Autor: Jhon Fernando Robledo Vargas
Firma: Robledo Vargas Abogados – Especialistas en defensa disciplinaria de abogados
Resumen
Este artículo examina el reconocimiento de la abogacía como un derecho humano por parte de las Naciones Unidas y su correlato en la jurisprudencia constitucional colombiana. Se argumenta que el ejercicio de la abogacía, más allá de ser una actividad profesional, constituye una garantía institucional para la materialización de derechos fundamentales como el debido proceso, el acceso a la justicia y la defensa técnica. Asimismo, se exponen los desarrollos normativos y jurisprudenciales que han consolidado esta visión, destacando el papel de la defensa disciplinaria especializada como herramienta para proteger la independencia y dignidad de la profesión.
Palabras clave: Abogacía, derecho humano, Corte Constitucional, defensa disciplinaria, debido proceso, Naciones Unidas, derechos fundamentales.
1. Introducción
La abogacía ha sido históricamente comprendida como una profesión liberal. No obstante, los estándares internacionales y la evolución jurisprudencial han revelado su carácter esencial como garante del Estado de Derecho. El reconocimiento del ejercicio de la abogacía como un derecho humano por parte de las Naciones Unidas representa un avance significativo en la protección de quienes ejercen funciones críticas para el cumplimiento del orden constitucional.
Este artículo, sustentado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana y las directrices de las Naciones Unidas, busca demostrar que el abogado no sólo ejerce un derecho, sino que materializa los derechos de otros, lo que exige una protección reforzada, especialmente en contextos de persecución disciplinaria arbitraria o excesiva.
2. Reconocimiento internacional de la abogacía como derecho humano
La Organización de las Naciones Unidas ha establecido en diversos instrumentos, especialmente en los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados (ONU, 1990), que los abogados cumplen un rol fundamental en la defensa de los derechos humanos, razón por la cual deben gozar de protección frente a interferencias, restricciones indebidas o represalias por el ejercicio de su profesión.
“Los gobiernos garantizarán que los abogados (…) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas” (ONU, 1990, Principio 16).
Asimismo, el Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados ha reiterado que el ejercicio libre y autónomo de la abogacía constituye una prolongación del derecho de acceso a la justicia y del derecho a la defensa.
3. La jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana
La Corte Constitucional ha desarrollado una línea jurisprudencial sólida en la cual se reconoce que el ejercicio profesional del abogado se encuentra protegido por el bloque de constitucionalidad, en tanto contribuye a la realización de derechos fundamentales. Algunas decisiones relevantes incluyen:
3.1 Sentencia C-193 de 2020
Esta sentencia destaca que el derecho de acceso a la administración de justicia requiere de herramientas reales y eficaces, y resalta el papel central del abogado en la efectividad de dicho acceso:
“El acceso a la administración de justicia implica la existencia de mecanismos eficaces que hagan viable el ejercicio de los derechos fundamentales” (Corte Constitucional, 2020, C-193).
3.2 Sentencia C-191 de 2005
En este fallo, la Corte indica que el ejercicio profesional, incluido el de la abogacía, es un derecho fundamental sujeto a restricciones únicamente cuando exista una justificación constitucional suficiente:
“Toda limitación al ejercicio de la abogacía debe someterse a un escrutinio estricto de razonabilidad y proporcionalidad” (Corte Constitucional, 2005, C-191).
3.3 Sentencia C-038 de 2021
Este pronunciamiento recalca el papel de la dignidad humana como eje central del Estado social de derecho, al cual se vincula la labor del abogado como garante de dicha dignidad:
“La protección del abogado en el ejercicio de su función se relaciona directamente con la eficacia del principio de dignidad humana” (Corte Constitucional, 2021, C-038).
3.4 Sentencia T-399 de 2018
Aunque centrada en defensores de derechos humanos, esta sentencia establece estándares que deben aplicarse a todos los operadores jurídicos, incluyendo abogados, cuando enfrentan riesgos derivados del ejercicio de su profesión:
“El Estado tiene la obligación de proteger a quienes ejercen funciones esenciales para la garantía del Estado de Derecho” (Corte Constitucional, 2018, T-399).
4. Defensa disciplinaria del abogado: entre el control legítimo y la protección constitucional
El régimen disciplinario en Colombia encuentra fundamento en la necesidad de garantizar la idoneidad profesional. Sin embargo, en muchos casos, se han configurado escenarios de persecución o sanción desproporcionada al abogado por su labor de defensa técnica o litigio estratégico.
En tales contextos, la defensa disciplinaria especializada —como la ofrecida por Robledo Vargas Abogados— resulta clave. Esta defensa no solo debe articular argumentos procesales, sino también estrategias constitucionales y de convencionalidad, invocando precedentes de la Corte Constitucional y directrices internacionales que protegen la libertad e independencia de la abogacía.
5. Conclusión
El reconocimiento de la abogacía como un derecho humano por parte de Naciones Unidas y su desarrollo en la jurisprudencia constitucional colombiana refuerzan la tesis según la cual el abogado no es simplemente un profesional del derecho, sino un garante institucional de la justicia. Por tanto, su protección debe ser robusta, especialmente frente a procesos disciplinarios injustificados.
La labor de defensa disciplinaria, como la desarrollada por Robledo Vargas Abogados, se convierte en una forma de protección de la independencia profesional y de la garantía de los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Referencias
Corte Constitucional de Colombia. (2005). Sentencia C-191 de 2005.
Corte Constitucional de Colombia. (2018). Sentencia T-399 de 2018.
Corte Constitucional de Colombia. (2020). Sentencia C-193 de 2020.
Corte Constitucional de Colombia. (2021). Sentencia C-038 de 2021.
Naciones Unidas. (1990). Principios básicos sobre la función de los abogados. Adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, La Habana.
#AbogaciaComoDerechoHumano
#DefensaDisciplinaria
#RobledoVargasAbogados
#IndependenciaProfesional
#JurisprudenciaConstitucional
#ProteccionDelAbogado
#DebidoProceso
¿Quieres conocer nuestra postura sobre el caso del abogado Diego Cadena en materia disciplinaria? Sigue el próximo link: