1. Hacienda Guacharacas: base paramilitar y posible fuente de financiación ilícita
El exparamilitar Pablo Hernán Sierra, excomandante del Bloque Nutibara de las AUC, declaró que la finca Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez, “fue el asentamiento del primer grupo paramilitar que llegó allá… con 30 hombres”, y que “se instalaron válvulas para el robo de combustible” allí, para financiar a los grupos criminales.
2. Testimonio clave sobre la creación del Bloque Metro y vínculos con Uribe
El País identificó que el testigo Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar e hijo del capataz de Guacharacas, señaló que el Bloque Metro, grupo paramilitar creado en esta hacienda, recibió “apoyo logístico del ejército, autorizado por Uribe cuando era gobernador de Antioquia”.
3. Denuncias y debates parlamentarios previos
Desde 2012, el senador Iván Cepeda realizó debates públicos basados en testimonios, entre ellos de Monsalve y excomandantes paramilitares, en los que se acusa a Uribe y su hermano de facilitar la formación de grupos armados en Antioquia.
4. Relación entre paramilitarismo y poder político
Durante su gobierno, Uribe fue criticado por un tratamiento “blando” hacia los paramilitares. Investigadores dan cuenta de cómo se beneficiaron actores políticos mediante alianzas con estos grupos, con inherentes riesgos para la integridad del patrimonio público y privado.
5. Legado crítico reciente: “luces y sombras”
Un artículo reciente en El País, titulado “Álvaro Uribe, entre luces y sombras (I parte)”, destaca cómo Uribe logró avances en seguridad e infraestructura, pero su trayectoria política estuvo marcada por vínculos controversiales con actores armados ilegales como las AUC, las Convivir y figuras como Rito Alejo del Río. Además del hurto de combustible por miembros del Bloque Metro de las Autodefensas que se originaron en la Hacienda Guacharacas en Antioquia.
Destacamos que en materia de extinción de dominio, el que hoy no sean los hermanos Uribe Vélez los propietarios de la hacienda en mención, lo único que se demuestra es que el patrimonio contaminado con la comisión de delitos se ha diversificado, mutado, acrecentado y confundido con otros bienes que aunque hayan sido obtenidos de manera licita, han sufrido una contaminación que podría conllevar a la persecución de estos con fines de extinción de dominio, aunque se encuentren en cabeza de otras personas o de terceros que podrían alegar ser nuevos propietarios. Esta última cuestión no es óbice para dejar de perseguirlos por parte de la Fiscalía General de La Nación, en cualquiera de las Leyes habilitadas para extinguir los derechos patrimoniales, como son el Código de Extinción de Dominio Ley 1708 del 2014, llegando incluso a la Ley de Justicia y Paz que el mismo exmandatario sancionó, Ley 975 del 2005.
¿Por qué esto amerita un proceso de extinción del dominio?
- Universo legal suficiente: La extinción del derecho real de dominio permite al Estado declarar la pérdida de bienes cuando hay indicios de que fueron adquiridos o utilizados para actividades ilícitas, sin necesidad de condena penal previa.
- Testimonios con peso probatorio: Declaraciones recientes de exparamilitares vinculados al juicio contra Uribe, junto con debates públicos y análisis periodísticos, generan indicios razonables de tráfico ilícito de bienes y financiamiento criminal.
- Equidad ante la ley: Aplicar esta figura fortalecería la percepción de justicia equitativa, evitando el privilegio frente a figuras de poder político.
- Restitución simbólica y reparadora: En un país con millones de víctimas de la violencia, un eventual decomiso patrimonial podría integrarse en políticas de reparación y redistribución como acto simbólico y material de justicia.
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