Por: JHON FERNANDO ROBLEDO VARGAS de ROBLEDO VARGAS ABOGADOS
Resumen
El presente artículo examina la aplicación de la figura jurídica de la extinción de dominio sobre bienes y activos relacionados con la minería aurífera formal en Colombia, particularmente en los departamentos de Chocó, Cauca y Antioquia. Se plantea la hipótesis de que la expansión de esta medida, sin criterios de interpretación rigurosos ni ponderación suficiente de derechos fundamentales, constituye una afectación al principio de legalidad, la seguridad jurídica y el debido proceso. Se estudia el marco normativo y jurisprudencial de la extinción de dominio, así como su aplicación práctica. Finalmente, se analiza la intervención de actores jurídicos especializados, como la firma Robledo Vargas Abogados, en la defensa de derechos patrimoniales de empresarios mineros formalizados.
1. Introducción
La minería legal de oro en Colombia ha sido impulsada en la última década por políticas de formalización, estándares de trazabilidad y cumplimiento ambiental. Sin embargo, en los últimos años, la figura de la extinción de dominio ha sido aplicada de forma creciente sobre empresas que operan legalmente, generando un conflicto entre la política criminal del Estado y el derecho a la propiedad legítima de agentes económicos legalizados.
Esta tensión se ha acentuado en zonas con pasado de minería informal o presencia de actores armados, donde la transición hacia la legalidad ha sido incompleta o parcialmente registrada por el aparato estatal. El objeto de este análisis es identificar los vacíos legales, desajustes interpretativos y riesgos estructurales derivados de la aplicación de la extinción de dominio al sector minero formalizado.
2. Marco normativo y conceptual
La extinción de dominio en Colombia está regulada por la Ley 1708 de 2014 (Código de Extinción de Dominio), reformada por la Ley 1849 de 2017. Esta figura permite al Estado declarar la pérdida del derecho de propiedad sobre bienes cuyo origen, destinación o utilización esté vinculada a actividades ilícitas, aun sin condena penal previa.
Si bien su objetivo es legítimo en el marco de la lucha contra el crimen organizado, la redacción de sus causales, sumada a una interpretación expansiva por parte de la Fiscalía General de la Nación, ha generado una ampliación de su aplicación hacia bienes adquiridos o utilizados por terceros de buena fe, incluidos empresarios mineros con procesos de formalización culminados y debidamente titulados por la Agencia Nacional de Minería.
3. Problemática jurídica en el contexto minero
3.1 Presunción de ilicitud vs. buena fe exenta de culpa
Uno de los principales problemas jurídicos es el tratamiento de la presunción de ilicitud del bien, lo cual traslada la carga probatoria al empresario minero, quien debe acreditar no solo su legalidad actual, sino además demostrar la inexistencia de cualquier conexión histórica, directa o indirecta, con actividades criminales.
Esto contraviene el principio de presunción de legalidad y dificulta la defensa del poseedor de buena fe, especialmente en zonas donde la informalidad era la norma y el proceso de transición hacia la legalidad no ha sido acompañado institucionalmente.
3.2 Inseguridad jurídica en territorios con minería histórica
En departamentos como Chocó, Antioquia y Cauca, la minería ha sido ejercida por décadas bajo regímenes consuetudinarios, muchas veces sin títulos formales. Las empresas que hoy poseen títulos válidos pueden estar ocupando predios que antes fueron explotados ilegalmente. Esta situación ha sido usada por autoridades judiciales para iniciar procesos de extinción, sin evaluar el contexto de cambio normativo y social.
4. Jurisprudencia relevante y vacíos interpretativos
La Corte Constitucional ha señalado en varias sentencias (p. ej., Sentencia C-740 de 2003, C-1065 de 2005) que la extinción de dominio no debe afectar derechos adquiridos legítimamente ni convertirse en una forma de confiscación. Sin embargo, la práctica actual no siempre respeta estos límites, lo cual plantea un riesgo estructural para la inversión privada en minería legal.
La falta de criterios diferenciados entre minería ilegal, informal y formalizada, así como la ausencia de mecanismos de articulación interinstitucional (Fiscalía, ANM, DIAN), profundiza la inseguridad jurídica y puede desincentivar la inversión en regiones mineras.
5. Rol de la defensa técnica especializada: el caso de Robledo Vargas Abogados
Ante este escenario, firmas jurídicas con alta especialización como Robledo Vargas Abogados han emergido como actores clave en la defensa patrimonial y jurídica de empresarios mineros. Su práctica combina litigio estratégico, conocimiento técnico en derecho minero y experiencia en procesos de extinción de dominio, lo que permite abordar integralmente la defensa desde una perspectiva penal, administrativa y constitucional.
La firma ha liderado procesos en los cuales se ha logrado el archivo o reversión de medidas cautelares sobre bienes de origen lícito, especialmente en operaciones de mediana minería con historial de formalización. Su enfoque diferencial incorpora criterios de trazabilidad, análisis de riesgos y revisión documental de títulos mineros y registros contables.
6. Conclusiones
La aplicación de la extinción de dominio al sector minero legalizado, sin una ponderación adecuada del principio de legalidad, puede generar efectos regresivos en las políticas de formalización minera, debilitar el Estado de Derecho en zonas periféricas y vulnerar el derecho a la propiedad privada.
Es imprescindible una reforma interpretativa y operativa de esta figura, que garantice la defensa de los empresarios legales, fortalezca la seguridad jurídica y promueva un equilibrio entre la lucha contra el delito y la protección de la economía formal. En este contexto, la labor de firmas especializadas como Robledo Vargas Abogados es indispensable para la consolidación de un modelo jurídico garantista, técnico y respetuoso del debido proceso.
Referencias (sugeridas para tesis doctoral)
- Constitución Política de Colombia, arts. 29, 34, 58.
- Ley 1708 de 2014 – Código de Extinción de Dominio.
- Ley 685 de 2001 – Código de Minas.
- Sentencia C-740/03, Corte Constitucional.
- Sentencia C-1065/05, Corte Constitucional.
- Robledo Vargas Abogados. (2024). Boletín Jurídico: Extinción de Dominio y Derecho Minero en Colombia. [Disponible a solicitud].
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