En Colombia, un abogado consultor en materia de extinción de dominio es un profesional del derecho especializado en asesorar y brindar orientación jurídica en todo lo relacionado con el proceso de extinción del derecho de dominio, que es una figura jurídica mediante la cual el Estado puede declarar la pérdida del derecho de propiedad sobre bienes que tengan origen o destinación ilícita, sin necesidad de condena penal previa.
¿Qué hace un abogado consultor en extinción de dominio?
Este tipo de abogado no necesariamente litiga (es decir, no siempre representa en juicio), sino que se enfoca en analizar, interpretar y recomendar estrategias legales para personas naturales o jurídicas cuyos bienes puedan estar involucrados en un proceso de extinción de dominio o que quieran prevenir riesgos relacionados con este. Esta es la diferencia entre ser consultor y asumir la defensa en esta materia, no obstante, en su gran mayoría quien conoce a fondo estos temas, asume la defensa extintiva.
Funciones específicas del abogado consultor:
- Diagnóstico legal del riesgo: Evalúa si los bienes pueden ser objeto de extinción de dominio, por ejemplo, si fueron adquiridos con dineros de origen dudoso o si se usan para actividades ilícitas.
- Asesoría preventiva: Ayuda a personas y empresas a estructurar legalmente sus patrimonios para evitar posibles investigaciones de la Fiscalía en esta materia.
- Revisión documental y patrimonial: Analiza escrituras, contratos, certificados y otros documentos que acrediten el origen lícito de los bienes.
- Estrategia jurídica: Diseña rutas de defensa o actuación legal frente a un proceso de extinción de dominio, en caso de que ya esté en curso.
- Capacitación y formación: En ocasiones brinda talleres, seminarios o capacitaciones sobre la ley de extinción de dominio (Ley 1708 de 2014 y sus reformas).
¿A quién le interesa contratar uno?
- Personas naturales cuyos bienes están bajo investigación por extinción de dominio.
- Empresas que desean blindar jurídicamente su patrimonio.
- Entidades públicas o privadas que manejan temas de compliance (cumplimiento legal) y prevención de lavado de activos.
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