinción de dominio puede ser un error costoso.
La defensa en estos procesos no requiere carisma televisivo, sino conocimiento técnico preciso, dominio del régimen jurídico patrimonial y experiencia frente a jueces y fiscales especializados. No se trata de ganar un debate público, sino de preservar un patrimonio ante el Estado.
4. Lo que sí se necesita: un abogado especializado en extinción de dominio
El abogado ideal para estos casos no es necesariamente famoso, pero sí profundamente conocedor del régimen legal de extinción. Sabe cómo probar la legalidad del origen de los bienes, cómo responder a medidas cautelares y cómo litigar ante juzgados civiles o administrativos con estrategias probatorias sólidas. Muchas veces, se apoya en contadores forenses, peritos en bienes raíces y expertos en trazabilidad financiera.
Conclusión
Contratar a un abogado penalista para un proceso de extinción de dominio es como contratar a un cirujano cardiovascular para un trasplante de riñón: ambos son médicos brillantes, pero sus especialidades son distintas. En asuntos tan delicados como la pérdida de patrimonio, lo que está en juego es demasiado importante para dejarlo en manos de la popularidad. La especialización no es un lujo, es una necesidad.
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