Por: Jhon Fernando Robledo Vargas
En Colombia, la minería aurífera ha sido históricamente una de las principales fuentes de ingresos para regiones como Chocó, Cauca y Antioquia. No obstante, en los últimos años, el proceso de extinción de dominio —una herramienta legal creada para combatir el crimen organizado y el lavado de activos— ha empezado a afectar de manera significativa a la minería formal legalizada, generando preocupación entre empresarios del sector, comunidades locales y expertos en derecho minero.
¿Qué es la extinción de dominio y por qué preocupa?
La extinción de dominio es un mecanismo jurídico que permite al Estado incautar bienes cuyo origen lícito no pueda ser probado o que estén presuntamente vinculados a actividades ilegales, como el narcotráfico, la minería ilegal, el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo. Este proceso puede iniciarse sin necesidad de una condena penal previa, basándose en indicios de uso indebido de los bienes.
Aunque la intención detrás de esta figura es legítima —cortar las fuentes de financiación de organizaciones criminales—, su aplicación en el sector minero ha generado efectos colaterales negativos para la minería legal.
Minería formal en el ojo del huracán
En regiones como el Chocó, el Cauca y Antioquia, muchas empresas mineras que han hecho esfuerzos significativos por cumplir con los requisitos legales y ambientales, obtener títulos mineros, realizar procesos de formalización, e incluso certificarse con estándares internacionales de sostenibilidad, están viendo amenazadas sus operaciones por procesos de extinción de dominio.
Esto ocurre por varias razones:
- Historial de uso de tierras mineras: En muchas zonas, la tierra donde hoy operan empresas formalizadas estuvo anteriormente bajo control de actores armados ilegales o fue utilizada por mineros informales. Las autoridades, al detectar esa conexión histórica, pueden iniciar procesos de extinción aunque la empresa actual no tenga vínculos con actividades ilícitas.
- Presunción de ilicitud: En algunos casos, la carga de la prueba recae en el propietario, quien debe demostrar que los bienes no están relacionados con actividades delictivas, una tarea compleja en zonas con poca institucionalidad o registros formales.
- Falta de articulación institucional: La superposición de competencias entre entidades como la Fiscalía, la Agencia Nacional de Minería y la DIAN ha generado una aplicación confusa y descoordinada del proceso de extinción, afectando incluso a empresas registradas y vigiladas por el Estado.
- Impacto reputacional y financiero: El simple inicio de un proceso de extinción puede generar desconfianza entre inversionistas, bancos y compradores internacionales de metales preciosos, afectando la capacidad operativa y comercial de las empresas afectadas.
Exportaciones de metales preciosos en riesgo
Colombia es uno de los principales productores de oro en América Latina, y departamentos como Antioquia y Chocó contribuyen significativamente a las exportaciones nacionales. Las medidas de incautación o congelamiento de bienes y activos han generado una contracción en la cadena de comercialización formal, promoviendo el retorno al mercado negro o el contrabando como única alternativa para algunos productores.
Además, la incertidumbre jurídica ha hecho que algunas empresas suspendan operaciones o posterguen inversiones, lo cual impacta no solo al sector minero, sino también a las economías locales que dependen de esta actividad.
¿Qué soluciones se plantean?
Expertos y gremios mineros han propuesto varias alternativas para evitar que el proceso de extinción de dominio termine afectando injustamente a la minería legal:
- Revisión de casos con enfoque diferencial: Distinguir claramente entre minería ilegal y empresas en proceso de formalización o ya legalizadas.
- Fortalecer el debido proceso y la seguridad jurídica: Garantizar mecanismos eficaces de defensa para los empresarios formales.
- Mejorar la coordinación interinstitucional: Evitar decisiones contradictorias entre entidades del Estado.
- Apoyar la trazabilidad del oro: A través de tecnologías de blockchain o registros más robustos que validen el origen lícito del mineral.
Conclusión
Si bien la lucha contra la minería ilegal y el lavado de activos es crucial para Colombia, es igualmente necesario proteger y fomentar la minería formal legalizada, que genera empleo, tributos y desarrollo regional. El uso excesivo o mal enfocado de la extinción de dominio podría socavar estos avances, afectando la competitividad del país en los mercados internacionales y agudizando los problemas sociales en zonas históricamente golpeadas por la violencia y la informalidad.
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