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LA LEY 1123 del 2007 Y EL BIEN JURIDICO TUTELADO CON EL DERECHO DISCIPLINARIO PARA ABOGADOS EN COLOMBIA

En el contexto del derecho disciplinario para abogados en Colombia, el bien jurídico que se protege es la ética profesional y la confianza pública en la administración de justicia.

El derecho disciplinario aplicado a los abogados tiene como objetivo garantizar que estos profesionales actúen con integridad, honestidad y conforme a los principios éticos establecidos en la ley y en el código de ética profesional. Este enfoque busca:

  1. Preservar la confianza pública: Asegurar que los abogados mantengan estándares elevados de conducta para que la sociedad confíe en la administración de justicia.
  2. Garantizar el ejercicio correcto de la profesión: Asegurarse de que los abogados desempeñen sus funciones con competencia, respeto a la ley y ética, evitando la corrupción, el fraude o el abuso de poder.
  3. Promover el respeto por los derechos de las partes involucradas: Proteger los derechos de los clientes y de todas las partes en el proceso legal, asegurando que el abogado actúe de manera justa y equitativa.

En Colombia, el Código Disciplinario del Abogado y las normativas correspondientes establecen las reglas y procedimientos para sancionar las infracciones a estos principios, con el fin de mantener la integridad y la confianza en el ejercicio profesional del derecho.

En materia disciplinaria  en la Ley 1123 del 2007, el bien jurídico tutelado es de gran connotación al igual que otras áreas del derecho sancionatorio, por cuanto es un limite que se le impone al juzgador para que no invada otras orbitas a través de encauzar conductas que no revistan vulneración alguna a la Ley o al debido proceso o que invada la orbita de conductas que están por fuera de la Jurisdicción disciplinaria. Así mismo, puede teniendo claro el bien jurídico tutelado disciplinario se puede dilucidar el numero de infracciones en cuanto a conductas y no con respecto al numero de quejas interpuestas, para una efectiva acumulación de faltas si hubiere lugar a ello, de lo contrario podría vulnerarse el Principio Constitucional del Non Bis In Idem.

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